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La normalización de la guerra como negocio y como resignación

Por Román André Martínez Bravo

Una anestesia colectiva

No hay ninguna ley de la naturaleza que diga que el mundo tenía que volverse, otra vez, un lugar de aranceles punitivos, presupuestos militares récord y minerales usados como rehenes geopolíticos. Fue una serie de decisiones políticas, tomadas por gobiernos concretos y defendidas por intereses concretos, la que nos trajo hasta aquí.

Y, sin embargo, la conversación pública trata este giro como si fuera clima: algo que simplemente sucede, se comenta y se soporta.

Ese es el verdadero problema. No solo la existencia de la guerra comercial, armamentista y económica, sino la velocidad con la que dejamos de indignarnos ante ella. Detrás de cada cifra récord hay ganadores muy identificables y perdedores mucho más numerosos. La normalización cumple exactamente la función de ocultar esa distancia.

Aranceles: proteccionismo vendido como emergencia permanente

Vale la pena recordar cómo empezó todo esto: no como una política comercial deliberada y debatida, sino como una sucesión de “emergencias nacionales” —fentanilo, migración, seguridad— usadas para justificar medidas que, en realidad, respondían a una agenda proteccionista de fondo.

Ese truco retórico funcionó. En cuestión de meses, aranceles que habrían sido impensables se volvieron rutina: China respondió a un arancel estadounidense del 104% con uno propio del 84%, y ambos países siguieron escalando hasta cifras que superaron el 200%, sin que ese nivel de ruptura comercial provocara una movilización política proporcional a su gravedad.

Lo más grave no es solo el monto de los gravámenes, sino quién termina pagándolos. Los aranceles no los pagan los gobiernos que los decretan como gesto de fuerza: los pagan, casi siempre, los consumidores, en forma de precios más altos, y las industrias exportadoras del lado más débil de la disputa.

Cuando Brasil fue golpeado con un arancel del 25% sobre buena parte de sus exportaciones a Estados Unidos, la medida afectó cerca de 11,200 millones de dólares en exportaciones brasileñas, equivalentes a casi 30% de todo lo que el país le vendía a su socio comercial. Todo ocurrió en un conflicto que además coincidió, no por casualidad, con el proceso judicial contra un expresidente aliado del gobierno estadounidense.

La política comercial se convirtió, sin ningún disimulo, en instrumento de presión política bilateral. Y aun así se sigue discutiendo en los medios de comunicación con agenda propia como si fuera únicamente un asunto de “estrategia económica”.

Mientras tanto, gobiernos que dicen defender a sus trabajadores replican la misma lógica: México aprobó incrementos arancelarios de hasta 50%, presentados como protección al empleo nacional, sin que se discuta con la misma intensidad el costo que esa represalia tendrá en la inflación y en las cadenas productivas que dependen de insumos importados.

El patrón se repite en ambos extremos del espectro político: el proteccionismo se anuncia como defensa de la soberanía, pero rara vez se explica quién absorbe la factura.

El rearme: el negocio más rentable de la desconfianza

Si hay un sector que no tiene motivos para lamentar este clima, es la industria armamentista.

El gasto militar mundial alcanzó en 2025 la cifra récord de 2.887 billones de dólares, un 2.9% más que el año anterior, y ya suma once años consecutivos de crecimiento ininterrumpido, con un aumento acumulado de 41% desde 2015. Se trata, según coinciden los propios analistas del sector, del gasto militar más alto desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

Detrás de estas cifras hay un desplazamiento de prioridades que rara vez se nombra con claridad: cada punto porcentual del PIB destinado a defensa es, por definición, un punto que no se destina a salud, educación o infraestructura.

España disparó su gasto militar un 50% en un solo año, una de las subidas más pronunciadas entre las potencias emergentes en la materia, mientras el debate público se concentró casi exclusivamente en si ese porcentaje era suficiente para cumplir compromisos con la OTAN, no en si era una prioridad social defendible.

Europa entera vivió el mayor incremento militar anual desde el fin de la Guerra Fría, presentado casi siempre como una respuesta defensiva inevitable y casi nunca como lo que también es: una transferencia masiva de recursos públicos hacia una industria que se beneficia directamente de la inestabilidad que dice contener.

La contradicción es evidente cuando se lee entre líneas en los propios informes especializados: incluso quienes documentan este rearme reconocen que nada obliga a que la tendencia continúe, salvo la decisión política de sostenerla. El llamado “dividendo de paz”, que siguió al fin de la Guerra Fría, no se perdió por accidente, sino porque se dejó de invertir en la diplomacia y el desarme que antes lo sostenían.

Guerra económica: el arma que no necesita declararse

La tercera parte de este tablero es quizá la más cínica, porque ni siquiera requiere el ritual formal de una declaración.

China ha demostrado que puede paralizar industrias enteras del otro lado del mundo restringiendo la exportación de minerales críticos. En 2025, esa presión interrumpió durante semanas la producción de misiles y radares de contratistas de defensa estadounidenses como Raytheon y Lockheed Martin.

Es decir: el mismo sistema que alimenta el rearme depende de insumos que pueden convertirse en arma de represalia en cualquier momento. Es un círculo que garantiza más gasto militar futuro “para reducir la dependencia”, en una espiral que se retroalimenta indefinidamente y que beneficia, otra vez, a quienes venden armamento y tecnología de sustitución.

No es el fin de la globalización: es su versión más desigual

Llamar a todo esto “el fin de la globalización” puede incluso ser una forma cómoda de describir el fenómeno, porque sugiere un proceso neutro, casi natural, sin responsables.

Sería más honesto decir que estamos viendo el fin de una globalización específica: la que, al menos, prometía beneficios compartidos a través del comercio. En su lugar, avanza una economía internacional organizada abiertamente alrededor de la fuerza: aranceles como arma de presión política, minerales como rehenes, ejércitos como garantía última de cualquier negociación.

Esto no es el repliegue del mundo hacia adentro. Es la reorganización del mundo alrededor de quien tiene más capacidad de imponer costos a los demás.

Lo que la normalización nos está costando

El daño más profundo de acostumbrarnos a esto no es económico: es democrático.

Cada vez que una escalada deja de generar indignación, se debilita el único mecanismo real de contención que ha funcionado en la historia reciente: la presión ciudadana y diplomática sobre los gobiernos antes de que las decisiones se vuelvan irreversibles.

Cuando un arancel del 25%, un bloqueo de minerales estratégicos o un aumento de dos dígitos en gasto militar se procesan como una nota más entre las noticias del día, se está renunciando por adelantado a exigir que alguien rinda cuentas por decisiones que sí tienen alternativa.

No hace falta resignarse a que esto sea irreversible. Los propios organismos que documentan el rearme insisten en que se trata de decisiones políticas, no de un destino inevitable.

La pregunta que debería ocupar el debate público no es cuánto va a seguir creciendo esta escalada, sino por qué hemos dejado de exigir que se detenga.

Ormus ya le esta pasando la factura a México

Ormuz está a 12,000 kilómetros de México. La factura ya llegó: 20,000 millones de pesos

Por Redacción LYP / Negocios

El litro de gasolina Magna sigue costando 23.99 pesos en México. Si esa cifra le suena igual que hace meses, es exactamente el punto: detrás de esa estabilidad hay una factura que sí se está moviendo, y no es pequeña. Mientras el Estrecho de Ormuz vuelve a estar bloqueado y los petroleros reciben ataques directos, el gobierno mexicano ya lleva gastados 20,000 millones de pesos para que ese conflicto, a 12,000 kilómetros de distancia, no se sienta todavía en la bomba de gasolina.

Lo que pasó esta semana en Ormuz

El 13 y 14 de julio, Estados Unidos reinstauró el bloqueo naval contra buques iraníes que transitan por el Estrecho de Ormuz —el corredor por el que pasa cerca de 20% del petróleo y gas natural licuado que se comercializa en el mundo— y exigió además un cobro del 20% sobre la carga que cruce esa ruta, cerca de 30 millones de dólares por superpetrolero. El tránsito diario de buques comerciales por la zona se desplomó de 25 a solo 12 embarcaciones en una semana. El 14 de julio, los petroleros Al Bahyah y Mombasa B fueron atacados cerca de la costa de Omán: dos tripulantes murieron en el primero y el segundo quedó dañado y fue abandonado. Según la Organización Marítima Internacional, van 56 incidentes contra embarcaciones y 17 muertes de tripulantes desde que se reactivó la crisis. Irán ya advirtió que también podría bloquear el Mar Rojo, una segunda ruta clave para las exportaciones de petróleo de la región.

La respuesta de los mercados fue inmediata: el 13 de julio el petróleo se disparó más de 9% en una sola sesión. La Mezcla Mexicana saltó 9.33% hasta 73.0 dólares por barril; el WTI subió 9.42% a 78.14 dólares, y el Brent, 9.25%, hasta 83.04 dólares. Este conflicto no es nuevo —se remonta al 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva contra Irán—, pero la escalada de esta semana es la más severa desde entonces.

Por qué a México no le ha llegado, todavía, a la bomba

La razón por la que el precio en el surtidor no se ha movido no es que el mercado internacional se haya calmado: es que el gobierno mexicano está pagando la diferencia. La presidenta Claudia Sheinbaum renovó, junto con empresarios gasolineros, el acuerdo para mantener la gasolina Magna en 23.99 pesos por litro durante seis meses más, y el diésel con un tope cercano a los 27 pesos. El mecanismo detrás de ese acuerdo combina estímulos fiscales al IEPS —el impuesto especial sobre producción y servicios— con el compromiso de las gasolineras de no trasladar el alza internacional al consumidor. Sheinbaum confirmó que el gobierno ya ha destinado 20,000 millones de pesos a este esquema, explicando que ese gasto se compensa parcialmente con los mayores ingresos petroleros que recibe el Estado cuando sube el precio internacional del crudo.

La factura que sí está subiendo: las finanzas públicas

Aquí es donde conviene mirar más allá del surtidor. Fitch Ratings advirtió que la Secretaría de Hacienda estima una menor recaudación por IEPS a combustibles de 15,800 millones de pesos para 2026 —una cifra que, según la propia calificadora, podría quedarse corta dado que no se sabe cuánto va a durar el conflicto—, con un costo de los estímulos fiscales de alrededor de 5,000 millones de pesos semanales. El IEPS a combustibles representa, en condiciones normales, cerca de 13% de la Recaudación Federal Participable. Fitch recordó que un episodio similar, el conflicto Rusia-Ucrania de 2022, terminó costando 387,500 millones de pesos en estímulos fiscales, aunque en ese caso se compensó casi por completo con 394,100 millones de pesos en excedentes petroleros. La pregunta que no se puede responder todavía es si esta vez el balance va a cerrar tan parejo.

