La diferencia presupuestaria todavía no acredita un desvío, pero el alcalde enfrenta un antecedente incómodo: la ASF ya concluyó que su administración gestionó de manera ineficiente una muestra del gasto federalizado de 2024
San Juan del Río, Qro., 12 de agosto de 2026.— El gobierno de Roberto Cabrera Valencia enfrenta una nueva prueba de rendición de cuentas. Tres integrantes del Ayuntamiento solicitaron una auditoría especial al ejercicio del FORTAMUN de 2025 y 2026, luego de identificar una diferencia de 27 millones 911 mil pesos entre el techo financiero autorizado para adquirir luminarias y los procedimientos de contratación que pudieron localizar.
La iniciativa fue suscrita por la regidora Vania Camacho Galván y los regidores Oscar Mauricio Sandoval García y Víctor Manuel Rocha Basurto. El documento, presentado el 5 de agosto, fue turnado a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, por lo que todavía debe ser dictaminado y, eventualmente, aprobado por el Cabildo.
La cifra denunciada no demuestra, por sí misma, que exista dinero desaparecido o desviado. Pero tampoco puede ser despachada por el alcalde como una simple estridencia opositora: procede, según los promoventes, de la revisión de información entregada por la propia Secretaría de Administración mediante el oficio SHA/1118/2026.
El gobierno municipal tiene ahora una obligación elemental: exhibir los expedientes completos y explicar, peso por peso, qué ocurrió con la diferencia.
Del techo financiero al vacío documental
El Cabildo autorizó un techo de 32 millones 716 mil 602 pesos para la compra de luminarias. Sin embargo, los regidores aseguran haber localizado procedimientos de contratación por solamente 4 millones 804 mil 791 pesos.
La resta arroja 27 millones 911 mil 810 pesos cuyo destino no habría quedado identificado en la documentación proporcionada.
Llamar a esa diferencia un “hueco”, como lo hace el comunicado opositor, es todavía una caracterización política, no una conclusión contable. Un techo financiero representa el máximo autorizado para gastar y no necesariamente el monto que debe ejercerse en su totalidad. Los recursos pudieron no haberse utilizado, ser reasignados mediante modificaciones presupuestales, quedar comprometidos en otros procedimientos o convertirse en economías.
Pero cualquiera de esas explicaciones tendría que estar respaldada por documentos. Si el dinero no se gastó, Finanzas debe demostrar dónde quedó. Si fue transferido, debe presentar la autorización. Si se contrataron más luminarias, Administración debe exhibir los expedientes. Si el proyecto fue reducido o cancelado, Cabrera debe explicar por qué.
La ausencia de esa trazabilidad no prueba corrupción, pero sí evidencia una opacidad incompatible con una administración que pretende presumir control del gasto público.
Cabrera no puede alegar que se trata de un problema heredado
La revisión alcanza directamente al gobierno encabezado por Roberto Cabrera. El alcalde gobierna San Juan del Río desde 2021 y fue reelegido para la administración 2024-2027. Su propio gobierno reconoce que el informe correspondiente a 2024-2025 fue el primero de su actual periodo, pero el cuarto desde que asumió la Presidencia Municipal.
No se trata, por tanto, de archivos pertenecientes a una administración remota ni de decisiones heredadas de otro partido. Los ejercicios de 2024, 2025 y 2026 transcurrieron bajo la conducción política del mismo presidente municipal.
Cabrera no firma personalmente cada contrato ni integra por sí solo los expedientes de adjudicación. Tampoco existe, con la información disponible, evidencia de que haya obtenido un beneficio personal. Pero como jefe de la administración municipal es políticamente responsable de garantizar que las secretarías bajo su mando documenten el gasto, respeten los procedimientos y atiendan las observaciones de los órganos fiscalizadores.
Después de más de cinco años en el cargo, una deficiencia reiterada en los controles internos ya no puede presentarse como curva de aprendizaje.
Más de la mitad de los recursos habría evitado controles
La iniciativa sostiene que 51.3 por ciento de las aportaciones federales analizadas no fue sometido al escrutinio de la Secretaría de Administración ni del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios.
