La rehabilitación de Rafael Ayala puede ser necesaria y su costo incluso justificable. El problema es que el Gobierno de San Juan del Río celebró la inauguración sin mostrar contrato, empresa ejecutora, dimensiones, precios unitarios, costo definitivo ni pruebas de calidad.
San Juan del Río, Qro., 19 de octubre de 2026.— En San Juan del Río la transparencia parece terminar exactamente donde comienza el corte del listón.
El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia entregó la rehabilitación de la calle Rafael Ayala, en la zona Centro, con una inversión anunciada de “más de 2 millones 300 mil pesos”. Hubo fotografías, agradecimientos y una nueva repetición del lema oficial: “Mejor Ciudad, Mejor Sociedad y Mejor Gobierno”.
Lo que no hubo fue una rendición de cuentas proporcional al tamaño del cheque.
El Ayuntamiento no presentó públicamente, junto con la inauguración, el contrato, el nombre de la empresa constructora, el procedimiento de adjudicación, la extensión intervenida, el catálogo de conceptos, los precios unitarios, el monto definitivo pagado ni las pruebas que acrediten la calidad de los trabajos.
Cabrera entregó una calle, pero dejó sin entregar el expediente que permitiría saber qué compró realmente la ciudadanía con 2.3 millones de pesos.
“Más de 2.3 millones” no es una cifra final
La primera señal de opacidad se encuentra en la propia cantidad difundida: “más de 2 millones 300 mil pesos”.
¿Cuánto más?
¿Dos millones 301 mil pesos? ¿Dos millones 350 mil? ¿Dos millones 399 mil? ¿La cantidad corresponde al presupuesto contratado, al modificado, al devengado o a lo efectivamente pagado?
Después de concluida una obra, el gobierno ya no debería informar una estimación redondeada. Tendría que publicar el monto exacto, acompañado de facturas, estimaciones, generadores de obra y posibles convenios modificatorios.
La obra pública no se fiscaliza con aproximaciones ni adjetivos. Se fiscaliza con documentos y centavos.
Una inversión de 15 mil pesos por beneficiario
El municipio aseguró que la rehabilitación beneficia a aproximadamente 150 personas. Si se divide la inversión anunciada entre esa cifra, el resultado es de alrededor de 15 mil 333 pesos por beneficiario directo.
La operación aritmética no demuestra un sobreprecio. Rafael Ayala es una vialidad del Centro y puede ser utilizada por una cantidad mucho mayor de peatones, automovilistas, trabajadores, comercios y visitantes.
Lo que sí demuestra es lo endeble del indicador utilizado por el gobierno.
Si la obra mejora la movilidad de quienes transitan por la zona, como afirmó Cabrera, ¿por qué se contabilizan únicamente 150 beneficiarios? ¿Son residentes, propietarios, trabajadores o usuarios diarios? ¿Existió algún estudio de movilidad o solamente se contó el número de viviendas cercanas?
La cifra parece diseñada para completar una ficha institucional, no para medir el impacto real de la inversión.
Lo más costoso quedó enterrado
La intervención no consistió únicamente en colocar empedrado y pintar señalamientos. Incluyó trabajos en las redes de drenaje y agua potable, construcción de banquetas, señalización vertical y horizontal e instalación de empedrado húmedo.
Eso significa que una parte importante de la inversión quedó debajo de la superficie.
Pero el gobierno no precisó cuántos metros lineales de drenaje fueron sustituidos, qué diámetro y material tienen las tuberías, cuántas descargas domiciliarias fueron conectadas, cuántas tomas de agua fueron renovadas ni qué pruebas se realizaron antes de cubrir nuevamente las excavaciones.
Tampoco informó la superficie de empedrado, los metros cuadrados de banquetas, las condiciones de accesibilidad o la vida útil estimada de los materiales.
Esta información es indispensable para valorar el costo. Una obra hidráulica puede justificar plenamente una inversión de 2.3 millones de pesos. Lo que no puede justificarse es pedirle a la población que confíe ciegamente mientras todo lo importante permanece enterrado, tanto física como administrativamente.