El escenario que preocupa a los analistas

James Salazar, subdirector de Análisis Económico de Kapital Grupo Financiero, ha señalado que si el conflicto se extiende más de dos meses, la inflación en México y Estados Unidos podría subir hasta cinco puntos porcentuales, lo que obligaría a Banxico y a la Reserva Federal a revisar su política de tasas. En un episodio previo de este mismo conflicto, ya se había registrado un mes en el que la gasolina en México subió 7.3% y el diésel 8.7%, pese a los topes de precio, y la inflación de la primera quincena de abril llegó a 4.53% anual, por encima del límite superior de la meta de Banxico, impulsada en parte por la gasolina premium —que no está cubierta por el acuerdo de precios— y la tensión con Irán. En cuanto al tipo de cambio, el propio Salazar ha estimado que el dólar podría mantenerse en un rango de 17.50 a 17.60 pesos mientras el conflicto continúe, con una recuperación rápida del peso si la situación se calma —justo el rango en el que se movió el tipo de cambio este mismo lunes.

Por qué importa para las empresas

Para cualquier empresa mexicana, la lectura correcta no es «la gasolina no ha subido, así que no hay problema». Es que el gobierno está absorbiendo un costo que, si el conflicto se prolonga, tiene un límite fiscal, y que además ya se está filtrando por canales que el acuerdo de precios no cubre: la gasolina premium, el diésel de alto consumo industrial, y cualquier insumo importado cuyo costo de transporte marítimo dependa de rutas que pasan cerca de Ormuz o del Mar Rojo. Para sectores logísticos, manufactura de exportación y cualquier negocio con exposición a combustibles industriales, el riesgo relevante no es un gasolinazo de la noche a la mañana: es un choque de costos más lento, más disperso y más difícil de anticipar en el modelo financiero.

Para tesorería y planeación financiera, el otro punto de atención es la posibilidad de que Banxico tenga que ajustar su trayectoria de tasas si la inflación no subyacente —combustibles, frutas, verduras— empieza a contaminar las expectativas de inflación general, justo en un momento en que la economía ya enfrenta la incertidumbre de la revisión del T-MEC.

La pregunta para el consejo directivo

¿Su empresa ya modeló qué pasa con su estructura de costos si el gobierno deja de poder sostener el tope de precios de los combustibles, o está asumiendo que la estabilidad actual en el surtidor es permanente?

La guerra en el Estrecho de Ormuz todavía no llega al tablero de precios de ninguna gasolinera mexicana. Pero ya llegó a las cuentas de Hacienda, y las cuentas de Hacienda, tarde o temprano, siempre llegan a las de las empresas.

La inflación hoy se mude en términos geopolíticos

Petróleo, Hormuz y mercados: la nueva inflación geopolítica

Por Redacción LYP / Negocios

La inflación ya no llega solo desde el supermercado, la nómina o el crédito bancario. En 2026 también llega desde una ruta marítima estrecha, vigilada por buques militares, atravesada por petroleros y convertida en termómetro de la ansiedad global.

El Estrecho de Hormuz volvió a poner nerviosos a los mercados.

Este lunes 13 de julio, Reuters reportó un aumento del petróleo en medio de una nueva escalada entre Estados Unidos e Irán. El Brent subió 3% hasta 78.22 dólares por barril, mientras el crudo estadounidense avanzó 2.4% a 73.75 dólares. La tensión también golpeó acciones tecnológicas, elevó rendimientos de bonos y reactivó temores de inflación global.

Para una empresa mexicana, la lectura superficial sería: “subió el petróleo”.
La lectura correcta es mucho más seria: subió el costo potencial de operar en un mundo más inseguro.

Porque cuando se encarece el petróleo, no solo se mueve una pantalla de commodities en Londres o Nueva York. Se mueven rutas logísticas, seguros marítimos, costos de transporte, diésel, petroquímicos, empaques, fertilizantes, expectativas inflacionarias, tasas de interés y presupuestos empresariales.

La geopolítica ya no es un tema lejano para diplomáticos. Es una variable de flujo de efectivo.

Hormuz: el cuello de botella que puede entrar a tu estado de resultados

El Estrecho de Hormuz es uno de los puntos más sensibles del comercio energético mundial. Su importancia no está en su tamaño, sino en su función: conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y permite la salida de una parte relevante del petróleo y gas natural licuado que consume el mundo.

El conflicto actual elevó la percepción de riesgo sobre ese corredor. Reuters informó que, tras nuevos ataques a embarcaciones cerca de Hormuz, autoridades marítimas elevaron el nivel de amenaza a “severo”; entre los incidentes recientes se reportaron daños a un buque de crudo saudí y afectaciones a un tanquero de gas natural licuado de Qatar.

Ese dato no debe leerse solo como nota internacional.

Debe leerse como advertencia empresarial.

Cada vez que un corredor energético se vuelve más peligroso, el mercado agrega una prima de riesgo. Esa prima puede aparecer en el precio del barril, en seguros de transporte, en fletes, en tiempos de entrega, en costos financieros y en la disponibilidad de insumos.

Para México, que aunque produce petróleo también importa combustibles, maquinaria, componentes, químicos, plásticos, fertilizantes, tecnología y bienes intermedios, el riesgo no se queda en Medio Oriente. Puede viajar por la cadena de costos hasta llegar a una planta, una tienda, una flotilla o un centro logístico.

La nueva inflación no siempre nace en casa

México llega a esta semana con una inflación general más controlada. Reuters reportó que la inflación anual mexicana bajó a 3.37% en junio, su nivel más bajo desde diciembre de 2020, mientras la inflación subyacente se ubicó en 4.03%, todavía por encima del objetivo puntual de Banxico.

Ese contexto vuelve más delicado el choque petrolero.

Porque una economía puede celebrar una inflación general más baja y, al mismo tiempo, seguir expuesta a presiones externas que encarezcan transporte, energía, materias primas o expectativas financieras.

La inflación geopolítica funciona así: no necesita que la demanda interna se dispare. No necesita que los consumidores compren más. No necesita que las empresas mexicanas estén en plena expansión. Basta con que una ruta estratégica se vuelva insegura para que el mercado reacomode precios.

Y cuando eso ocurre, el impacto puede sentirse en cascada.

Primero sube el petróleo.
Después suben los costos logísticos.
Luego se presionan combustibles, fletes, empaques, insumos y márgenes.
Finalmente, las empresas deciden si absorben el golpe, suben precios o posponen inversión.

Esa es la parte que los titulares de mercado no siempre explican.

El petróleo ya no es solo energía: es estructura de costos

Para la alta dirección, el petróleo debe entenderse como una variable transversal.

En industria, puede afectar transporte de insumos, operación de flotillas, costos de proveedores, empaques derivados de petroquímicos y electricidad indirecta.

En comercio, puede presionar distribución, última milla, inventarios y precios finales.

En agroindustria, puede pegar por fertilizantes, transporte refrigerado, maquinaria y costos de exportación.

En inmobiliario industrial, puede afectar construcción, acero, cemento, logística de materiales y decisiones de ocupación de naves.

En turismo, puede llegar por tarifas aéreas, transporte terrestre, paquetes, alimentos y operación hotelera.

En empresas familiares y PyMEs, puede aparecer de manera menos sofisticada pero más dolorosa: el mismo camión cuesta más, el proveedor sube el precio, el margen se estrecha y el cliente no siempre acepta pagar más.

Por eso, el petróleo no debe analizarse como un dato de mercado. Debe analizarse como un sistema de transmisión.

Mercados nerviosos: el segundo canal de impacto

La presión no viene solo por el barril.

Reuters reportó que la nueva tensión en el Golfo golpeó a las acciones tecnológicas, presionó los futuros del Nasdaq y elevó rendimientos de bonos estadounidenses, con el bono a dos años alcanzando 4.2393%, su nivel más alto desde inicios de 2025.

¿Por qué eso importa para una empresa mexicana?

Porque los rendimientos de bonos estadounidenses son una referencia central para el costo global del dinero. Si los mercados creen que el petróleo puede reactivar inflación, también pueden asumir que la Reserva Federal tendrá menos espacio para relajar tasas. Y si la tasa global permanece alta, el financiamiento corporativo se vuelve más selectivo.

Traducido a lenguaje de empresa: una crisis energética puede terminar afectando créditos, deuda, tipo de cambio, valuaciones, inversión y apetito de riesgo.

La empresa que no exporta petróleo también puede pagar la factura.

México frente al choque: menor inflación, pero no menor vulnerabilidad

El gobierno mexicano ha buscado mostrar fortaleza frente a los pronósticos externos. Reuters reportó que el secretario de Hacienda, Edgar Amador, afirmó que México espera superar las proyecciones del FMI, después de que el organismo redujo su estimación de crecimiento para 2026 de 1.6% a 1.2%, en parte por factores globales como el choque energético asociado a tensiones en el Golfo Pérsico.

Esa discusión es clave.

México puede tener mejores fundamentos que otros países, pero no opera aislado. Una empresa mexicana no decide precios, inventarios o inversión en un laboratorio nacional. Decide en una economía conectada a Estados Unidos, al dólar, a cadenas globales, al T-MEC, al precio de energía y al costo del financiamiento.

El riesgo de la semana no es que México entre automáticamente en crisis por el petróleo. Esa lectura sería exagerada.

El riesgo real es más sutil: que la combinación de energía, inflación externa, tasas globales y nerviosismo financiero vuelva más difícil tomar decisiones de expansión.

El costo invisible: seguros, fletes y tiempos

Uno de los errores más comunes al analizar crisis energéticas es mirar solo el precio del barril.

Pero en una empresa, el costo no llega únicamente como petróleo. Llega como fricción.

Si una ruta marítima se vuelve más peligrosa, suben seguros. Si suben seguros, suben fletes. Si suben fletes, suben costos de importación. Si los embarques tardan más, crecen inventarios de seguridad. Si se elevan inventarios, se inmoviliza capital de trabajo. Si se inmoviliza capital, se reduce liquidez.

Reuters Breakingviews planteó que los barcos que cruzan Hormuz enfrentan una especie de “peaje de facto”: no necesariamente un cobro formal, sino costos más altos por riesgo, seguros y operación en una zona insegura.

Ese es el tipo de concepto que debe importar a directivos.