De comprobarse, el señalamiento rebasaría una omisión menor. El comité constituye uno de los filtros institucionales destinados a evitar decisiones discrecionales, comparar propuestas y dejar constancia de las condiciones bajo las cuales se contratan bienes y servicios.
Los regidores también aseguran que durante 2025 se dividieron contratos de seguridad privada para resguardar inmuebles municipales. Las contrataciones, afirman, sumaron 9 millones 369 mil 542 pesos y fueron asignadas mediante adjudicaciones directas o invitaciones restringidas. El comunicado menciona prácticas semejantes en compras de combustible y medicamentos.
Una adjudicación directa no es ilegal automáticamente. La legislación contempla esa modalidad cuando el monto o determinadas condiciones excepcionales lo justifican. Lo irregular sería fraccionar deliberadamente una operación para mantener cada contrato por debajo de los límites que obligarían a efectuar una licitación pública.
Para esclarecerlo, el gobierno de Cabrera debe presentar objetos contractuales, fechas, proveedores, estudios de mercado, dictámenes de excepción y suficiencias presupuestales. No basta con asegurar que cada contrato, examinado de manera aislada, se ubicó dentro del monto permitido.
El misterioso “Programa de Apoyo Policial”
La oposición cuestiona además la contratación directa, por más de un millón de pesos, de un despacho externo para operar un “Programa de Apoyo Policial”.
De acuerdo con los promoventes, el municipio justificó la asignación mediante una supuesta exclusividad técnica y derechos de patente que no existirían en la práctica. También señalan que la administración no ha presentado indicadores capaces de demostrar los resultados del servicio.
El señalamiento obliga a responder preguntas concretas: ¿qué empresa recibió el contrato?, ¿qué servicio especializado prestó?, ¿cuál fue la patente invocada?, ¿quién verificó su existencia?, ¿cuáles fueron los entregables? y ¿cómo se midió su impacto sobre la corporación?
Cuando se gasta dinero público bajo el argumento de una exclusividad, la carga de demostrarla pertenece a la autoridad que prescindió de la competencia entre proveedores. Si el despacho era verdaderamente el único capaz de prestar el servicio, el gobierno debe acreditarlo. Si no puede hacerlo, la adjudicación quedaría bajo una sombra difícil de justificar.
La ASF ya había encendido las alarmas
Roberto Cabrera no llega a esta controversia con una hoja en blanco.
La Auditoría Superior de la Federación revisó 132 millones 556 mil pesos del gasto federalizado de San Juan del Río correspondiente a 2024. Al concluir su fiscalización, dejó 42 millones 765 mil 773 pesos pendientes de aclaración, promovió tres investigaciones por posibles responsabilidades administrativas y emitió dos pliegos de observaciones.
El organismo fiscalizador detectó que, en cuatro procedimientos, la empresa ganadora y otra participante estaban vinculadas entre sí y realizaron acciones que pudieron producir una ventaja indebida. Entre los contratos examinados figuraron suministro de combustibles, mantenimiento del alumbrado y adquisición de vehículos recolectores.
También observó 27 millones 666 mil pesos pagados con FORTAMUN por el servicio de disposición de residuos en el relleno sanitario. El municipio presentó bitácoras y facturas, pero no la evidencia documental que permitiera comprobar el origen de los registros de peso utilizados para calcular los pagos.
Otros 15 millones 99 mil pesos correspondieron al mantenimiento del alumbrado público y la adquisición de medicamentos. En estos casos, la ASF señaló que no pudo verificar plenamente la prestación del servicio ni conciliar los medicamentos contratados con los entregados.
La conclusión del informe oficial de la ASF fue inequívoca: el municipio “no realizó una gestión eficiente” de los recursos fiscalizados en la Cuenta Pública 2024.
El documento contiene un dato todavía más incómodo para Cabrera: el municipio entregó información adicional en diciembre de 2025 para atender los señalamientos, pero la ASF consideró que no reunía las condiciones de suficiencia y pertinencia necesarias, por lo que mantuvo sin atender los resultados relacionados con adquisiciones y comprobación del gasto.
En mayo de 2026, la titular del Órgano Interno de Control, Nelly Martínez Pérez, aseguró públicamente que las inconsistencias habían sido subsanadas y que solamente faltaba el pronunciamiento definitivo de la ASF. También reconoció la existencia de 14 investigaciones internas por posibles incumplimientos administrativos.
