La oposición en Querétaro ha decidido cambiar de tablero. Ante el control que el Partido Acción Nacional (PAN) mantiene sobre las instituciones locales, Morena ha escalado el conflicto al Senado de la República. El objetivo central de esta ofensiva bicameral es someter a escrutinio el proyecto insignia de la administración de Mauricio Kuri González: la obra de Paseo 5 de Febrero, al tiempo que busca frenar, mediante controles de inteligencia financiera, el acceso de perfiles vinculados al desarrollo inmobiliario y la gestión hídrica a futuros cargos públicos.
A unas horas de los contrastes exhibidos durante la Glosa del Quinto Informe de Gobierno, la disputa por el control político y presupuestal del estado se agudiza. En rueda de prensa, el titular de la Cuarta Transformación en Querétaro, Santiago Nieto Castillo, y la senadora Beatriz Robles, trazaron una estrategia de tres frentes: una auditoría federalizada a la infraestructura estatal, el endurecimiento de los requisitos de elegibilidad electoral y la confrontación directa por el control de los espacios en la Legislatura local.
El blanco financiero: Paseo 5 de Febrero
El golpe político más fuerte apunta a la chequera del estado. La senadora Beatriz Robles presentó un punto de acuerdo en el Senado para exhortar a la Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE) a ejecutar una auditoría exhaustiva de los recursos ejercidos en Paseo 5 de Febrero.
El argumento central, respaldado por Nieto Castillo, es una presunta desproporción financiera. El ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció que el costo por kilómetro de la vía urbana queretana supera los márgenes de inversión de los macroproyectos de infraestructura del gobierno federal. Al llevar el exhorto al Senado, Morena busca ejercer presión nacional sobre una ESFE que históricamente ha mantenido revisiones tersas hacia el Ejecutivo estatal.
El filtro «8 de 8 Plus» y los cárteles locales
El segundo eje es una advertencia preventiva de cara al próximo ciclo electoral. Santiago Nieto Castillo delineó la iniciativa «8 de 8 Plus». Esta propuesta busca romper los esquemas tradicionales de revisión (que se limitan a declaraciones patrimoniales, fiscales y de no violencia).
La aportación del «Plus» radica en involucrar los mecanismos de la Unidad de Inteligencia Financiera para rastrear el dinero y las redes de complicidad. La declaración de motivos es frontal: bloquear el paso a perfiles que mantengan vínculos con lo que Morena ha denominado «el cártel del agua» y «el cártel inmobiliario», los dos sectores de mayor fricción ambiental y económica en Querétaro.
La pugna territorial: el «acuerdo mordaza»
El tercer frente se libra en las instalaciones del Poder Legislativo local. Los liderazgos de Morena denunciaron el intento del PAN por imponer un «acuerdo mordaza», una maniobra normativa diseñada específicamente para impedir el acceso de Santiago Nieto a la sala de prensa del Congreso estatal.
En respuesta a esta exclusión, la senadora Robles ingresó una propuesta adicional en la Cámara Alta para exhortar a la Legislatura local a garantizar la libertad de expresión, y puso sobre la mesa la exigencia de revisar las leyes queretanas que criminalizan o restringen la manifestación social.
VOCES Y DECLARACIONES
- “El costo por kilómetro de la obra urbana [5 de Febrero] resultó ser superior al de macroproyectos de infraestructura federal”. — Santiago Nieto Castillo (según la denuncia respaldada por la senadora Robles).
- La iniciativa “8 de 8 Plus” incluye «mecanismos de la Unidad de Inteligencia Financiera para verificar que no existan redes de complicidad ni vínculos con el cártel del agua o el cártel inmobiliario». — Postura oficial de Morena Querétaro.
QUÉ SIGNIFICA
Morena está reconociendo tácticamente que las batallas libradas exclusivamente en el ámbito local queretano suelen estancarse ante la maquinaria panista. Al llevar los exhortos al Senado de la República, Santiago Nieto y Beatriz Robles aplican una «pinza» política: utilizan la tribuna nacional para exhibir los presuntos sobrecostos de 5 de Febrero y forzar a la ESFE (un órgano local) a actuar bajo la mirada del gobierno federal. Asimismo, el «8 de 8 Plus» no es solo una propuesta de integridad, es un aviso de que el rastreo financiero se usará como arma política contra los desarrolladores inmobiliarios y operadores de agua ligados al panismo.
QUÉ SIGUE Y QUÉ FALTA
El éxito de esta ofensiva dependerá de si el exhorto del Senado logra realmente movilizar a la ESFE, o si quedará en un impacto puramente mediático.