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Retrato de una tortura celebrada en San Juan del Río

Hay violencias que se esconden.
Otras se justifican.
Y algunas, las más perturbadoras, se celebran con boleto, aplauso y fotografía oficial.

En San Juan del Río, en el marco de su feria tradicional, una corrida de toros volvió a abrir una pregunta que incomoda porque no se resuelve con nostalgia, folclor ni economía: ¿qué clase de sociedad somos cuando llamamos tradición al sufrimiento de un ser sintiente?

El debate no es nuevo, pero el momento sí lo vuelve urgente. Mientras el país vive una Copa del Mundo cargada de contrastes —por un lado, la ternura colectiva provocada por Merlin, el pato que se volvió símbolo viral de la afición mexicana; por otro, celebraciones masivas que terminaron en tragedia, con cuatro personas fallecidas en la Ciudad de México tras el partido de México contra Ecuador—, San Juan del Río quedó atrapado en su propio espejo: el de una comunidad que puede conmoverse por un animal convertido en ícono mundialista y, al mismo tiempo, permitir que otro animal sea herido, sometido y reducido a espectáculo.

La contradicción duele porque retrata algo más profundo: la sensibilidad humana parece depender del escenario. Si el animal nos enternece, lo abrazamos como símbolo. Si el animal nos enfrenta con nuestra violencia, algunos prefieren llamarle cultura.

La denuncia que nadie debería ignorar

Tras la corrida realizada en San Juan del Río, una denuncia ciudadana difundida en redes sociales relató una escena brutal. De acuerdo con ese testimonio, después del festejo, el toro aún habría estado luchando por vivir cuando fue levantado con maquinaria, colocado boca arriba en una camioneta y herido con un cuchillo en el pecho para provocarle la muerte.

La frase escrita por la persona denunciante es difícil de leer. Pero precisamente por eso debe leerse.

Porque si lo denunciado es cierto, no estamos ante una “tradición”, sino ante un acto de crueldad que exige investigación. Y si alguien considera exagerado llamarle tortura, entonces el problema no está en la palabra: está en la anestesia moral con la que hemos aprendido a mirar.

LYPmultimedios no cuenta, hasta este momento, con una confirmación oficial independiente sobre el procedimiento descrito en esa denuncia. Por responsabilidad periodística, debe decirse así. Pero también debe decirse lo otro: una denuncia ciudadana de esta gravedad no puede ser desestimada solo porque incomoda a intereses económicos, políticos o sociales.

Las autoridades municipales y estatales tendrían que aclarar qué ocurrió, bajo qué protocolos se manejó al animal, quién supervisó el evento, qué personal veterinario estuvo presente, qué empresa organizó el espectáculo y si existió algún incumplimiento a la normativa aplicable.

Porque el silencio institucional también comunica. Y muchas veces comunica complicidad.

No se trata de tradición: se trata de violencia

Este artículo no busca discutir si la tauromaquia tiene historia. La tiene. Tampoco pretende negar que existan personas que la defienden como actividad cultural o económica. El punto es otro: ninguna tradición debería tener licencia moral para convertir el dolor en entretenimiento.

En México, el debate público ya se movió. Una encuesta de Enkoll para EL PAÍS y W Radio reportó en 2025 que 72% de las personas consultadas estaba en contra de las corridas de toros y las consideraba maltrato animal. Ese dato no es menor: revela que la sociedad mexicana no está donde algunos grupos de poder creen que está.

La Ciudad de México ya dio un paso relevante al aprobar una reforma para transformar las corridas tradicionales en espectáculos taurinos sin violencia: sin muerte del toro, sin banderillas, sin espadas, sin lanzas y con la obligación de proteger la integridad física del animal antes, durante y después del evento. La medida fue celebrada por sectores animalistas y rechazada por el gremio taurino, precisamente porque toca el nervio central del debate: sin violencia, la tauromaquia tradicional pierde su forma actual.

Eso confirma lo evidente. No estamos hablando solo de una actividad cultural. Estamos hablando de una práctica cuya estructura depende de la dominación física de un animal.

La violencia no empieza en la plaza, pero ahí se normaliza

En un país donde la violencia se mide todos los días con datos duros, carpetas de investigación, cuerpos, ausencias y miedo, resulta perturbador que todavía haya espacios donde el dolor pueda organizarse como fiesta.

La crueldad hacia los animales no es un asunto menor ni aislado. Diversas investigaciones han estudiado la relación entre crueldad animal y otras formas de violencia interpersonal, especialmente violencia familiar, abuso infantil y conductas antisociales. No significa que toda persona que asiste a una corrida sea violenta; significa que una sociedad que normaliza la violencia ritualizada contra seres vulnerables debería preguntarse qué está educando, qué está tolerando y qué está celebrando.

San Juan del Río no puede analizar este hecho como si ocurriera en el vacío. El municipio vive discusiones permanentes sobre seguridad, consumo problemático de sustancias, violencia familiar, deterioro urbano, prioridades presupuestales e infraestructura pública. Y Querétaro, aunque suele presentarse como una entidad de orden y desarrollo, también enfrenta una realidad grave en materia de violencia contra las mujeres: la ENDIREH 2021 del INEGI colocó al estado entre las entidades con mayor prevalencia de violencia contra mujeres mayores de 15 años.

Por eso el debate importa. Porque la violencia no siempre aparece de golpe. A veces se entrena en símbolos. A veces se legitima en discursos. A veces se normaliza desde la infancia con la idea de que un cuerpo indefenso puede ser sometido si existe una razón económica, estética, cultural o política para hacerlo.

La hipocresía política alrededor del ruedo

La corrida en San Juan del Río también exhibió otro elemento incómodo: la presencia, simpatía o silencio de actores políticos de distintas ideologías frente a un espectáculo cuestionado por sectores cada vez más amplios de la sociedad.

Panistas, priistas, emecistas, morenistas o cualquier otra fuerza política no pueden hablar de paz, bienestar social, derechos, humanismo o reconstrucción del tejido comunitario mientras se sientan cómodamente frente a una escena donde un animal es llevado al límite del miedo, la sangre y la muerte.

Aquí no hay superioridad moral por partido. Hay una contradicción transversal.

La política local suele indignarse con la violencia cuando la violencia tiene costo electoral. Pero cuando la violencia tiene taquilla, palco, patrocinio o tradición, entonces se vuelve muda, elegante y administrable.

Esa es la hipocresía que debe nombrarse.

La ley que protege a medias

El caso también obliga a revisar la eficacia de las normas de protección animal en Querétaro. El estado ha sido escenario de precedentes importantes en materia de maltrato animal, como el caso Athos y Tango, los perros rescatistas envenenados en 2021, cuyo proceso derivó en una sentencia histórica en México.

Pero esa misma sensibilidad jurídica parece tener límites cuando se trata de espectáculos taurinos. Querétaro forma parte de los estados donde la tauromaquia ha sido reconocida o protegida como tradición cultural, lo que genera una tensión evidente entre bienestar animal, intereses económicos y discursos patrimoniales.

La pregunta es inevitable: ¿a quién protege realmente la ley cuando un perro envenenado merece justicia, pero un toro torturado puede ser convertido en espectáculo?

Si la protección animal depende de la especie, del negocio o del peso político de quienes organizan el evento, entonces no estamos ante una política de bienestar animal. Estamos ante una protección selectiva.

Y la protección selectiva no es justicia. Es simulación.

La feria que también debe rendir cuentas

Una feria municipal no es solo entretenimiento. Es una decisión pública. Implica permisos, seguridad, recursos, logística, prioridades, discurso institucional y responsabilidad política.

Por eso, cuando dentro de una feria ocurre un hecho denunciado como maltrato animal, el municipio no puede lavarse las manos diciendo que se trata de un evento privado o de una costumbre arraigada. Si ocurre dentro del marco de una celebración pública, bajo condiciones autorizadas por autoridades públicas, entonces hay responsabilidad pública.

