El dictamen aprobado en comisiones plantea celebrar los comicios el primer domingo de junio de 2028, reducir el número de candidaturas y crear mecanismos provisionales para cubrir vacantes sin interrumpir la actividad de los tribunales.
Santiago de Querétaro, Qro., 31 de Octubre del 2026.— La reforma judicial de Querétaro avanzó en el Congreso local con la aprobación, en Comisiones Unidas, de un dictamen que traslada de 2027 a 2028 la elección popular de personas juzgadoras y establece nuevas reglas para evaluar, seleccionar y postular candidaturas.
Las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Puntos Constitucionales avalaron el documento que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado.
El dictamen reúne propuestas relacionadas con la armonización del sistema judicial estatal, la elección extraordinaria de 2028 y la adecuación de la legislación queretana al modelo establecido en el ámbito federal.
El aval en comisiones no representa todavía la conclusión del proceso: la propuesta deberá continuar con el trámite legislativo correspondiente antes de que sus disposiciones puedan entrar en vigor.
Elección judicial será en junio de 2028
Uno de los principales cambios consiste en trasladar la elección judicial local al primer domingo de junio de 2028, para hacerla coincidir con la jornada judicial federal. Las personas que resulten electas rendirían protesta el 1 de octubre de ese mismo año.
La propuesta también establece que quienes actualmente desempeñan funciones jurisdiccionales permanecerán en sus cargos hasta el 30 de septiembre de 2028, con el propósito de evitar interrupciones durante la transición.
Asimismo, se plantea extender hasta esa fecha la actual Presidencia del Poder Judicial de Querétaro.
El presidente de las Comisiones Unidas, Guillermo Vega Guerrero, explicó que el objetivo central es armonizar las reglas estatales con el modelo federal y dar certeza al proceso de transición.
Comités evaluarán y reducirán las candidaturas
Cada uno de los tres poderes del estado deberá integrar un comité de evaluación conformado por cinco personas. Las coordinaciones de estos órganos integrarían, a su vez, una comisión encargada de homologar requisitos, exámenes y criterios de selección.
Cada comité evaluará cuatro perfiles por cargo. Posteriormente, mediante una insaculación pública, la lista se reducirá a dos candidaturas, respetando el principio de paridad de género.
Para la presentación de postulaciones, el Poder Ejecutivo lo hará por conducto de su titular; el Legislativo necesitará el respaldo de dos terceras partes de sus integrantes y el Poder Judicial requerirá nueve votos del Pleno del Tribunal Superior de Justicia.
El dictamen también contempla un órgano de administración judicial compuesto por cinco integrantes: uno propuesto por el Ejecutivo, uno por el Legislativo y tres provenientes del Poder Judicial.
Por su parte, el Tribunal de Disciplina Judicial tendría entre sus atribuciones evaluar el desempeño y promover la capacitación permanente.
Mecanismos para atender vacantes
Durante el análisis se abordó la necesidad de cubrir temporalmente las vacantes existentes en dos salas del Poder Judicial.
De acuerdo con lo expuesto por el diputado Arturo Maximiliano García Pérez, las disposiciones permitirían que integrantes del Consejo de la Judicatura suplan las ausencias, conforme a un orden de prelación, por periodos de hasta 60 días.
El legislador consideró que este mecanismo daría certeza al procedimiento y permitiría mantener el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales mientras se desarrolla la transición hacia la elección de 2028.
Seis municipios respondieron sin presentar observaciones
Los 18 ayuntamientos de Querétaro fueron notificados entre el 5 y el 7 de octubre para que enviaran sus consideraciones sobre el proyecto.
Dentro del plazo establecido se recibieron respuestas de Amealco de Bonfil, Colón, Jalpan de Serra, Pinal de Amoles, Tequisquiapan y Tolimán. Los seis municipios informaron que no tenían observaciones sobre el documento.
Durante la sesión no se reportaron consideraciones de los otros 12 ayuntamientos.
Acuerdo entre distintas fuerzas políticas
Eric Silva Hernández señaló que algunas observaciones planteadas previamente fueron incorporadas mediante el diálogo entre las fuerzas políticas y anticipó su voto favorable.
Homero Barrera McDonald sostuvo que la reforma responde a las adecuaciones realizadas en la Constitución federal y destacó la obligación del Congreso local, como parte del Constituyente Permanente, de traducir esos cambios al marco estatal.
En la reunión también participaron Enrique Antonio Correa Sada, Teresita Calzada Rovirosa y Arturo Maximiliano García Pérez, además de Bolívar Rubio Medina, director Jurídico del Poder Judicial de Querétaro.
Vega Guerrero adelantó que, después de la reforma constitucional, el Congreso tendrá que trabajar en la adecuación de las leyes secundarias. Esa etapa será determinante para definir el funcionamiento operativo de los comités evaluadores, la elección, los órganos de administración y el sistema de disciplina judicial.
