Querétaro, Qro., 20 de octubre de 2026.— La discusión sobre el reconocimiento legal de la identidad de género en Querétaro enfrenta un nuevo episodio de tensión entre el Poder Ejecutivo y el Congreso del Estado. El Grupo Legislativo de Morena anunció que solicitará el análisis en comisiones unidas de las observaciones presentadas por el Gobierno estatal al dictamen de la denominada Ley de Identidad de Género, con el objetivo de reactivar su proceso legislativo.
Encabezados por su coordinador, Arturo Maximiliano García Pérez, legisladores morenistas cuestionaron que el Ejecutivo haya devuelto nuevamente el documento, pese a que, según explicaron, el segundo dictamen ya incorporaba modificaciones relacionadas con las primeras observaciones.
La bancada sostiene que el procedimiento propuesto permitiría atender los nuevos señalamientos sin reiniciar toda la discusión legislativa. También advirtió sobre el riesgo de que el expediente permanezca detenido en comisión sin una fecha definida para su revisión.
La conferencia contó con la participación de diputadas y diputados de Morena, representantes de colectivos de la diversidad sexual, la delegada nacional del partido en Querétaro, Karla Valeria Gómez, y Santiago Nieto Castillo, quien participó como asesor en temas jurídicos y legislativos.
Una ley que vuelve a comisiones tras las observaciones del Ejecutivo
Arturo Maximiliano García Pérez explicó que las nuevas observaciones ingresaron al Congreso el pasado 22 de septiembre, después de que el Pleno aprobara un segundo dictamen.
De acuerdo con el coordinador parlamentario, ese documento fue elaborado conforme al artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, mediante la figura de un proyecto alternativo.
García Pérez argumentó que el mecanismo permitía someter la propuesta a votación por mayoría y que su contenido ya atendía los señalamientos formulados previamente por el Ejecutivo.
Por ello, consideró que no existían razones jurídicas suficientes para una nueva devolución.
Actualmente, el expediente fue turnado a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, instancia que había participado en el análisis del primer dictamen.
El legislador señaló que existe la posibilidad de explorar una vía jurisdiccional para cuestionar las observaciones del Ejecutivo, aunque aclaró que todavía no se ha anunciado formalmente una acción de ese tipo.
También expresó preocupación por la posibilidad de que la iniciativa no sea incluida en el orden del día de la comisión, lo que prolongaría su discusión sin una resolución definitiva.
Morena propone comisiones unidas para reactivar el dictamen
El diputado Eric Silva Hernández, quien presidió la comisión encargada de elaborar el segundo dictamen, anunció que solicitará a la Mesa Directiva del Congreso analizar la posibilidad de trabajar el expediente en comisiones unidas.
La propuesta busca reunir a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia y a la comisión vinculada con la Agenda 2030, responsables de las distintas etapas del procedimiento.
Según Silva Hernández, esta fórmula permitiría revisar conjuntamente las observaciones y corregir aspectos de redacción o técnica legislativa que, desde su perspectiva, no modifican el fondo de la propuesta.
El legislador sostuvo que el segundo dictamen fue resultado de mesas de diálogo con colectivos y de la revisión de los planteamientos formulados anteriormente por el Gobierno estatal.
Por su parte, Andrea Tovar Saavedra, vicepresidenta de la Mesa Directiva, respaldó la solicitud y anunció que promoverá su consideración dentro del órgano de conducción legislativa.
La diputada afirmó que el procedimiento debe permitir que el Congreso continúe discutiendo una propuesta relacionada con el reconocimiento de derechos humanos.
No obstante, la solicitud de comisiones unidas todavía deberá ser atendida por las instancias competentes del Congreso. Su presentación no implica que el cambio de turno haya sido aprobado.
El reconocimiento de la identidad de género, centro de la discusión
Uno de los principales puntos del debate es el procedimiento mediante el cual las personas pueden solicitar la adecuación de sus documentos oficiales para que correspondan con su identidad de género.
