El diputado de Movimiento Ciudadano cuestionó que la seguridad nacional pueda utilizarse para condicionar operaciones sin criterios suficientemente precisos. La Cámara de Diputados rechazó las reservas y aprobó la reforma sin modificaciones.
Ciudad de México, 29 de octubre de 2026.— El diputado federal Mario Calzada Mercado advirtió que el nuevo mecanismo para revisar inversiones extranjeras por razones de seguridad nacional puede generar incertidumbre si las autoridades reciben facultades amplias sin criterios, límites y procedimientos claramente establecidos.
Durante la discusión del artículo 30 Bis de la Ley de Inversión Extranjera, el legislador de Movimiento Ciudadano defendió una reserva para reducir la discrecionalidad de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras y ofrecer mayor certeza a las empresas interesadas en colocar capital en México.
La propuesta no fue incorporada. La Cámara de Diputados aprobó la reforma sin cambios y la remitió al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación.
“Proteger la seguridad nacional no debe convertirse en un pretexto para otorgar facultades discrecionales a las autoridades ni generar incertidumbre para las empresas e inversionistas”, sostuvo Calzada.
¿Qué cambia con la reforma?
El nuevo régimen establece una revisión previa para determinadas operaciones en las que la inversión extranjera supere 49 por ciento de participación en empresas mexicanas pertenecientes a sectores considerados sensibles.
Entre las actividades sujetas al escrutinio se encuentran energía, infraestructura, transporte, comunicaciones, minería, almacenamiento de datos, inteligencia artificial, robótica, ciberseguridad y las industrias aeroespacial y nuclear.
Para quedar sujetas a autorización, las operaciones también deberán superar un umbral de activos que será definido posteriormente por la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras.
La Comisión tendrá facultades para autorizar, condicionar o rechazar las operaciones que considere riesgosas para la seguridad nacional. En determinados casos también podrá ordenar una desinversión.
La reforma incorpora con voz y voto a los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana y de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
El punto que cuestionó Movimiento Ciudadano
Calzada sostuvo que la protección de la soberanía debe ser compatible con reglas previsibles para quienes pretenden invertir en el país.
El legislador reclamó criterios objetivos, fundamentos jurídicos suficientes y límites precisos para revisar o impedir una operación. Afirmó que la certeza jurídica no debe interpretarse como un privilegio empresarial, sino como una condición para atraer capital productivo y proteger el empleo.
Uno de los cuestionamientos planteados durante el debate fue que el umbral de activos necesario para activar la revisión no aparece directamente en la ley, sino que será establecido posteriormente mediante una resolución general.
También se objetó que la Comisión pueda ampliar las actividades sujetas a revisión. Para la oposición, estas facultades pueden dificultar que una empresa conozca desde el inicio si necesitará una autorización especial y qué condiciones deberá cumplir.
Los promoventes de la reforma sostuvieron, en contraste, que México requiere herramientas para impedir que adquisiciones extranjeras comprometan infraestructura crítica, información estratégica o sectores relevantes para la soberanía.
La discusión no se centró, por tanto, en permitir o rechazar toda inversión extranjera, sino en el grado de control que debe ejercer el Estado y los límites que deben imponerse a esa revisión.
La reforma fue aprobada sin cambios
El dictamen recibió 314 votos a favor y 117 en contra en lo general. En la votación particular fue aprobado con 321 votos a favor y 106 en contra, por lo que las reservas presentadas no modificaron el documento.
El proyecto fue remitido al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales. Al momento de la votación todavía no había entrado en vigor, pues faltaba su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La reforma fue propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum y aprobada previamente por el Senado con 65 votos a favor y 30 en contra.
Mario Calzada reiteró que México debe proteger sus sectores estratégicos, pero consideró que cualquier decisión debe ser previsible, proporcional y susceptible de revisión jurídica.
“México necesita inversión para crecer y generar empleos, pero para atraer capital extranjero es indispensable ofrecer reglas claras y certeza jurídica”, afirmó.
El reto será la aplicación
La eficacia de la reforma dependerá de las disposiciones secundarias y de la manera en que la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras justifique sus resoluciones.
Entre los asuntos pendientes se encuentran el monto de activos que activará la revisión, los criterios para determinar cuándo una operación amenaza la seguridad nacional y las condiciones que podrán imponerse antes de autorizar una inversión.
También será relevante conocer los mecanismos de transparencia, los plazos efectivos de respuesta y las vías disponibles para que las empresas impugnen una resolución.
El debate continuará después de la publicación del decreto, cuando las autoridades definan los criterios que permitirán medir si el nuevo régimen protege los intereses estratégicos del país sin desalentar inversiones legítimas ni afectar la competencia.