Querétaro, una región semidesértica y en plena sequía, se ha convertido en uno de los principales receptores de inversión para la construcción de centros de datos en Latinoamérica. En menos de seis años, el municipio de Colón y sus alrededores pasaron de ser una zona agrícola y ganadera a lo que el propio gobierno estatal llama el “valle de los centros de datos” .
¿Hay algún estudio o plan público que demuestre que los beneficios económicos de instalar y operar centros de datos superan sus costos ambientales, como el consumo de agua y energía?
Para escribir este artículo consulté la información sustentada en evidencia verificable para tratar de responder las siguientes preguntas: ¿Cuántos recursos monetarios se han invertido? ¿Qué pasa con el agua y la electricidad necesarias para su funcionamiento? ¿Qué beneficios han recibido las comunidades vecinas? ¿Qué información sigue sin hacerse pública? Me apoyé en reportajes de investigación, documentos oficiales y declaraciones, e identifiqué con claridad dónde terminan los datos reales y empiezan las estimaciones.
La respuesta corta es que no. En esta revisión no encontré ningún estudio, plan o evaluación pública —ni del gobierno federal ni del estatal ni de un organismo independiente— que compare los beneficios económicos de esta industria con lo que cuesta en agua y energía. Lo que existe, de un lado, son anuncios de inversión, proyecciones de la propia industria y promesas de empleo; del otro, un vacío de información que, como se verá, no es accidental.
¿Cuánto se ha invertido y quién mide el retorno?
El auge comenzó en 2020, cuando Microsoft anunció una inversión de 1,100 millones de dólares para instalar en México su primera región de nube. Desde 2022, Querétaro ha recibido unos 12 mil millones de dólares de empresas como Microsoft, Google y Amazon, según la investigación de Diana Baptista y Fintan McDonnell para Context, el medio de la Fundación Thomson Reuters 2; Expansión calcula 15 mil millones acumulados desde 2015. El proyecto más grande anunciado es el de CloudHQ: 4,800 millones de dólares para seis centros. Fue presentado el 25 de septiembre de 2025 en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum . Según la Asociación Mexicana de Centros de Datos (MexDC), Querétaro concentra el 72% de la capacidad instalada de estos centros en el país .
A las ventajas de ubicación —como la cercanía con la Ciudad de México, la seguridad y el bajo riesgo sísmico— se sumó una decisión política: el gobernador Mauricio Kuri y su secretario de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete, encabezaron la atracción de estas inversiones con incentivos y trámites acelerados
Ahora bien, una cifra de inversión no equivale a un beneficio neto. Las proyecciones sobre el aporte económico que circulan en México provienen casi en su totalidad de la MexDC, el organismo que agrupa a las empresas del sector. En 2024 anunció inversiones directas por 9,192 millones de dólares en cinco años y unos 13,000 empleos directos ; en 2025 proyectó que la industria aportaría el 5.2% del PIB nacional hacia 2029 . Ninguna de las notas que difundieron esas cifras describe la metodología, los supuestos ni las fuentes con las que se calcularon. Tampoco el Banco de México cuantifica ese aporte: en su más reciente Reporte sobre las Economías Regionales, los centros de datos de Querétaro y Guanajuato aparecen solo como fuente de actividad para la construcción y de demanda de materiales, sin estimación alguna de empleo ni de impacto en la producción.
Del lado de los costos públicos, la contabilidad es todavía más difusa. La investigación de N+ Focus, publicada dentro de la alianza regional coordinada por Agencia Pública, documentó que en 2024 CloudHQ recibió 50 hectáreas mediante un fideicomiso con el gobierno de Querétaro, en el que la empresa aportó apenas 1,000 pesos. A ello se suman la exención de presentar una manifestación de impacto ambiental y la exención del impuesto estatal a las emisiones y, según el informe La huella que dejan las nubes, de Oxfam México, recursos públicos destinados a reforzar la red eléctrica estatal. No existe un documento público que sume cuánto ha dejado de cobrar o ha invertido el Estado para atraer a esta industria.
¿Qué pasa con el agua?
El dato más sólido disponible proviene de registros de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). En 2023, Microsoft obtuvo una concesión para extraer 25 millones de litros anuales del subsuelo, destinados a una sola de sus dos unidades en Colón. Ese volumen equivale al 24% del agua asignada al municipio para uso público urbano proveniente de manantiales de la región. CONAGUA precisó que no otorgó una concesión nueva: Microsoft la compró legalmente a otro titular.
