La nueva legislación fue aprobada con 25 votos y coloca a peatones, personas con discapacidad y ciclistas por encima del automóvil; su efectividad dependerá ahora de presupuesto, reglamentos e infraestructura
Santiago de Querétaro, Qro., 14 de noviembre de 2026.— Después de más de cuatro años de retraso, el Congreso de Querétaro aprobó por unanimidad la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, que sustituirá el enfoque tradicional centrado en el tránsito vehicular por un modelo que reconoce la movilidad como derecho humano y prioriza a las personas más vulnerables en las calles.
El diputado Enrique Correa Sada aseguró que las 266 observaciones que presentó al proyecto fueron atendidas y solventadas antes de la votación. El legislador sostuvo que su insistencia en revisar el dictamen buscaba evitar contradicciones y garantizar que la nueva legislación fuera jurídicamente viable.
La afirmación deberá comprobarse mediante la comparación entre el documento de observaciones presentado por Correa y el texto definitivo aprobado. Hasta ahora no se ha difundido una matriz pública que permita conocer cuáles fueron los 266 señalamientos, qué redacción fue modificada y cuáles aportaciones quedaron incorporadas.
Peatones y ciclistas tendrán prioridad
La nueva legislación establece una jerarquía de movilidad que coloca en primer lugar a las personas peatonas, particularmente aquellas con discapacidad o movilidad limitada. Posteriormente se ubican ciclistas, usuarios del transporte público, vehículos de carga y, al final, automóviles particulares.
También contempla:
- Límites de velocidad diferenciados según el tipo de vialidad.
- Un sistema de licencias de conducir por puntos.
- Regulación para scooters y otros dispositivos eléctricos.
- Estudios de impacto vial para desarrollos inmobiliarios y obras.
- Criterios de accesibilidad universal y perspectiva de género.
- Fomento gradual de ciclovías y biciestacionamientos.
- Educación y prevención de siniestros viales.
- Coordinación entre el estado, municipios y zonas metropolitanas.
- Participación ciudadana en la planeación de la movilidad.
El dictamen aprobado abroga la Ley de Tránsito estatal y expide un nuevo ordenamiento orientado a reducir muertes y lesiones graves mediante el enfoque de sistemas seguros. Así lo establece la Gaceta Legislativa que contiene el proyecto aprobado.
Las 266 observaciones también generaron confrontación
Correa presentó sus observaciones después de detectar, según explicó, errores de redacción, duplicidades, contradicciones y disposiciones que podían generar problemas durante la aplicación.
El legislador señaló ante el Pleno que revisar y corregir una ley no constituye un obstáculo, sino una obligación parlamentaria. Desde su perspectiva, las observaciones fortalecieron el proyecto y permitieron alcanzar un acuerdo unánime.
Sin embargo, organizaciones integrantes de la Coalición Movilidad Segura cuestionaron previamente su actuación. Los colectivos lo acusaron de retrasar la dictaminación y afirmaron que varios señalamientos no incluían propuestas concretas de redacción para resolver las deficiencias identificadas.
La aprobación unánime cerró temporalmente la confrontación legislativa, pero no permite atribuir la ley a un solo diputado o fuerza política. El proyecto reunió iniciativas, observaciones técnicas y aportaciones de colectivos ciclistas, especialistas, personas con discapacidad y organizaciones dedicadas a la seguridad vial.
Correa reconoció esa construcción colectiva y afirmó que las buenas leyes no pertenecen a los partidos ni a quienes ocupan una curul.
El mayor reto comienza después de la votación
La aprobación no significa que todas sus disposiciones comenzarán a aplicarse inmediatamente. La ley deberá ser promulgada y publicada en el periódico oficial La Sombra de Arteaga. Posteriormente tendrán que adecuarse reglamentos municipales, sistemas administrativos, protocolos de actuación y criterios para aplicar sanciones.
El sistema de licencias por puntos, por ejemplo, requerirá reglas que establezcan cuántos puntos se descontarán por cada infracción, cómo podrán recuperarse y qué mecanismos existirán para impugnar decisiones.
La regulación de scooters eléctricos también necesitará definiciones técnicas que permitan distinguirlos de bicicletas asistidas, motocicletas y otros vehículos. Sin normas claras, el reconocimiento legal puede derivar en criterios distintos entre municipios.
Los ayuntamientos tendrán que traducir la jerarquía de movilidad en decisiones presupuestales: banquetas accesibles, cruces seguros, iluminación, ciclovías conectadas, transporte público funcional y reducción de riesgos en zonas escolares y hospitalarias.
Correa reconoció que el verdadero examen será la implementación y no la aprobación. El resultado deberá medirse en indicadores verificables: reducción de fallecimientos y lesiones, mejores tiempos de traslado, mayor accesibilidad y calles seguras para quienes no utilizan automóvil.
Querétaro ya cuenta con un nuevo marco legal. Ahora deberá demostrar que no será otra legislación avanzada en el papel, pero abandonada en el presupuesto y en las calles.