La iniciativa incorpora al Código Penal de Querétaro sanciones por manipular permisos, catastros y usos de suelo, así como por facilitar el aprovechamiento ilícito del agua. El endurecimiento de las penas, sin embargo, deberá acompañarse de definiciones precisas y capacidad real de investigación.
Santiago de Querétaro, Qro., 14 de septiembre de 2026.— Hasta 50 años de prisión podrían enfrentar quienes participen en operaciones de despojo, corrupción inmobiliaria o aprovechamiento ilícito del agua en Querétaro, de prosperar una reforma al Código Penal promovida por la diputada Claudia Díaz Gayou.
La propuesta plantea adicionar el artículo 220 Bis para perseguir conductas asociadas con el llamado “cártel inmobiliario”: redes en las que particulares y servidores públicos presuntamente utilizan permisos, registros catastrales, cambios de uso de suelo u otras decisiones administrativas para apropiarse de inmuebles, beneficiar proyectos privados o alterar irregularmente el desarrollo urbano.
El proyecto también incorpora sanciones relacionadas con el uso ilícito y abuso del agua, un componente que amplía el alcance de la iniciativa más allá de los fraudes patrimoniales y coloca bajo escrutinio la intervención gubernamental en la administración de un recurso estratégico para Querétaro.
Las penas propuestas irían de 15 a 50 años de prisión, dependiendo de la conducta y su gravedad. También se contemplan multas, destitución e inhabilitación contra funcionarios que participen, faciliten o encubran estas operaciones.
El planteamiento parte de que algunas irregularidades inmobiliarias difícilmente podrían concretarse sin la colaboración —activa u omisa— de autoridades con acceso a expedientes, catastros, autorizaciones de construcción y modificaciones de uso de suelo.
Por ello, la reforma busca establecer responsabilidades para toda la cadena de intervención y no únicamente para quien aparece como beneficiario final de una propiedad o desarrollo.
Sin embargo, el tamaño de las penas es apenas una parte de la discusión. Para evitar que la reforma se convierta en una declaración política de difícil aplicación, el Congreso tendrá que definir con precisión qué conductas integrarán cada delito, cómo se acreditará la participación de funcionarios y particulares y qué autoridades investigarán operaciones que suelen involucrar documentos administrativos, prestanombres y decisiones tomadas durante varios años.
También deberá conocerse si la propuesta distingue entre una irregularidad administrativa y una conducta penal deliberada. Sin esa frontera, una redacción demasiado amplia podría generar litigios, mientras que una definición demasiado limitada dejaría intactos los mecanismos que se pretende combatir.
Hasta ahora no se ha detallado qué supuestos recibirían la pena máxima de 50 años, cómo se calcularía el daño ocasionado ni cuál sería la relación del nuevo artículo con los delitos de despojo, ejercicio ilícito del servicio público, tráfico de influencias o uso indebido de atribuciones que ya contempla la legislación.
La iniciativa deberá recorrer el proceso de análisis en comisiones antes de llegar al Pleno. Por ahora se trata de una propuesta y no de una reforma vigente.
El debate de fondo será determinar si Querétaro necesita únicamente castigos mayores o, además, mecanismos eficaces para revisar expedientes, rastrear beneficiarios, proteger a denunciantes y recuperar inmuebles o recursos obtenidos mediante actos de corrupción. Una pena elevada puede enviar un mensaje político contundente; su capacidad disuasoria dependerá de que las investigaciones realmente lleguen ante un juez.