Porque una empresa puede no ver “Hormuz” en su contabilidad, pero sí verá flete más caro, proveedor más lento, financiamiento de inventario más pesado o margen más débil.

La geopolítica se esconde en la cuenta de gastos.

Qué empresas deben revisar números esta semana

No todas las empresas están expuestas de la misma manera. Pero algunas deberían revisar escenarios de inmediato.

Primero, las empresas con flotillas propias o alta dependencia de transporte terrestre. Si el combustible sube o se vuelve más volátil, el margen puede erosionarse rápido.

Segundo, las compañías que importan insumos, maquinaria, refacciones, químicos, plásticos, empaques o componentes industriales. Aunque no compren petróleo, pueden comprar productos que lo incorporan.

Tercero, las empresas agroindustriales. Fertilizantes, transporte y energía hacen que los choques petroleros se transmitan con fuerza al sector.

Cuarto, los exportadores. Un aumento en costos logísticos puede reducir competitividad si el precio final no puede ajustarse.

Quinto, desarrolladores inmobiliarios e industriales. El costo de materiales, maquinaria, transporte y crédito puede modificar la rentabilidad de proyectos.

Sexto, empresas con deuda o planes de financiamiento. Si el choque energético complica la trayectoria de tasas, el crédito barato puede tardar más en llegar.

El dilema empresarial: subir precios o absorber costos

Cuando sube un costo externo, la empresa enfrenta una pregunta incómoda: ¿lo traslado al cliente o lo absorbo?

Subir precios protege margen, pero puede reducir demanda. Absorber costos protege ventas, pero puede debilitar rentabilidad. La decisión no debe tomarse por intuición, sino por sensibilidad de mercado.

Una empresa sofisticada debería saber qué productos pueden ajustar precio, qué clientes son más sensibles, qué contratos permiten indexación, qué costos pueden negociarse, qué rutas pueden optimizarse y qué márgenes ya no tienen espacio para absorber impactos.

La alta dirección debe dejar de reaccionar tarde.

El choque petrolero no siempre exige subir precios al día siguiente. Pero sí exige construir escenarios antes de que el proveedor mande la nueva lista.

De la eficiencia a la resiliencia

Durante años, muchas empresas buscaron eficiencia: inventarios bajos, proveedores concentrados, logística ajustada, costos mínimos y operaciones sin grasa.

Esa eficiencia funciona en tiempos estables.

Pero en tiempos de choques geopolíticos, la eficiencia extrema puede volverse fragilidad.

La empresa de 2026 necesita combinar eficiencia con resiliencia. Tener proveedores alternos. Revisar rutas. Negociar contratos con cláusulas claras. Medir exposición a combustibles. Controlar inventarios críticos. Evaluar coberturas cuando sea viable. Profesionalizar compras. Digitalizar costos. Y, sobre todo, dejar de pensar que los riesgos internacionales no afectan al negocio local.

Un estudio reciente sobre resiliencia marítima energética subraya que las interrupciones en cuellos de botella como Hormuz no deben analizarse como eventos aislados, sino como riesgos correlacionados que pueden afectar rutas, inventarios, infraestructura y continuidad de suministro.

Ese enfoque debería llegar a los consejos de administración mexicanos.

La pregunta ya no es: “¿cuánto me cuesta hoy?”
La pregunta es: “¿cuánto aguanta mi empresa si el costo cambia durante tres meses?”

La conversación que debe tener el consejo directivo

El petróleo no es solo un precio. Es una señal.

Señal de inflación posible.
Señal de tensión geopolítica.
Señal de menor visibilidad para bancos centrales.
Señal de costos logísticos más altos.
Señal de mercados más nerviosos.
Señal de que la planeación empresarial necesita escenarios, no deseos.

La empresa mexicana no debe sobrerreaccionar. Pero tampoco debe minimizar.

En un año marcado por revisión del T-MEC, tasas todavía relevantes, competencia industrial, transformación tecnológica y cautela de inversión, un choque petrolero puede ser el factor que complique decisiones que ya venían delicadas.

La geopolítica no siempre toca la puerta vestida de crisis. A veces llega como un aumento de flete, una cobertura más cara, un proveedor que retrasa entregas o un banco que endurece condiciones.

Y ahí está el punto central: la nueva inflación geopolítica no siempre aparece primero en el INPC. Aparece primero en el presupuesto operativo.

Por qué importa para las empresas

Porque el conflicto alrededor de Hormuz puede convertirse en una presión indirecta sobre costos, crédito, logística e inversión. Para México, el riesgo no es solo petrolero; es empresarial. Las compañías que revisen escenarios, proveedores, transporte, precios y flujo de efectivo estarán mejor preparadas que aquellas que esperen a que el mercado les traduzca la crisis en facturas.

La pregunta para el consejo directivo

Si el petróleo se mantiene volátil durante las próximas ocho semanas, ¿qué parte de nuestro modelo de costos quedaría expuesta primero?

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El T-MEC frente al giro proteccionista de Norteamérica

¿Qué significa, en realidad, que un tratado comercial siga vigente mientras las decisiones de inversión empiezan a comportarse como si ya no lo estuviera?

El 6 de julio de 2026, Toyota Motor Corporation anunció que trasladará gradualmente —a lo largo de un periodo de cuatro años, con horizonte en 2030— parte de la producción de su camioneta Tacoma desde su planta de Tijuana, Baja California, hacia una segunda línea de ensamblaje en San Antonio, Texas.

La decisión viene acompañada de una inversión de 3,600 millones de dólares para ampliar el complejo texano, que ya fabrica la Tundra y la Sequoia, y que elevará su capacidad anual de alrededor de 200 mil a 350 mil unidades. A su vez, la otra planta de Toyota ubicada en Guanajuato, que emplea a 2,800 trabajadores de manera directa, seguirá produciendo el modelo para exportación. El futuro de Tijuana a partir de 2030 permanece, en palabras de la propia Secretaría de Economía, “en análisis”.

El anuncio no ocurrió en el vacío. Llegó cinco días después de que Estados Unidos decidiera no extender el T-MEC por un nuevo periodo de 16 años durante la revisión conjunta del 1 de julio, lo que inaugura un esquema de revisiones anuales mientras las negociaciones continúan.

El tratado sigue vivo —continúa vigente hasta 2036 bajo sus reglas actuales—, pero ha dejado de ser, para efectos prácticos, una certeza sobre la cual planear inversiones a una década. Ahí está la primera clave de este artículo: no es que el T-MEC haya muerto; es que empieza a operar como si estuviera muerto, incluso mientras formalmente sigue respirando.

Un tratado vigente, una certidumbre suspendida

Conviene ser precisos, porque el episodio se presta a lecturas simplistas. Donald Trump celebró el movimiento en Truth Social como prueba de que sus aranceles están “funcionando”: aranceles que, bajo las investigaciones de la Sección 232, alcanzan hasta 25 por ciento sobre las importaciones automotrices mexicanas y se reducen a 15 por ciento para los vehículos que cumplen reglas de origen.

Toyota, por su parte, evitó atribuir la decisión exclusivamente a la política arancelaria. En su comunicado, la empresa señaló que “Toyota mantiene su compromiso con sus operaciones en Estados Unidos, Canadá y México”, enmarcando el movimiento dentro de una reestructuración global y pidiendo, al mismo tiempo, una pronta resolución del T-MEC.

La presidenta Claudia Sheinbaum, desde la mañanera del 7 de julio, fue todavía más directa al desvincular ambos procesos: “No es por la negociación del tratado”, afirmó, atribuyendo la decisión a la revisión de operaciones globales de la automotriz.

Esta disputa narrativa —¿es el arancel, es la reestructuración corporativa, es la incertidumbre acumulada del T-MEC?— no es un detalle menor. Es, de hecho, el síntoma más ilustrativo de lo que está ocurriendo: cuando ningún actor puede ofrecer una explicación única y verificable, probablemente todos tienen algo de razón.

Los aranceles imponen un costo real y medible. La revisión corporativa global de Toyota es un proceso que existe con independencia de México. Y la falta de renovación del T-MEC añade una capa de riesgo que ninguna empresa con horizontes de inversión a diez años o más puede seguir ignorando.

Lo que Toyota hizo, en el fondo, fue una cobertura de riesgo disfrazada de eficiencia operativa.

El nearshoring como hipótesis, no como destino

Durante los últimos años, México construyó buena parte de su narrativa de atracción de inversión sobre la premisa de que la relocalización productiva hacia Norteamérica era una tendencia estructural e irreversible. La guerra comercial entre Washington y Beijing, la disrupción de cadenas de suministro postpandemia y la cercanía geográfica convertían al país en el destino natural del nearshoring.

La Tacoma es un buen espejo de esa narrativa y de sus límites. Se trata del segundo vehículo fabricado en México con mayor volumen de exportación, con 24,558 unidades enviadas al extranjero hasta mayo de 2026: una camioneta que representaba, hasta hace unos días, exactamente el tipo de manufactura de valor agregado que el discurso oficial mexicano señalaba como evidencia de consolidación industrial.

Lo que este caso expone es que el nearshoring nunca fue una fuerza autónoma: fue una hipótesis condicionada a la estabilidad de las reglas comerciales.

Cuando esas reglas se vuelven inciertas —cuando un tratado deja de renovarse por 16 años y pasa a revisiones anuales, cuando los aranceles se aplican de forma unilateral y variable—, la misma lógica que atrajo producción hacia México puede empezar a operar en sentido inverso.

No es casualidad que el movimiento de Toyota sea descrito por analistas como parte de una “tendencia más amplia” de armadoras que reconsideran su exposición a México ante un entorno comercial cada vez más complejo.

El nearshoring, visto con más distancia, nunca fue un destino: fue una ventana de oportunidad abierta por condiciones externas, y esas condiciones son exactamente las que hoy se están moviendo.

La paradoja del top 10

Aquí aparece el factor que complica cualquier lectura lineal del episodio. Apenas un día después del anuncio de Toyota, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo —UNCTAD— publicó su Informe Mundial de Inversión 2026, en el que México reapareció entre las diez economías con mayor captación de Inversión Extranjera Directa del planeta.

El país registró 41,000 millones de dólares en 2025, un incremento de 8 por ciento respecto a los 38,000 millones del año anterior. Esa cifra fue suficiente para escalar del undécimo al décimo lugar global —un sitio que México no ocupaba desde 2021— y colocarse apenas detrás de Estados Unidos, Singapur, Hong Kong, China, Brasil, Reino Unido, Alemania, Canadá y Emiratos Árabes Unidos.