San Juan del Río merece una discusión más seria que el falso dilema entre “tradición” y “prohibición”. La verdadera pregunta es si una ciudad que aspira a vivir en paz puede seguir celebrando espectáculos donde la violencia es parte del atractivo.

Porque una comunidad no solo se define por sus obras, sus festivales o sus discursos oficiales. También se define por aquello que decide dejar de aplaudir.

El lamento que no entró al programa oficial

En medio de la música, las luces, las fotografías y los discursos de feria, hubo un lamento que no apareció en ningún boletín.

El de un toro.

Un animal encerrado en un destino diseñado por humanos. Un cuerpo aturdido. Un ser sintiente al que no se le preguntó si quería formar parte de una tradición. Un animal cuyo miedo fue convertido en espectáculo y cuya agonía, según la denuncia ciudadana, habría continuado incluso después del ruedo.

Esa imagen debería perseguirnos más que cualquier polémica partidista.

Porque el fondo no es si a alguien le gustan o no los toros. El fondo es si somos capaces de reconocer sufrimiento cuando el sufrimiento no habla nuestro idioma.

La conversación que San Juan del Río necesita

Este debate no se resuelve con insultos entre taurinos y antitaurinos. Tampoco con superioridades morales instantáneas. Se resuelve con una conversación pública a la altura de una sociedad que dice querer paz, justicia y bienestar.

Esa conversación debe llegar a los ayuntamientos, al Congreso local, a los empresarios, a las autoridades de cultura, a las áreas de protección animal, a las escuelas y a las familias.

La pregunta no es si la tradición debe desaparecer de un día para otro. La pregunta es si la tradición puede evolucionar sin sangre, sin tortura y sin muerte.

La experiencia de la Ciudad de México demuestra que existen rutas legislativas para replantear estos espectáculos desde el bienestar animal, aunque el gremio taurino las rechace. La presión social también está cambiando: la mayoría de la población mexicana ya no mira las corridas con la misma naturalidad de antes.

San Juan del Río puede elegir quedarse en el pasado o puede abrir una discusión valiente.

Puede seguir aplaudiendo desde la grada o puede preguntarse qué tipo de convivencia quiere construir.

Puede llamar tradición a la violencia o puede tener la madurez ética de replantearla.

Porque cualquier práctica que necesite del sufrimiento de un ser indefenso para sostenerse merece, por lo menos, ser cuestionada. Y cualquier gobierno que permita ese sufrimiento tiene la obligación de rendir cuentas.

La paz no se construye solo reduciendo delitos.
También se construye dejando de celebrar la crueldad.

lallave1 jul 2026, 09_58_07 a.m.

PAZ, Somos México y Nuevo Rumbo: lo que empieza el 1 de julio en la vida política

Probablemente mucha gente todavía no tenga en el radar lo que va a ocurrir el 1 de julio. Pero, en materia política, empieza algo que conviene traer a la mesa: ese día —hoy— comienzan a surtir efectos dos nuevos partidos políticos nacionales y, en Querétaro, una nueva asociación política estatal.

Los partidos son Partido PAZ y Somos México. Y aquí, en Querétaro, hablamos de Nuevo Rumbo, como asociación política estatal.

A veces estos temas se quedan entre acuerdos, sesiones, siglas y documentos; y cuando llegan a la conversación pública ya vienen todos mezclados: que si son partidos, que si son asociaciones, que si ya van a competir, que si ya reciben recursos, que si quién está detrás, etcétera.

Vamos por partes.

Primero: PAZ y Somos México dejan atrás la etapa de buscar registro y entran a una nueva fase: participar formalmente en la vida política nacional, presentar sus propuestas y cumplir las obligaciones que marca la ley.

Y aquí viene una pregunta que se escucha mucho: ¿dos partidos más significan más dinero para la política?

No exactamente.

El financiamiento público a partidos políticos no funciona como si cada nuevo partido activara otra bolsa de recursos. Hay una cantidad que se calcula conforme a la ley y esa cantidad se distribuye entre quienes tienen derecho a recibirla. Entonces, no aparece dinero nuevo por arte de magia; lo que cambia es la forma en que se reparte.

Ahora, eso no vuelve menor el tema. Si van a recibir recursos públicos, tendrán que explicar en qué los usan, cómo los comprueban y qué le regresan a la gente.

Además, los partidos políticos de nueva creación tienen una prueba fuerte: en su primera elección les toca ir solos. No llegan, de entrada, colgados de otros partidos. Primero tienen que participar con su propio nombre, su propia propuesta y su propia responsabilidad.

Y luego está Querétaro.

Nuevo Rumbo comienza a surtir efectos el mismo 1 de julio, pero no es partido político. Es una asociación política estatal.

Una asociación política estatal no compite como partido, no postula candidaturas como partido y tampoco es un partido chiquito. Su papel es otro: organizar ciudadanía, promover cultura democrática, discutir asuntos públicos y trabajar propuestas sobre temas del estado.

Entonces, el 1 de julio arrancan tres figuras nuevas: dos partidos políticos nacionales y una asociación política estatal en Querétaro.

No son iguales, no hacen lo mismo y no tienen los mismos alcances. Pero las tres entran formalmente a la vida pública.

Y hasta ahí, todo bien: ya tienen reconocimiento formal. Ahora empieza lo que sigue, que no es menor: participar, explicar, proponer y hacerse cargo de lo que implica estar en la vida pública.

Soy Daniel Dorantes. Esto fue La Llave.

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Zohran Mamdani y sus primeros 100 días: la izquierda pone a prueba a Nueva York

Mamdani y la Nueva York imposible: 100 días para demostrar que gobernar desde la izquierda sí incomoda al poder

El alcalde de Nueva York no resolvió la desigualdad en tres meses. Pero sí cambió la pregunta central: ¿para quién debe gobernar una ciudad global?

Zohran Mamdani llegó a la alcaldía de Nueva York con una promesa incómoda para el poder económico: bajar el costo de vivir en una de las ciudades más caras del planeta. Sus primeros 100 días no fueron una revolución consumada, pero sí una declaración de principios: poner vivienda, transporte, cuidados, derechos laborales e inclusión social en el centro del gobierno municipal.

A Mamdani se le puede criticar por muchas cosas: por el tamaño de sus promesas, por la dificultad presupuestal de cumplirlas, por la resistencia de las élites financieras y por el choque inevitable con Albany. Pero lo que no se puede negar es que su llegada movió el eje del debate público en Nueva York. La ciudad dejó de preguntarse únicamente cómo atraer inversión y comenzó a discutir, con fuerza, cómo hacer posible que la gente que la sostiene pueda seguir viviendo en ella.

Un alcalde que no llegó desde el molde tradicional

Mamdani no representa al político neoyorquino de manual. Nacido en Kampala, Uganda, criado entre África y Estados Unidos, musulmán, socialista democrático y exasambleísta estatal por Queens, su figura condensa varias de las tensiones más profundas de la ciudad: migración, renta, desigualdad, racismo, precarización laboral y representación política.

Su campaña se construyó alrededor de una idea sencilla, pero profundamente disruptiva para una ciudad capturada por el costo de vida: Nueva York no puede presumirse progresista si expulsa a sus trabajadores, a sus familias migrantes, a sus jóvenes y a sus comunidades racializadas.

Por eso sus principales propuestas —congelar rentas, acelerar autobuses, ampliar el cuidado infantil, abrir tiendas de alimentos de propiedad pública y endurecer la defensa de inquilinos— no fueron ocurrencias de campaña. Fueron una lectura política del malestar urbano: la ciudad funciona gracias a quienes menos margen tienen para sobrevivir en ella.

