La Comisión de Puntos Constitucionales avaló, por dos votos contra uno, la minuta federal que exigiría un vínculo jurídico exclusivo con México para ocupar la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno capitalina.
La exigencia de contar exclusivamente con la nacionalidad mexicana para encabezar los poderes ejecutivos del país avanzó en el Congreso de Querétaro, aunque dejó expuesta una diferencia de fondo: si la soberanía nacional debe protegerse mediante restricciones de elegibilidad o si esa medida vulnera los derechos políticos de millones de mexicanos con doble nacionalidad.
La Comisión de Puntos Constitucionales de la LXI Legislatura aprobó, con dos votos a favor y uno en contra, el proyecto de dictamen correspondiente a la minuta de reforma de los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución federal.
La modificación alcanzaría a quienes aspiren a ocupar la Presidencia de la República, alguna gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. El planteamiento busca que las personas titulares de esos cargos mantengan un vínculo jurídico y político exclusivo con el Estado mexicano.
El voto en comisión no concluye el procedimiento legislativo. El dictamen todavía deberá ser sometido a consideración del Pleno del Congreso queretano, dentro del proceso de validación que corresponde a las legislaturas estatales cuando se pretende modificar la Constitución federal.
Una reforma que no elimina la doble nacionalidad
Quienes respaldaron la propuesta insistieron en que la reforma no pretende desconocer la doble nacionalidad ni privar de derechos a quienes la poseen. Su alcance estaría limitado a determinados cargos ejecutivos considerados estratégicos para la conducción política, administrativa y de seguridad del país.
El presidente de la comisión, Homero Barrera McDonald, sostuvo que la Presidencia, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno capitalina requieren una relación jurídica exclusiva con México. Señaló que las personas mexicanas por nacimiento que también posean otra nacionalidad conservarían la posibilidad de competir, siempre que renuncien previamente a la nacionalidad extranjera conforme a las disposiciones legales aplicables.
Barrera advirtió que la regulación vigente puede permitir una renuncia formal ante autoridades mexicanas sin que necesariamente desaparezca el vínculo jurídico reconocido por el otro país. Desde su perspectiva, la modificación constitucional busca cerrar esa eventual contradicción y evitar posibles conflictos de lealtad o intereses.
Eric Silva Hernández también votó a favor. Consideró que la reforma no elimina la posibilidad de participar en la vida pública, pues quien tenga doble nacionalidad podría optar por la mexicana para buscar alguno de los cargos incluidos en la propuesta.
El legislador presentó esa renuncia como una decisión personal inherente a la responsabilidad de gobernar y como una forma de colocar el interés público por encima de cualquier vínculo particular.
“La lealtad no se mide por el pasaporte”
La oposición dentro de la comisión fue encabezada por Enrique Correa Sada, quien afirmó que poseer dos nacionalidades no equivale a mantener una doble lealtad.
El diputado sostuvo que el compromiso con México debe evaluarse mediante los actos, las decisiones, el respeto a la Constitución y la defensa de las instituciones, no a partir del número de pasaportes de una persona.
Desde esa perspectiva, la reforma podría enviar un mensaje de desconfianza a millones de mexicanos que viven en el extranjero o que, por nacimiento y vínculos familiares, poseen otra nacionalidad sin que ello disminuya su identidad ni su compromiso con el país.
Correa argumentó que la soberanía se fortalece con instituciones eficaces, mecanismos de control, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, no necesariamente mediante la reducción de derechos políticos.
Paul Ospital Carrera, quien participó en la discusión, también cuestionó la propuesta. Señaló una contradicción entre el reconocimiento público que reciben las comunidades mexicanas residentes en el extranjero —por sus remesas, organización y participación electoral— y una reforma que limitaría su derecho a ser votadas para determinados cargos.
Ospital agregó que la renuncia a una nacionalidad extranjera puede depender de procedimientos y autoridades de otro país, lo que abriría interrogantes sobre los tiempos, requisitos y consecuencias para una eventual candidatura.
Teresita Calzada Rovirosa planteó, en sentido contrario, que la discusión incluso podría ampliarse a otros espacios de representación, como presidencias municipales o cargos legislativos. Su propuesta, sin embargo, no forma parte de la minuta analizada.
El debate que seguirá en el Pleno
La discusión rebasa el requisito administrativo de presentar o abandonar un pasaporte. El tema central consiste en definir si la nacionalidad exclusiva constituye una garantía real de soberanía o si introduce una presunción de deslealtad contra ciudadanos mexicanos que mantienen vínculos jurídicos con otro país.
La reforma también obliga a precisar cómo se comprobaría una renuncia efectiva, qué autoridad certificaría la desaparición de obligaciones frente a otro Estado y en qué momento del proceso electoral tendría que cumplirse el requisito.
Con el dictamen aprobado en comisión, el Congreso de Querétaro deberá trasladar el debate al Pleno. Ahí se definirá si la Legislatura estatal respalda una restricción que sus promotores consideran necesaria para proteger la conducción soberana del país, pero que sus críticos observan como una reducción injustificada de los derechos políticos de los mexicanos binacionales.
