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Por Román André Martínez Bravo
¿Con qué cartas cuenta realmente México cuando se sienta frente a Washington, frente a Pekín o frente a cualquier potencia que hoy redefine las reglas del comercio y la producción globales?
La pregunta no es retórica. Durante años, el país se acostumbró a pensar su poder internacional en términos de debilidad estructural: dependencia comercial, subordinación migratoria y vecindad incómoda con la primera economía del mundo.
Pero esa lectura, aunque tiene fundamento histórico, ya no explica del todo el momento actual. México acumula hoy un conjunto de activos geopolíticos —algunos disponibles de inmediato, otros que solo rendirán frutos si hay decisión política de por medio— que rara vez se nombran como lo que son: armas de negociación en un tablero que se está reacomodando.
La tesis de esta columna es sencilla y, a la vez, incómoda: México tiene más palancas de las que su clase política suele reconocer, pero la mayoría de ellas son condicionales, no estructurales. Es decir, existen porque las circunstancias globales las hicieron posibles —la ruptura entre Estados Unidos y China, la crisis de las cadenas de suministro, la relocalización industrial—, no porque el país haya construido una estrategia soberana para capitalizarlas.
Ahí está la diferencia entre tener una carta y saber jugarla.
El corto plazo: la carta comercial que ya está sobre la mesa
La palanca más inmediata de México es también la más frágil: su posición como socio comercial preferente de Estados Unidos bajo el T-MEC.
El tratado, que debía renovarse automáticamente por dieciséis años este julio, no se extendió. Washington optó por un régimen de revisiones anuales que mantiene vigente el acuerdo hasta 2036, pero sujeto a negociación constante.
La presidenta Claudia Sheinbaum intentó bajarle el dramatismo al anuncio, insistiendo en que esa fecha “no constituye una fecha límite” para la continuidad del tratado. Tiene razón en lo formal: el T-MEC sigue vivo. Pero, en lo político, la renuncia a la prórroga automática es un mensaje inequívoco.
Estados Unidos quiere tener a México bajo revisión permanente, no bajo garantía de largo plazo.
Y, sin embargo, ese mismo mecanismo revela por qué México pesa en la mesa: nueve de cada diez exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos entran con arancel cero, y el país ya desplazó a China como su principal socio comercial.
Las rondas de negociación que se han sucedido desde julio —con el representante comercial Jamieson Greer viajando a Palacio Nacional y con reuniones que han producido avances en acero, aluminio y sustitución de importaciones asiáticas— muestran que Washington necesita a México tanto como México necesita a Washington, aunque el discurso público insista en lo contrario.
La cuarta ronda, prevista para septiembre, definirá si ese avance se traduce en reglas de origen más estables o en un endurecimiento que golpee a la industria automotriz.
Esa es la primera arma de corto plazo: la irreversibilidad práctica de la integración productiva norteamericana. Ningún gobierno estadounidense, por proteccionista que sea su retórica, puede desmantelar en un sexenio veinte años de cadenas de suministro entrelazadas.
Eso le da a México un colchón de negociación que, por ejemplo, Vietnam o Bangladesh no tienen frente a Washington.
El tablero de los minerales: la apuesta de mediano plazo
La segunda palanca es menos visible, pero probablemente más decisiva a mediano plazo: los minerales críticos.
Estados Unidos publicó una lista de sesenta minerales esenciales para su seguridad nacional y su industria estratégica; México produce doce de ellos. El país lidera la producción mundial de plata con una cuarta parte del mercado global, ocupa el segundo lugar en fluorita y mantiene posiciones relevantes en molibdeno, cadmio, zinc y cobre.
No es un dato menor en un mundo donde, como advirtió la directora de la Cámara Minera de México, Karen Flores, el orden global futuro lo definirán quienes controlen el acceso a estos insumos.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha sido explícito sobre esta lectura: en el contexto de tensión geopolítica actual, sostuvo que el acceso a los minerales “va a determinar la competitividad y la seguridad de la cadena de suministro”.
El gobierno mexicano ya trabaja en dos frentes simultáneos: asegurar el abasto de trece minerales que el país no produce o produce en cantidades insuficientes —del aluminio al litio, pasando por el cobalto y las tierras raras— y, al mismo tiempo, negociar su propia riqueza mineral como ficha de valor en foros multilaterales y en la propia revisión del T-MEC, donde ya se discute incorporar un capítulo minero dedicado.
Aquí conviene una advertencia estructural, en la línea de lo que Ha-Joon Chang ha documentado sobre la trampa de las economías exportadoras de materia prima: tener el recurso no es tener el poder.
China no domina el litio porque tenga las mayores reservas —de hecho, no las tiene—, sino porque concentra la capacidad de refinación: procesa hasta el noventa por ciento de las tierras raras y controla la mayor parte de la producción de celdas de batería.