Mientras no se publique una resolución actualizada del organismo federal, el gobierno municipal no puede presentar esas observaciones como definitivamente solventadas. Haber enviado una respuesta no significa que el órgano fiscalizador la haya aceptado.
El FORTAMUN no es una caja exclusiva para la policía
Los promoventes aseguran que San Juan del Río dispone en 2026 de 327 millones 817 mil 600 pesos del FORTAMUN. La cifra debe mantenerse atribuida a los regidores hasta que sea conciliada con las ministraciones y el acuerdo oficial de distribución.
También debe precisarse que el fondo no está destinado exclusivamente a seguridad pública. Puede utilizarse para fortalecer las finanzas municipales, cubrir determinadas obligaciones, atender infraestructura y financiar servicios públicos.
Para 2026, la Federación promueve que por lo menos 20 por ciento de esos recursos se destine a necesidades directamente relacionadas con seguridad, conforme a los criterios del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Esta precisión no exonera a Cabrera. Por el contrario, vuelve indispensable separar cada fuente de financiamiento y demostrar qué contratos se pagaron con FORTAMUN, cuáles con participaciones federales y cuáles con recursos propios. Mezclar las bolsas presupuestales o utilizar el carácter amplio del fondo para diluir las explicaciones solamente profundizaría las dudas.
Las preguntas que Cabrera debe responder
La discusión no debería reducirse a si la denuncia proviene de la oposición. La información pública conserva su relevancia con independencia de quién la solicite.
El alcalde tendría que responder, cuando menos:
- ¿Dónde quedaron los 27.9 millones no identificados en los procedimientos de compra de luminarias?
- ¿Qué parte del FORTAMUN 2025 y 2026 fue revisada por el Comité de Adquisiciones y qué parte se ejerció mediante excepciones?
- ¿Cuántos contratos de seguridad privada, combustible y medicamentos se adjudicaron, a qué proveedores y mediante qué modalidades?
- ¿Por qué se contrató externamente el “Programa de Apoyo Policial” y qué resultados verificables produjo?
- ¿Cuál es el estado actualizado de los 42.8 millones observados por la ASF en la Cuenta Pública 2024?
- ¿Qué ocurrió con las investigaciones administrativas promovidas por la Auditoría Superior de la Federación y con las 14 carpetas reconocidas por el Órgano Interno de Control?
El portal municipal contiene apartados sobre contratos, adjudicaciones, auditorías y gasto federalizado, además de los reportes trimestrales del FORTAMUN. Publicar archivos dispersos, sin embargo, no equivale a rendir cuentas. La transparencia efectiva exige que la información sea completa, conciliable y comprensible.
La auditoría no debería incomodar a un gobierno que asegura actuar correctamente
Si la administración de Cabrera cuenta con los expedientes, una auditoría especial permitiría cerrar la controversia. Si se trató de economías o reasignaciones legales, podrá acreditarlo. Si las adjudicaciones estaban justificadas, los dictámenes deberían demostrarlo. Si el programa policial produjo resultados, deberán existir indicadores y entregables.
Rechazar la revisión o dilatar la entrega de documentos tendría el efecto contrario: convertir una discrepancia presupuestaria en una crisis de credibilidad.
La oposición también está obligada a sostener sus acusaciones con expedientes completos. No puede presentar una resta como prueba automática de corrupción ni convertir cada adjudicación directa en delito. Pero corresponde al gobierno, no a los denunciantes, conservar y exhibir la documentación del dinero público.
Roberto Cabrera construyó su permanencia política alrededor de la continuidad administrativa. Esa continuidad también implica asumir los costos de lo que ocurre en las dependencias bajo su mando.
Después de que la ASF documentó fallas en la comprobación, expedientes incompletos y posibles ventajas indebidas entre empresas vinculadas, el alcalde ya no puede pedir que la ciudadanía confíe únicamente en su palabra. Debe presentar contratos, facturas, dictámenes, entregables y movimientos presupuestales.
Si los documentos existen, que los muestre. Si no existen, el problema deja de ser una ofensiva opositora y se convierte en una falla grave de gobierno.