La iniciativa presentada por Claudia Díaz Gayou incorpora planteamientos impulsados por este medio para proteger a periodistas, redacciones y equipos de comunicación, sin exigir credenciales y con medidas frente a riesgos físicos y digitales
Por Rodrigo Vissuet
Santiago de Querétaro, Qro., 12 de noviembre de 2026.— La participación del periodismo queretano en la construcción de políticas públicas comenzó a traducirse en una propuesta legislativa concreta. La diputada Claudia Díaz Gayou presentó una iniciativa para crear un mecanismo estatal de protección que recoge varios de los planteamientos formulados por LYPmultimedios durante el proceso de consulta.
Entre las aportaciones impulsadas por este medio se encuentran ampliar la protección más allá de la figura tradicional del reportero acreditado; reconocer los riesgos que enfrentan periodistas independientes, medios digitales, redacciones y equipos de trabajo; atender las agresiones digitales y garantizar que las medidas urgentes no dependan de credenciales, títulos profesionales, nombramientos o relaciones con el poder.
La propuesta fue presentada por Díaz Gayou junto con la diputada Rosalba Vázquez Munguía y Heidi Wagner Laclette, presidenta de la Asociación Regional de Periodistas y Comunicadores de San Juan del Río.
El proyecto plantea expedir la Ley para la Protección Integral de Periodistas, Personas Defensoras de Derechos Humanos y Personas Defensoras de los Animales del Estado de Querétaro.
La huella de LYPmultimedios en la iniciativa
Desde el inicio del Parlamento Abierto, LYPmultimedios sostuvo que Querétaro no necesitaba una legislación decorativa, sino un mecanismo con procedimientos rápidos, responsabilidades definidas, presupuesto, supervisión y capacidad real para responder ante una amenaza.
En junio, este medio advirtió que una ley débil podía reconocer derechos en el papel sin proteger a nadie cuando apareciera el peligro. También planteó la necesidad de incluir a reporteros locales, comunicadores independientes, medios pequeños y equipos digitales que carecen de grandes estructuras empresariales o jurídicas para enfrentar presiones, campañas de desprestigio, hostigamiento institucional o ataques en internet. LYPmultimedios documentó esos planteamientos desde el comienzo del Parlamento Abierto.
Varios de esos puntos aparecen reflejados en la iniciativa presentada: seguridad digital, acompañamiento psicológico y médico, protección material, transporte, reubicación, escoltas, casas de seguridad y evaluación diferenciada según el nivel de riesgo.
La propuesta también establece que una persona no deberá presentar credenciales, títulos, afiliaciones o nombramientos para recibir respaldo. Este principio resulta especialmente relevante para el periodismo local contemporáneo, en el que existen colaboradores, fotógrafos, productores, administradores de plataformas, reporteros ciudadanos y equipos digitales cuya labor informativa no siempre cabe dentro de las acreditaciones convencionales.
La aportación de LYPmultimedios partió de una premisa: la violencia no solamente busca lastimar a una persona; también puede intentar paralizar una redacción, intimidar a sus colaboradores, vulnerar sus plataformas o impedir que una investigación llegue a las audiencias.
Por ello, la discusión deberá asegurar que la versión final de la ley proteja no únicamente al reportero individual, sino también a los equipos que hacen posible la operación de los medios de comunicación.
Un mecanismo con respuesta urgente
La iniciativa propone crear un mecanismo estatal encargado de recibir solicitudes, evaluar amenazas y coordinar medidas de protección. También pretende obligar a dependencias estatales y municipales a agilizar las denuncias y evitar que las personas en riesgo queden atrapadas entre oficinas, competencias y trámites burocráticos.
El modelo incluiría un comité de evaluación capaz de activar medidas urgentes y determinar apoyos según cada caso. La atención abarcaría protección física, asistencia jurídica, atención psicológica, seguridad digital, traslado, reubicación temporal y resguardo en espacios seguros.
Díaz Gayou explicó que la cobertura no se limitaría a quienes cuenten con reconocimiento institucional. La actividad realizada y la situación de riesgo serían los elementos centrales para solicitar protección.
El cinco por ciento que deberá vigilarse
Uno de los componentes más relevantes es el financiamiento. La iniciativa propone destinar al mecanismo el equivalente al cinco por ciento de la base presupuestal anual asignada a las áreas de Comunicación Social del Poder Ejecutivo y de los municipios.
La fórmula pretende impedir que la protección dependa de recursos extraordinarios o de la voluntad política de la administración en turno. Sin embargo, el Congreso deberá precisar cuánto dinero representaría, cómo sería transferido, quién lo fiscalizaría y bajo qué reglas se podría ejercer.
También se contempla un fideicomiso administrado con participación de representantes de la agrupación que se conforme, sin nómina ni remuneraciones para sus integrantes. El dinero estaría dirigido a las medidas de protección.
Para evitar que el mecanismo se convierta en otra estructura burocrática o en una herramienta de control político, su integración deberá garantizar independencia, transparencia, protección de datos, rendición de cuentas y participación real del gremio.
Una iniciativa construida fuera del escritorio
La propuesta no puede presentarse únicamente como producto de una oficina legislativa. Su contenido surgió de foros ciudadanos en los que participaron periodistas, medios de comunicación, asociaciones, colectivos, instituciones públicas y personas independientes.
La contribución de LYPmultimedios forma parte de ese proceso y demuestra que un medio no solamente informa sobre las decisiones públicas: también puede aportar conocimiento territorial y experiencia profesional para mejorar las reglas que protegen la libertad de expresión.
Rosalba Vázquez afirmó que impulsará la aprobación de la iniciativa y pidió al gremio periodístico acompañar el proceso legislativo. Heidi Wagner advirtió que Querétaro no debe esperar una tragedia para reconocer la urgencia de contar con una legislación efectiva.
El estado todavía carece de un mecanismo propio, pese a que la ley federal existe desde 2012. Claudia Díaz Gayou ha señalado que alrededor de 30 periodistas y personas defensoras vinculadas con Querétaro han solicitado incorporación al mecanismo federal.
La iniciativa todavía no es ley
La presentación es apenas el comienzo. El proyecto deberá turnarse a comisión, ser dictaminado y obtener los votos necesarios en el Pleno. En ese trayecto podrían modificarse disposiciones centrales.
LYPmultimedios dará seguimiento al proceso para verificar que las aportaciones ciudadanas y periodísticas no sean eliminadas o reducidas durante la negociación política.
La prueba decisiva será que la legislación conserve procedimientos rápidos, presupuesto suficiente, independencia frente al gobierno, protección digital, cobertura para periodistas independientes y medidas que alcancen a las redacciones y equipos de los medios.
La protección del periodismo no constituye una concesión del poder. Es una obligación democrática porque cada agresión contra quien investiga o informa lesiona también el derecho de la sociedad a conocer lo que ocurre.
