La iniciativa presentada por Teresita Calzada y Paul Ospital busca impedir que los apoyos públicos sean utilizados para promover partidos o funcionarios. También plantea transparentar padrones y reglas de operación, aunque deberá conciliar esa apertura con la protección de datos personales.
Los programas sociales en Querétaro tendrían prohibido utilizar colores, emblemas, eslóganes, nombres, imágenes o voces que identifiquen sus beneficios con un partido político o una persona servidora pública, de prosperar una iniciativa presentada por el Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano.
La propuesta fue ingresada este 15 de octubre en la Oficialía de Partes de la LXI Legislatura por la coordinadora de la bancada naranja, Teresita Calzada Rovirosa, y el diputado Paul Ospital Carrera, acompañados por el senador Luis Donaldo Colosio Riojas y la coordinadora estatal de MC, Laura Ballesteros Mancilla.
El proyecto plantea reformar los artículos 27, 50, 51 y 66 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de Querétaro para colocar candados a la publicidad de los programas, transparentar sus reglas de operación y evitar que los padrones de beneficiarios sean utilizados con propósitos electorales.
Aunque fue presentada como una iniciativa para administrar adecuadamente los recursos públicos, su punto central es más preciso: impedir que una ayuda financiada con dinero de la ciudadanía termine convertida en propaganda de quien gobierna.
Apoyos públicos sin rostro ni partido
La reforma propuesta establece que la publicidad de los programas de desarrollo social deberá identificarse únicamente con el escudo estatal o el símbolo oficial del municipio correspondiente.
Todo material tendría que incluir la leyenda: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social”.
También quedaría expresamente prohibida la incorporación de nombres, fotografías, voces, eslóganes o cualquier elemento que pueda representar proselitismo, promoción personalizada o atribución partidista de los apoyos.
En otras palabras, ninguna autoridad podría presentar una beca, pensión, despensa o ayuda económica como una concesión personal del gobernador, un alcalde, legislador, partido o movimiento político.
“El tema de la reforma que presentamos se refiere a la publicidad programada y propaganda política. No podemos evitarla, pero la vamos a observar y denunciar”, explicó Teresita Calzada.
La legisladora aclaró que la propuesta no pretende suspender los programas sociales durante los procesos electorales, sino evitar que sean condicionados, promocionados o distribuidos como instrumentos de captación política.
La prohibición ya existe; falta volverla operativa
La Constitución mexicana ya establece que los recursos públicos deben administrarse con imparcialidad y que la propaganda gubernamental debe conservar un carácter institucional, informativo, educativo o de orientación social.
El artículo 134 prohíbe que dicha comunicación incluya nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen la promoción personalizada de servidores públicos.
La aportación de la iniciativa de Movimiento Ciudadano consistiría en llevar esas obligaciones directamente a la Ley de Desarrollo Social de Querétaro, definir cómo deberán identificarse los programas y establecer reglas específicas para autoridades estatales y municipales.
Si la propuesta avanza, la discusión legislativa deberá precisar qué autoridad vigilará su cumplimiento, cuáles serán las sanciones y qué procedimientos podrán utilizar los ciudadanos para denunciar una posible utilización partidista de los apoyos.
Sin mecanismos de supervisión y consecuencias claras, la reforma correría el riesgo de convertirse en una declaración de buenas intenciones.
Transparencia en padrones, pero con protección de datos
Otro de los componentes de la iniciativa plantea que los padrones de personas beneficiarias sean públicos y transparentes, con el objetivo de conocer quién recibe cada programa y reducir espacios para la duplicidad, el clientelismo o la incorporación de beneficiarios inexistentes.
La propuesta también busca prohibir que la información sea utilizada para promover afiliaciones partidistas, simpatías políticas o actividades de proselitismo.
Sin embargo, el Congreso deberá definir cuidadosamente qué información podrá divulgarse. La transparencia de los recursos no autoriza la exposición indiscriminada de domicilios, condiciones de salud, discapacidades, situación económica u otros datos personales sensibles.
El reto será permitir que la ciudadanía conozca cuánto dinero se distribuye, bajo qué criterios y a qué población se dirige, sin vulnerar la privacidad de las personas beneficiarias.
También se propone que las reglas de operación y los gastos de los programas estatales sean publicados en el medio oficial correspondiente, mientras que los municipios deberán hacer lo propio en sus gacetas.
Colosio inicia en Querétaro una estrategia nacional
Teresita Calzada atribuyó la autoría de la propuesta al senador Luis Donaldo Colosio Riojas, quien eligió Querétaro para iniciar una ruta nacional de presentación en los congresos estatales.
Paul Ospital calificó la iniciativa como parte de una estrategia contra la corrupción electoral y destacó que Colosio también ha impulsado propuestas relacionadas con licencias y derechos de paternidad.
La presencia del senador dio al acto una dimensión nacional y sirvió también para reunir a algunos de los principales cuadros de Movimiento Ciudadano en Querétaro, entre ellos la dirigente estatal Laura Ballesteros; el diputado federal Mario Calzada; el presidente municipal de Colón, Gaspar Trueba; las regidoras Paulina Aguado y Eli Olvera, así como integrantes de la dirigencia local.
Del anuncio a la aplicación
La propuesta apenas inicia su recorrido legislativo. Deberá ser turnada a comisiones, analizada, dictaminada y, en su caso, sometida a votación del pleno.
Durante ese proceso tendrá que responder preguntas concretas: si las disposiciones replican prohibiciones ya existentes o crean herramientas adicionales; cómo se protegerán los datos de los beneficiarios; qué sanciones se aplicarán y qué institución verificará que los programas no sean disfrazados con colores o frases partidistas.
El principio que plantea la reforma es sencillo: los programas sociales no pertenecen al funcionario que los anuncia ni al partido que gobierna. Se financian con recursos públicos y representan derechos o instrumentos de política social, no favores electorales.
La prueba verdadera no estará en aprobar una nueva ley, sino en conseguir que las autoridades de todos los partidos acepten aplicarla cuando los nombres, rostros y colores que deban retirarse sean los propios.