México, con 1.7 millones de toneladas de litio identificadas y el reciente hallazgo de nuevas reservas en salmueras petroleras, tiene el mineral. Lo que no tiene, todavía, es la infraestructura de procesamiento que convertiría esa riqueza geológica en influencia geopolítica real.
Esta es, con precisión, la diferencia entre poseer un arma y tener la capacidad de dispararla.
La geografía como arma silenciosa
Hay una tercera carta que México rara vez cuenta como tal porque parece demasiado obvia: la geografía.
Compartir dos mil kilómetros de frontera con el mercado de consumo más grande del planeta no es solamente un dato de vecindad; es una ventaja logística que ningún competidor asiático puede replicar.
El transporte terrestre permite entregas en menos de cuarenta y ocho horas hacia el mercado estadounidense, frente a semanas de tránsito marítimo desde Asia. Esa cercanía explica por qué, incluso en medio de la incertidumbre arancelaria y de la revisión del tratado, los flujos de inversión extranjera hacia México rompieron su techo histórico al cierre de 2025.
Pero la geografía también es un arma que se puede usar en sentido inverso, y ahí radica buena parte de la vulnerabilidad estructural del país: la misma frontera que atrae inversión es la que Washington utiliza como instrumento de presión migratoria y de seguridad.
México ha aprendido, sobre todo desde el episodio de Venezuela y la doctrina hemisférica que se consolidó tras la captura de Maduro, que su cooperación en control fronterizo y combate al tráfico de fentanilo se ha convertido en una moneda de cambio que condiciona buena parte de la negociación comercial.
Es un arma de doble filo: da margen de maniobra táctico, pero también expone al país a un tipo de presión que no depende de su desempeño económico, sino de la agenda de seguridad interna de Estados Unidos.
El largo plazo: lo que México aún no ha decidido usar
Si el corto y el mediano plazo dependen de la coyuntura —una revisión comercial, una crisis con China, una guerra arancelaria—, el largo plazo depende de decisiones que México todavía no ha tomado.
La primera es fiscal.
La misma inversión récord por nearshoring que ha sostenido el discurso oficial convive con una deuda pública que ya ronda el 52.3% del producto interno bruto.
Es la contradicción que Thomas Piketty y Joseph Stiglitz han señalado en distintos contextos: el éxito comercial sin una política fiscal que redistribuya sus beneficios hacia infraestructura, educación y transición energética no construye poder estructural, construye dependencia cíclica.
Un país que capta inversión, pero no logra financiar sus propias condiciones de competitividad —puertos, electricidad, agua, formación técnica— está usando su arma geopolítica más valiosa como si fuera un subsidio de corto plazo, no como palanca de desarrollo.
La segunda decisión pendiente es la soberanía tecnológica sobre sus propios recursos.
México puede seguir exportando materia prima mineral sin procesar, como ha hecho históricamente, o puede apostar —con la paciencia y la inversión pública que eso exige— por construir capacidad de refinación y manufactura de valor agregado antes de que la ventana de oportunidad del nearshoring, que analistas de Banxico ubican entre 2026 y 2030, se cierre.
La diferencia entre ambos caminos es, en términos gramscianos, la diferencia entre ser un actor subordinado dentro del bloque hegemónico norteamericano o convertirse en un socio con capacidad real de negociar los términos de esa integración.
Y la tercera es, quizá, la más política de todas: la capacidad de construir una estrategia de Estado que trascienda sexenios y coyunturas electorales estadounidenses.
Con elecciones intermedias en Estados Unidos en noviembre y un Congreso que puede modificar el margen de maniobra de cualquier acuerdo, México no puede darse el lujo de negociar solo reactivamente.
Las armas existen —comerciales, minerales y geográficas—, pero su valor depende enteramente de que exista, detrás de ellas, una decisión soberana de usarlas con visión de largo plazo y no solo como respuesta táctica a la presión del momento.
La diferencia entre tener cartas y saber jugarlas
México no es, como durante mucho tiempo se insistió, un país sin margen de maniobra frente a las potencias que redefinen el orden global.
Tiene una posición comercial que ningún competidor puede replicar en el corto plazo, una riqueza mineral estratégica que apenas empieza a valorar como tal, y una geografía que sigue siendo, pese a todo, su activo más subestimado.
Lo que no tiene todavía —y aquí está el verdadero riesgo del momento— es la certeza de que esas cartas se están jugando con una estrategia que mire más allá de la próxima ronda de negociación.
La pregunta no es si México tiene armas geopolíticas. Es si su clase dirigente está dispuesta a dejar de tratarlas como concesiones circunstanciales y empezar a tratarlas como lo que realmente son: instrumentos de poder que, bien administrados, pueden cambiar la posición del país en el tablero global de la próxima década.