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Por Román André Martínez Bravo
¿Qué significa vivir junto a una potencia que acaba de sacar por la fuerza, de madrugada y en su propia recámara, a un jefe de Estado extranjero —y que horas después anuncia, sin matices ni disculpas, que “administrará” ese país hasta que decida que la transición es “segura, adecuada y prudente”?
Esa es la pregunta que México debería estarse haciendo esta semana. No como ejercicio moral sobre el destino de Venezuela, sino como diagnóstico brutal de la doctrina que ya rige —aunque todavía no se aplique con la misma violencia— la relación con nosotros.
El 3 de enero de 2026, la operación militar “Resolución Absoluta” terminó con Nicolás Maduro esposado en un centro de detención federal de Brooklyn, acusado de narcoterrorismo, mientras Donald Trump confirmaba desde Mar-a-Lago que Estados Unidos tomaría el control del país “hasta que podamos llevar a cabo una transición segura, adecuada y prudente”.
No hubo mandato del Consejo de Seguridad de la ONU, ni coalición regional previa, ni siquiera el intento retórico de vestir la operación de multilateralismo. Hubo una decisión unilateral, ejecutada primero y explicada después. Y esa secuencia —actuar y luego justificar— es, precisamente, lo que debería inquietarnos más que el desenlace venezolano en sí mismo.
El Corolario Trump: la Doctrina Monroe con esteroides
La captura de Maduro no es un episodio aislado de política antidrogas; es la primera aplicación, con fuerza letal, de una doctrina que Washington había anunciado meses antes, por escrito y sin ambigüedad.
La National Security Strategy 2025, publicada en diciembre pasado, resucita explícitamente la Doctrina Monroe bajo lo que sus propios redactores llaman el “Corolario Trump”: el hemisferio occidental deja de ser una prioridad más entre varias y se convierte en el perímetro estratégico central de Estados Unidos, por encima —dice el documento— del Indo-Pacífico, Europa y Oriente Medio.
La Estrategia de Defensa Nacional 2026 que le siguió es todavía más explícita. Washington se reserva el derecho de “adoptar medidas decisivas unilateralmente” contra el narcotráfico en cualquier punto del continente americano, y coloca el control del Canal de Panamá, el Golfo de México, Groenlandia y las rutas marítimas del hemisferio en el mismo nivel de prioridad que la disuasión nuclear o la ciberdefensa.
No es un documento sobre Venezuela. Es un documento sobre el hemisferio entero, del cual Venezuela fue apenas el primer ensayo con despliegue real de fuerza.
Leído desde Ciudad de México, el mensaje no admite lecturas ingenuas. México, por geografía, por integración económica y por peso demográfico, no está en el margen de ese mapa estratégico. Está exactamente en el centro.
Y, a diferencia de Caracas, no puede darse el lujo de ignorar la señal esperando que la tormenta pase de largo.
La economía del miedo: nearshoring bajo condición
Aquí es donde la historia deja de ser solamente sobre soberanía y empieza a ser sobre dinero.
La revisión del T-MEC en 2026 ya se negocia bajo la sombra de esta doctrina, y no es casualidad que el mismo documento que justifica una intervención militar en Caracas hable, en párrafos contiguos, de “reconfiguración de cadenas de suministro” y de someter a mayor escrutinio las reglas de origen frente a China.
El nearshoring que México celebró durante años como oportunidad estructural empieza a leerse, con evidencia creciente, como nearshoring condicionado: se acepta la inversión, pero se exige alineamiento político, migratorio y de seguridad a cambio.
Ha-Joon Chang lleva dos décadas advirtiendo que ninguna potencia hegemónica promueve el libre comercio por convicción ideológica, sino como herramienta de poder: lo aplica cuando le conviene y lo suspende cuando deja de convenirle.
Lo que observamos en 2026 es exactamente esa lógica, ya sin disfraz diplomático. La Estrategia de Defensa Nacional no ofrece integración económica como premio a la cooperación regional; la condiciona, línea por línea, a la subordinación estratégica.
El propio secretario de Estado, Marco Rubio, matizó los alcances de la intervención en Venezuela al afirmar que Washington buscaba, ante todo, “presionar para que haya cambios políticos”, antes que involucrarse directamente en la gobernanza del país.
Es una frase que podría aplicarse, con pocos ajustes, a la manera en que Estados Unidos ya presiona a México en materia migratoria, aduanera y de seguridad, sin necesidad de desplegar una sola tropa: basta con condicionar el acceso al mercado más grande del mundo.
El silencio elocuente de la clase dirigente
Cuando el presidente francés Emmanuel Macron celebró la caída de Maduro declarando que “el pueblo venezolano se ha liberado hoy de la dictadura”, lo hizo desde la comodidad de un país que no comparte tres mil kilómetros de frontera con Washington ni depende de Estados Unidos para más del ochenta por ciento de sus exportaciones.
Esa distancia importa. Le permite a Francia hablar el lenguaje de la libertad sin preguntarse qué ocurre cuando la misma lógica de intervención se aplica, mañana, a un socio comercial en lugar de a un adversario ya declarado.