El agua proviene del acuífero Valle de San Juan del Río, que, según el propio análisis de CONAGUA, tiene un déficit de casi 56,900 millones de litros anuales y carece de disponibilidad para nuevas concesiones. Es decir, se extrae más de lo que se recarga. Entre 2024 y 2025, más del 94% del territorio estatal estuvo en sequía extrema, de acuerdo con Oxfam México, y, entre abril y julio de 2024, la sequía en la zona de Colón fue clasificada oficialmente como excepcional, el nivel más alto.
En las comunidades, el efecto es cotidiano. En Viborillas, rodeada de centros de datos, algunos vecinos reciben agua tres días por semana y otros han pasado hasta un mes sin ella. «A veces llega agua, a veces no, y a veces llega sucia», relató a Context el ama de casa Rita Zeferino. En La Esperanza, a menos de un kilómetro del complejo de Microsoft, la investigación de Daniela Dib y Pablo Jiménez Arandia para El País, apoyada por el Pulitzer Center, documentó periodos de hasta quince días sin servicio.
Las empresas sostienen que su consumo es bajo. Microsoft afirmó en 2024 que sus instalaciones en Querétaro solo usarían agua para enfriamiento durante menos del 5% del año; sin embargo, su propia ficha informativa de octubre de 2025 habla de menos del 15% del año y precisa que sus centros usan enfriamiento evaporativo directo Amazon Web Services dice haber elegido enfriamiento por aire, y su vicepresidenta, Paula Bellizia, reconoció ante Expansión que Querétaro es una zona con estrés hídrico. ODATA reporta una eficiencia de 0.2 litros por kilowatt-hora. La industria, a través de la MexDC, asegura estar «blindada por la tecnología».
El problema es que ninguna de estas cifras puede verificarse de forma independiente. Ni las empresas ni el gobierno estatal respondieron a las solicitudes de Context sobre cuánta agua usarían. Cuando se le preguntó cuánta agua se asigna a los centros de datos del estado, Del Prete respondió que no tiene el dato porque solicitarlo no está entre sus facultades, y comparó su consumo con el de un restaurante en un mes. Según CONAGUA, fuera de la concesión de Microsoft, el agua de los demás centros proviene de infraestructura estatal o de concesiones ya otorgadas a los parques industriales, lo que la vuelve aún más difícil de rastrear.
Conviene una precisión: la escasez en Querétaro es anterior a los centros de datos y tiene otras causas, como lluvias irregulares, deforestación, urbanización e industrias intensivas en agua. Los centros de datos no la crearon. Lo que sí hacen es sumar una demanda nueva y opaca sobre un acuífero que ya está sobreexplotado.
¿Y la electricidad?
En materia eléctrica, la advertencia vino del propio Estado. Documentos de 2023 del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), revisados por N+ Focus, señalan que la demanda máxima en Querétaro, sumada a las nuevas solicitudes de conexión, ya superaba la capacidad instalada. El mismo informe prevé que, para 2028, la operación de los centros de datos a su máxima capacidad cause sobrecargas en la red de 115 kilovolts de Querétaro, San Juan del Río y San Luis de la Paz, y contempla gastar 3 mil millones de pesos para evitarlo. El Cenace registró, además, más de 300 fallas eléctricas en el país entre 2021 y 2023, la mayoría en Querétaro y Guanajuato.
La MexDC estima 279 megawatts instalados en centros de datos en México 6 y prevé necesitar 1.5 gigawatts hacia 2030; según Context, esa cifra equivale al 5% de toda la nueva capacidad que el país planea construir para ese año 18, 19. Solo el campus de CloudHQ proyecta una carga de 900 megawatts, comparable, según Oxfam, con el consumo anual de unos 2.6 millones de hogares 13. Algunos centros en Querétaro llevan dos años esperando conexión a la red, y, mientras tanto, se recurre a combustibles fósiles: un informe ambiental de Microsoft revisado por Context indica que uno de sus centros usa siete generadores de gas natural, con 10.5 megawatts, mientras espera una conexión que no estaría lista antes de 2027. La empresa sostiene que, en México, su fuente principal es la red y que solo usa generadores en emergencias.
En las comunidades, la percepción es clara. El taxista Félix Farfán, de Ajuchitlán, contó a Context que, desde que comenzó a operar un centro cerca de su casa en 2024, los cortes son más frecuentes y su recibo mensual pasó de 800 a 1,200 pesos en un año. En agosto de 2026, Expansión publicó el caso de una tortillería de Colón afectada por cortes que los vecinos atribuyen a los centros de Ascenty y Microsoft.