Los primeros 100 días: entre el símbolo y la maquinaria pública

Los primeros 100 días de Mamdani deben leerse con cuidado. No son suficientes para medir el éxito total de un gobierno, pero sí para identificar prioridades, alianzas, resistencias y límites reales. En ese periodo, su administración instaló el tono de una alcaldía que quiso hablarle primero a inquilinos, usuarios del transporte, familias trabajadoras, pequeños negocios y comunidades migrantes.

Entre las acciones iniciales destacaron la creación de una oficina enfocada en la protección de inquilinos, la instalación de equipos de trabajo para acelerar políticas públicas, la defensa de la ciudad santuario frente a presiones migratorias federales, y el impulso a programas de cuidado infantil y movilidad. También colocó sobre la mesa un debate fiscal de fondo: si Nueva York quiere derechos universales, alguien tiene que financiar esa promesa.

Ahí apareció el primer gran choque. Mamdani propuso elevar impuestos a personas con ingresos superiores a un millón de dólares y aumentar la carga fiscal corporativa, pero la gobernadora Kathy Hochul mostró resistencia ante esas medidas, dejando claro que gobernar Nueva York desde la izquierda implica negociar con estructuras estatales que no siempre comparten la misma velocidad política.

Vivienda: la batalla que define su gobierno

Si hay un tema que explica el fenómeno Mamdani, es la vivienda. Nueva York se volvió una ciudad donde tener empleo ya no garantiza poder pagar renta. Ese dato social, más que cualquier consigna ideológica, explica por qué su discurso conectó con miles de personas.

Durante sus primeros meses, Mamdani apostó por reforzar la protección a inquilinos, exhibir abusos del mercado inmobiliario y presionar para contener el aumento de rentas. La medida más importante llegó después del corte de los 100 días, cuando la Junta de Directrices de Renta aprobó congelar rentas para cerca de un millón de departamentos regulados, una decisión histórica que afectó aproximadamente a una cuarta parte de la población de la ciudad. Mamdani había nombrado a seis de los nueve integrantes de esa junta, por lo que el resultado también fue leído como una victoria política de su administración.

La lectura editorial es clara: Mamdani entendió que una ciudad no se vuelve justa sólo construyendo más edificios, sino evitando que el mercado expulse a quienes ya viven en ella. Esa postura lo convirtió en adversario directo del lobby inmobiliario, pero también en referente para una generación que ya no cree en la promesa de “trabaja duro y podrás pagar la ciudad”.

Cuidado infantil: cuando la política pública toca la vida diaria

Otra de las apuestas centrales fue el cuidado infantil. En una ciudad donde pagar guardería puede devorar el ingreso familiar, hablar de cuidados no es un tema secundario ni “blando”; es hablar de economía, género y justicia social.

Mamdani impulsó una agenda para ampliar el acceso al cuidado temprano, especialmente en comunidades donde las familias enfrentan más barreras económicas. Sin embargo, una parte de esa promesa avanzó de manera limitada en sus primeros meses: medios locales documentaron que el programa inicial contemplaba alrededor de 2,000 espacios en algunas comunidades, lejos todavía de una cobertura universal.

Aquí está una de las tensiones más honestas de su administración: la izquierda gana elecciones prometiendo derechos, pero gobierna enfrentando presupuestos, burocracias y negociaciones. La diferencia política no está en negar esas dificultades, sino en decidir si los cuidados serán tratados como gasto o como infraestructura social.

Transporte: la promesa más visible, pero también una de las más difíciles

El transporte fue otro eje de campaña. Mamdani habló de autobuses más rápidos, más accesibles y eventualmente gratuitos. La idea es potente: si la ciudad depende de sus trabajadores, moverlos no debería ser un lujo ni una carga diaria imposible.

Pero la promesa de autobuses gratuitos no se materializó plenamente durante los primeros 100 días. Reportes locales señalaron que la propuesta quedó reducida o en fase piloto, evidenciando la dificultad de financiar un cambio estructural en movilidad pública sin acuerdos presupuestales más amplios.

Aun así, el debate importa. Mamdani colocó el transporte público como una política de justicia económica, no sólo como un tema de tráfico o infraestructura. Para una ciudad como Nueva York, donde millones de personas dependen del transporte para trabajar, estudiar, cuidar y sobrevivir, esa mirada no es menor.

Servicios públicos: la política también está en los baches

Uno de los episodios más comentados de sus primeros meses fue la reparación de 100 mil baches. Para algunos críticos, fue un gesto de propaganda municipal. Para sus simpatizantes, una señal de que un gobierno progresista también debe ser eficiente en lo básico.

La administración celebró la cifra como parte de su balance de 100 días, mientras medios locales la ubicaron dentro de una estrategia de alto impacto simbólico: mostrar resultados visibles en la calle, no sólo discursos de transformación.

Y aquí hay una lección política importante: la justicia social no puede quedarse en la abstracción. También se mide en calles transitables, escuelas seguras, transporte que llega, trámites que no destruyen al pequeño negocio y servicios públicos que funcionan en los barrios que históricamente fueron ignorados.

Derechos laborales, consumidores y pequeños negocios

Mamdani también intentó equilibrar una agenda progresista con señales hacia pequeños negocios. Su administración impulsó medidas contra cobros abusivos, prácticas comerciales injustas y obstáculos administrativos. El mensaje fue doble: proteger a consumidores y trabajadores sin convertir al pequeño comercio en enemigo.

Ese equilibrio no es fácil. En ciudades altamente desiguales, muchas veces la conversación pública queda atrapada entre dos caricaturas: o se protege al mercado sin límites, o se acusa a toda actividad empresarial de ser parte del problema. La apuesta de Mamdani parece ir por otro lado: distinguir entre el poder concentrado que especula con la vida urbana y los negocios pequeños que también sobreviven al costo de la ciudad.

Migración e inclusión: Nueva York como ciudad santuario

Uno de los gestos políticos más importantes fue la defensa de las protecciones santuario frente a la presión migratoria federal. En una ciudad construida por migrantes, Mamdani entendió que la inclusión no podía ser únicamente un discurso ceremonial.

Su administración reforzó la idea de que la seguridad pública no debe confundirse con persecución migratoria, y que las comunidades indocumentadas o en situación vulnerable necesitan acceso a servicios sin miedo. En tiempos donde la migración se usa como arma electoral, esa postura tuvo un peso simbólico y práctico.

Para LYPmultimedios, este punto es clave porque conecta con una discusión más amplia en América Latina y Estados Unidos: las ciudades progresistas están siendo obligadas a decidir si gobiernan desde el miedo o desde los derechos.

Seguridad pública: el terreno más delicado

La seguridad fue una de las áreas más complejas. Mamdani impulsó una Oficina de Seguridad Comunitaria con una lógica distinta: reducir la dependencia exclusiva de la policía en crisis sociales, especialmente salud mental y atención comunitaria. Sin embargo, reportes de AP señalaron que la oficina inició con apenas dos personas, muy lejos del tamaño planteado originalmente durante la campaña.

Esto muestra el límite entre promesa y ejecución. Cambiar el enfoque de seguridad pública requiere presupuesto, personal, coordinación y confianza social. No basta con crear una oficina si no tiene capacidad real de intervención.

Aun así, el debate abierto por Mamdani es relevante: ¿debe la policía ser la respuesta predeterminada ante toda crisis urbana? Para una izquierda responsable, la respuesta no puede ser ingenua. La seguridad importa, pero la seguridad también se construye con vivienda, salud mental, comunidad, empleo y servicios públicos.

La aprobación ciudadana: señales de respaldo, no cheque en blanco

A casi 100 días de gobierno, una encuesta de Marist reportó que Mamdani tenía 48% de aprobación y 30% de desaprobación; además, 55% de los consultados tenía una opinión favorable de él. El mismo sondeo registró que 56% consideraba que la ciudad avanzaba en la dirección correcta, un salto importante frente al 31% registrado meses antes.