Durante la conferencia, legisladores de Morena insistieron en que el dictamen aprobado contempla un procedimiento administrativo para personas mayores de edad, y cuestionaron que el Ejecutivo haya retomado argumentos relacionados con menores de edad.
Homero Barrera McDonald, integrante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, sostuvo que el Congreso ya había considerado las primeras observaciones y que la nueva devolución vuelve a plantear una controversia sobre el alcance de la propuesta.
El legislador defendió la autonomía del Poder Legislativo y pidió que las observaciones sean examinadas con transparencia y apego al contenido efectivamente aprobado.
Por su parte, Arturo Maximiliano García recordó que existen criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el reconocimiento de la identidad de género y la necesidad de evitar procedimientos judiciales innecesarios para la adecuación de documentos.
El reconocimiento legal de la identidad de género se relaciona con los derechos a la identidad, la privacidad, la igualdad y el libre desarrollo de la personalidad.
La discusión legislativa deberá precisar el alcance de las disposiciones propuestas y su correspondencia con los criterios constitucionales aplicables.
Colectivos y legisladores llaman a mantener la participación social
La conferencia también contó con representantes de colectivos de la diversidad sexual, entre ellos Walter López, María José González y Mauricio Olivares, cuya presencia acompañó el posicionamiento de la bancada morenista.
La diputada Claudia Díaz Gayou sostuvo que la discusión no debe limitarse al ámbito parlamentario y llamó a las organizaciones sociales a mantener su participación pública.
La legisladora planteó que las movilizaciones ciudadanas pueden acompañar las acciones jurídicas y legislativas para exigir el reconocimiento de derechos.
“Tenemos que organizarnos, exigir, manifestar y luchar por los derechos humanos, los derechos progresistas aquí en el estado de Querétaro”, expresó.
Díaz Gayou también cuestionó la actuación del Ejecutivo estatal y consideró necesario que los colectivos mantengan la exigencia de una resolución legislativa.
Andrea Tovar coincidió en que el debate debe abordarse desde la protección de los derechos humanos y sostuvo que los criterios judiciales existentes ofrecen elementos para avanzar en la regulación del procedimiento administrativo.
Las declaraciones reflejan el posicionamiento de Morena y de las personas participantes en la conferencia. Las razones jurídicas específicas del Ejecutivo deberán contrastarse con el texto íntegro de las observaciones remitidas al Congreso.
Un nuevo desacuerdo entre poderes sobre el trámite legislativo
La devolución del dictamen abre una discusión que trasciende el contenido de la propuesta: también involucra los mecanismos de revisión de leyes y las atribuciones del Ejecutivo y el Legislativo durante el procedimiento de aprobación.
Morena considera que las observaciones más recientes se concentran en aspectos formales que pueden corregirse sin modificar el sentido de la legislación.
Sin embargo, para determinar si esa interpretación es correcta será necesario revisar el contenido completo de las observaciones gubernamentales y el texto aprobado por el Pleno.
El procedimiento también deberá aclarar si un nuevo dictamen puede tramitarse como proyecto alternativo y bajo qué reglas de votación, conforme a la legislación aplicable.
Por ahora, la bancada morenista ha anunciado una solicitud para que el asunto sea trabajado en comisiones unidas, pero no existe una fecha confirmada para su discusión o votación.
El desafío: convertir el reconocimiento de derechos en legislación vigente
El caso de la Ley de Identidad de Género mantiene abierta una discusión sobre las condiciones para ejercer el derecho al reconocimiento legal de la identidad en Querétaro.
Mientras Morena y los colectivos participantes reclaman que el proceso avance, el expediente permanece sujeto a una nueva revisión legislativa derivada de las observaciones del Ejecutivo.
La próxima decisión de la Mesa Directiva y de las comisiones involucradas permitirá conocer si la propuesta retoma su curso o continúa sin una fecha de resolución.
El punto central será determinar si las diferencias entre poderes pueden resolverse mediante ajustes legislativos o si derivarán en una controversia jurídica, mientras permanece pendiente la definición de un procedimiento estatal para el reconocimiento administrativo de la identidad de género.