El diputado Enrique Correa cerró el foro estatal sobre salud mental y anunció nuevas mesas de trabajo para construir una reforma. Especialistas pidieron atender las conductas autolesivas y la ideación suicida entre menores, ampliar las plazas de psicología y mejorar las condiciones laborales del personal.
El diputado local Enrique Correa Sada aseguró que Querétaro debe construir “la mejor Ley de Salud Mental del país”, al encabezar el cierre del Foro Estatal “Querétaro por la Salud Mental: Diagnóstico para la Construcción de una Agenda Legislativa”.
La declaración fija una aspiración ambiciosa, pero también coloca sobre el Congreso una responsabilidad concreta: evitar que el foro termine convertido en una colección de diagnósticos y conseguir que las propuestas se traduzcan en servicios, presupuesto, personal suficiente y mecanismos efectivos de atención.
Durante la segunda jornada del encuentro, especialistas advirtieron sobre la urgencia de fortalecer la respuesta institucional dirigida a niñas, niños y adolescentes con conductas autolesivas o ideación suicida, así como a personas que enfrentan enfermedades, adicciones, violencia o procesos de duelo traumático.
“La salud mental no podemos abordarla desde una sola perspectiva. Hoy tenemos información muy valiosa que nos permitirá construir mesas de trabajo y avanzar hacia lo que espero sea la mejor Ley de Salud Mental del país”, expresó Correa Sada.
El legislador sostuvo que la atención debe involucrar a especialistas, instituciones públicas, autoridades, familias y organizaciones sociales, debido a que los padecimientos psicológicos no pueden separarse de las condiciones económicas, familiares, escolares y comunitarias que atraviesan las personas.
Piden más psicólogos y condiciones laborales dignas
Angélica Aguado Hernández señaló que uno de los desafíos más urgentes es ampliar la atención destinada a las poblaciones vulnerables, particularmente a menores que enfrentan riesgos relacionados con autolesiones o pensamientos suicidas.
La especialista también planteó la necesidad de crear más plazas para profesionales de la psicología y garantizar condiciones laborales dignas para quienes prestan los servicios.
Este punto será decisivo para evaluar el alcance de cualquier reforma. Una ley puede reconocer derechos, establecer protocolos y ordenar mecanismos de coordinación, pero difícilmente cambiará la atención cotidiana si clínicas, hospitales, escuelas y centros comunitarios continúan sin personal suficiente.
El foro también contó con la participación de Jorge Garibay Mora, quien abordó la relación entre salud mental, adicciones, violencia y tecnologías digitales. Por su parte, Raúl Gerardo Paredes Guerrero expuso los principales retos desde la perspectiva de las neurociencias.
Las intervenciones colocaron sobre la mesa la necesidad de construir una política pública que no se limite a intervenir cuando una persona se encuentra en crisis, sino que incorpore prevención, detección temprana, acompañamiento familiar, atención comunitaria y seguimiento profesional.
Del foro a una iniciativa todavía pendiente
Correa Sada explicó que el encuentro representa el inicio de una nueva etapa y anunció la realización de mesas de trabajo para convertir las aportaciones de los especialistas en propuestas legislativas.
Hasta el momento, sin embargo, no se ha presentado públicamente un proyecto articulado, un calendario para su elaboración ni una estimación presupuestal de las medidas que podría contener.
Tampoco se ha detallado si la futura propuesta reformará la legislación vigente, creará una nueva ley, establecerá obligaciones para los municipios o definirá un sistema estatal específico de atención y coordinación.
La diputada Verónica Galicia Castañón, presidenta de la Comisión de Salud, participó en el cierre del foro. Esa comisión será la encargada de analizar y dictaminar la iniciativa cuando sea presentada formalmente ante la Legislatura.
Qué tendría que resolver una nueva legislación
Para trascender el discurso, una política integral de salud mental tendría que responder, por lo menos, a los siguientes desafíos:
- Garantizar atención cercana, asequible y oportuna, también fuera de la zona metropolitana.
- Incrementar el número de profesionales en hospitales, centros de salud y escuelas.
- Establecer protocolos para atender crisis, conductas autolesivas e ideación suicida.
- Integrar prevención y tratamiento de adicciones sin criminalizar a los pacientes.
- Coordinar a los sistemas de salud, educación, seguridad, desarrollo social y protección de las infancias.
- Ofrecer acompañamiento a familias, personas cuidadoras y pacientes durante el tratamiento.
- Definir presupuesto, metas, indicadores y mecanismos de evaluación pública.
- Proteger la confidencialidad, dignidad y derechos humanos de las personas usuarias.
También deberá garantizarse que la atención no dependa únicamente de campañas temporales o líneas telefónicas, sino de una red con capacidad para recibir, canalizar y dar seguimiento a cada caso.
Una ley no sustituye al servicio
Enrique Correa reiteró que la salud mental permanecerá como una prioridad dentro de su agenda legislativa y afirmó que mantendrá el diálogo con especialistas, instituciones y organizaciones civiles.
El objetivo de construir “la mejor ley del país” puede servir como punto de partida, pero la calidad de la reforma no se medirá por el tamaño de su promesa ni por la cantidad de foros realizados.
Se medirá en el tiempo que una persona tenga que esperar para recibir una consulta; en la existencia de especialistas fuera de la capital; en la capacidad de atender a un adolescente antes de una crisis, y en los recursos destinados a quienes diariamente trabajan con pacientes y familias.
El diagnóstico ya comenzó. Ahora corresponde al Congreso demostrar que puede convertirlo en derechos, servicios y presupuesto.