La bancada panista informó que presentó una denuncia por seis posibles delitos federales y reclamó un proceso transparente para elegir la nueva presidencia electoral. La acusación no implica responsabilidad penal y deberá ser investigada por las autoridades competentes.
Santiago de Querétaro, Qro., 29 de octubre de 2026.— El Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional en Querétaro exigió investigar la gestión de Guadalupe Taddei Zavala al frente del Instituto Nacional Electoral y anunció la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General de la República por presuntas irregularidades en contrataciones públicas.
La bancada también demandó que la persona que concluya el periodo vacante en la presidencia del INE tenga independencia partidista, experiencia técnica, trayectoria pública sin cuestionamientos y capacidad para recuperar la confianza en el organismo electoral.
El posicionamiento ocurre después de que Taddei presentó su renuncia ante la Cámara de Diputados, en medio de señalamientos periodísticos y revisiones sobre posibles conflictos de interés, concentración de contratos y vínculos entre funcionarios del Instituto y empresas proveedoras.
Las acusaciones todavía deben ser acreditadas. La renuncia no equivale a una declaración de culpabilidad y la presentación de una denuncia tampoco demuestra la comisión de los delitos señalados por el PAN.
PAN anuncia denuncia por seis posibles delitos
El diputado Mauricio Cárdenas Palacios afirmó que Acción Nacional presentó una denuncia ante la FGR por posibles conductas constitutivas de uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones, cohecho, peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
Hasta la publicación de esta nota, la Fiscalía no había informado públicamente si abrió una carpeta de investigación, qué personas fueron denunciadas ni cuáles son los hechos y contratos concretos incluidos en el expediente.
Cárdenas sostuvo que la dimisión de Taddei no debe impedir que continúen las investigaciones administrativas o penales que resulten procedentes.
“Su renuncia no borra los hechos y no es una salida para no responder”, expresó el legislador, quien responsabilizó políticamente a Morena por el ascenso de la exconsejera presidenta.
El diputado Luis Gerardo Ángeles Herrera señaló que el problema no consiste únicamente en la identidad de los proveedores, sino en la manera en que fueron adjudicados los contratos, las condiciones de competencia y la posible existencia de conflictos de interés.
Guillermo Vega Guerrero, coordinador de la bancada, sostuvo que su partido mantiene su confianza en la estructura profesional del INE, pero no en los funcionarios relacionados con las contrataciones cuestionadas.
Taddei fue elegida mediante sorteo, no por una votación de Morena
Aunque la bancada aseguró que Morena “puso” a Taddei y votó públicamente por ella, el procedimiento de 2023 concluyó de manera distinta.
La Cámara de Diputados no alcanzó la mayoría calificada necesaria para designar por acuerdo político a las cuatro nuevas consejerías. Ante la falta de consenso, se aplicó el mecanismo de insaculación previsto en el artículo 41 constitucional.
Guadalupe Taddei fue seleccionada al azar entre una quinteta previamente integrada por el Comité Técnico de Evaluación. Por tanto, no fue electa mediante una votación pública en la que Morena le otorgara directamente el cargo, aunque distintos actores de oposición sí cuestionaron desde entonces la cercanía de algunos perfiles finalistas con el oficialismo.
Esta precisión no elimina la responsabilidad de investigar las contrataciones señaladas, pero distingue el procedimiento constitucional de designación de la disputa política sobre sus vínculos y desempeño.
Blanca Cruz asume provisionalmente
Tras la salida de Taddei, el Consejo General del INE nombró por unanimidad a Blanca Yassahara Cruz García como presidenta provisional.
Cruz García permanecerá en el cargo mientras la Cámara de Diputados desarrolla el procedimiento constitucional para elegir a la persona que concluirá el periodo pendiente de la presidencia. El Instituto aseguró que la designación garantiza la continuidad de la organización del proceso electoral 2026-2027.
Durante la sesión extraordinaria, integrantes del Consejo General reconocieron que el organismo enfrenta una situación delicada y plantearon revisar la actuación de funcionarios que pudieran estar involucrados en irregularidades, además de colaborar con las instancias de auditoría e investigación.
La presidenta provisional prometió recuperar la conducción colegiada del Instituto y subrayó que el INE no debe depender de una sola voluntad.
¿Cómo será elegido el relevo definitivo?
La designación no corresponde al Congreso de Querétaro ni a los partidos estatales. Es una facultad de la Cámara de Diputados federal.
El procedimiento debe incluir una convocatoria pública, la integración de un Comité Técnico de Evaluación y la revisión de los conocimientos, experiencia e idoneidad de las personas aspirantes.
Posteriormente, la Cámara deberá intentar una designación mediante el voto de las dos terceras partes de las y los diputados presentes. Si no se alcanza esa mayoría, la Constitución contempla nuevamente la insaculación entre los perfiles finalistas.
La exigencia panista de nombrar a una persona “apartidista y con calidad moral” constituye una posición política. Jurídicamente, el proceso deberá apegarse a los requisitos constitucionales y garantizar los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.
Una crisis en pleno proceso electoral
El relevo ocurre cuando el INE ya organiza las elecciones federales y locales de 2027. La institución deberá atender simultáneamente la preparación de los comicios, las revisiones administrativas y el proceso para elegir una presidencia definitiva.
La fortaleza del organismo no depende únicamente de quien ocupe su presidencia. También descansa en su Consejo General, órganos colegiados, juntas locales y distritales, así como en miles de integrantes del Servicio Profesional Electoral Nacional.
La denuncia anunciada por el PAN deberá seguir su curso sin prejuzgar responsabilidades. En paralelo, la Cámara de Diputados tendrá que construir un proceso de designación que permita conocer los perfiles, criterios de evaluación, posibles conflictos de interés y razones de la decisión final.
La transparencia que ahora exigen las fuerzas políticas también deberá aplicarse a sus propias negociaciones dentro de la Cámara, pues serán los partidos nacionales los responsables de alcanzar —o impedir— la mayoría necesaria para nombrar a la nueva presidencia del árbitro electoral.