La Secretaría Anticorrupción vinculó seis empresas con los hermanos Hernández Casillas y señaló una posible simulación de competencia. Claudia Sheinbaum ubicó el crecimiento del grupo durante la presidencia de Lorenzo Córdova en el INE; el exconsejero rechazó cualquier responsabilidad. La ASF deberá determinar si existieron irregularidades y daño al erario.
Ciudad de México, 5 de noviembre de 2026.— El Gobierno federal abrió un nuevo frente en la disputa por las contrataciones electorales: una investigación elaborada con fuentes públicas identificó que empresas vinculadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas recibieron contratos por al menos 2 mil 740.3 millones de pesos de organismos electorales estatales entre 2015 y 2025.
La información fue presentada por la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, quien describió una estructura empresarial con décadas de presencia en el mercado electoral y un posible esquema para simular competencia en procedimientos de contratación.
El señalamiento todavía deberá ser corroborado mediante auditorías y, en su caso, investigaciones administrativas o penales. La revisión gubernamental se realizó con registros de la Plataforma Nacional de Transparencia, CompraNet y otras fuentes abiertas, por lo que sus conclusiones no equivalen todavía a una sentencia ni a una resolución firme de responsabilidad.
Contratos millonarios repartidos entre los OPLE
Según las cifras presentadas, entre 2015 y 2023 compañías relacionadas con los hermanos Hernández Casillas obtuvieron contratos por 2 mil 94 millones de pesos en 23 de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
La contratación continuó durante 2024 y 2025, cuando el mismo grupo empresarial recibió otros 646.3 millones de pesos provenientes de 15 organismos estatales. La suma acumulada durante ambos periodos alcanza los 2 mil 740.3 millones.
Entre las compañías identificadas aparecen Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Seriplast de México, Corporativo ZEG y Formas Finas Fernando Fernández, además de otras sociedades que habrían participado en el suministro de urnas, mamparas y distintos materiales electorales.
La hipótesis de la Secretaría Anticorrupción sostiene que empresas relacionadas entre sí concurrían en un mismo procedimiento y aparentaban competir, aunque presuntamente coordinaban precios y condiciones para dejar como beneficiaria a alguna integrante del mismo grupo.
Las cantidades expuestas son preliminares y podrían modificarse conforme avance la fiscalización, debido a que no todos los contratos históricos se encuentran disponibles en las plataformas públicas.
Una ruta que comenzó en Gobernación
El rastreo gubernamental llevó los antecedentes del grupo hasta la década de 1980, cuando los hermanos Hernández Casillas trabajaron en el Registro Nacional de Población y, posteriormente, en el entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional.
Ambos estuvieron vinculados laboralmente con Juan Carlos Padilla Aguilar, exfuncionario de Gobernación que años después ocupó posiciones en el Estado de México. En 1988 fue constituida Cartonera Plástica y en 1992 apareció Formas Finas Fernando Fernández.
Cartonera Plástica comenzó a participar como proveedora electoral en el Estado de México desde 1999. En 2005 obtuvo un contrato por 63.7 millones de pesos del instituto electoral mexiquense, operación rodeada entonces por denuncias de irregularidades y presuntos sobornos que derivaron en la renuncia de siete consejeros estatales.
Posteriormente, el grupo diversificó sus empresas y extendió sus contratos hacia organismos electorales de Jalisco, Tabasco, Guerrero, Quintana Roo, Zacatecas, Hidalgo y otras entidades.
Sheinbaum dirige los cuestionamientos hacia la gestión de Córdova
La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que la expansión de estas compañías ocurrió principalmente entre 2014 y 2023, periodo en el que Lorenzo Córdova presidió el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
La mandataria también relacionó políticamente a antiguos funcionarios electorales con Somos México. La propia organización confirma que Córdova forma parte de su Consejo Consultivo, que Edmundo Jacobo Molina dirige su Centro de Formación y Profesionalización Política y que Marco Antonio Baños participa en su representación ante el INE. Sin embargo, su estructura oficial ubica la presidencia del partido en Guadalupe Acosta Naranjo y no en Córdova.
La reforma electoral de 2014 otorgó al Consejo General del INE la facultad de designar a las consejerías de los OPLE. No obstante, las contrataciones cuestionadas fueron realizadas por esos organismos estatales. El nombramiento de sus integrantes, por sí mismo, no acredita que la presidencia del INE ordenara o interviniera en cada adjudicación.
Esa conexión deberá sustentarse con expedientes, comunicaciones, decisiones administrativas o flujos financieros que permitan pasar de una coincidencia temporal y política a una responsabilidad comprobable.
Córdova rechaza responsabilidad
Lorenzo Córdova negó haber beneficiado a las empresas investigadas y aseguró que durante su administración únicamente recibieron tres contratos directamente del INE: uno por 40 mil pesos, otro por 87 mil y uno más por 400 mil pesos.
El exconsejero afirmó que su gestión fue fiscalizada por la Auditoría Superior de la Federación sin que se acreditaran irregularidades relacionadas con esas operaciones. También responsabilizó al Órgano Interno de Control de haber presionado para que determinados materiales fueran licitados en el mercado, en lugar de producirse mediante Talleres Gráficos de México.
Auditorías deberán convertir acusaciones en pruebas
Sheinbaum aclaró que la investigación histórica tampoco exime a Guadalupe Taddei ni a cualquier funcionario que hubiera participado en operaciones ilegales. Señaló que corresponde a la Auditoría Superior de la Federación revisar los contratos y, si encuentra elementos, presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República o solicitar la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera.
La Presidenta anunció además que propondrá un decreto para reforzar el Consejo de Administración de Talleres Gráficos de México, incorporar dependencias federales, instituciones académicas y a la ASF como observadora, con la intención de que una mayor proporción del material electoral sea fabricada por la empresa estatal.
El caso entra ahora en su etapa decisiva. El Gobierno ha colocado sobre la mesa nombres, empresas, fechas y 2 mil 740 millones de pesos en contrataciones; falta que los órganos fiscalizadores determinen si existió colusión, sobreprecio, conflicto de interés o daño al erario, quién tomó las decisiones y qué responsabilidades corresponden.
Sin ese paso, el expediente permanecerá como una acusación política respaldada por indicios documentales. Con auditorías, pruebas financieras y resoluciones firmes, podría convertirse en uno de los mayores casos de concentración empresarial dentro del mercado electoral mexicano.
