Por: Redacción de LYPmultimedios
Santiago de Querétaro, Querétaro, 19 de julio de 2026.— Una comunidad puede recibir visitantes, cocinar para ellos, conservar el paisaje y compartir sus tradiciones, pero terminar observando cómo la mayor parte del dinero se queda en agencias, plataformas e intermediarios externos.
Modificar esa distribución es el propósito declarado de una iniciativa presentada por la diputada priista Adriana Meza, en coordinación con la Secretaría de Turismo del estado y la Comisión de Turismo de la LXI Legislatura.
La propuesta busca incorporar el turismo comunitario a la Ley de Turismo del Estado de Querétaro y reconocer a las personas habitantes como participantes centrales en el diseño, administración y comercialización de las experiencias ofrecidas en sus territorios.
De acuerdo con el comunicado legislativo, el modelo no se limitaría a comunidades rurales. También podría incluir zonas semiurbanas, barrios tradicionales, agrupaciones artesanales y otras comunidades locales con vocación turística.
La idea abre una oportunidad relevante: que el turismo deje de mirar a las comunidades únicamente como escenario y las reconozca como propietarias, gestoras y beneficiarias de la actividad.
Pero la reforma apenas comienza su trayecto legislativo.
La iniciativa todavía no es ley
El calificativo de “reforma histórica” utilizado en el boletín se adelanta al procedimiento.
Hasta ahora se presentó una iniciativa. Para convertirse en norma deberá ser estudiada, dictaminada, discutida y aprobada por el Congreso; después tendría que promulgarse y publicarse oficialmente.
El comunicado no informa a qué artículos modificaría, qué obligaciones asumirían la Secretaría de Turismo y los municipios, cómo se acreditaría a una comunidad turística ni qué recursos económicos respaldarían la política.
La precisión importa porque una declaración legal puede reconocer derechos y objetivos, pero no garantiza por sí sola financiamiento, capacitación, infraestructura, promoción o acceso a mercados.
La versión vigente de la Ley de Turismo de Querétaro ya contempla rutas artesanales, participación de pueblos y comunidades indígenas y promoción de actividades culturales; sin embargo, no contiene expresamente el concepto de “turismo comunitario”.
Por ello, incorporar una definición específica podría ayudar a establecer responsabilidades, mecanismos de coordinación y criterios de apoyo. La utilidad dependerá del contenido final, no únicamente del nombre asignado a la reforma.
El decreto federal abrió la puerta
La iniciativa busca armonizar la legislación estatal con el Decreto publicado el 23 de marzo de 2026, mediante el cual el Gobierno federal declaró al turismo comunitario como actividad de interés público y prioridad nacional.
El documento federal concibe este modelo como una actividad desarrollada por personas de las propias comunidades, de manera individual o colectiva, que participan en la generación, gestión y promoción de productos y servicios turísticos.
También lo relaciona con la conservación del patrimonio natural y biocultural, el desarrollo sostenible, la reducción de la pobreza y una distribución más equitativa de los beneficios.
La Federación instaló posteriormente una coordinación nacional para impulsar este modelo y comenzó a desarrollar Destinos de Turismo Comunitario, distintivos, capacitación y herramientas de promoción.
La reforma queretana intenta trasladar ese enfoque al ámbito local y ampliar su alcance hacia espacios que no siempre encajan en la definición tradicional de turismo rural.
¿Es Querétaro realmente pionero?
El boletín presenta la inclusión de comunidades semiurbanas y barrios tradicionales como una innovación nacional.
La afirmación debe tratarse como una postura de la promovente, no como un hecho comprobado.
Oaxaca ya define en su Ley de Turismo el turismo rural y comunitario como actividades de convivencia e interacción con comunidades, destinadas a generar ingresos y contribuir a la conservación de sus recursos. Chiapas cuenta además con una Ley de Centros Ecoturísticos de Autogestión Comunitaria.
En 2026, otras entidades también han reformado o discutido sus marcos turísticos para reconocer modelos comunitarios, sostenibles y de participación local.
Eso no resta valor a la propuesta queretana. Sí obliga a abandonar la competencia por proclamarse “el primero” y concentrarse en una pregunta más útil: ¿qué protección adicional ofrecerá esta ley a las comunidades?
Querétaro podría construir un modelo relevante si logra integrar lo rural, lo indígena, lo artesanal y lo barrial sin convertirlos en una simple categoría de promoción turística.
Que la comunidad decida, no solamente atienda
La diputada Adriana Meza sostuvo que la reforma colocaría a las personas habitantes en el centro de la administración de la oferta turística y permitiría que la derrama económica llegara directamente a las familias.
Ese principio necesita mecanismos concretos.
Una reforma sólida debería definir quién representa legítimamente a la comunidad, cómo se toman las decisiones, quién administra los ingresos, cómo se reparten los beneficios y qué ocurre cuando existen desacuerdos internos.
También tendría que proteger a las comunidades frente a empresas que utilicen su imagen, gastronomía, patrimonio o conocimientos tradicionales sin autorización ni compensación.
La autogestión no puede reducirse a contratar habitantes como cocineros, guías o vendedores mientras una empresa externa conserva el control de las reservaciones, los precios, la publicidad y las ganancias.
El turismo será comunitario cuando la comunidad tenga capacidad real de decidir qué ofrece, cuánto cobra, cuántos visitantes recibe y qué actividades rechaza.