Aquí también importa la otra versión. Del Prete atribuye los apagones a una infraestructura eléctrica insuficiente, no a los centros de datos; el gobernador Kuri rechazó que exista un déficit energético causado por ellos, y la MexDC y especialistas consultados por Expansión coinciden. No existe un estudio público que establezca una relación causal directa entre los cortes de luz en Colón y los centros de datos. Lo que sí está documentado por el Cenace es que la red de la región ya operaba al límite y que esta industria añade una de las demandas de mayor crecimiento.
¿Qué beneficios han recibido las comunidades vecinas?
La justificación pública del auge fue el desarrollo. Cuando Microsoft anunció su inversión, aseguró que ayudaría a crear unos 300 mil empleos en diversas industrias; sin embargo, sus propias cifras de 2025 reportan 64 personas trabajando en su centro de datos en operación en México. La empresa prevé más de 2,200 empleos durante el pico de construcción de sus dos nuevas instalaciones, pero se trata de puestos temporales. CloudHQ prometió 900 empleos permanentes para un proyecto de 4,800 millones de dólares. La investigación de Oxfam México estima que, una vez terminada la obra, un centro de datos promedio opera con unas 200 plazas, y que los puestos de alta calificación no suelen estar en el sitio.
La propia presidenta lo resumió el 18 de agosto de 2026: los centros de datos «generan mucho crecimiento económico pero muy poco empleo, mucho consumo de recursos naturales».
En las comunidades, el saldo es escaso. Vecinos entrevistados por Context señalan que la mayoría de los empleos fueron temporales, vinculados a la construcción, o permanentes, pero de bajo nivel, como seguridad y limpieza; los caminos siguen mayormente sin pavimentar, con alumbrado y drenaje deficientes. Oxfam recogió además testimonios de presiones para vender parcelas por debajo de su valor.
El caso más ilustrativo es el programa comunitario anunciado en 2022 con ONU-Hábitat: 3.9 millones de dólares para 21 proyectos en Colón y El Marqués. Cuando Context visitó los sitios, a finales de 2025, solo dos estaban terminados. En La Esperanza, junto al centro de datos de Microsoft, quedan un gimnasio al aire libre abandonado y una cancha de futbol descuidada que debían rehabilitarse. Ni Microsoft ni ONU-Hábitat respondieron a las preguntas del medio; la empresa sí construyó una escuela móvil y afirma haber capacitado a 1,200 personas en alfabetización digital.
La investigadora Mariana Lorena García Estrada calificó este patrón como una forma de extractivismo: las empresas preguntan a las comunidades qué necesitan, lo registran en un informe y luego no actúan. La activista Teresa Roldán, del colectivo Voceras de la Madre Tierra, sostiene que varios centros se levantaron en terrenos antes destinados a la recarga del acuífero, la agricultura o la ganadería, que daban sustento a muchas familias; su activismo le ha valido amenazas de muerte y acoso en línea, según Context. En respuesta, la organización vecinal crece: en Viborillas, mujeres del Movimiento Antorchista exigen información sobre el uso industrial del agua, y, en febrero de 2026, en Urecho, Colón, un encuentro apoyado por el Pulitzer Center reunió a vecinos para discutir cómo ha cambiado su territorio.
¿Qué información sigue sin hacerse pública?
Si el debate sobre Querétaro parece una disputa entre versiones, es porque falta la información que permitiría resolverlo. Esa ausencia tiene su origen en decisiones administrativas.
La mayoría de los centros de datos del estado opera dentro de parques industriales, lo que los exime de presentar una manifestación de impacto ambiental, el documento que normalmente detalla el agua y la energía que requerirá una obra. Del Prete explicó a Context que los centros de datos no se clasifican como industria, sino como prestadores de servicios que no procesan insumos ni generan emisiones directas; un documento de 2022 de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu) eximió, por esa razón, a un centro de Microsoft de presentar dicho estudio. El mismo criterio los libera del impuesto estatal a las emisiones de carbono, vigente desde 2021. Hoy no existe en México ninguna ley local o federal que regule los requisitos ambientales específicos de esta industria.