El dato, sin embargo, exige una lectura más fina que la del titular triunfalista. La propia UNCTAD advirtió que el valor de los proyectos greenfield —es decir, los anuncios de plantas y capacidades productivas genuinamente nuevas— cayó de alrededor de 44,000 a 24,000 millones de dólares en el mismo periodo. Esto sugiere que buena parte del repunte respondió a reinversión de utilidades de empresas ya instaladas y no necesariamente a nuevas decisiones de relocalización.

La CEPAL, por su parte, documentó que la manufactura sigue siendo el mayor componente de la IED mexicana en los últimos 35 años, pero también reconoció que los aranceles sectoriales sobre acero, aluminio y automóviles se aplican con independencia de las reglas de origen del T-MEC, erosionando la previsibilidad que hizo atractivo al país durante casi tres décadas.

México, entonces, no está perdiendo la carrera por la inversión extranjera; está ganando una versión distinta de ella, más defensiva que expansiva: capital que confirma posiciones ya tomadas, no capital que apuesta por expandirlas.

El caso Toyota y el ascenso al top 10 de la UNCTAD no se contradicen; se explican mutuamente. Son dos caras del mismo fenómeno: una recomposición de riesgo en tiempo real dentro de la región de Norteamérica, vista desde ángulos opuestos. Por un lado, la salida marginal de un proyecto específico; por el otro, la permanencia agregada de un capital que, por ahora, prefiere quedarse antes que apostar por más.

Lo que el episodio no resuelve

Es importante no sobreinterpretar el caso Toyota como un colapso del modelo de manufactura mexicano. La empresa no anunció el cierre de Tijuana, mantiene su planta de Guanajuato y el propio gobierno mexicano gestionó, en paralelo, el anuncio de una inversión automotriz adicional por más de 500 millones de dólares. El traslado es gradual, parcial y reversible en el papel.

Pero el valor simbólico del episodio excede su magnitud económica inmediata: es la primera evidencia empresarial tangible, proveniente de una compañía de la escala de Toyota, de que la ambigüedad del T-MEC posterior al 1 de julio tiene un costo medible en decisiones de inversión real, no solo en editoriales, comunicados de prensa o discursos políticos.

La pregunta que deja abierta este episodio —y que probablemente definirá buena parte de la discusión económica bilateral en los próximos meses— es si México puede permitirse competir por inversión productiva en un entorno donde ya no ofrece la certeza regulatoria de largo plazo que fue, durante casi tres décadas, su principal ventaja comparativa frente al resto del mundo.

Sin esa certeza, la geografía y la mano de obra calificada siguen siendo activos reales, pero dejan de ser suficientes por sí solas.

Toyota no está saliendo de México. Está, más bien, dejando de apostar exclusivamente por él. Y esa distinción, aunque sutil, podría ser la más importante de todo el episodio.

México entre los 10 principales países a donde llega IED

México entra al top 10 mundial de inversión extranjera, pero el T-MEC definirá si esa ventaja se convierte en desarrollo

Por: Sofia Peña
Ciudad de México, 7 de julio de 2026.— México recibió una señal poderosa desde el tablero económico global: el país se ubicó entre las 10 economías del mundo con mayor flujo de inversión extranjera directa en 2025, de acuerdo con el Informe de Inversión Mundial 2026 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD.

El dato es contundente. México captó 41 mil millones de dólares en inversión extranjera directa durante 2025, por encima de los 38 mil millones de dólares registrados en 2024. Con ello avanzó del lugar 11 al lugar 10 mundial.

En el ranking, México aparece solo por debajo de economías como Estados Unidos, Singapur, Hong Kong, China, Brasil, Reino Unido, Alemania, Canadá y Emiratos Árabes Unidos.

A primera vista, la cifra parece una victoria económica. Y lo es. Pero en el momento actual no basta con celebrar que el dinero llegue.

La pregunta verdaderamente importante es si México logrará convertir esa inversión en industria propia, empleos de mayor valor, proveedores nacionales, tecnología y soberanía económica.

Porque el capital global sí está mirando a México. Pero lo mira en una era mucho más exigente.

La inversión volvió a crecer, pero ya no se reparte igual

El informe de UNCTAD muestra que la inversión extranjera directa global aumentó 6 por ciento en 2025, hasta llegar a 1.624 billones de dólares. Sin embargo, la recuperación es frágil y altamente concentrada.

Las 20 principales economías receptoras captaron más del 80 por ciento de los flujos globales. Es decir, el mundo no está repartiendo inversión de manera amplia: está concentrando capital en pocos países y en sectores cada vez más estratégicos.

México entró al club de los países que todavía logran atraer capital en una era donde la inversión se volvió más selectiva, más política y menos accesible.

Ese es el verdadero valor del dato.

Ya no se trata solo de competir con salarios bajos o ubicación geográfica. La nueva inversión busca países con infraestructura, energía, talento, seguridad jurídica, redes de proveedores, estabilidad regulatoria y acceso a grandes mercados.

México tiene varias de esas ventajas. Pero también tiene pendientes que pueden limitar su oportunidad.

El T-MEC: la infraestructura jurídica de la inversión

El gran punto de tensión está en el T-MEC.

Durante años, el tratado funcionó como una especie de garantía para los inversionistas: producir en México significaba formar parte de Norteamérica y tener acceso preferencial al mercado estadounidense.

Esa certeza fue una de las razones por las que empresas automotrices, manufactureras, logísticas, aeroespaciales y de tecnología decidieron instalarse o expandirse en territorio mexicano.

Pero ahora esa certeza entró en una zona de presión.

Estados Unidos decidió no renovar el T-MEC en su forma actual. El tratado sigue vigente, pero queda sujeto a revisiones anuales y a negociaciones donde Washington busca modificar reglas de origen, reducir déficits comerciales y relocalizar más producción dentro de su propio territorio.

El T-MEC no se rompió, pero dejó de ser una autopista tranquila. Ahora es una carretera con revisión política cada año.

Y para la inversión, eso pesa.

Una planta industrial no se planea para seis meses. Una línea de producción automotriz, un centro logístico, una fábrica de autopartes o un complejo de semiconductores se decide con horizontes de 10, 15 o 20 años.

Si las reglas cambian cada año, el capital puede esperar. Y cuando el capital espera, los empleos, la innovación y la transferencia tecnológica también se retrasan.

México está fuerte, pero no blindado

El dato de UNCTAD confirma que México es atractivo. Pero no significa que esté blindado.

La inversión extranjera directa de 2025 tiene un componente relevante de reinversión de utilidades. Eso quiere decir que muchas empresas que ya operan en México decidieron quedarse y reinvertir parte de sus ganancias.

Eso es positivo: muestra confianza de compañías instaladas.

Pero también obliga a una lectura más cuidadosa: México necesita más inversión nueva, no solo capital que ya estaba aquí y decide reciclarse dentro del país.

La reinversión dice: “me quedo”. La nueva inversión dice: “llego”. México necesita ambas.

Si el T-MEC se vuelve demasiado incierto, las empresas ya instaladas pueden mantener operaciones, pero los nuevos proyectos podrían irse a otro lado o aplazarse hasta tener reglas claras.

Y esa es la diferencia entre conservar posición y dar un salto histórico.

La nueva inversión ya no busca solo manufactura tradicional

El informe de UNCTAD deja otra advertencia clave: la inversión global está cambiando de dirección.

Los proyectos greenfield —es decir, inversión nueva en plantas, centros productivos o instalaciones desde cero— están creciendo con fuerza en cinco sectores estratégicos:

infraestructura de inteligencia artificial,
semiconductores,
tecnologías de transición energética,
minerales críticos,
y tecnologías avanzadas y sensibles, como biotecnología, robótica, tecnologías cuánticas y sistemas espaciales.

La inversión anunciada en estos sectores pasó de 109 mil millones de dólares en 2020 a 576 mil millones de dólares en 2025. Su participación en la inversión global greenfield pasó de 16 a 44 por ciento.

El dinero del futuro ya tiene destino: inteligencia artificial, chips, energía, minerales críticos y manufactura avanzada.

Ahí México debe tomar una decisión.

Puede seguir compitiendo como plataforma manufacturera tradicional, o puede usar su posición dentro de Norteamérica para subir de nivel industrial.

La oportunidad no está solo en ensamblar. Está en diseñar, proveer, fabricar componentes críticos, desarrollar talento técnico, integrar cadenas regionales y participar en sectores de mayor valor.

La manufactura tradicional empieza a perder terreno

UNCTAD también advierte que la inversión en manufactura fuera de esos sectores estratégicos cayó 17 por ciento entre 2015-2019 y 2021-2025.

Eso importa porque durante décadas la manufactura tradicional fue una puerta de entrada para países en desarrollo: textiles, bienes de consumo, agroindustria, equipo de transporte convencional, ensamble y producción intensiva en mano de obra.

Esa puerta se está estrechando.

Mientras tanto, México aparece en el informe como una economía que está fortaleciendo su papel como plataforma de fabricación vinculada a Estados Unidos.

Ese reconocimiento es relevante, pero también marca el límite de la estrategia.

Si México solo es plataforma, depende demasiado de decisiones ajenas. Si México construye capacidades propias, puede negociar mejor.

La diferencia está en los proveedores nacionales, la formación técnica, el contenido regional, la energía, la infraestructura y la capacidad de innovar.

Reglas de origen: el corazón de la presión estadounidense

Uno de los temas más delicados en la revisión del T-MEC será el endurecimiento de las reglas de origen, especialmente en sectores como el automotriz.

Estados Unidos busca que más componentes de los productos fabricados en Norteamérica provengan de la propia región, y particularmente de territorio estadounidense.

La lógica política es clara: Washington quiere reducir dependencia de China, proteger empleos industriales y recuperar producción.

Pero la realidad industrial es más compleja.

Un automóvil, un equipo electrónico o una maquinaria no se fabrican con piezas de un solo país. Cada producto integra cadenas de suministro extensas, proveedores especializados y componentes que pueden venir de distintas regiones del mundo.

Cambiar esa estructura exige tiempo, inversión, certificaciones, nuevos proveedores y coordinación.

Si las reglas de origen se endurecen sin una estrategia realista, el costo puede terminar en empresas, consumidores y trabajadores.

Para México, la respuesta no puede ser simplemente resistirse. Debe ser más inteligente: elevar contenido regional, fortalecer proveedores mexicanos y defender una integración norteamericana que permita competir contra Asia y Europa.