Estos números no significan que Mamdani tenga el camino libre. Significan que una parte importante de Nueva York quiso darle oportunidad a una agenda distinta. En política, eso es mucho: no una coronación, pero sí un mandato para intentarlo.

Las resistencias: dinero, medios y miedo al precedente

La reacción contra Mamdani no se explica sólo por sus políticas específicas. Se explica por el precedente. Si una ciudad como Nueva York demuestra que puede congelar rentas, ampliar cuidados, discutir transporte gratuito y cobrar más a quienes más concentran riqueza, otras ciudades podrían exigir lo mismo.

Por eso su gobierno incomoda. No porque haya transformado todo en 100 días, sino porque abrió una disputa sobre lo posible. La derecha lo acusa de radical; sectores empresariales lo ven como amenaza; medios conservadores lo presentan como experimento riesgoso. Pero desde una lectura progresista, la pregunta debería ser otra: ¿radical es intentar que la gente pueda vivir en la ciudad, o radical fue normalizar que trabajar ya no alcance para pagar renta?

La crítica necesaria: prometer derechos exige demostrar viabilidad

Una versión editorial seria no puede convertir a Mamdani en santo laico ni en póster de campaña. Su gobierno debe ser evaluado con la misma exigencia con la que se evalúa a cualquier administración que promete transformar la vida pública.

Las promesas de transporte gratuito, cuidado infantil universal y tiendas públicas de alimentos todavía enfrentan límites presupuestales, institucionales y políticos. Algunas avanzaron parcialmente; otras quedaron en fase inicial; varias dependen de negociaciones con el estado de Nueva York y de una arquitectura fiscal que no está asegurada.

La discusión sobre el presupuesto también mostró esa tensión. Para junio, el gobierno municipal y el Concejo alcanzaron un acuerdo presupuestal de 125.8 mil millones de dólares, con prioridades en educación, servicios sociales, vivienda y seguridad, pero bajo presión por brechas fiscales y decisiones polémicas sobre la estructura policial.

La izquierda que gobierna no puede vivir sólo de símbolos. Tiene que probar que sus políticas son financiables, medibles, sostenibles y capaces de mejorar la vida cotidiana sin perder legitimidad pública.

Lo que Mamdani sí logró en 100 días

Mamdani no resolvió la crisis de vivienda. No volvió gratuito todo el transporte. No universalizó el cuidado infantil. No desmontó las desigualdades históricas de Nueva York.

Pero sí logró algo políticamente poderoso: cambió el centro de gravedad de la conversación pública.

Puso a los inquilinos por encima de los rentistas. Puso los cuidados dentro de la economía. Puso el transporte como derecho urbano. Puso a las comunidades migrantes en el centro de la protección municipal. Puso a los pequeños negocios dentro de una narrativa que no perdona abusos corporativos, pero tampoco los abandona.

Y, sobre todo, obligó a Nueva York a discutir si una ciudad global puede seguir funcionando cuando expulsa a la gente que la hace posible.

La lectura LYP: Mamdani no es el final, es una pregunta abierta

Desde una mirada progresista, los primeros 100 días de Zohran Mamdani no deben leerse como una victoria absoluta ni como un fracaso temprano. Deben entenderse como el arranque de un laboratorio político bajo presión.

Mamdani representa una generación de liderazgos que ya no aceptan administrar la desigualdad con lenguaje amable. Su apuesta no es simplemente “hacer más eficiente” el gobierno, sino redefinir sus prioridades: menos privilegio para quienes especulan con la ciudad y más poder público para quienes la habitan, la trabajan y la sostienen.

La pregunta que deja su inicio de gobierno es incómoda, pero necesaria: ¿qué pasaría si las grandes ciudades dejaran de gobernarse para atraer capital y comenzaran a gobernarse para garantizar vida digna?

Nueva York todavía no tiene la respuesta completa. Pero durante los primeros 100 días de Mamdani, al menos se atrevió a formularla.

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América Latina se inclina a la derecha


¿Cómo es posible que Colombia, el mismo país que en 2022 rompió su historia política al elegir a su primer presidente de izquierda, haya optado cuatro años después por un abogado que propone salir de las Naciones Unidas, construir megacárceles y alinear su política exterior con Donald Trump? La respuesta no está únicamente en Colombia. Está en un fenómeno que lleva años recorriendo América Latina con una lógica propia, silenciosa y acumulativa, y que, si no se entiende bien, seguirá sorprendiendo —y golpeando— a quienes creen haberlo superado.

El pasado 24 de junio, el Consejo Nacional Electoral de Colombia proclamó presidente electo a Abelardo de la Espriella, un abogado de 47 años sin experiencia previa en cargos públicos, conocido hasta hace menos de un año por defender a clientes polémicos en casos penales de alto perfil. Su victoria fue estrecha —apenas 255 mil votos sobre el izquierdista Iván Cepeda, en un país de más de 40 millones de votantes— pero suficiente para convertirse en la señal política más estridente de la región en lo que va del año. «Él ganó, GRANDE», publicó Trump en Truth Social antes de que terminara el conteo. El presidente ecuatoriano Daniel Noboa fue más preciso: «Hoy Colombia eligió el orden sobre la impunidad.» Dos oraciones que, juntas, definen mejor que cualquier análisis académico el lenguaje político que hoy domina buena parte del continente: seguridad como promesa, castigo como programa, orden como ideología.

¿Quién es De la Espriella? Se autodenomina «el Tigre», canta ópera italiana, afirma que Dios le reveló que había llegado su momento y promete construir diez megacárceles modeladas en las del presidente salvadoreño Nayib Bukele. Sus postulados de campaña incluyen la defensa de la familia tradicional, la eliminación de ministerios, la legalización del porte de armas para civiles y el fin de los procesos de paz con grupos armados. Sus críticos señalan vínculos incómodos con figuras del paramilitarismo colombiano y un patrón documentado de presión judicial contra periodistas que lo investigan. Nada de eso impidió que más de 12,9 millones de colombianos votaran por él. La razón no es difícil de encontrar: el hartazgo con Gustavo Petro fue tan profundo, y la incapacidad del centro político para articular una alternativa tan evidente, que De la Espriella se convirtió en el receptáculo perfecto del voto de castigo. No ganó por sus propuestas; ganó porque encarnó la negación del gobierno anterior. En política, cuando la rabia no tiene adónde ir, inventa una salida.

Pero reducir lo sucedido en Colombia a la figura de Petro sería cometer el mismo error que se cometió al analizar el ascenso de Milei en Argentina, de Bukele en El Salvador o de Kast en Chile: personalizar lo que es estructural. Lo que estamos presenciando no son accidentes nacionales: es una tendencia con raíces económicas muy concretas. América Latina acumuló durante la última década una deuda de frustración: crecimiento insuficiente, informalidad laboral que no cede, servicios públicos deteriorados y una violencia que el Estado —de cualquier signo ideológico— ha demostrado incapacidad para contener. Cuando la promesa del cambio progresista no se traduce en bienestar cotidiano, el elector no regresa al centro: busca el polo opuesto. No porque confíe en él, sino porque ya no le queda otra apuesta.

Las llamadas «nuevas derechas» latinoamericanas comparten un ADN reconocible: discurso de orden y seguridad, promesa de mano dura, perfil económico liberal, retórica anti-élites y estructura personalista. No llegan a través de los partidos históricos —esos ya no generan confianza— sino a través de figuras que se presentan como disruptoras del sistema. Milei con su motosierra, Bukele con su estadio-cárcel, De la Espriella con sus megacárceles y su ópera italiana. El formato cambia; el mensaje es el mismo: el Estado anterior fracasó, y yo soy el remedio. Lo novedoso es que ya no operan en soledad: se reconocen entre sí, se felicitan mutuamente y construyen redes de legitimación transnacional que amplifican cada victoria como un hito del movimiento.

