Por Redacción LYPmultimedios
SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO. – Con un balance de 24 sesiones y 40 dictámenes aprobados, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia se consolidó este jueves como el órgano más productivo de la LXI Legislatura del Estado. El diputado Guillermo Vega Guerrero, presidente de la comisión, rindió un corte de caja sobre los avances en materia penal y civil, destacando un paquete de reformas orientadas a la protección de grupos vulnerables y el combate a nuevas modalidades delictivas.
Acompañado por los integrantes de la mesa, los legisladores Enrique Correa Sada y Homero Barrera Mcdonald, Vega Guerrero reconoció que, aunque el avance es significativo, la agenda sigue bajo presión con 50 iniciativas aún pendientes de dictaminar. «El trabajo coordinado ha permitido sacar adelante proyectos que responden a la realidad social de Querétaro, pero el reto de abatir el rezago legislativo continúa», puntualizó.
Blindaje social y combate al delito
Entre los hitos legislativos desglosados por la comisión, destacan reformas de alto impacto para la seguridad y la salud pública, tales como:
Justicia de Género: La creación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia de Género y la aprobación de la “Ley Monzón”, que retira la patria potestad a padres vinculados por feminicidio.
Delitos Modernos: La tipificación del acecho y sanciones severas por el uso indebido de Inteligencia Artificial (IA) con fines sexuales.
Seguridad y Economía: El fortalecimiento legal para combatir los préstamos bajo la modalidad “gota a gota” y el endurecimiento de penas para conductores bajo el influjo de sustancias.
Protección Infantil: La prohibición de la cohabitación forzada de menores de edad por usos y costumbres, y la regulación de dispositivos móviles en entornos escolares.
Transición ordenada: Postergan el Código Nacional de Procedimientos Civiles
Un punto crítico de la sesión fue la aprobación de reformas al Dictamen de la Declaratoria de inicio de vigencia del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en la entidad. A solicitud del Pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), la Legislatura acordó diferir la entrada en vigor de este ordenamiento de forma gradual.
El Poder Judicial estatal advirtió que Querétaro —al igual que el resto del país— aún no cuenta con las condiciones tecnológicas y de infraestructura necesarias para la plena operatividad de este nuevo modelo procesal. La decisión busca evitar escenarios de «incertidumbre jurídica» y garantizar que la transición hacia la oralidad y la interoperabilidad de sistemas sea funcional, protegiendo en todo momento el acceso efectivo a la justicia para las familias queretanas.
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