El riesgo de ser solo el atajo hacia Estados Unidos

La presión del T-MEC también refleja una preocupación de Washington: que empresas extranjeras utilicen México como atajo para entrar al mercado estadounidense sin generar suficiente valor en Norteamérica.

Ese punto debe tomarse en serio.

México no puede conformarse con ser un territorio de paso. Tiene que demostrar que la inversión que llega al país produce valor real: empleos formales, proveedores nacionales, transferencia tecnológica, capacitación, innovación y desarrollo regional.

México no debe venderse solo como puerta de entrada a Estados Unidos. Debe posicionarse como socio industrial estratégico de Norteamérica.

Eso implica fortalecer el contenido mexicano dentro de las cadenas productivas.

No basta con decir que el país es competitivo. Hay que demostrarlo con infraestructura logística, energía suficiente, agua, seguridad, Estado de derecho, parques industriales bien conectados, talento técnico y estabilidad regulatoria.

La inversión extranjera no sustituye una política industrial

Entrar al top 10 mundial es importante, pero la inversión extranjera por sí sola no resuelve el desarrollo.

Puede haber cifras récord de IED y, al mismo tiempo, bajo crecimiento económico. Puede llegar capital y no traducirse en mejores salarios. Puede haber plantas de exportación y pocos proveedores nacionales. Puede haber inversión en enclaves industriales sin impacto suficiente en comunidades cercanas.

La inversión extranjera no es desarrollo automático. Es materia prima para construir desarrollo.

Para que funcione, México necesita política industrial.

Eso significa decidir qué sectores quiere impulsar, qué regiones pueden especializarse, qué tipo de talento formar, qué infraestructura priorizar, qué incentivos ofrecer y cómo vincular a grandes empresas con pequeñas y medianas proveedoras mexicanas.

La pregunta no debe ser solamente cuántos dólares llegaron.

La pregunta debe ser cuántos proveedores mexicanos crecieron, cuántos empleos mejor pagados se crearon, cuánta tecnología se transfirió y cuántas regiones se integraron a cadenas de valor.

Querétaro y el Bajío: donde la oportunidad se vuelve territorio

La disputa por la inversión no se juega solo en los gabinetes federales ni en Washington. Se juega en los estados.

Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Jalisco, Baja California y el Estado de México son territorios estratégicos para capturar la nueva inversión.

En el caso de Querétaro, la oportunidad está en sectores como manufactura avanzada, aeroespacial, automotriz, logística, tecnologías industriales y servicios especializados.

Pero para aprovecharla se requieren condiciones concretas.

La inversión no aterriza en discursos. Aterriza en carreteras, energía, agua, talento, seguridad, vivienda y ciudades que funcionan.

Un parque industrial no puede operar sin electricidad confiable. Una planta avanzada no puede crecer sin técnicos especializados. Una empresa exportadora no puede competir si la logística se encarece por inseguridad o saturación vial. Una región no puede atraer talento si no ofrece vivienda, transporte y calidad de vida.

Ahí está la conexión entre inversión, ciudad y política pública.

El capital global ahora también mira la política

UNCTAD advierte que los gobiernos están adoptando políticas de inversión cada vez más activas, específicas y condicionales.

En 2025 se registró un récord de 229 medidas de política de inversión en el mundo. La mayoría fue favorable a inversionistas, pero no desde una lógica de apertura total, sino desde prioridades estratégicas: energía limpia, infraestructura digital, manufactura avanzada, minerales críticos y sectores sensibles.

Los países desarrollados también han reforzado mecanismos de revisión y control sobre inversiones extranjeras, especialmente cuando están involucrados activos estratégicos.

La inversión dejó de ser solo una decisión empresarial. Ahora también es una decisión geopolítica.

Eso coloca a México en una posición compleja.

Por un lado, puede beneficiarse de la relocalización y de la necesidad estadounidense de producir más cerca. Por otro, puede quedar atrapado entre presiones de Estados Unidos, intereses de China, reglas del T-MEC, controles de origen y competencia global por sectores estratégicos.

México debe navegar ese tablero con una política económica sofisticada. Ni ingenuidad globalista ni nacionalismo aislado. Integración inteligente con defensa del interés nacional.

La oportunidad del “Plan México”

En este escenario, cualquier estrategia nacional de inversión debe ir más allá de la promoción.

México necesita pasar del discurso del nearshoring a una estrategia integral de país.

Eso significa identificar sectores prioritarios, formar talento, acelerar infraestructura, generar energía limpia y confiable, elevar contenido nacional, reducir trámites, mejorar seguridad y dar certidumbre jurídica.

La oportunidad no es simplemente atraer empresas. La oportunidad es construir un ecosistema industrial mexicano dentro de Norteamérica.

El Plan México puede funcionar si se vuelve una hoja de ruta real, medible y coordinada con estados, universidades, cámaras empresariales, sindicatos, municipios y comunidades.

Pero si se queda en narrativa, el capital global puede llegar sin transformar de fondo la estructura productiva del país.

El T-MEC como defensa de la soberanía económica

Hay una lectura política de fondo.

En México, la discusión sobre el T-MEC suele presentarse como una negociación comercial. Pero es más que eso.

El tratado es la infraestructura jurídica que sostiene buena parte de la posición mexicana en el nuevo mapa de inversión.

Sin T-MEC estable, México pierde parte de su atractivo. Con T-MEC fuerte, México puede consolidarse como pieza central de Norteamérica.

Defender el T-MEC no significa subordinación. Significa defender una herramienta que puede servir para construir soberanía económica.

La soberanía no se construye aislándose. Se construye teniendo más industria nacional, más capacidad tecnológica, más proveedores propios, más empleos de calidad y más margen de negociación.

La mejor defensa de México frente a la presión externa es convertirse en un país industrialmente indispensable.

México ya está en el mapa; ahora debe quedarse ahí

El informe de UNCTAD no es una medalla para presumir sin contexto. Es una fotografía de oportunidad y advertencia.

México está entre los 10 mayores receptores de inversión extranjera directa del mundo, pero compite en una era turbulenta, donde la inversión se concentra en pocos países, los sectores estratégicos absorben cada vez más capital y los tratados comerciales se vuelven instrumentos de presión geopolítica.

México no está simplemente de moda. México está en disputa.

En disputa entre ser plataforma de paso o potencia industrial.
Entre recibir inversión o convertirla en desarrollo.
Entre depender de cadenas externas o construir proveedores nacionales.
Entre celebrar cifras o transformar regiones.
Entre sobrevivir a la revisión del T-MEC o usarla para negociar mejor.

La cifra de 41 mil millones de dólares confirma que el mundo mira a México.

Pero mirar no basta.

Ahora México tiene que demostrar que puede ofrecer certidumbre, infraestructura, talento, energía, Estado de derecho y una visión industrial de largo plazo.

Porque en la nueva economía global, estar en el top 10 es importante.

Pero quedarse ahí será la verdadera prueba.

T-MEC incierto

T-MEC incierto: el costo invisible para las empresas mexicanas

Por Redacción LYP / Negocios

El T-MEC no se cayó. Esa es la primera precisión necesaria frente al ruido político, financiero y mediático que suele acompañar cualquier tensión comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. El acuerdo sigue vigente. Las mercancías siguen cruzando fronteras. Las fábricas no se detienen de un día para otro. Los contratos no desaparecen de una conferencia de prensa.

Pero algo sí cambió: la certidumbre dejó de ser automática.

El 1 de julio de 2026, Estados Unidos decidió no renovar el T-MEC en su forma actual, lo que activa una etapa de revisiones anuales y mantiene al tratado en vigor mientras los tres países negocian posibles cambios. De acuerdo con Reuters, Washington buscará revisar temas como déficits comerciales, manufactura, reglas de origen y relocalización productiva, con una ronda bilateral con México prevista para la semana del 20 de julio.

Para la empresa mexicana, el punto no es si mañana habrá comercio o no. El punto es más sofisticado, más incómodo y más estratégico: cómo se toman decisiones de inversión cuando las reglas del juego dejan de sentirse estables a largo plazo.

El riesgo no es el presente: es el presupuesto de los próximos cinco años

Una planta industrial no se decide con la emoción de una coyuntura. Un parque logístico no se construye con base en una declaración política. Una expansión manufacturera no se autoriza solo porque hoy existe demanda.

Las empresas serias deciden con horizontes de cinco, diez o quince años. Calculan costos laborales, energía, impuestos, transporte, tipo de cambio, reglas de origen, acceso a mercado, disponibilidad de talento, cumplimiento laboral, riesgos regulatorios y capacidad de exportación.

Por eso, la nueva fase del T-MEC importa tanto.

El propio texto del tratado establece que el acuerdo tiene una duración inicial de 16 años, salvo que las tres partes confirmen su voluntad de extenderlo por otro periodo de 16 años. También establece que, si una parte no confirma esa extensión en la revisión sexenal, la Comisión debe reunirse cada año durante el resto de la vigencia del acuerdo.

Traducido al lenguaje empresarial: el T-MEC sigue vivo, pero entra en una zona de revisión permanente.

Y para una empresa que está pensando en instalar una línea de producción, abrir una nave, importar maquinaria, ampliar turnos, contratar personal, certificar proveedores o mover parte de su cadena desde Asia hacia México, esa diferencia importa.

México no puede leer esto como una simple disputa diplomática

El error sería analizar el T-MEC como si fuera solo un problema entre cancillerías. No lo es. Es un asunto de consejos de administración, CFOs, directores de planta, exportadores, desarrolladores industriales, bancos, aseguradoras, operadores logísticos y gobiernos estatales.

El comercio exterior mexicano está profundamente integrado a Norteamérica. En 2025, México alcanzó un récord de exportaciones hacia Estados Unidos por 534,874 millones de dólares y se consolidó como el principal socio comercial de Washington, por encima de Canadá y China, de acuerdo con cifras del Departamento de Comercio estadounidense citadas por El País.

Ese dato no es decorativo. Significa que México no está observando la negociación desde la periferia. México está dentro del motor.

La industria automotriz, autopartes, electrónica, maquinaria, agroindustria, dispositivos médicos, logística, acero, aluminio, energía, centros de datos y manufactura avanzada dependen de un principio básico: que producir en México tenga sentido dentro de una región comercial integrada.

Si ese principio se vuelve menos claro, el impacto no necesariamente será inmediato, pero sí puede ser acumulativo: proyectos que se aplazan, inversiones que se renegocian, créditos que se encarecen, expansiones que se condicionan y proveedores que quedan bajo mayor escrutinio.