El mapa regional lo confirma. A finales de 2025, América Latina presentaba un equilibrio tenso: nueve países gobernados por la izquierda frente a siete con gobiernos conservadores. Pero la tendencia de fondo favoreció a la derecha de manera consistente: Bolivia salió de casi dos décadas de Movimiento al Socialismo con Rodrigo Paz; Chile giró radicalmente con la llegada de José Antonio Kast en marzo de 2026; Ecuador reeligió a Noboa, cuyas políticas de seguridad lo ubican en la práctica mucho más cerca de la derecha que de la izquierda que él dice representar. Y ahora Colombia se suma. El bloque que celebró la victoria de De la Espriella —Trump, Kast, Noboa— no es una coincidencia de felicitaciones protocolarias. Es la arquitectura de una red ideológica que se reconoce a sí misma, que opera con creciente coordinación y que tiene en Washington, bajo la administración Trump, a su principal patrocinador geopolítico: la nueva Doctrina Monroe reencarnó como club de afinidades.

El caso más revelador de lo que viene está en Brasil, el gigante que vota en octubre. Lula da Silva, de 80 años, busca un cuarto mandato presidencial con el desgaste propio de quien gobierna en medio de escándalos de corrupción, inflación persistente y una percepción pública mayoritariamente negativa sobre la economía. Su rival es Flávio Bolsonaro, senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro —condenado a 27 años de prisión por golpismo—, quien heredó el movimiento de su padre y ha logrado lo que muchos consideraban imposible: en apenas meses pasó de ser un apellido a convertirse en un empate técnico. Las encuestas más recientes muestran a ambos candidatos igualados al 45% en escenarios de segunda vuelta, con Flávio liderando el voto independiente. Si Colombia fue la señal, Brasil será el veredicto. Una victoria del bolsonarismo sin Bolsonaro —con el nombre sin el cuerpo, pero con toda la maquinaria— consolidaría el giro regional de una manera que ya no admitiría lecturas de anomalía. Y lo haría precisamente en el país más grande e influyente de América del Sur, el que por décadas funcionó como contrapeso al avance conservador. La ironía es amarga: el mismo Brasil que eligió a Lula en 2022 para frenar el autoritarismo podría terminar siendo el escenario donde el proyecto conservador encuentre su mayor victoria continental.

Para México, la lectura no puede ser cómoda. El gobierno de Claudia Sheinbaum hereda un proyecto político construido sobre las mismas bases que hoy están siendo erosionadas en otros países: la promesa de transformación social, la movilización de los sectores históricamente excluidos, la crítica al modelo neoliberal. Esas bases siguen siendo sólidas en términos electorales, pero no son inmunes a la erosión. Las derechas que hoy ganan en la región no lo hacen convenciendo a la gente de que el libre mercado es bueno; lo hacen convenciendo a la gente de que el Estado progresista no puede garantizarles seguridad ni bienestar. Si esa percepción arraiga —si la inseguridad, la inflación o la ineficiencia institucional se convierten en el rostro visible del gobierno— el terreno se prepara para que aparezca alguien dispuesto a ofrecer el remedio draconiano. México no es Colombia. Pero Colombia tampoco estuvo siempre donde está hoy.

La lección no es ideológica: es de gestión y de narrativa política. La izquierda latinoamericana puede perder no porque sus ideas sean erróneas, sino porque sus gobiernos no logran traducirlas en seguridad cotidiana ni en resultados tangibles para quien vive en el margen. La derecha que avanza no tiene un programa superior; tiene un relato más simple, más breve y con mayor potencial de viralización en redes sociales. Y en tiempos de hartazgo, la simplicidad vence a la complejidad. Colombia acaba de demostrarlo con 255 mil votos de diferencia, en una segunda vuelta que resumió el dilema de nuestro tiempo: entre el deseo de cambio y el miedo al caos, la región sigue buscando —a tientas, a veces desesperadamente— quién le garantice que mañana va a estar bien. El Tigre llegó a prometer exactamente eso. Que sea capaz de cumplirlo es otra historia.

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La Geopolítica del Mundial

¿Puede un torneo de fútbol convertirse en el espejo más fiel de un mundo en transformación? Para mí, la respuesta, en junio de 2026, es sí. El Mundial de fútbol que hoy se celebra simultáneamente en México, Estados Unidos y Canadá no es únicamente un espectáculo deportivo: es la geopolítica del mundo vestida con los colores de una selección. Quien sepa leerlo encontrará, detrás de cada partido, la huella de las tensiones que reconfiguran el orden internacional.

La decisión de otorgar este Mundial a una candidatura trinacional fue presentada, en 2018, como un símbolo de integración regional. La narrativa oficial prometía que México, Estados Unidos y Canadá estrecharían lazos frente al mundo. Ocho años después, esa narrativa choca con una realidad muy diferente a la imaginada.

La organización del evento coincide con una de las etapas más tensas de la relación entre los tres países anfitriones. La revisión del T-MEC transcurre entre amenazas arancelarias, disputas sobre narcotráfico, el endurecimiento de la política migratoria estadounidense y redadas del ICE en las periferias mismas de los estadios donde se celebra la fiesta del fútbol. La paradoja es brutal: el mismo gobierno que promueve el Mundial como escaparate de cooperación norteamericana es el que clasifica a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras y contempla intervenciones militares en territorio nacional.

«El torneo llegará en un momento en que Norteamérica debate temas como el endurecimiento de las fronteras, el tráfico de drogas y el impacto político de la migración. La imagen de integración regional convivirá con una realidad más compleja y polarizada». — Simon Chadwick, Metro, 11 de junio de 2026.

Para México, el peso simbólico del torneo no compensa su posición subordinada dentro del esquema. Como ha señalado más de un analista, fuimos invitados para que la candidatura no fuera solo estadounidense. La mayor parte de los partidos, la derrama económica y la atención mediática global se concentran en suelo de Estados Unidos. México aparece como sede accesoria en un torneo que lleva, implícitamente, el sello de Trump.

Irán en la cancha de su enemigo

Si hubiera que elegir un partido que condense la absurdidad geopolítica de este Mundial, sería cualquiera que dispute la selección iraní en suelo estadounidense. Por primera vez en la historia de este torneo, una nación anfitriona recibe a la selección de un país con el que mantiene —o acaba de mantener— un conflicto armado activo.

La llamada Guerra de los 12 Días, librada entre Irán e Israel en junio de 2025, dejó un alto al fuego frágil y no resuelto. El eje explosivo entre Washington y Teherán permanece encendido. Que la selección iraní deba jugar en territorio de quien la amenaza con ataques es una anomalía diplomática sin precedente en la historia de los mundiales. Los futbolistas iraníes enfrentaron dificultades desde los visados. La diplomacia corrió paralela a los entrenamientos. Y sobre cada partido de Irán flota una pregunta que ningún árbitro puede resolver: ¿hasta dónde puede el deporte contener lo que la política no ha logrado desactivar?

«Geopolíticamente, este Mundial no solo reúne selecciones, sino que también refleja fracturas del orden internacional. A diferencia de otras ediciones marcadas por conflictos puntuales, este Mundial adquiere una dimensión realmente global». — Beata Wojna, El Heraldo de México, 11 de mayo de 2026, análisis geopolítico del Mundial 2026.

El caso iraní no es el único foco de tensión entre las delegaciones presentes. Arabia Saudita y Catar —dos países del Golfo alcanzados por ataques iraníes— también participan en el torneo. Las viejas disputas territoriales no descansan: Malvinas, Gibraltar, el Sáhara Occidental. Y la participación separada de Inglaterra y Escocia recuerda, en cada alineación, que ni siquiera el Reino Unido ha resuelto sus propias fracturas internas. El estadio, una vez más, hace visible lo que los foros diplomáticos prefieren callar.

