Las comisiones unidas remitirán los proyectos a los 18 ayuntamientos antes de dictaminar
Por: Redacción de LYPmultimedios
Santiago de Querétaro, Qro., 18 de agosto de 2026.— Las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Puntos Constitucionales iniciaron formalmente el análisis de tres iniciativas que buscan reformar la Constitución Política del Estado en materia judicial. La sesión fue presidida por el diputado Guillermo Vega Guerrero (PAN), con Homero Barrera McDonald como secretario y Eric Silva Hernández y Enrique Antonio Correa Sada como integrantes.
Las tres propuestas se dictaminarán de manera conjunta, en un solo documento.
Qué se está analizando
Sobre la mesa hay tres iniciativas: una presentada por el titular del Poder Ejecutivo estatal y dos por diputados del Grupo Legislativo de Morena. Los títulos formales son:
- Iniciativa de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado —la del Ejecutivo, entregada el 5 de agosto.
- Iniciativa en materia de armonización judicial y elección de 2028 a los dieciocho municipios del Estado.
- Iniciativa en materia de reforma judicial.
La sesión contó con la presencia del director Jurídico y Consultivo de la Secretaría de Gobierno, Eduardo Joel Ibarra Acosta, en representación del secretario Eric Gudiño Torres, además de siete legisladores que no integran las comisiones pero acudieron al análisis.
La ruta procesal: primero los ayuntamientos
La decisión operativa más relevante de la sesión fue de procedimiento. Vega Guerrero instruyó a la Secretaría de Servicios Parlamentarios remitir las tres iniciativas a los 18 ayuntamientos del estado, para que conozcan formalmente su contenido y designen un enlace institucional que dé seguimiento al procedimiento.
Esto no es un trámite menor. Una reforma constitucional local requiere, además de mayoría calificada en el Pleno, la aprobación de la mayoría de los ayuntamientos. Adelantar ese paso permite que los municipios trabajen en paralelo al análisis técnico de las comisiones, en lugar de esperar a que concluya.
Una vez satisfecho ese requisito, la presidencia propondrá acumular las tres iniciativas en términos de los artículos 39 y 46 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para emitir un solo dictamen.
«Lo anterior permitirá garantizar los principios de economía procesal, congruencia legislativa y deliberación parlamentaria integral; evitará la emisión de dictámenes aislados respecto de iniciativas que versan sobre el mismo objeto constitucional; y permitirá que estas comisiones unidas realicen un análisis comparado de todas las propuestas», explicó Vega Guerrero.
Los cuatro puntos que plantea Morena
La diputada Claudia Díaz Gayou detalló el contenido de las iniciativas de su bancada, que giran en torno a incorporar la reforma federal «en todos sus términos». Los planteamientos concretos:
Cobertura de vacantes. Que los espacios por ausencias definitivas de jueces y magistrados sean cubiertos por quienes hayan obtenido la segunda votación más alta en la elección correspondiente, y no por un órgano designado.
Escuela de Formación Judicial. Que no participe en el proceso de selección de aspirantes.
Ausencias en el periodo de transición. Que las vacantes de magistrados que ocurran entre la aprobación de la reforma y la elección sean designadas por la Legislatura, y no reguladas en leyes secundarias.
Armonización íntegra. Que la Constitución local incorpore la reforma federal sin adaptaciones locales: «no una reforma a la queretana», planteó la legisladora.
El diputado Homero Barrera McDonald lo formuló en los mismos términos: «No queramos ser creativos a través de procedimientos, figuras o mecanismos que sean contrarios a la Constitución federal o de los cuales no esté dentro de nuestras facultades. La armonización es muy simple, tan simple, que sería más complicado hacerla diferente.»
La posición de Correa Sada
El diputado Enrique Correa Sada anunció que acompañará la reforma, con una precisión sobre su postura de fondo. Recordó su desacuerdo con el diseño original —señaló que la elección judicial no era compatible con los comicios constitucionales de gobernador, diputados y alcaldes, y que los comités de evaluación no ofrecían garantías suficientes de idoneidad—, pero concluyó:
«Aunque no estoy de acuerdo con la reforma en su totalidad, sí estoy de acuerdo en que hagamos mejoras a estos procesos. Adelanto que acompañaré esta reforma, porque creo que aunque no es la ideal, sí mejora las condiciones para poder llevar a cabo un proceso de elección de jueces y magistrados.»
Es un dato relevante para el aritmética de una reforma que requiere mayoría calificada.
El pendiente inmediato: las vacantes
El diputado Arturo Maximiliano García Pérez introdujo el asunto que corre en paralelo y que no puede esperar a 2028: existe ya una vacante en la Sala Familiar por jubilación de una magistrada, con expedientes que requieren resolución.
Planteó que las comisiones deben resolver dos cosas: cómo generar suplencias temporales mientras el Consejo de la Judicatura envía propuestas al Congreso, y cómo garantizar que el Pleno pueda elegir por mayoría calificada a quienes cubran esas magistraturas durante el periodo que resta hasta 2028.
«No podemos tener estas ausencias de magistrados», señaló, al referirse a la necesidad de dar certeza a las partes involucradas en juicios pendientes.
El llamado al acuerdo
El diputado Eric Silva Hernández pidió a los integrantes de las comisiones retomar el diálogo y sostener la congruencia con los planteamientos originales de la reforma federal.
«Debemos comprometernos a defender lo que debemos defender, que son los intereses de la gente», expresó. «Tenemos que estar del lado de todas aquellas personas que se han quedado esperando una resolución, una sentencia judicial, años, y que la justicia parece no llegarles.»
Barrera McDonald, por su parte, hizo un llamado a la civilidad política y señaló que la obligación de la Legislatura es armonizar el marco local con la Carta Magna, «para que el Poder Judicial se democratice y la justicia sea cercana al pueblo de Querétaro».
El antecedente del proceso
Esta es la etapa más avanzada de un proceso que lleva más de un año. En febrero de este año, una sesión de comisiones unidas sobre el mismo tema fue cancelada por falta de quórum, tras lo cual la Mesa Directiva conformó un esquema ampliado que sumó a las comisiones de Participación Ciudadana y de Gobernación.
El Ejecutivo estatal entregó su iniciativa el 5 de agosto, con el cambio de fecha de la elección judicial de 2027 a 2028 como uno de sus elementos centrales, además de la creación de un Órgano de Administración Judicial, un Tribunal de Disciplina Judicial y comités de evaluación con exámenes de conocimientos.
Lo que sigue en el proceso
Con las iniciativas remitidas a los 18 ayuntamientos, las comisiones unidas continuarán el análisis técnico y jurídico. La acumulación se procesará una vez cubierto ese requisito, para emitir un dictamen único que deberá votarse en el Pleno por mayoría calificada y, posteriormente, ratificarse por la mayoría de los municipios.