El dinero necesita reglas transparentes
El primer eje planteado por la iniciativa es económico: fortalecer micro y pequeñas empresas, cooperativas y redes de prestadores locales.
Para conseguirlo, la ley tendría que acompañarse de acciones como capacitación administrativa, acceso a créditos, asesoría jurídica, promoción digital, infraestructura básica y mecanismos de comercialización directa.
También debería establecer indicadores verificables:
- Cuánto dinero gastan los visitantes.
- Qué proporción permanece en la comunidad.
- Cuántos empleos se crean.
- Cuántos son permanentes y con seguridad social.
- Cuántas empresas o cooperativas locales participan.
- Qué porcentaje de las compras se realiza a proveedores del territorio.
- Qué intermediarios reciben comisiones.
Sin estos datos, la “derrama económica” puede convertirse en una expresión repetida por gobiernos y empresas sin demostrar quién recibió realmente el beneficio.
El turismo también puede presionar el territorio
La dimensión ambiental no puede descansar únicamente en presentar a las comunidades como “guardianas” de la naturaleza.
Un aumento de visitantes puede elevar el consumo de agua, la generación de basura, el tráfico, el ruido y la presión sobre senderos, zonas forestales, centros históricos o sitios sagrados.
La ley debería permitir que cada comunidad determine límites de carga, temporadas, actividades permitidas y condiciones ambientales.
También tendría que evitar que el reconocimiento turístico acelere la compra de terrenos, el encarecimiento de viviendas o el desplazamiento de habitantes por negocios de hospedaje.
El desarrollo sostenible no consiste en llevar más personas a todos los lugares. En algunos casos, significa establecer límites para proteger el territorio y la vida comunitaria.
Mujeres y jóvenes: oportunidad sin romantizar el trabajo
Adriana Meza afirmó que el turismo comunitario puede generar arraigo y oportunidades para mujeres y jóvenes.
La posibilidad existe, especialmente en comunidades donde las opciones laborales son limitadas. Sin embargo, la reforma debe evitar que esa promesa descanse en trabajo precario o no remunerado.
Las mujeres suelen sostener actividades relacionadas con cocina, cuidado, limpieza, organización comunitaria y producción artesanal. Si ese trabajo se incorpora a una experiencia turística, debe reconocerse, pagarse y participar en la toma de decisiones.
Los jóvenes, por su parte, pueden aportar herramientas digitales, producción audiovisual, idiomas, comercialización y diseño de experiencias. Pero el arraigo no se construye pidiéndoles permanecer por obligación, sino creando empleos dignos y posibilidades reales de crecimiento.
Una política con perspectiva de género tendría que medir quién controla los ingresos, quién posee los negocios y quién ocupa los cargos dentro de las organizaciones comunitarias.
Preservar no significa congelar una cultura
El tercer eje de la propuesta busca proteger gastronomía, tradiciones, lenguas y patrimonio.
El objetivo es relevante, pero debe evitar una mirada folclórica.
Las comunidades no son museos ni escenarios obligados a repetir una versión estática de sí mismas para satisfacer expectativas de visitantes. Sus culturas cambian, debaten, mezclan influencias y deciden qué elementos desean compartir.
Una legislación progresista debería reconocer el derecho de las comunidades a controlar el uso comercial de sus expresiones culturales y a negar la explotación de conocimientos, ceremonias o espacios considerados sensibles.
El patrimonio no debe convertirse en mercancía sin consentimiento.
La coordinación institucional puede ser una fortaleza
La iniciativa fue presentada por una diputada del PRI y trabajada, de acuerdo con el boletín, con una dependencia del gobierno estatal encabezado por el PAN.
Esa colaboración puede resultar positiva si permite construir una política que trascienda la disputa partidista y llegue al presupuesto, los municipios y las comunidades.
También evita que la propuesta sea vista únicamente como una bandera legislativa individual.
Sin embargo, la participación de la Secretaría de Turismo no sustituye la consulta con quienes serán regulados. Las comunidades, cooperativas, artesanas, cocineras tradicionales, guías y prestadores locales deben intervenir en la elaboración del dictamen.
Legislar sobre autogestión sin escuchar a quienes tendrán que autogestionarse sería una contradicción.
Lo histórico dependerá de lo que ocurra después
Querétaro tiene condiciones para desarrollar experiencias turísticas vinculadas con gastronomía, artesanías, naturaleza, barrios tradicionales, memoria comunitaria y patrimonio biocultural.
La reforma puede ampliar oportunidades y corregir un modelo en el que los territorios reciben visitantes, pero no siempre controlan los beneficios.
Para lograrlo deberá responder preguntas que el boletín todavía deja abiertas:
- ¿Habrá presupuesto específico?
- ¿Cómo se reconocerá a las comunidades participantes?
- ¿Existirá un padrón público?
- ¿Quién vigilará la distribución de ingresos?
- ¿Cómo se protegerá el patrimonio colectivo?
- ¿Qué obligaciones tendrán las empresas intermediarias?
- ¿Cómo se evitará el desplazamiento?
- ¿Qué papel asumirán los municipios?
- ¿Qué indicadores medirán el impacto?
La propuesta acierta al plantear que el turismo puede ser una herramienta de justicia social. Pero una ley no será histórica por la forma en que se anuncia.
Lo será cuando las comunidades dejen de servir como paisaje para la prosperidad de otros y obtengan poder real para decidir, administrar y beneficiarse de aquello que comparten con quienes las visitan.