El fútbol como poder blando… y como negocio excluyente

Hay una dimensión que los discursos oficiales evitan nombrar con claridad: este Mundial es, ante todo, un negocio. Un negocio de aproximadamente 12 mil millones de dólares, concentrado en manos de corporaciones transnacionales, patrocinadores globales y la propia FIFA. Las zonas controladas por sponsors internacionales alrededor de los estadios excluyen a los comerciantes locales. Las comunidades aledañas enfrentan restricciones para operar e incluso para circular. Los precios de los boletos son tan elevados que la Copa del Mundo ha dejado de ser un evento popular para convertirse, como se ha dicho abiertamente, en un espectáculo para quienes pueden pagar por ser vistos ahí.

La inteligencia artificial irrumpe también en esta edición. Por primera vez, herramientas de IA aplicadas al análisis táctico, la seguridad en los estadios y la producción mediática participan a escala masiva. El torneo más grande de la historia —48 selecciones, tres países, decenas de ciudades— es también el más tecnológico, el más vigilado y el más corporativo.

«Mientras la FIFA promueve una narrativa de inclusión y globalización, el modelo actual del Mundial fortalece mecanismos de exclusión económica y concentración corporativa». — Conversatorio «Geopolítica del balón. El mundo en la cancha», PUEDJS-UNAM, mayo de 2026.

Y en medio de todo esto, México juega. Con la ilusión de millones de aficionados que llenan los foros públicos y encienden sus pantallas, con la esperanza de que esta vez el quinto partido llegue. Pero el fútbol mexicano también enfrenta su propia subordinación: un país que durante décadas fue referente continental del deporte ve cómo Estados Unidos consolida su hegemonía futbolística, organizativa y comercial sobre el juego que, para nosotros, siempre fue mucho más que un negocio.

Leer el partido

Disfrutar el Mundial no debería estar reñido con entender lo que sucede alrededor del ecosistema del deporte. Cada selección que ingresa al estadio carga con la historia de su país, sus alianzas, sus conflictos y sus contradicciones. El fútbol es política, lo afirman los especialistas, no porque los jugadores lo decidan, sino porque el mundo que los rodea es político por naturaleza.

En 2026, el mundo se encuentra marcado por conflictos armados en Europa y Medio Oriente, la competencia estratégica entre Estados Unidos y China, el desgaste del multilateralismo y la transformación del orden internacional construido tras la Segunda Guerra Mundial. El Mundial no cambiará el rumbo de estos acontecimientos. Pero, como pocos eventos globales, permite observarlos en tiempo real, mostrando las tensiones y aspiraciones de nuestro tiempo con una claridad que a menudo supera la de los discursos oficiales.

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Cuando la mentira parece verdad

 

¿Y si en la próxima elección el video más compartido no fuera real? ¿Y si el audio que todos comentan hubiera sido fabricado? ¿Y si la frase que incendió las redes nunca hubiera sido dicha? Ese es el nuevo tamaño del problema.

La inteligencia artificial ya no es una curiosidad tecnológica. Es una herramienta de poder, y como toda herramienta de poder, puede servir para construir o para destruir.

Soy Daniel Dorantes y esto es La Llave.

Durante años nos preocupamos por las noticias falsas, los bots, las campañas negras y las cadenas de WhatsApp. Pero ahora el reto subió de nivel, porque antes alguien podía mentir con un texto, y hoy puede mentir con una cara, con una voz y con una escena que parece real.

La inteligencia artificial no sólo puede inventar información; también puede fabricar evidencia falsa. Puede crear un video de una candidatura diciendo algo que nunca dijo, clonar la voz de un funcionario o inventar una imagen de violencia, corrupción, fraude o escándalo. Y si eso se suelta en el momento correcto, puede cambiar una conversación pública antes de que alguien alcance a desmentirlo.

En elecciones, eso es gravísimo, porque una elección no sólo se cuida en las urnas. También se cuida antes, en la información con la que la gente decide. Votar libremente no es sólo marcar una boleta; es decidir sin trampas, sin montajes, sin voces clonadas, sin imágenes fabricadas y sin mentiras diseñadas para parecer pruebas.

Por eso no hay que caer en dos errores. El primero es asustarnos y querer prohibir todo. El segundo es hacernos los ingenuos y pensar que no pasa nada. Sí pasa, y va a pasar más. La pregunta ya no es si se va a usar inteligencia artificial en las elecciones; la pregunta es quién la va a usar, para qué, con qué límites y con qué responsabilidad.

Porque una cosa es innovar y otra muy distinta es disfrazar una mentira de realidad. Una cosa es usar tecnología para informar mejor y otra es usarla para ensuciar una elección. En tiempos de inteligencia artificial, no todo video es prueba, no todo audio es verdad y no toda imagen es realidad.

También hay una responsabilidad ciudadana. Compartir sin verificar puede convertirse en parte del problema. Si algo nos indigna demasiado rápido, si parece demasiado perfecto o demasiado conveniente, vale la pena detenernos un momento y preguntar de dónde salió, quién lo publicó y quién lo confirma.

La inteligencia artificial llegó para quedarse. La pregunta es si vamos a usarla para mejorar la democracia o para manipularla. Porque una elección se gana en las urnas, sí, pero se cuida desde mucho antes: cuando protegemos la información con la que la ciudadanía decide.

Soy Daniel Dorantes y esto fue La Llave.

La Perrita de Trump le cambia la vida a Ricardo Salinas Pliego

«¡Ahí va la perrita de Trump!»: Cómo el «Tío Perrichi» perdió su blindaje mediático en 15 segundos en el Estadio CDMX

Por Redacción LYPmultimedios | Análisis Político y Sociedad

CIUDAD DE MÉXICO (13 de junio de 2026). – El partido inaugural de la Copa Mundial FIFA 2026 entre México y Sudáfrica dejó una imagen grabada en la memoria colectiva que nada tuvo que ver con el rodar del balón. A su llegada al Coloso de Santa Úrsula, el magnate Ricardo Salinas Pliego fue recibido por un grupo de aficionados con una cascada de insultos directos. Entre la multitud, un grito espontáneo y lapidario sobresalió, siendo captado por decenas de teléfonos celulares: «¡Ahí va la perrita de Trump!».

En cuestión de minutos, los videos inundaron X (antes Twitter). En pocas horas, la frase se convirtió en la tendencia número uno en México —y una de las más duraderas de las últimas 48 horas— desatando memes, parodias y el nacimiento instantáneo del apodo «Tío Perrichi» (en burla a su autonombrado título de «Tío Richi»).

Pero más allá de la vulgaridad del estadio, este evento exige una lectura sociopolítica profunda: ¿Por qué un insulto lanzado por un joven desconocido caló tan fuerte contra uno de los hombres más poderosos del país?

La anatomía de un apodo: Trump y la 4T

El grito no fue un insulto random o desconectado de la realidad. Su efectividad radica en que combinó dos percepciones preexistentes y profundamente arraigadas entre los críticos del dueño de TV Azteca:

  1. La sombra de la Casa Blanca: La relación de Salinas Pliego con Donald Trump no es un secreto. Su subsidiaria en EE. UU. donó 250,000 dólares al comité inaugural de Trump en 2017. A lo largo de los años, el empresario ha presumido reuniones en la Casa Blanca y coincidencias ideológicas sobre la «libertad empresarial». En un México que resiente las políticas arancelarias y el discurso antimexicano de Trump, esta relación es leída por sus críticos como una alineación servil frente a intereses extranjeros.
  2. La guerra contra la 4T: Desde sus plataformas televisivas y su cuenta personal en X (@RicardoBSalinas), el empresario ha mantenido una guerra frontal contra los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. Sus constantes ataques al «estatismo» y a los «parásitos del Estado» son vistos por la base morenista no como libertad de expresión, sino como una guerra sucia orquestada por una élite renuente a pagar impuestos y perder privilegios.