México no tiene ese lujo geográfico.
Y, sin embargo, la respuesta oficial mexicana ante el reacomodo hemisférico ha sido, hasta ahora, más reactiva que estratégica: se negocia capítulo por capítulo del T-MEC, se administra la relación migratoria episodio por episodio, pero no existe todavía una doctrina propia que le diga a Washington, con claridad, dónde empieza y dónde termina el margen de maniobra mexicano.
Es exactamente el vacío que describe Antonio Gramsci cuando explica que la hegemonía no se sostiene solamente con la fuerza bruta de una operación militar, sino con el consentimiento —o, en este caso, la resignación administrativa— de quienes deberían disputarla.
Lo que Venezuela debería enseñarnos
El informe “Rupturas y oportunidades”, que la CEPAL presentó esta semana en la UNAM bajo la copresidencia de Michelle Bachelet e Iván Duque, insiste en algo que la clase política mexicana repite en privado, pero rara vez ejecuta en público: América Latina posee activos —recursos naturales, capacidad productiva y humana, un mercado de cientos de millones de personas, una región libre de guerras interestatales y de armas nucleares— que el mundo fragmentado necesita con urgencia.
El problema no es la falta de diagnóstico. Es que nadie, con lápiz de presupuesto y no de comunicado, decide qué hacer con esa ventaja antes de que la siguiente presión externa la vuelva irrelevante.
Joseph Stiglitz ha documentado con precisión cómo la globalización asimétrica premia a quien negocia desde una estrategia propia y castiga a quien negocia desde la urgencia del corto plazo.
México lleva tres décadas instalado en el segundo escenario: una economía profundamente integrada a Estados Unidos, pero sin una arquitectura institucional que traduzca esa integración en poder de negociación real.
La captura de Maduro no altera esa realidad estructural. La ilustra con una crudeza que ningún informe técnico había logrado hasta ahora: cuando Washington decide que un país del hemisferio se ha convertido en un problema, actúa primero y explica después.
El precedente que ya vivimos: de Panamá a Caracas
Conviene recordar que Estados Unidos no improvisa esta gramática de intervención: la ha ensayado antes en el propio hemisferio.
La invasión a Panamá en 1989, que terminó con el general Manuel Antonio Noriega procesado en una corte federal estadounidense por narcotráfico, es el antecedente casi exacto de lo ocurrido en enero contra Maduro, treinta y seis años después.
La diferencia no está en la lógica —que se repite casi sin variación—, sino en el contexto. En 1989, el mundo era unipolar y Washington no necesitaba justificar su hegemonía frente a competidores serios. En 2026, la misma operación ocurre en medio de una competencia sistémica abierta con China, lo que convierte cada movimiento en el hemisferio en una señal dirigida tanto a Caracas como a Pekín y, por extensión, a cualquier capital latinoamericana que dude de su alineamiento.
Esa lectura importa para México porque desmiente la idea de que lo sucedido en Venezuela es un caso excepcional, aislado y sin relación con la política cotidiana hacia nosotros.
No lo es.
Es la misma doctrina aplicada con distinta intensidad según el grado de resistencia que cada país ofrece. Venezuela resistió con un régimen abiertamente adversarial y recibió la versión militar. México, como socio comercial profundamente integrado, recibe —por ahora— la versión económica y diplomática: aranceles condicionados, verificación de origen más estricta y presión migratoria constante.
El instrumento cambia; el objetivo de subordinación estratégica, no.
¿Estrategia propia o resignación administrada?
La pregunta con la que abrí esta columna no admite una respuesta cómoda.
México no va a enfrentar, previsiblemente, una operación como “Resolución Absoluta”. Pero sí enfrenta ya la versión civil de la misma doctrina: presión migratoria constante, condicionamiento comercial dentro de la revisión del T-MEC, exigencias de alineamiento frente a China disfrazadas de cooperación técnica y una frontera redefinida, en los propios documentos de Washington, como asunto de seguridad nacional estadounidense antes que como asunto bilateral negociado entre iguales.
Ante ese diagnóstico, la tentación fácil es la resignación: aceptar que la asimetría es insalvable y limitarse a administrar cada crisis conforme llega.
Pero la asimetría de poder no anula, por sí sola, el margen de agencia; lo reduce y lo condiciona, que es distinto.
Corea del Sur, Vietnam o incluso Colombia han demostrado, en contextos de dependencia comparable, que es posible construir palancas de negociación sectoriales —energéticas, migratorias, de seguridad compartida— sin depender de una ruptura con Washington que México ni puede ni debería buscar.
La diferencia entre ser sujeto o ser objeto de esta nueva arquitectura hemisférica no la va a decidir Washington.
La va a decidir México, dependiendo de si finalmente construye una política exterior con visión de largo plazo —con capacidad instalada, presupuesto y mandato claro, no solo comunicados— o si continúa administrando, capítulo por capítulo, la relación con una potencia que ya dejó por escrito que el hemisferio occidental es, antes que cualquier otra cosa, su prioridad estratégica número uno.
