Por Redacción LYPmultimedios
CIUDAD DE MÉXICO. – En un movimiento decisivo para reestructurar el gasto público en la política mexicana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó el envío al Senado de la República de su iniciativa de reforma, conocida como el «Plan B» electoral. El documento plantea modificaciones profundas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley General de Partidos Políticos para forzar la austeridad en los tres niveles de gobierno.
«Como Presidenta voy a seguir insistiendo en que es indispensable que no se gaste tanto en los procesos electorales ni en los partidos políticos», sentenció la mandataria, recordando que, aunque la reforma constitucional original no prosperó, su administración no claudicará en el intento de eliminar lo que ha calificado como excesos institucionales, incluyendo la figura de los legisladores plurinominales.
Los cinco ejes del recorte y la participación ciudadana
El «Plan B» turnado a la Cámara Alta se sostiene en medidas de austeridad de aplicación obligatoria y en la ampliación de los derechos democráticos:
- Tope salarial en órganos electorales: Se prohíbe estrictamente que consejeros, magistrados y altos funcionarios del INE y tribunales electorales perciban un salario mayor al de la titular del Ejecutivo Federal.
- Reducción en los Ayuntamientos: Se acotará el tamaño de los cabildos, limitando el número de regidurías a un esquema de entre 7 y un máximo de 15 funcionarios por municipio.
- Límite a Congresos Locales: Se establece un tope presupuestal inamovible del 0.70% respecto al presupuesto de cada entidad para la operación de los legislativos estatales.
- Austeridad en el Senado: La iniciativa obliga a una reducción directa del 15% en el gasto operativo de la Cámara Alta.
- Revocación de Mandato flexible: Para fortalecer la participación popular, la figura de revocación de mandato podrá ser solicitada por la ciudadanía durante el tercer o el cuarto año de gobierno.
El documento comenzará su proceso de análisis y dictaminación en las comisiones del Senado en los próximos días, marcando el inicio de un intenso debate legislativo sobre el financiamiento de la democracia en México.
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