Habitantes de San José La Laja aseguraron que préstamos de 15 mil pesos llegaron a convertirse en cobros de 60 mil; el diputado Eric Silva anunció acompañamiento jurídico, pero todavía no se identifican públicamente las empresas denunciadas ni existen resoluciones que acrediten responsabilidades.
Santiago de Querétaro, Qro., 24 de octubre de 2026.— Habitantes de comunidades rurales denunciaron presuntas prácticas abusivas de personas y empresas que ofrecen microcréditos a familias con necesidades económicas, a quienes supuestamente hacen firmar pagarés en blanco y posteriormente someten a cobros, amenazas y procedimientos de embargo.
El diputado local Eric Silva Hernández acompañó a personas de San José La Laja, en Tequisquiapan, y afirmó que casos similares han sido detectados en Colón, Pedro Escobedo, Ezequiel Montes, Tolimán y Peñamiller.
Los señalamientos incluyen falta de información sobre intereses y consecuencias del incumplimiento, refinanciamientos que acumulan nuevas deudas y pagarés que presuntamente son entregados a despachos jurídicos para exigir cantidades superiores al préstamo original.
Se trata, hasta ahora, de testimonios y denuncias atribuidas a habitantes y asesores. No se dieron a conocer nombres o razones sociales de las prestamistas, números de expedientes, contratos, resoluciones judiciales o determinaciones de alguna autoridad que permitan establecer responsabilidades concretas.
De 15 mil a 60 mil pesos
Personas de San José La Laja relataron casos en los que un préstamo inicial de 15 mil pesos habría generado una reclamación de 60 mil. También denunciaron cobros dirigidos tanto a la persona deudora como a su aval.
Otros testimonios sostienen que personas vinculadas con la cobranza ingresaron a viviendas y retiraron herramientas de trabajo y bienes indispensables.
La existencia de una deuda no autoriza a un prestamista o despacho a entrar por cuenta propia a un domicilio y llevarse pertenencias. La Condusef señala que un embargo únicamente puede realizarse cuando ha sido ordenado por un juez, dentro de un procedimiento del cual la persona deudora haya sido notificada legalmente.
Reportan 15 prestamistas sólo en una comunidad
Jorge Patiño, trabajador comunitario que dijo haber identificado el problema en San José La Laja, aseguró que encontraron 15 supuestas financieras operando en esa localidad.
Patiño sostuvo que no estarían reguladas por alguna autoridad y que aprovechan la necesidad de la población para conceder nuevos créditos destinados a cubrir adeudos anteriores.
La cifra no fue acompañada por una lista de nombres, domicilios, contratos o resultados de consultas ante registros oficiales. Por ello, aún corresponde a las autoridades verificar cuántas entidades existen, cuáles están autorizadas y cuáles operan informalmente o mediante una posible suplantación de identidad.
La Condusef recomienda consultar el SIPRES antes de contratar un crédito. Esta herramienta permite comprobar si una institución forma parte del sistema financiero y verificar su domicilio, datos de contacto, autorización y situación registral.
Que un nombre no aparezca en el registro constituye una señal de alerta, pero determinar la comisión de fraude, extorsión, falsificación o cualquier otro delito corresponde a las autoridades competentes.
El miedo frena las denuncias
Silva Hernández afirmó que algunas personas se niegan a denunciar por temor a represalias. El legislador anunció acompañamiento jurídico en materias penal y mercantil mediante un grupo de abogados integrado, entre otros, por Miguel Hernández, Aldo Rodríguez y Diana Olvera.
El diputado también informó que buscará reunirse con el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Braulio Guerra Urbiola, para exponer la problemática relacionada con pagarés y procedimientos de cobro.
La reunión puede abrir un canal institucional, pero el Poder Judicial no sustituye a las fiscalías ni puede resolver públicamente casos fuera de los expedientes y procedimientos correspondientes.
Para que la denuncia avance se requerirán contratos, pagarés, comprobantes de pago, mensajes, grabaciones, nombres de cobradores, documentos judiciales y cualquier evidencia sobre amenazas o retiro de bienes.
Qué hacer ante un crédito o cobranza sospechosa
La Condusef recomienda no firmar documentos sin leerlos completa y detalladamente, verificar la identidad de la institución y evitar entregar dinero por adelantado para supuestamente liberar un crédito.
Ante una situación de este tipo:
- No firme pagarés, contratos o formatos con espacios vacíos.
- Solicite una copia completa de todo documento firmado.
- Verifique a la institución en el SIPRES.
- Consulte en el REDECO si el despacho está registrado y autorizado por la entidad financiera.
- Exija por escrito el cálculo de la deuda, intereses, comisiones y condiciones de pago.
- Conserve mensajes, recibos, audios, fotografías y nombres de quienes realizan la cobranza.
- No entregue dinero a cuentas personales sin verificar a quién pertenecen.
- Busque asesoría jurídica antes de firmar una reestructura o convenio.
- Si existen amenazas, violencia o ingreso no autorizado al domicilio, acuda a la Fiscalía.
Los despachos de cobranza no pueden amenazar, ofender o intimidar. Cuando representan a una institución financiera, las prácticas indebidas pueden reportarse mediante el Registro de Despachos de Cobranza.
De la denuncia política a los expedientes
Eric Silva calificó la aparición de estas supuestas financieras como “un cáncer” que debe erradicarse. Más allá de la expresión política, el siguiente paso será convertir los testimonios en expedientes identificables y determinar quiénes están detrás de los préstamos.
También deberá aclararse qué autoridades recibieron denuncias, cuántos procedimientos existen, qué empresas o personas son investigadas y si los embargos mencionados fueron ordenados por jueces o ejecutados fuera de un proceso legal.
Sin nombres, contratos y números de carpeta, la dimensión del problema permanece sostenida principalmente en testimonios. Con pruebas y acompañamiento efectivo, las personas afectadas podrán pasar del miedo y la denuncia pública a una defensa jurídica con posibilidades reales de obtener justicia.
