La reforma constitucional se aplicará a partir del proceso electoral de 2028; quienes posean otra nacionalidad deberán renunciar a ella antes de solicitar su candidatura
Ciudad de México, 7 de octubre de 2026.— La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó el decreto que establece la nacionalidad exclusivamente mexicana como requisito para contender por la Presidencia de la República, las gubernaturas de los estados o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
La modificación a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución será publicada en el Diario Oficial de la Federación después de completar su recorrido legislativo: obtuvo la mayoría calificada en las cámaras de Diputados y Senadores y fue respaldada por 22 congresos locales.
“A partir de 2028, quien quiera postularse al cargo de gobernador o gobernadora, jefa o jefe de Gobierno, presidenta o presidente de la República, solo puede ser mexicano”, sintetizó Sheinbaum durante su conferencia matutina.
Aunque el decreto adquirirá vigencia jurídica al día siguiente de su publicación, el nuevo requisito de elegibilidad comenzará a aplicarse en los procesos electorales celebrados a partir de 2028, como establece su régimen transitorio.
Renuncia antes del registro electoral
La reforma no impide que la población mexicana posea dos o más nacionalidades. Tampoco modifica el derecho al voto ni restringe, de manera general, la participación política de quienes forman parte de comunidades binacionales.
Su alcance está delimitado a las personas que aspiren a encabezar los poderes ejecutivos federal y estatales, incluida la Ciudad de México. En esos casos, quien posea otra nacionalidad deberá renunciar a ella antes de presentar su solicitud de registro ante la autoridad electoral competente.
La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, explicó que todavía deberán emitirse disposiciones reglamentarias para definir el procedimiento, los documentos necesarios y las autoridades ante las cuales tendrá que acreditarse la renuncia.
Este punto será determinante, pues abandonar otra nacionalidad no depende únicamente de una manifestación realizada ante autoridades mexicanas: cada país cuenta con procedimientos, plazos y requisitos propios para reconocer jurídicamente esa decisión.
Una reforma centrada en los poderes ejecutivos
La medida no se extiende a diputaciones, senadurías, presidencias municipales ni otros cargos de elección popular. La restricción se concentra en la Presidencia, las 31 gubernaturas y la Jefatura de Gobierno capitalina, bajo el argumento de que sus titulares ejercen la máxima representación política y administrativa de la Federación o de cada entidad.
El Congreso de la Ciudad de México, uno de los órganos locales que avalaron la minuta, explicó que la reforma busca establecer la nacionalidad única para quienes ejerzan la titularidad de los poderes ejecutivos federal y locales. En esa legislatura, la modificación recibió 44 votos a favor y 15 en contra.
En la Cámara de Diputados, el proyecto fue aprobado inicialmente con 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención en lo general. El dictamen fue enviado posteriormente al Senado y, tras su aprobación, a los congresos estatales para completar el procedimiento de reforma constitucional.
El debate entre soberanía y derechos políticos
La nacionalidad única abrió una discusión política sobre la relación entre soberanía, lealtad nacional y derechos de las comunidades mexicanas radicadas en el extranjero.
El oficialismo defendió la medida bajo el principio de que quienes encabecen el Poder Ejecutivo deben mantener un vínculo jurídico exclusivo con México y estar libres de posibles obligaciones frente a otro Estado.
Desde la oposición se cuestionó que poseer dos nacionalidades constituya, por sí mismo, un conflicto de lealtades. También se advirtió que la restricción podría afectar particularmente a integrantes de la diáspora mexicana que adquirieron otra nacionalidad después de migrar.
La reforma, sin embargo, no desconoce la nacionalidad mexicana de esas personas ni les impide participar en otros ámbitos de la vida pública. Establece una condición específica que deberán cumplir únicamente si pretenden contender por alguna de las titularidades ejecutivas incluidas en la Constitución.
Con la firma presidencial concluye la etapa constitucional de aprobación. El siguiente desafío será reglamentar el mecanismo de renuncia con suficiente anticipación, para evitar incertidumbre jurídica cuando comience el proceso electoral de 2028.