Tres actos públicos y el mismo vacío informativo
La rehabilitación fue anunciada desde el 30 de junio, junto con los trabajos de la calle Cadereyta, en Vegas del Río. Desde entonces se manejó una inversión superior a 2.3 millones de pesos y un beneficio para 150 personas.
El 20 de agosto, Cabrera y la secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Edith Álvarez Flores, acudieron a supervisar el avance. Nuevamente se difundieron el mismo monto, los mismos conceptos generales y la misma cantidad de beneficiarios.
Ahora llegó la inauguración y, una vez más, la administración recicló las mismas cifras sin actualizar el costo, el avance financiero ni las condiciones finales de ejecución.
En más de tres meses hubo arranque, supervisión y entrega. Tres oportunidades para transparentar el expediente. En las tres predominó la fotografía del alcalde.
Una calle no se audita con aplausos
El hecho de que una obra se encuentre terminada no significa automáticamente que esté bien construida.
La recepción formal debería estar respaldada por bitácoras, reportes de supervisión, pruebas hidráulicas, verificación de pendientes, compactación, resistencia de materiales, accesibilidad de banquetas y una garantía para responder por vicios ocultos.
Nada de eso fue presentado junto con la entrega.
Una calle puede lucir impecable durante la inauguración y comenzar a mostrar hundimientos, fugas, baches o desprendimientos después de la siguiente temporada de lluvias. Precisamente por ello existen la supervisión técnica y las garantías contractuales.
¿Quién responderá si el empedrado se hunde? ¿Cuánto tiempo cubre la garantía? ¿Qué empresa tendrá la obligación de reparar una fuga o una falla en el drenaje? ¿Existe una fianza vigente?
Sin contrato a la vista, la ciudadanía tampoco puede saber a quién reclamar.
Las cuentas que Cabrera todavía debe entregar
Para justificar los 2.3 millones de pesos, el Ayuntamiento debe publicar de manera accesible:
- El número y texto íntegro del contrato.
- El nombre y antecedentes de la empresa ejecutora.
- El método mediante el cual fue seleccionada.
- Las propuestas económicas participantes.
- El presupuesto base y la oferta ganadora.
- El catálogo de conceptos y precios unitarios.
- Las dimensiones y volúmenes efectivamente ejecutados.
- Las fechas contractuales de inicio y conclusión.
- El monto inicialmente contratado y el finalmente pagado.
- Las estimaciones, facturas y posibles modificaciones.
- Los informes de supervisión y resultados de las pruebas.
- El acta de entrega-recepción.
- La fianza y vigencia de la garantía por defectos.
- El mecanismo mediante el cual se calcularon los 150 beneficiarios.
El municipio dispone de una plataforma de transparencia donde publica contratos, proveedores y documentos financieros. Sin embargo, al cierre de esta nota no fue localizado, mediante una búsqueda directa por el nombre de Rafael Ayala, un expediente claramente identificado y enlazado con la obra entregada.
No debería ser necesario navegar entre decenas de archivos, anexos y hojas de cálculo para conocer cómo fueron gastados 2.3 millones de pesos. Cada inauguración tendría que acompañarse de un enlace directo al contrato y al expediente técnico.
El dinero no salió del bolsillo del alcalde
Roberto Cabrera no regaló la rehabilitación de Rafael Ayala. Tampoco la Secretaría de Obras Públicas hizo una aportación personal.
La calle fue pagada con recursos públicos.
El alcalde acudió a entregar una obra que la ciudadanía ya había financiado mediante impuestos, derechos y participaciones. Por eso el acto no debería presentarse como una concesión generosa del gobernante, sino como el cumplimiento de una obligación administrativa.
La obra puede ser útil. Puede estar bien ejecutada. Incluso puede costar exactamente lo que debía costar. Pero mientras el gobierno no muestre cantidades, precios, contrato y resultados técnicos, la población solamente tiene dos cosas: una calle terminada y la palabra del alcalde.
Un “Mejor Gobierno” no se construye repitiendo el eslogan frente a una cámara. Se demuestra abriendo los contratos, explicando cada peso y garantizando que las obras duren más que la fotografía inaugural.
