El diputado federal con licencia pidió transparentar los criterios de designación y mejorar las condiciones de competencia para los despachos queretanos. El número total de firmas coincide con el proceso estatal de 2026, pero la proporción señalada no puede corroborarse sin conocer la relación completa y el criterio utilizado para definir qué empresa es local.
Santiago de Querétaro, Qro. 23 de agosto del 2026— Luis Humberto Fernández Fuentes cuestionó la limitada participación que, según afirmó, tienen los despachos queretanos en las auditorías externas contratadas para revisar las finanzas del Poder Ejecutivo estatal y sus entidades paraestatales.
Durante una reunión con economistas, contadores públicos y especialistas fiscales, el diputado federal con licencia sostuvo que únicamente tres de las 15 firmas participantes son locales. A partir de ese dato, propuso revisar las reglas de designación y hacer públicos los criterios empleados para distribuir los trabajos.
“Querétaro forma profesionistas de primer nivel. Empresas de todo el mundo confían en ese talento y aquí, en su propia casa, se les abre menos la puerta”, expresó Fernández Fuentes. Aclaró que su planteamiento no busca otorgar privilegios por domicilio, sino generar reglas claras y posibilidades reales de competencia.
El señalamiento coincide parcialmente con información difundida sobre el proceso estatal: la Secretaría de la Contraloría entregó durante agosto designaciones a 15 despachos de auditoría externa para revisar los estados financieros de 2026 del Poder Ejecutivo y de 43 entidades paraestatales.
Sin embargo, en la información pública consultada no aparece la relación completa de las firmas ni su domicilio fiscal, sede corporativa o composición. Por ello, no fue posible verificar de manera independiente que solamente tres sean queretanas.
Auditorías sobre el ejercicio de 2026
Los despachos designados deberán examinar el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026. Los trabajos comenzaron en agosto y los dictámenes definitivos tendrán que ser entregados en enero de 2027.
Su función será emitir una opinión independiente sobre la preparación de los estados financieros, el cumplimiento de las reglas de contabilidad gubernamental y la observancia de las disposiciones de disciplina financiera.
La revisión abarca al Poder Ejecutivo y a 43 organismos paraestatales. Por su alcance, no se trata de contratos menores ni de una actividad exclusivamente técnica: las firmas seleccionadas tendrán acceso a información financiera relevante y sus dictámenes formarán parte de los mecanismos de control sobre el ejercicio de recursos públicos.
El proceso se encuentra regulado por los lineamientos estatales para la designación de despachos externos, publicados en 2022. Entre los elementos que deben valorarse se encuentran la capacidad técnica, la experiencia, la independencia profesional, la ausencia de conflictos de interés y el cumplimiento de las normas aplicables.
Ser local no sustituye la capacidad técnica
Fernández Fuentes sostuvo que contratar sistemáticamente servicios externos provoca que Querétaro pierda tanto el valor económico de los contratos como la experiencia profesional generada por esos trabajos.
“La contaduría, la economía y la materia fiscal no son profesiones de accesorio. Sostienen la confianza en las finanzas públicas, dan certeza a la inversión y ordenan la vida de miles de empresas”, señaló.
El planteamiento abre una discusión pertinente sobre el desarrollo de proveedores locales, pero también exige distinguir dos asuntos. El primero es si los despachos queretanos enfrentan barreras injustificadas para participar; el segundo, distinto, es si las firmas designadas cumplen con las mejores condiciones técnicas, económicas y de independencia.
El domicilio de una empresa no determina por sí mismo la calidad de una auditoría. Tampoco garantiza autonomía frente al gobierno auditado. Una política que favorezca proveedores estatales tendría que preservar la libre competencia, evitar cuotas automáticas y asegurar que la cercanía territorial no produzca conflictos de interés.
La pregunta relevante no es únicamente cuántas firmas tienen origen en Querétaro, sino cómo fueron convocadas, evaluadas y seleccionadas.
¿Qué significa ser un despacho local?
La afirmación de que tres de 15 firmas son locales requiere definir el criterio utilizado. Una empresa puede tener su sede corporativa en otra entidad, pero mantener oficinas, personal y operaciones permanentes en Querétaro. También puede estar legalmente constituida en el estado y formar parte de una red nacional o internacional.
Para evaluar el señalamiento sería necesario conocer, al menos:
- Los nombres de los 15 despachos designados.
- El domicilio fiscal y las oficinas desde las que prestarán el servicio.
- La cantidad de profesionales queretanos incorporados a cada auditoría.
- Los despachos invitados y las propuestas recibidas.
- Los criterios, puntajes y evaluaciones utilizados para cada designación.
- Los montos de los contratos y la distribución de las 44 revisiones.
- Los antecedentes de cada firma y sus posibles conflictos de interés.
Publicar esta información permitiría determinar si existe una exclusión estructural de los despachos estatales o si la distribución responde a requisitos de experiencia, especialización, rotación e independencia.
Fernández no presentó durante el encuentro una relación documental de las 15 firmas ni un análisis comparativo de sus evaluaciones. Su dato, por tanto, debe entenderse hasta ahora como un señalamiento político que requiere soporte público para convertirse en un diagnóstico verificable.
Reclamos sobre adjudicación y falta de claridad
De acuerdo con la información proporcionada por su equipo, los profesionistas asistentes expusieron dificultades para competir por contratos, falta de claridad en los criterios de adjudicación y escasas oportunidades para que las nuevas generaciones desarrollen experiencia en el estado.
Fernández propuso mantener abierto el diálogo con colegios y asociaciones profesionales, transparentar la asignación de los servicios e incrementar la participación de despachos queretanos.
En la reunión estuvieron Arturo Muñoz, presidente del Colegio de Economistas; Eric Anaya, presidente de la Asociación de Fiscalistas del Estado de Querétaro; Socorro López, expresidenta del Colegio de Contadores Públicos; Ofir Aragón Nieves y Juan de Jesús Maciel, entre otros participantes.
El pronunciamiento también tiene un contexto político. Fernández Fuentes solicitó licencia indefinida como diputado federal y se registró como aspirante a coordinar los Comités de Defensa de la Transformación en Querétaro, proceso vinculado con la definición política de Morena rumbo a 2027. Su perfil oficial todavía puede consultarse en el Sistema de Información Legislativa.
La propuesta expresada durante el encuentro no fue presentada como iniciativa legislativa, denuncia administrativa o solicitud formal de información. Su alcance dependerá de que se traduzca en una revisión concreta de los lineamientos o en una exigencia documentada ante la Secretaría de la Contraloría.
La transparencia reclamada tendría que aplicarse en ambos sentidos: el Gobierno estatal debe explicar cómo distribuyó las auditorías, mientras Fernández debe exhibir la información que sustenta la proporción denunciada. Sólo con ambos elementos podrá establecerse si los despachos queretanos fueron relegados o si el resultado provino de un proceso competitivo basado en capacidades verificables.