El grito en el Azteca redujo todo ese complejo entramado político a una imagen mental ridícula, humillante y altamente «memeable»: el multimillonario que le mueve la cola al expresidente estadounidense.

El «Rey está desnudo»: La derrota de las Relaciones Públicas

El verdadero impacto de este fenómeno responde a la pregunta de si este evento «desenmascaró» al magnate. En el plano simbólico y de percepción pública, la respuesta es un rotundo sí.

Grupo Salinas ha invertido cientos de millones de pesos durante años en posicionar una imagen cuidadosamente diseñada: el «empresario exitoso», el filántropo rebelde, el defensor de la libertad. Sin embargo, este episodio ilustra el límite definitivo del poder mediático tradicional. Por más control que tengas sobre noticieros nacionales o campañas pagadas de PR, un momento auténtico y espontáneo en el espacio público puede desmoronar esa narrativa en 15 segundos. Es el equivalente moderno de gritar «el rey está desnudo».

Perspectivas enfrentadas: ¿Indignación popular o mafia digital?

Para no caer en una narrativa de un solo bando, es necesario observar el fenómeno desde ambos espectros:

  • Para los críticos del empresario: El meme es la victoria del «pueblo» humillando al poder fáctico. Demuestra que ni con todo el dinero del mundo se puede comprar el respeto en la calle, ni controlar la narrativa en la arena indomable del internet.
  • Para los defensores de Salinas: Argumentan que el networking empresarial con líderes como Trump es una práctica corporativa estándar a nivel global. Para este sector, los gritos fueron una muestra de la bajeza de las «masas polarizadas» y afirman que la viralidad fue inflada artificialmente por granjas de bots afines a la Cuarta Transformación.

La realidad factual es que este video de 15 segundos no cambiará los balances financieros de Grupo Salinas ni borrará sus pleitos legales con el SAT. Sin embargo, en el despiadado terreno de la percepción política en 2026, la tendencia «La perrita de Trump» quedará registrada como un caso de estudio brutal sobre cómo la espontaneidad ciudadana, armada con un celular, es capaz de arrinconar y someter a las maquinarias mediáticas más grandes del país.

500 Años de la Parroquia de San Jeronimo, en Aculco, pueblo mágico

500 años de fe y piedra: La resiliente Parroquia de San Jerónimo, el corazón inquebrantable de Aculco

Por Redacción LYPmultimedios | Cultura y Turismo Mágico

ACULCO, EDOMEX. (11 de junio de 2026). – Hay lugares donde el tiempo parece haberse detenido, esculpido meticulosamente entre calles empedradas y muros de cantera. Aculco, uno de los Pueblos Mágicos más emblemáticos del Estado de México, resguarda en su centro una joya arquitectónica que ha sido testigo de casi cinco siglos de historia: la Parroquia de San Jerónimo.

Más que un centro de culto, este templo es una fortaleza moral, un emblema religioso y una obra de arte genuina del siglo XVI que despierta la admiración de historiadores y turistas por igual.

El sincretismo de 1674: El nacimiento del arte Tequitqui

La historia de esta parroquia comienza en el año 1540, cuando frailes franciscanos iniciaron su construcción bajo los cánones de la arquitectura medieval europea. Sin embargo, su verdadero espíritu visual nacería más de un siglo después.

En 1674, el templo experimentó su primera gran remodelación. Fue en este momento cuando ocurrió una fascinante fusión de modelos e íconos europeos con la cosmovisión indígena local. Este mestizaje arquitectónico dio vida al arte Tequitqui (término que significa «tributario»), una manifestación estética donde las manos indígenas plasmaron su propia interpretación de la fe cristiana sobre la piedra.

Resiliencia ante la furia de la tierra

La grandeza de la Parroquia de San Jerónimo no solo radica en su belleza, sino en su inquebrantable resistencia. En 1912, un fuerte movimiento telúrico con epicentro en el municipio vecino de Acambay sacudió la región, provocando graves grietas y mutilaciones en la estructura del templo.

Lejos de dejarla caer, el pueblo de Aculco emprendió una profunda restauración, incorporando materiales locales y toques más modernos que terminaron por consolidar la imponente fachada que hoy recibe a los visitantes.

En su interior, el visitante es recibido por tesoros de incalculable valor histórico. Destacan sus retablos y figuras, como la Virgen del Carmen (con el Purgatorio en su parte inferior), y el altar mayor, que resguarda a la Virgen María, a San Agustín, a Jesús antes de la flagelación y, coronando el recinto, al santo patrono Señor San Jerónimo.

Sabores que complementan la historia

La experiencia de visitar Aculco no está completa sin deleitar los sentidos a través de su herencia culinaria. Recorrer sus calles de cantera exige una pausa obligada para saborear lo mejor de sus tradiciones.

A solo unos pasos de la historia, en la Segunda calle de Matamoros #6, se encuentra Lloviendo Café, un refugio imperdible que trae a la mesa los mejores granos de las montañas de Oaxaca, Chiapas y Veracruz. El lugar ideal para cerrar una tarde de ensoñación cultural con un buen postre en compañía.

Para quienes buscan una experiencia de sabor más intensa, Quesos Mena se ha consolidado como un referente regional. Su oferta incluye una exquisita selección de carnes frías, miel de agave y productos gourmet, destacando su innovador maridaje: quesos locales combinados con el sabor exclusivo del tequila reposado conservado en barrica.

Aculco es, hoy por hoy, un testimonio vivo donde la historia, la piedra y la tradición se niegan al olvido.

(Este espacio histórico en «Spotlight Mágico» fue presentado gracias al impulso de Lloviendo Café y Quesos Mena).

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Nulidad por intervención extranjera

¿Te acuerdas que estos días se empezó a hablar de que una elección podría anularse por intervención extranjera?

Suena fuerte, ¿no?

Porque dicho así, parece que cualquier comentario de afuera, cualquier nota internacional o cualquier publicación en redes podría tumbar una elección.

Pero no es así de sencillo.

Soy Daniel Dorantes y esto es La Llave.

Lo que se aprobó es una reforma constitucional que agrega una nueva causal de nulidad cuando se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados electorales.

Pero para llegar a eso hay que probar varias cosas: que existió una conducta externa indebida, que fue grave, que tuvo impacto real y que ese impacto fue determinante para el resultado.

En materia electoral eso se llama determinancia. Puede ser por números, cuando afecta la diferencia de votos; o por la gravedad de la conducta, cuando golpea la autenticidad de la elección.

La exposición de motivos habla de riesgos concretos: financiamiento extranjero, ciberataques, campañas coordinadas de desinformación, presiones diplomáticas o estrategias externas para influir indebidamente en una elección mexicana.

Eso sí debe prender las alertas.

Además, esta reforma no se queda solo en el texto constitucional. El Congreso de la Unión, las legislaturas locales, el INE, los organismos públicos locales electorales y los tribunales tendrán que ajustar reglas, procedimientos y criterios.

Rumbo a 2027, las elecciones ya no se cuidan solamente contando votos o revisando casillas. También habrá que mirar el dinero indebido, la manipulación digital, las campañas coordinadas y cualquier intento externo de empujar una decisión que le corresponde tomar a la ciudadanía mexicana.

Pero la brújula debe ser la misma: primero se protege el voto.

Anular una elección debe ser la última salida.

