Habitantes de Tlacote el Bajo, Mompaní, El Salitre y Santa Rosa Jáuregui aseguran que personas que se presentan como financieras les hicieron firmar pagarés en blanco y posteriormente reclamaron cantidades distintas a las solicitadas. El diputado Sinuhé Piedragil informó que acompaña las denuncias ante la Fiscalía y los juzgados civiles.
Santiago de Querétaro, Qro., 19 de octubre de 2026.— Lo que comenzó como un préstamo para enfrentar una necesidad económica urgente terminó, según testimonios de habitantes de distintas comunidades de Querétaro, en deudas imposibles de pagar, amenazas constantes y el riesgo de perder bienes indispensables.
El diputado local Sinuhé Arturo Piedragil Ortiz denunció públicamente las prácticas de personas y empresas que se presentan como financieras y ofrecen créditos aparentemente accesibles a familias en situación de vulnerabilidad.
Las personas afectadas pertenecen a Tlacote el Bajo, Mompaní, El Salitre y Santa Rosa Jáuregui. De acuerdo con lo expuesto por el legislador, algunos préstamos fueron respaldados mediante pagarés firmados en blanco y posteriormente se reclamaron cantidades distintas a las originalmente recibidas.
Los testimonios también incluyen presuntos intentos de embargo, intimidaciones y amenazas relacionadas con el cobro de las deudas.
De un préstamo urgente a una amenaza contra el patrimonio
Piedragil advirtió que la necesidad económica no puede utilizarse para imponer condiciones abusivas ni para despojar a las familias del patrimonio construido durante años.
“No se puede permitir que la necesidad económica de las familias se convierta en una oportunidad para el abuso. Una deuda no puede convertirse en una condena que destruya el patrimonio construido durante muchos años”, manifestó.
El diputado aclaró que el acompañamiento no pretende justificar el incumplimiento de obligaciones legítimas, sino exigir que cualquier cobro se realice mediante procedimientos legales, transparentes y libres de intimidación.
“Estamos defendiendo el derecho de toda persona a un procedimiento legal, justo, transparente y libre de abusos”, puntualizó.
Acompañan denuncias ante la Fiscalía y juzgados civiles
El legislador informó que su equipo de trabajo acudió a la Fiscalía General del Estado para dar seguimiento a las denuncias presentadas por las personas afectadas.
También se realizan gestiones ante juzgados civiles y otras autoridades judiciales para buscar que las familias cuenten con representación y conozcan los procedimientos iniciados en su contra.
Piedragil reconoció la disposición del fiscal estatal Víctor Antonio de Jesús Hernández, quien, aseguró, facilitó la recepción de las denuncias y designó personal para brindar seguimiento.
En contraste, afirmó que otras instituciones no han respondido a las solicitudes de apoyo para garantizar asesoría jurídica gratuita. El legislador no identificó públicamente a esas dependencias ni detalló qué respuestas recibió de cada una.
Familias sin recursos enfrentan procedimientos mercantiles
Uno de los principales problemas señalados es la desigualdad entre las familias de escasos recursos y quienes cuentan con la capacidad económica para iniciar procedimientos de cobro.
“¿Cómo puede defenderse una familia de escasos recursos frente a una demanda mercantil si no tiene dinero para contratar un abogado? ¿Quién garantiza que sus derechos sean respetados cuando se enfrenta a un embargo?”, cuestionó Piedragil.
El diputado pidió a las autoridades estatales y judiciales establecer mecanismos efectivos de orientación, canalización y asistencia jurídica gratuita para quienes no pueden pagar una defensa particular.
También alertó a la población sobre los riesgos de aceptar préstamos sin información suficiente, firmar documentos incompletos o entregar pagarés en blanco.
Las señales denunciadas por las familias
Los testimonios presentados permiten identificar algunas prácticas que deben encender alertas:
- Solicitud de firmar pagarés o documentos con espacios en blanco.
- Falta de claridad sobre intereses, plazos y cantidad total por pagar.
- Reclamo posterior de cantidades distintas al préstamo recibido.
- Amenazas o intimidación como mecanismo de cobranza.
- Presión para entregar bienes personales.
- Ausencia de contratos claros o comprobantes de los pagos realizados.
Faltan datos sobre las empresas señaladas
La información presentada no precisa cuántas personas han denunciado formalmente, cuáles son los montos reclamados, cuántas carpetas de investigación fueron abiertas ni en qué etapa se encuentran los procedimientos civiles.
Tampoco identifica por nombre a las personas o empresas señaladas como supuestas financieras. Por esa razón, no fue posible conocer su postura ni revisar si cuentan con registro, autorización o domicilio comercial verificable.
Será responsabilidad de la Fiscalía y de las autoridades judiciales determinar si existieron amenazas, falsificación, alteración de documentos, fraude u otras conductas ilícitas. Los señalamientos de las familias constituyen denuncias que todavía deberán acreditarse mediante los procedimientos correspondientes.
Mientras avanzan las investigaciones, Piedragil aseguró que continuará ofreciendo acompañamiento jurídico y de gestión a las personas afectadas, para evitar que la urgencia económica termine convertida en una vía de despojo.