El Coordinador de los Comités de la 4T en conferencia de prensa en el Congreso de Querétaro

Un contrato supera todo el presupuesto de Arroyo Seco: Santiago Nieto acusa despilfarro

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El dirigente morenista contrastó los 213 millones de pesos destinados a cuadernillos infantiles en la capital con los recursos anuales de municipios serranos. También alertó sobre un aumento de la extorsión contra negocios, aunque no precisó la fuente de sus cifras.

Santiago de Querétaro, Qro., 17 de noviembre de 2026.— Un solo contrato del municipio de Querétaro costaría más que todo el presupuesto anual de Arroyo Seco. Con esa comparación, Santiago Nieto Castillo acusó a las administraciones panistas de privilegiar gastos cuestionables mientras la Sierra Gorda y el Semidesierto enfrentan carencias de infraestructura, servicios y recursos para obra pública.

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Durante una conferencia en la Legislatura estatal, el coordinador de los Comités de la Transformación en Querétaro colocó en el centro de sus señalamientos un contrato por 213 millones de pesos para la elaboración de cuadernillos infantiles en la capital.

Según las cifras expuestas por Nieto, ese contrato supera los 203 millones de pesos asignados anualmente a Arroyo Seco; se aproxima a los 230 millones de Peñamiller y equivale a casi dos terceras partes de los aproximadamente 330 millones que recibirían Jalpan de Serra y Ezequiel Montes.

La comparación busca exhibir algo más profundo que una diferencia contable: la distancia entre el gasto concentrado en la zona metropolitana y la capacidad financiera de municipios que todavía arrastran rezagos elementales.

Nieto señaló que Peñamiller consume 77 por ciento de su presupuesto en gasto corriente y destina apenas 17 por ciento a obra pública. Bajo esa estructura, sostuvo, resulta prácticamente imposible renovar infraestructura que acumula más de cuatro décadas sin mantenimiento adecuado.

El morenista también afirmó que algunas obras ejecutadas por el Gobierno estatal llegan a costar hasta tres veces más que si fueran desarrolladas directamente por los ayuntamientos. Anunció que exigirá una redistribución presupuestal que entregue mayores recursos y capacidad de ejecución a los municipios.

Sin embargo, el boletín no incorpora contratos, auditorías ni comparativos técnicos que permitan corroborar de manera independiente el supuesto sobrecosto de las obras. Tampoco identifica proyectos específicos, empresas contratadas o procedimientos de adjudicación. Las afirmaciones, por tanto, corresponden a la denuncia política formulada por Nieto y requieren documentación pública para convertirse en hallazgos comprobados.

Como contrapunto, el dirigente destacó los resultados de la política social federal y aseguró que un informe del Banco Mundial reconoce que 17.3 millones de personas salieron de la pobreza entre 2018 y 2026. Atribuyó el resultado al incremento del salario mínimo, los programas sociales y el respaldo a pequeñas y medianas empresas.

En el frente de seguridad, Nieto introdujo otro dato de alto impacto: afirmó que la extorsión afecta al 38 por ciento de las unidades económicas de Querétaro y que el fenómeno habría crecido 11 por ciento. No obstante, en la información difundida no se identifica la encuesta, periodo, metodología o institución de la que proceden ambos porcentajes.

Frente a ese escenario, propuso una coordinación tecnológica y operativa con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal para bloquear llamadas de extorsión, además de auditar cuentas públicas y revisar los contratos que ha señalado.

La ofensiva discursiva ocurre mientras Morena intensifica su presencia territorial rumbo a 2027. Nieto aseguró haber reunido a más de mil personas durante encuentros en San Joaquín, Jalpan de Serra, Peñamiller y Ezequiel Montes, y presentó esas concentraciones como evidencia del respaldo a su proyecto.

El desafío para el dirigente será sostener sus acusaciones con expedientes verificables. Las comparaciones presupuestales ofrecen una imagen políticamente poderosa; demostrar posibles irregularidades, sobrecostos o responsabilidades administrativas exige contratos completos, auditorías y resoluciones de las autoridades fiscalizadoras.

RL
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