El nearshoring no muere, pero deja de venderse solo

Durante años, México ha narrado el nearshoring como una oportunidad casi inevitable: cercanía con Estados Unidos, costos competitivos, experiencia manufacturera, talento técnico, tratados comerciales y una ubicación privilegiada.

Todo eso sigue siendo cierto.

Pero el nearshoring no es una religión. Es una decisión financiera.

Y una decisión financiera necesita certeza.

El nuevo escenario del T-MEC obliga a dejar atrás el discurso fácil de “México está de moda” para entrar a una conversación más exigente: ¿qué estados tienen infraestructura suficiente?, ¿qué empresas cumplen reglas de origen?, ¿qué proveedores pueden probar trazabilidad?, ¿qué sectores dependen demasiado de insumos asiáticos?, ¿qué cadenas pueden resistir cambios arancelarios?, ¿qué tan preparada está la empresa mexicana para auditorías laborales, ambientales y comerciales?

La pregunta ya no es solo si México puede atraer inversión. La pregunta es qué tipo de inversión puede retener bajo presión geopolítica.

Reglas de origen: el verdadero campo de batalla

En la conversación pública, el T-MEC suele reducirse a “aranceles” o “amenazas de Trump”. Pero para la industria, una de las discusiones más importantes está en las reglas de origen.

Las reglas de origen determinan qué porcentaje de un producto debe fabricarse dentro de la región para recibir trato preferencial. En sectores como el automotriz, cualquier cambio puede alterar costos, proveedores, márgenes y decisiones de localización.

Reuters reportó que una de las demandas de Estados Unidos se centra en elevar el contenido estadounidense y regional en la producción automotriz norteamericana, así como en evitar que bienes con fuerte contenido chino se beneficien del acuerdo.

Eso toca un nervio estratégico para México.

Porque muchas empresas instaladas en el país operan con cadenas mixtas: diseño en un país, componentes en otro, ensamble en México, software externo, logística regional y venta final en Estados Unidos. Si las reglas se endurecen, la pregunta será quién puede demostrar valor regional real y quién solo estaba usando a México como plataforma de paso.

Ahí habrá ganadores y perdedores.

Ganarán las empresas con trazabilidad, cumplimiento, proveedores regionales, certificaciones sólidas, control documental y planeación fiscal-comercial. Perderán quienes operen con opacidad, dependencia excesiva de insumos no regionales o bajo entendimiento técnico del tratado.

Para el Bajío, esto no es abstracto

Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes y la región industrial del Bajío no deben leer este proceso como una nota internacional lejana.

El Bajío ha construido buena parte de su narrativa económica sobre manufactura, automotriz, aeroespacial, logística, parques industriales, exportaciones y proveedores globales. En San Juan del Río, Querétaro, El Marqués, Colón, Apaseo, Silao o San Luis Potosí, el T-MEC no es una sigla de escritorio: es empleo, inversión, suelo industrial, nómina, transporte, proveeduría y futuro urbano.

La incertidumbre comercial puede afectar desde una gran armadora hasta una empresa mediana que fabrica componentes, empaques, herramentales, piezas plásticas, maquinados, hule industrial, servicios de mantenimiento, transporte especializado o soluciones para planta.

Por eso, la cobertura de negocios no debe limitarse a repetir qué dijo Washington. Debe preguntar qué están haciendo las empresas mexicanas para no depender únicamente de la voluntad política de Washington.

Qué debe hacer una empresa mexicana ahora

La reacción inteligente no es el pánico. Tampoco la negación.

La empresa mexicana debe entrar en modo de revisión estratégica.

Primero, debe mapear su exposición real al T-MEC: qué porcentaje de sus ventas depende de exportaciones, qué clientes están en Estados Unidos o Canadá, qué insumos provienen de Asia, qué productos califican bajo reglas de origen y qué documentación puede probarlo.

Segundo, debe construir escenarios. Uno optimista, uno moderado y uno restrictivo. No para adivinar el futuro, sino para no improvisar si cambian los costos.

Tercero, debe revisar contratos. Especialmente cláusulas de precio, entrega, fuerza mayor, variación arancelaria, cumplimiento documental, origen de componentes y responsabilidades logísticas.

Cuarto, debe fortalecer proveeduría regional. Si Norteamérica entra a una fase más proteccionista, el contenido regional dejará de ser un requisito técnico para convertirse en ventaja competitiva.

Quinto, debe profesionalizar su comunicación corporativa. En un entorno de incertidumbre, la reputación también cuenta. Las empresas que expliquen mejor su valor, su cumplimiento, su capacidad de adaptación y su aportación económica tendrán ventaja frente a clientes, autoridades, bancos y socios.

La nueva pregunta empresarial

Durante décadas, México se benefició de una idea poderosa: producir aquí abría la puerta al mercado estadounidense bajo reglas relativamente estables.

Hoy esa idea no desaparece, pero se vuelve más exigente.

La conversación empresarial ya no puede limitarse a “exporto” o “no exporto”. Ahora debe preguntarse:

¿Mi empresa está preparada para demostrar que pertenece realmente a Norteamérica?

Esa es la pregunta que viene.

No solo para las grandes corporaciones. También para las medianas empresas proveedoras. Para los parques industriales. Para los gobiernos estatales. Para los despachos legales. Para los bancos. Para los empresarios familiares. Para cualquier compañía que haya construido su crecimiento sobre la promesa de integración regional.

El T-MEC sigue vigente. Pero el mensaje político es claro: Estados Unidos quiere renegociar desde una posición de presión.

México, por su parte, necesita defender algo más que un tratado. Necesita defender una arquitectura productiva.

Y ahí está el verdadero costo invisible: cuando la incertidumbre entra a la sala de juntas, no siempre se nota en los titulares del día. Se nota meses después, cuando una inversión se pospone, una expansión se revisa, un proveedor se sustituye o una empresa decide esperar.

La economía no siempre se frena con un golpe. A veces se frena con una duda.


Por qué importa para las empresas

Porque el T-MEC es mucho más que un tratado comercial. Es una estructura de confianza para decidir dónde producir, a quién comprar, cómo exportar, qué financiar y qué tan lejos puede crecer una empresa mexicana dentro de Norteamérica.

La revisión anual no cancela la oportunidad mexicana, pero eleva el costo de operar sin estrategia. En esta etapa, la ventaja ya no será solo estar en México. La ventaja será cumplir, probar, adaptarse y comunicar valor regional.


La pregunta para el consejo directivo

Si las reglas del T-MEC cambian en los próximos 12 meses, ¿qué parte de nuestro modelo de negocio quedaría expuesta primero?

andré

La revisión del T-MEC: México negocia, pero no como igual


¿Qué pasa cuando el socio comercial del que dependes para tres de cada cuatro dólares que exportas decide que ya no quiere renovarte el contrato como estaba firmado?

Eso, en términos simples, es lo que ocurrió el 1 de julio de 2026. Ese día, México, Estados Unidos y Canadá se sentaron —virtualmente— a hacer lo que el tratado los obliga a hacer cada seis años: revisar si el T-MEC sigue vivo tal como está o si hay que meterle mano.

Washington ya dio su respuesta: no. No va a renovar el tratado de manera automática por 16 años más, como pedían México y Canadá. En cambio, optó por dejarlo vigente hasta 2036, pero bajo un esquema de revisiones anuales, capítulo por capítulo, tema por tema, hasta que a Estados Unidos le convenza lo que ve.

Para entender la dimensión de esto hay que retroceder tres décadas.

Del TLCAN al T-MEC: la historia que nos trajo hasta aquí

El 1 de enero de 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN, negociado por Carlos Salinas de Gortari, George H. W. Bush y Brian Mulroney. Fue un parteaguas: México, una economía todavía cerrada y proteccionista, se amarraba comercialmente a la potencia más grande del planeta. La apuesta era clara: atraer inversión, generar empleo manufacturero e integrar cadenas productivas. Y, en buena medida, funcionó. En tres décadas, el comercio trilateral se multiplicó varias veces y México se consolidó como plataforma exportadora, particularmente automotriz y electrónica.

Pero el TLCAN también dejó cicatrices: el colapso del campo mexicano frente al maíz subsidiado estadounidense, una desigualdad regional que nunca se corrigió y una dependencia estructural del mercado norteamericano que, hasta hoy, define casi cualquier decisión de política económica que toma este país. Esa dependencia no es un detalle menor: es la variable que explica por qué México negocia hoy desde una posición estructuralmente débil.

En 2020, tras la presión de Donald Trump en su primer gobierno, el TLCAN fue sustituido por el T-MEC, con reglas de origen más estrictas para automóviles; un capítulo laboral más agresivo —el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, que permite inspeccionar plantas específicas por presuntas violaciones a derechos sindicales—; y disposiciones nuevas en comercio digital y anticorrupción.

El tratado se firmó con una cláusula que hoy es protagonista: el artículo 34.7, la revisión conjunta. A los seis años de entrar en vigor —es decir, en 2026—, las tres partes tenían que confirmar si querían extender el tratado otros 16 años. Si no hay consenso, se abre una ventana de revisiones anuales hasta 2036, fecha en la que el tratado, si nadie lo salva, simplemente expira.

Vale la pena detenerse en ese diseño, porque no es casualidad. A diferencia del TLCAN original, que no tenía fecha de caducidad ni mecanismo de revisión periódica, el T-MEC nació con un reloj incorporado. Fue una condición que impuso Estados Unidos en 2018, precisamente para tener, cada seis años, una palanca institucional con la cual presionar a sus socios sin necesidad de amenazar con una salida total del tratado, como sí ocurrió con el TLCAN durante la primera negociación de Trump.

En otras palabras: la incertidumbre actual no es un accidente ni una crisis inesperada. Es el resultado previsible de una arquitectura que Estados Unidos diseñó a su favor desde el principio.

Los escenarios sobre la mesa

Kenneth Smith Ramos, quien fue el jefe negociador técnico de México en la modernización del TLCAN, planteó desde 2025 tres escenarios posibles para esta revisión, y conviene tenerlos presentes porque siguen siendo la mejor brújula para leer lo que viene.

El escenario A —continuidad casi sin cambios, con acuerdos puntuales para atender la competencia de China sin reabrir el texto— es, según el propio Smith, el más deseable, pero también el menos probable: le calculó apenas un 5% de probabilidad.

El escenario B contempla una reapertura acotada a ciertos capítulos, con el riesgo de que termine expandiéndose. Y el escenario C es la renegociación abierta y completa, con todos los capítulos sobre la mesa.