La interpretación es cuestionable desde el punto de vista jurídico. La abogada Lorenia Trueba, de Voceras de la Madre Tierra, sostiene que el código ambiental del estado exige la presentación de una manifestación de impacto ambiental ante cualquier actividad que pueda causar un efecto en el medio ambiente, y que Querétaro está obligado por criterios de la Suprema Corte y por el Acuerdo de Escazú, que reconoce el derecho de las comunidades a acceder a información ambiental. Las solicitudes de información presentadas por colectivos locales para saber cuánta agua se asigna a los centros de datos no han tenido respuesta. «Estamos en un mar de incertidumbre», resumió la exrectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, Teresa García Gasca.
El vacío también es legislativo. En abril de 2026, el diputado local Eric Silva Hernández señaló que Querétaro no tiene una ley de aguas propiamente dicha, sino una ley de prestación de servicios, y presentó una iniciativa para proteger los acuíferos y las zonas de recarga. El 6 de octubre de 2026, Voceras de la Madre Tierra pidió al gobernador suspender de manera precautoria las autorizaciones para nuevos centros de datos, crear una instancia interinstitucional de coordinación y publicar un inventario de los proyectos en trámite y en construcción.
Días después llegó el primer movimiento oficial. La Sedesu reconoció que el estado no tenía obligación de medir directamente el consumo de agua de los centros de datos y anunció que lo hará mediante la Cédula de Operación Anual, en coordinación con la propia asociación de la industria: una primera etapa voluntaria y una prueba piloto en 2026, y la publicación de datos a partir de 2027. El sistema medirá y reportará el consumo, pero no asignará volúmenes, una facultad que corresponde a CONAGUA. Es un primer paso, aunque llega cuando la mayoría de los centros ya está construida, se diseña junto con la industria que será medida y, en su arranque, depende de la voluntad de las empresas.
Balance: ¿superan los beneficios a los costos?
Con la información disponible, la pregunta que guía este artículo no puede responderse con un sí. No porque un estudio haya demostrado lo contrario, sino porque nadie ha hecho públicamente esa cuenta. Del lado de los beneficios, hay anuncios de inversión y proyecciones de la industria sin metodología conocida; del lado de los costos, no hay medición del agua hasta 2027, no hay manifestaciones de impacto ambiental ni un recuento de los incentivos otorgados. El informe de Oxfam, basado en trabajo de campo, concluye que los costos se socializan y los beneficios se privatizan, pero tampoco es un análisis cuantitativo de costo-beneficio. La propia presidenta Sheinbaum admitió que estos centros deben instalarse «con una planeación» y que «no necesariamente México debe ser el centro de datos de otros lugares del mundo», lo que equivale a reconocer que esa planeación no estaba hecha cuando se otorgaron los permisos.
Lo visto hasta ahora es apenas la primera fase. La industria proyecta cien centros de datos en México hacia 2030, al menos la mitad en Querétaro y el centro del país. Su demanda eléctrica pasaría de cerca de 280 megawatts a 1.5 gigawatts, en un país donde el 77% de la electricidad se generó con combustibles fósiles en 2024. Todo ello sobre un acuífero en déficit y una red que el Cenace ya prevé sobrecargada en 2028.
Hay beneficios reales: inversión extranjera, infraestructura digital que el país necesita y, en algunos casos, aportes a la red. CloudHQ, por ejemplo, anunció 250 millones de dólares para la infraestructura eléctrica de su campus. Pero, para las comunidades vecinas, esos beneficios son modestos: pocos empleos permanentes, programas sociales inconclusos y exenciones ambientales y fiscales. Los costos, en cambio, recaen sobre ellas: competencia por un agua escasa, una red bajo presión y la imposibilidad de saber con certeza cuánto consume esta industria.
La pregunta, entonces, no es si México debe tener centros de datos, sino en qué condiciones. La evidencia de Querétaro sugiere al menos seis:
1. Un análisis costo-beneficio público e independiente, que incluya agua, energía, incentivos fiscales y empleo efectivo, como requisito previo para autorizar nuevos proyectos.
2. Manifestación de impacto ambiental obligatoria para todo centro de datos, esté o no dentro de un parque industrial.
3. Publicación obligatoria, y no voluntaria, de concesiones y volúmenes de agua consumidos por cada instalación, en línea con el Acuerdo de Escazú.
4. Uso prioritario de agua tratada y de sistemas cerrados o por aire en zonas con acuíferos sobreexplotados.
5. Costo de la red a cargo de quien la satura, con compromisos de energía limpia y plazos verificables.
6. Compromisos comunitarios exigibles, con seguimiento público de su cumplimiento.
Sin estas reglas, Querétaro seguirá ofreciendo al mundo una nube barata, cuyo verdadero costo no aparece en ninguna factura, salvo en la de quienes viven a su lado.