Si alguien afirma que hubo intervención extranjera, tendrá que demostrar qué ocurrió, quién intervino, cómo intervino y de qué manera eso cambió de forma determinante la voluntad ciudadana. Así pasa con cualquier causal de nulidad: no basta señalarla, hay que probarla.

Porque una elección mexicana debe decidirse aquí, por la gente de aquí, incluyendo a las mexicanas y mexicanos que votan desde el extranjero conforme a la ley.

Si alguien de fuera intenta cambiar eso indebidamente, debe investigarse.

Pero si no se prueba, el voto debe sostenerse.

Soy Daniel Dorantes y esto fue La Llave.

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El T-MEC: el contrato que define tu trabajo, tu canasta y tu futuro

Análisis semanal de geopolítica  |  Junio de 2026  

Hay acuerdos que se firman en las cumbres y se olvidan en la vida cotidiana. El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no es uno de ellos. Cada vez que una empresa instala una línea de producción en Monterrey, cada vez que un agricultor sinaloense exporta aguacate sin arancel o cada vez que una maquiladora de Juárez vende autopartes en Detroit, el T-MEC está ahí, invisible pero presente, determinando las reglas del juego. Lo que muchos mexicanos no saben —o no quieren saber— es que ese contrato está a punto de renovarse, o de no renovarse, y que el desenlace de esa negociación los afectará de formas muy concretas: en el precio del gas, en el costo del automóvil o en la solidez del empleo industrial en el país.

Esta semana, México y Estados Unidos concluyeron la primera ronda formal de revisión del tratado, celebrada los días 28 y 29 de mayo en la Ciudad de México. El saldo oficial fue optimista: ambas delegaciones lo calificaron de constructivo y de diálogo franco. Pero debajo de esa diplomacia de comunicado, la mesa de negociación esconde tensiones profundas y estructurales que no se resuelven con buena voluntad. Washington exige que al menos el 50% del valor de cada vehículo fabricado en Norteamérica provenga específicamente de suelo estadounidense, lo que representaría una ruptura histórica con la lógica de integración regional que ha guiado la cadena automotriz continental desde el TLCAN. El calendario es apretado: la segunda ronda será en Washington el 16 de junio, y la tercera —considerada la instancia decisiva para definir si habrá acuerdo en 2026 o se derivará hacia un ciclo de revisiones anuales— ocurrirá en la Ciudad de México la semana del 20 de julio.

“La prioridad es generar certidumbre para la inversión y la preservación de los empleos asociados al sector exportador.”

— Secretaría de Economía de México, comunicado oficial tras la primera ronda del T-MEC, 29 de mayo de 2026.

Para entender por qué esto importa, conviene tener claro un dato que suele omitirse en el debate público: más del 80% de las exportaciones mexicanas tienen como destino Norteamérica. Eso significa que el bienestar de la industria nacional —y, por extensión, de millones de trabajadores en los estados fronterizos y en los grandes polos manufactureros del centro del país— depende de manera estructural de lo que ocurra en esa mesa de negociación. No es una hipérbole afirmar que el T-MEC es el armazón sobre el que descansa gran parte de la economía formal de México. Si el tratado expirara sin renovación, el país entraría en un ciclo de revisiones anuales que podría prolongarse hasta 2036, generando una incertidumbre crónica que ahuyentaría inversión extranjera directa, debilitaría el peso y, en última instancia, encarecería la vida cotidiana de los ciudadanos.

La dimensión de lo que está en juego no admite eufemismos. Los flujos comerciales anuales que el T-MEC sostiene rondan los 800 mil millones de dólares. Esa cifra no es estadística abstracta: es la suma de salarios, contratos, exportaciones agrícolas, manufacturas de alta tecnología y servicios que México ha construido en los últimos treinta años de integración norteamericana. Debilitarla sería, en términos prácticos, desmantelar una parte sustancial de la base productiva del país. Por eso el gobierno de Claudia Sheinbaum ha declarado la renovación del T-MEC como prioridad de Estado, movilizando al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en una ronda de viajes y reuniones técnicas que comenzó meses antes del inicio formal de las negociaciones.

“Para México, la renovación exitosa del T-MEC es fundamental: no renovar o debilitar el acuerdo no es una opción viable, ya que pondría en riesgo flujos comerciales anuales cercanos a 800 mil millones de dólares.”

— Thomson Reuters México, análisis T-MEC 2026.

Pero la geopolítica del T-MEC no se agota en la relación bilateral. Hay un tercer actor que, aunque ausente de la mesa formal, define buena parte de la agenda: China. México lleva años atrapado en una posición incómoda entre las dos grandes potencias del siglo XXI. Por un lado, Washington presiona para que el país cierre la puerta a inversiones y componentes chinos que podrían utilizarse para eludir los aranceles estadounidenses y hacer ingresar manufactura asiática al mercado norteamericano disfrazada de producción regional. Por otro, la propia industria mexicana —especialmente en sectores como el textil, el calzado y la electrónica— depende de insumos y maquinaria que provienen de Asia y que no tienen sustituto inmediato en el continente americano.

La solución que el gobierno mexicano ha ensayado es pragmática pero imperfecta: aplicar aranceles a más de 1,400 fracciones arancelarias de origen chino, una señal de que México comprende las reglas del nuevo orden comercial y está dispuesto a alinearse con las prioridades geopolíticas de Washington. Sin embargo, el equilibrio es frágil. Las presiones no cesan, y cualquier percepción de que México sirve como puerta trasera para la manufactura china podría convertirse en argumento para que la administración Trump endurezca sus posiciones en las rondas de julio. En este juego de tres bandas, México no puede darse el lujo de ignorar a ninguno de los jugadores ni de simplificar la partida a una lógica binaria.

Este escenario revela algo que la geopolítica enseña con insistencia: los tratados comerciales no son documentos técnicos reservados a economistas y abogados de comercio exterior. Son, en el fondo, pactos de poder que determinan quién produce qué, dónde se instalan las fábricas, qué sectores crecen y cuáles se quedan atrás. Cuando Estados Unidos exige un porcentaje mayor de contenido automotriz en su territorio, no está haciendo contabilidad industrial: está reorientando la geografía económica de Norteamérica, empujando la producción de mayor valor agregado hacia el norte y redefiniendo el papel de México dentro de la cadena. La pregunta que los negociadores mexicanos deben responder no es únicamente cuántas plantas se conservan, sino en qué condiciones y con qué capacidad de decisión propia.

La revisión del T-MEC es también, en un sentido más profundo, un espejo del tipo de país que México quiere ser. ¿Un proveedor de mano de obra barata y ensambladora de piezas diseñadas en otro lugar? ¿O una economía que aprovecha su posición geográfica privilegiada —frontera con la mayor potencia económica del mundo, acceso a ambos océanos, demografía joven— para insertarse en las cadenas de valor con mayor inteligencia, mayor autonomía y retención del beneficio? La respuesta no se escribirá en las rondas de junio y julio. Se escribirá en las próximas décadas. Pero las decisiones que se tomen en las próximas semanas marcarán el punto de partida y, con él, el margen de maniobra que México tendrá para construir un camino propio dentro del orden global que se está configurando.

“El solo hecho de estar negociando, con interlocutores de peso y una agenda de fondo, es un resultado en sí mismo. Sentarse era la condición necesaria.”

— Enrique Quintana, El Financiero, 30 de mayo de 2026.

Entender el T-MEC no es cultura general ni ejercicio académico. Es la diferencia entre leer el periódico con los ojos del espectador o con los ojos del ciudadano que reconoce cómo las decisiones tomadas en Washington y en la Ciudad de México se traducen, semanas o meses después, en el precio del supermercado, en la solidez del empleo y en el tipo de cambio del viernes. Hay contratos que se leen en el notario. Hay otros que se leen en la nómina. El T-MEC es de los segundos, y en este momento está siendo reescrito. Vale la pena prestarle atención.