Lo que ocurrió el 1 de julio —el rechazo a la extensión automática y la entrada a un ciclo de revisiones anuales— confirma que México y Canadá quedaron, de facto, en una combinación de los escenarios B y C: ni la certeza de un tratado renovado, ni tampoco todavía una ruptura total, sino una zona gris que se irá definiendo negociación tras negociación, año tras año.

Los aranceles que corren por fuera del tratado

A esta revisión hay que sumarle un elemento que complica todavía más el panorama: buena parte de la presión que siente México no viene del texto del T-MEC, sino de aranceles que la administración Trump ha impuesto invocando otras herramientas legales —seguridad nacional, principalmente— sobre acero, aluminio, autopartes y, de manera intermitente, otros productos.

Esos gravámenes conviven, de forma incómoda, con un tratado de libre comercio que, en teoría, debería eliminarlos. Por eso, uno de los dos objetivos que ha fijado Ebrard no es solo lograr la permanencia del T-MEC, sino conseguir que esos aranceles se retiren. Esto es, en la práctica, una negociación paralela y separada de la revisión conjunta formal, aunque ambas mesas se influyen constantemente.

Para sectores como el automotriz —donde México ensambla vehículos con insumos que cruzan la frontera varias veces antes de terminar el producto—, esa doble presión, arancelaria y de reglas de origen, es la que de verdad mantiene despiertos a los empresarios, más que la discusión abstracta sobre si el tratado se extiende hasta 2036 o hasta 2042.

Lo que está sobre la mesa ahora mismo

Eso es justamente lo que decidió Washington la semana pasada: nada de extensión automática, sino una década de revisiones anuales con un número decreciente de temas —México propone 13, Estados Unidos 14— mientras ambos gobiernos intentan resolver lo que el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, llamó problemas sustanciales, empezando por el déficit comercial de Estados Unidos con México y Canadá.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha encabezado la delegación mexicana desde marzo, cuando arrancaron las rondas bilaterales preparatorias, y ya tiene agendada una tercera ronda de negociación formal para la semana del 20 de julio en la Ciudad de México.

Los temas que están en juego no son menores: reglas de origen automotriz, sustitución de importaciones provenientes de China, seguridad de cadenas de suministro, capítulo laboral, medio ambiente, inversión, comercio digital, propiedad intelectual y el mecanismo de solución de controversias. Prácticamente toda la arquitectura del tratado puede tocarse.

Kenneth Smith Ramos, quien fue el jefe negociador técnico de México en la modernización del TLCAN, ha sido enfático en advertir el riesgo: aunque lo ideal sería limitar la revisión a unos cuantos capítulos, el problema es que eso abre la famosa caja de Pandora. Porque una vez que el tratado se reabre, ninguna de las tres partes controla del todo hasta dónde llega la reapertura.

La posición real de México: pragmatismo obligado, no fortaleza

Aquí es donde conviene bajarle el volumen al discurso oficial y mirar los números. En 2025, México exportó a Estados Unidos 534,874 millones de dólares en bienes, un récord histórico, y acumuló un superávit comercial bilateral cercano a 197,000 millones de dólares. El comercio total entre ambos países superó los 872,000 millones de dólares.

México es, junto con Canadá, uno de los dos socios comerciales más grandes de Estados Unidos. Y ese superávit —que para México es prosperidad exportadora— es precisamente lo que la Casa Blanca señala como el problema a corregir.

La estrategia de Ebrard ha sido, en sus propias palabras, mantener cabeza fría y firmeza, con dos objetivos concretos: garantizar la permanencia del T-MEC y conseguir que se retiren los aranceles que la administración Trump ha ido imponiendo por fuera del propio tratado.

Es una postura razonable, pero también reveladora: no se está negociando desde la ofensiva, sino desde la defensiva. México no llega a esta mesa a pedir mejoras; llega a evitar retrocesos.

Esa asimetría no es casualidad ni falta de voluntad política: es estructural. Estados Unidos tiene, por ley interna —la Ley Pública 116-113—, toda la autoridad para instruir a su representante comercial a activar consultas o endurecer posiciones sin necesidad de pasar por el Congreso en cada paso, aunque cualquier renegociación de fondo sí requeriría eventualmente una autorización legislativa tipo Trade Promotion Authority.

México, en cambio, no tiene un mercado alternativo capaz de absorber, ni de lejos, lo que hoy coloca en territorio estadounidense. La narrativa del nearshoring —México como beneficiario natural de la relocalización de cadenas productivas lejos de China— sigue siendo cierta, pero también es el argumento que Washington usa en sentido inverso: si quieres seguir siendo destino de esa relocalización, entonces alinéate con nuestras reglas de origen, nuestra seguridad de cadenas de suministro y nuestra prioridad de generar empleo manufacturero también de este lado de la frontera.

Canadá, por su parte, se ha mantenido al margen de las negociaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, concentrado en su propia relación —más tensa aún— con Washington, lo que deja a México prácticamente solo en la mesa frente al socio más poderoso. Algo que contrasta con el espíritu original del TLCAN, pensado como un bloque de tres.

El ministro de Comercio canadiense, Dominic LeBlanc, ha insistido en que espera una eventual renovación y en que el tratado sostiene millones de empleos en Norteamérica. Pero cualquier avance real en la relación entre Ottawa y Washington depende, según funcionarios estadounidenses, de una reunión directa entre Trump y el primer ministro Mark Carney que todavía no se concreta.

Esa fragmentación del bloque norteamericano —cada país negociando por su cuenta, a ritmos distintos— es, en sí misma, una señal de que el T-MEC del futuro, si sobrevive, probablemente será menos un acuerdo trilateral homogéneo y más un mosaico de entendimientos bilaterales superpuestos sobre un mismo texto legal.

¿Y ahora qué sigue?

El calendario ya está puesto: revisiones anuales hasta 2036, con la posibilidad de que en cualquier momento de esa década los tres países acuerden extender el tratado 16 años más, hasta 2042.

Eso significa que México entra a un periodo de incertidumbre prolongada, no a un evento de una sola vez. Cada año habrá una nueva ronda de presión, nuevos temas sobre la mesa y nuevas oportunidades para que Washington use el tratado como palanca de negociación en otros asuntos —migración, seguridad, combate al crimen organizado— que ya se han colado en la conversación comercial.

La posición real de México, entonces, no es la de un socio que negocia en igualdad de condiciones ni la de una víctima sin capacidad de maniobra. Es la de un país que sabe que su prosperidad exportadora depende casi por completo de mantener el acceso al mercado más grande del mundo y que, por eso mismo, no puede darse el lujo de improvisar.

La firmeza que promete el gobierno mexicano solo será creíble si viene acompañada de una estrategia técnica sólida, sector por sector, y de la disposición a ceder en lo que no compromete la soberanía económica del país, para conservar lo que sí es innegociable: el acceso preferencial a Norteamérica que, para bien y para mal, sigue siendo la columna vertebral de la economía mexicana.

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América Latina se inclina a la derecha


¿Cómo es posible que Colombia, el mismo país que en 2022 rompió su historia política al elegir a su primer presidente de izquierda, haya optado cuatro años después por un abogado que propone salir de las Naciones Unidas, construir megacárceles y alinear su política exterior con Donald Trump? La respuesta no está únicamente en Colombia. Está en un fenómeno que lleva años recorriendo América Latina con una lógica propia, silenciosa y acumulativa, y que, si no se entiende bien, seguirá sorprendiendo —y golpeando— a quienes creen haberlo superado.

El pasado 24 de junio, el Consejo Nacional Electoral de Colombia proclamó presidente electo a Abelardo de la Espriella, un abogado de 47 años sin experiencia previa en cargos públicos, conocido hasta hace menos de un año por defender a clientes polémicos en casos penales de alto perfil. Su victoria fue estrecha —apenas 255 mil votos sobre el izquierdista Iván Cepeda, en un país de más de 40 millones de votantes— pero suficiente para convertirse en la señal política más estridente de la región en lo que va del año. «Él ganó, GRANDE», publicó Trump en Truth Social antes de que terminara el conteo. El presidente ecuatoriano Daniel Noboa fue más preciso: «Hoy Colombia eligió el orden sobre la impunidad.» Dos oraciones que, juntas, definen mejor que cualquier análisis académico el lenguaje político que hoy domina buena parte del continente: seguridad como promesa, castigo como programa, orden como ideología.

¿Quién es De la Espriella? Se autodenomina «el Tigre», canta ópera italiana, afirma que Dios le reveló que había llegado su momento y promete construir diez megacárceles modeladas en las del presidente salvadoreño Nayib Bukele. Sus postulados de campaña incluyen la defensa de la familia tradicional, la eliminación de ministerios, la legalización del porte de armas para civiles y el fin de los procesos de paz con grupos armados. Sus críticos señalan vínculos incómodos con figuras del paramilitarismo colombiano y un patrón documentado de presión judicial contra periodistas que lo investigan. Nada de eso impidió que más de 12,9 millones de colombianos votaran por él. La razón no es difícil de encontrar: el hartazgo con Gustavo Petro fue tan profundo, y la incapacidad del centro político para articular una alternativa tan evidente, que De la Espriella se convirtió en el receptáculo perfecto del voto de castigo. No ganó por sus propuestas; ganó porque encarnó la negación del gobierno anterior. En política, cuando la rabia no tiene adónde ir, inventa una salida.

Pero reducir lo sucedido en Colombia a la figura de Petro sería cometer el mismo error que se cometió al analizar el ascenso de Milei en Argentina, de Bukele en El Salvador o de Kast en Chile: personalizar lo que es estructural. Lo que estamos presenciando no son accidentes nacionales: es una tendencia con raíces económicas muy concretas. América Latina acumuló durante la última década una deuda de frustración: crecimiento insuficiente, informalidad laboral que no cede, servicios públicos deteriorados y una violencia que el Estado —de cualquier signo ideológico— ha demostrado incapacidad para contener. Cuando la promesa del cambio progresista no se traduce en bienestar cotidiano, el elector no regresa al centro: busca el polo opuesto. No porque confíe en él, sino porque ya no le queda otra apuesta.

Las llamadas «nuevas derechas» latinoamericanas comparten un ADN reconocible: discurso de orden y seguridad, promesa de mano dura, perfil económico liberal, retórica anti-élites y estructura personalista. No llegan a través de los partidos históricos —esos ya no generan confianza— sino a través de figuras que se presentan como disruptoras del sistema. Milei con su motosierra, Bukele con su estadio-cárcel, De la Espriella con sus megacárceles y su ópera italiana. El formato cambia; el mensaje es el mismo: el Estado anterior fracasó, y yo soy el remedio. Lo novedoso es que ya no operan en soledad: se reconocen entre sí, se felicitan mutuamente y construyen redes de legitimación transnacional que amplifican cada victoria como un hito del movimiento.

El mapa regional lo confirma. A finales de 2025, América Latina presentaba un equilibrio tenso: nueve países gobernados por la izquierda frente a siete con gobiernos conservadores. Pero la tendencia de fondo favoreció a la derecha de manera consistente: Bolivia salió de casi dos décadas de Movimiento al Socialismo con Rodrigo Paz; Chile giró radicalmente con la llegada de José Antonio Kast en marzo de 2026; Ecuador reeligió a Noboa, cuyas políticas de seguridad lo ubican en la práctica mucho más cerca de la derecha que de la izquierda que él dice representar. Y ahora Colombia se suma. El bloque que celebró la victoria de De la Espriella —Trump, Kast, Noboa— no es una coincidencia de felicitaciones protocolarias. Es la arquitectura de una red ideológica que se reconoce a sí misma, que opera con creciente coordinación y que tiene en Washington, bajo la administración Trump, a su principal patrocinador geopolítico: la nueva Doctrina Monroe reencarnó como club de afinidades.

El caso más revelador de lo que viene está en Brasil, el gigante que vota en octubre. Lula da Silva, de 80 años, busca un cuarto mandato presidencial con el desgaste propio de quien gobierna en medio de escándalos de corrupción, inflación persistente y una percepción pública mayoritariamente negativa sobre la economía. Su rival es Flávio Bolsonaro, senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro —condenado a 27 años de prisión por golpismo—, quien heredó el movimiento de su padre y ha logrado lo que muchos consideraban imposible: en apenas meses pasó de ser un apellido a convertirse en un empate técnico. Las encuestas más recientes muestran a ambos candidatos igualados al 45% en escenarios de segunda vuelta, con Flávio liderando el voto independiente. Si Colombia fue la señal, Brasil será el veredicto. Una victoria del bolsonarismo sin Bolsonaro —con el nombre sin el cuerpo, pero con toda la maquinaria— consolidaría el giro regional de una manera que ya no admitiría lecturas de anomalía. Y lo haría precisamente en el país más grande e influyente de América del Sur, el que por décadas funcionó como contrapeso al avance conservador. La ironía es amarga: el mismo Brasil que eligió a Lula en 2022 para frenar el autoritarismo podría terminar siendo el escenario donde el proyecto conservador encuentre su mayor victoria continental.

Para México, la lectura no puede ser cómoda. El gobierno de Claudia Sheinbaum hereda un proyecto político construido sobre las mismas bases que hoy están siendo erosionadas en otros países: la promesa de transformación social, la movilización de los sectores históricamente excluidos, la crítica al modelo neoliberal. Esas bases siguen siendo sólidas en términos electorales, pero no son inmunes a la erosión. Las derechas que hoy ganan en la región no lo hacen convenciendo a la gente de que el libre mercado es bueno; lo hacen convenciendo a la gente de que el Estado progresista no puede garantizarles seguridad ni bienestar. Si esa percepción arraiga —si la inseguridad, la inflación o la ineficiencia institucional se convierten en el rostro visible del gobierno— el terreno se prepara para que aparezca alguien dispuesto a ofrecer el remedio draconiano. México no es Colombia. Pero Colombia tampoco estuvo siempre donde está hoy.

La lección no es ideológica: es de gestión y de narrativa política. La izquierda latinoamericana puede perder no porque sus ideas sean erróneas, sino porque sus gobiernos no logran traducirlas en seguridad cotidiana ni en resultados tangibles para quien vive en el margen. La derecha que avanza no tiene un programa superior; tiene un relato más simple, más breve y con mayor potencial de viralización en redes sociales. Y en tiempos de hartazgo, la simplicidad vence a la complejidad. Colombia acaba de demostrarlo con 255 mil votos de diferencia, en una segunda vuelta que resumió el dilema de nuestro tiempo: entre el deseo de cambio y el miedo al caos, la región sigue buscando —a tientas, a veces desesperadamente— quién le garantice que mañana va a estar bien. El Tigre llegó a prometer exactamente eso. Que sea capaz de cumplirlo es otra historia.

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La Geopolítica del Mundial

¿Puede un torneo de fútbol convertirse en el espejo más fiel de un mundo en transformación? Para mí, la respuesta, en junio de 2026, es sí. El Mundial de fútbol que hoy se celebra simultáneamente en México, Estados Unidos y Canadá no es únicamente un espectáculo deportivo: es la geopolítica del mundo vestida con los colores de una selección. Quien sepa leerlo encontrará, detrás de cada partido, la huella de las tensiones que reconfiguran el orden internacional.

La decisión de otorgar este Mundial a una candidatura trinacional fue presentada, en 2018, como un símbolo de integración regional. La narrativa oficial prometía que México, Estados Unidos y Canadá estrecharían lazos frente al mundo. Ocho años después, esa narrativa choca con una realidad muy diferente a la imaginada.

La organización del evento coincide con una de las etapas más tensas de la relación entre los tres países anfitriones. La revisión del T-MEC transcurre entre amenazas arancelarias, disputas sobre narcotráfico, el endurecimiento de la política migratoria estadounidense y redadas del ICE en las periferias mismas de los estadios donde se celebra la fiesta del fútbol. La paradoja es brutal: el mismo gobierno que promueve el Mundial como escaparate de cooperación norteamericana es el que clasifica a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras y contempla intervenciones militares en territorio nacional.

«El torneo llegará en un momento en que Norteamérica debate temas como el endurecimiento de las fronteras, el tráfico de drogas y el impacto político de la migración. La imagen de integración regional convivirá con una realidad más compleja y polarizada». — Simon Chadwick, Metro, 11 de junio de 2026.

Para México, el peso simbólico del torneo no compensa su posición subordinada dentro del esquema. Como ha señalado más de un analista, fuimos invitados para que la candidatura no fuera solo estadounidense. La mayor parte de los partidos, la derrama económica y la atención mediática global se concentran en suelo de Estados Unidos. México aparece como sede accesoria en un torneo que lleva, implícitamente, el sello de Trump.

Irán en la cancha de su enemigo

Si hubiera que elegir un partido que condense la absurdidad geopolítica de este Mundial, sería cualquiera que dispute la selección iraní en suelo estadounidense. Por primera vez en la historia de este torneo, una nación anfitriona recibe a la selección de un país con el que mantiene —o acaba de mantener— un conflicto armado activo.

La llamada Guerra de los 12 Días, librada entre Irán e Israel en junio de 2025, dejó un alto al fuego frágil y no resuelto. El eje explosivo entre Washington y Teherán permanece encendido. Que la selección iraní deba jugar en territorio de quien la amenaza con ataques es una anomalía diplomática sin precedente en la historia de los mundiales. Los futbolistas iraníes enfrentaron dificultades desde los visados. La diplomacia corrió paralela a los entrenamientos. Y sobre cada partido de Irán flota una pregunta que ningún árbitro puede resolver: ¿hasta dónde puede el deporte contener lo que la política no ha logrado desactivar?

«Geopolíticamente, este Mundial no solo reúne selecciones, sino que también refleja fracturas del orden internacional. A diferencia de otras ediciones marcadas por conflictos puntuales, este Mundial adquiere una dimensión realmente global». — Beata Wojna, El Heraldo de México, 11 de mayo de 2026, análisis geopolítico del Mundial 2026.

El caso iraní no es el único foco de tensión entre las delegaciones presentes. Arabia Saudita y Catar —dos países del Golfo alcanzados por ataques iraníes— también participan en el torneo. Las viejas disputas territoriales no descansan: Malvinas, Gibraltar, el Sáhara Occidental. Y la participación separada de Inglaterra y Escocia recuerda, en cada alineación, que ni siquiera el Reino Unido ha resuelto sus propias fracturas internas. El estadio, una vez más, hace visible lo que los foros diplomáticos prefieren callar.

El fútbol como poder blando… y como negocio excluyente

Hay una dimensión que los discursos oficiales evitan nombrar con claridad: este Mundial es, ante todo, un negocio. Un negocio de aproximadamente 12 mil millones de dólares, concentrado en manos de corporaciones transnacionales, patrocinadores globales y la propia FIFA. Las zonas controladas por sponsors internacionales alrededor de los estadios excluyen a los comerciantes locales. Las comunidades aledañas enfrentan restricciones para operar e incluso para circular. Los precios de los boletos son tan elevados que la Copa del Mundo ha dejado de ser un evento popular para convertirse, como se ha dicho abiertamente, en un espectáculo para quienes pueden pagar por ser vistos ahí.

La inteligencia artificial irrumpe también en esta edición. Por primera vez, herramientas de IA aplicadas al análisis táctico, la seguridad en los estadios y la producción mediática participan a escala masiva. El torneo más grande de la historia —48 selecciones, tres países, decenas de ciudades— es también el más tecnológico, el más vigilado y el más corporativo.

«Mientras la FIFA promueve una narrativa de inclusión y globalización, el modelo actual del Mundial fortalece mecanismos de exclusión económica y concentración corporativa». — Conversatorio «Geopolítica del balón. El mundo en la cancha», PUEDJS-UNAM, mayo de 2026.

Y en medio de todo esto, México juega. Con la ilusión de millones de aficionados que llenan los foros públicos y encienden sus pantallas, con la esperanza de que esta vez el quinto partido llegue. Pero el fútbol mexicano también enfrenta su propia subordinación: un país que durante décadas fue referente continental del deporte ve cómo Estados Unidos consolida su hegemonía futbolística, organizativa y comercial sobre el juego que, para nosotros, siempre fue mucho más que un negocio.

Leer el partido

Disfrutar el Mundial no debería estar reñido con entender lo que sucede alrededor del ecosistema del deporte. Cada selección que ingresa al estadio carga con la historia de su país, sus alianzas, sus conflictos y sus contradicciones. El fútbol es política, lo afirman los especialistas, no porque los jugadores lo decidan, sino porque el mundo que los rodea es político por naturaleza.

En 2026, el mundo se encuentra marcado por conflictos armados en Europa y Medio Oriente, la competencia estratégica entre Estados Unidos y China, el desgaste del multilateralismo y la transformación del orden internacional construido tras la Segunda Guerra Mundial. El Mundial no cambiará el rumbo de estos acontecimientos. Pero, como pocos eventos globales, permite observarlos en tiempo real, mostrando las tensiones y aspiraciones de nuestro tiempo con una claridad que a menudo supera la de los discursos oficiales.