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Por Román André Martínez Bravo
¿Qué pasaría si Estados Unidos ya tuviera, desde hace más de año y medio, el andamiaje jurídico necesario para actuar militarmente en territorio mexicano sin declarar la guerra ni pedir permiso?
La pregunta no es hipotética.
El 20 de febrero de 2025 entró en vigor la designación de seis cárteles mexicanos —Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Golfo, del Noreste, La Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos— como Organizaciones Terroristas Extranjeras, conocidas como FTO, y como Terroristas Globales Especialmente Designados, o SDGT.
Desde entonces, México vive bajo un régimen legal que Washington puede activar cuando decida que le conviene, sin que la relación bilateral haya cambiado formalmente de naturaleza.
Esa ambigüedad —ni guerra declarada ni cooperación ordinaria— es, precisamente, el punto.
El andamiaje que ya existe
La designación FTO no es un gesto retórico. Permite congelar activos, perseguir penalmente a cualquiera que brinde “apoyo material” a los grupos señalados —una categoría legal que en Estados Unidos se ha aplicado de forma extraordinariamente amplia— y, sobre todo, coloca a los cárteles mexicanos en la misma categoría jurídica que Al Qaeda o Al Shabaab.
Stephen Miller, entonces asesor de Seguridad Interna de la Casa Blanca, lo explicó sin matices el día en que la medida entró en vigor: cada miembro de esas organizaciones que opera en suelo estadounidense es, legalmente, un terrorista y será tratado como tal.
Lo relevante no es solo el lenguaje. El propio secretario de Estado, Marco Rubio, reconoció que el uso de la fuerza militar contra los cárteles es una opción que está a disposición del presidente.
No se trata de una lectura exagerada de columnista: es la posición oficial de quien firmó la designación.
Y, a diferencia de los aranceles o de las presiones migratorias —que se negocian, se posponen, se convierten en llamadas telefónicas—, una designación de terrorismo no caduca ni se revisa cada seis años como el T-MEC. Queda ahí, disponible, como una llave que Washington puede girar cuando el cálculo político se lo permita.
El precedente que nadie quiere nombrar
En 1989, Estados Unidos invadió Panamá bajo el argumento de combatir el narcotráfico y capturar a Manuel Antonio Noriega, entonces hombre fuerte del país y, no menos importante, antiguo activo de la CIA convertido en pasivo incómodo.
La operación no requirió una declaración de guerra del Congreso estadounidense. Se sostuvo en la lógica de que un Estado que alberga o tolera actividad criminal transnacional pierde parte de su presunción de soberanía frente a quien se dice amenazado por ella.
Treinta y siete años después, la lógica jurídica es más sofisticada —la designación FTO ofrece una cobertura legal que en 1989 no existía de forma tan articulada—, pero el argumento de fondo es el mismo: la soberanía territorial deja de ser un límite absoluto cuando del otro lado se invoca una amenaza a la seguridad nacional propia.
Ese es, también, el argumento que sostuvo la “Operación Resolución Absoluta” contra Nicolás Maduro en Venezuela.
México no es Panamá ni Venezuela, y las asimetrías de poder, historia e integración económica son enormes. Pero el marco legal que hace posible ambos precedentes es, hoy, el mismo marco que ya existe para México.
La respuesta mexicana: soberanía como discurso y como reforma
El gobierno de Claudia Sheinbaum ha entendido el riesgo y ha respondido en dos frentes: el discursivo y el institucional.
En el primero, la presidenta ha sido categórica cada vez que Trump ha insinuado —según ella misma ha revelado, en llamadas privadas— la posibilidad de una intervención militar.
“La soberanía no se vende, se ama y se defiende”, declaró en una de sus respuestas más citadas.
En el segundo frente, el más consecuente, su gobierno impulsó una reforma constitucional para reforzar la soberanía nacional y una ley que castiga con cárcel las acciones intervencionistas de agentes extranjeros en territorio mexicano: una respuesta jurídica directa a la designación FTO, aprobada apenas semanas después de que esta entrara en vigor.
Es una defensa seria, no solo simbólica. Pero conviene no confundir la solidez del discurso con la solidez de la posición.
Mientras Sheinbaum reitera que “no está sobre la mesa, ni sobre la silla, ni sobre el piso”, los vuelos de vigilancia aérea estadounidense sobre territorio mexicano han aumentado, de acuerdo con reportes coincidentes de varios medios.
La cooperación en inteligencia que México acepta —y que el propio gobierno mexicano describe como legítima y necesaria— es, en los hechos, la infraestructura de información sobre la cual se construiría cualquier operación futura, autorizada o no.
La soberanía se defiende con leyes y con discursos, pero también con lo que se permite sobrevolar.
Lo que arriesga la economía formal
Hay una dimensión de la designación que se discute menos en México porque no produce titulares tan vistosos como una amenaza de bombardeo, pero que probablemente pesa más en el corto plazo: el riesgo para la economía formal.
La figura de “apoyo material” a una organización terrorista, en el derecho estadounidense, no exige intención criminal comprobada más allá de toda duda. Basta con que un banco, una remesadora, una empresa de transporte o un proveedor de servicios financieros mexicano haya procesado, aunque sea sin saberlo, recursos vinculados a alguno de los seis grupos designados para quedar expuesto a sanciones, cierre de corresponsalías bancarias en dólares o procesos bajo legislación antiterrorista.
Esto ya ha ocurrido antes con instituciones financieras mexicanas señaladas por presunto lavado de dinero, pero la designación FTO eleva la vara: convierte un asunto de cumplimiento normativo en un asunto de seguridad nacional estadounidense, con todo el aparato de inteligencia y sanciones que eso implica.
Para un país cuya economía depende de forma crítica del acceso al sistema financiero en dólares —y que negocia, en paralelo, la revisión del propio T-MEC—, esta es una presión silenciosa pero constante, que no necesita un solo soldado estadounidense para modificar el comportamiento de bancos, aseguradoras y empresas mexicanas.
El costo de la ambigüedad
Aquí es donde conviene pensar con Gramsci más que con el derecho internacional.
La designación FTO no busca —todavía— una intervención inmediata. Busca construir el consenso, la “hegemonía” en sentido gramsciano, que hace que una eventual acción futura parezca no una violación de la soberanía mexicana, sino una consecuencia lógica y hasta esperada de una amenaza que ya fue nombrada, catalogada y legalmente activada.
Cada vez que un funcionario estadounidense repite que “todas las cartas están sobre la mesa” —como dijo el entonces nominado a embajador Ronald Johnson ante el Senado— sin que eso derive en una ruptura diplomática, la frase se normaliza un poco más.
La opinión pública estadounidense, y buena parte de la mexicana, se acostumbra a la idea de que la pregunta ya no es si Washington puede actuar unilateralmente en México, sino cuándo, bajo qué gobierno y con qué pretexto específico lo haría.
Esa es la verdadera puerta que se abrió en febrero de 2025: no la de una invasión inminente, sino la de una legitimidad construida por adelantado.
México ha respondido con la herramienta correcta —reforma constitucional, ley antiintervencionista, firmeza discursiva—, pero esas herramientas operan en el terreno jurídico y simbólico, mientras que la designación FTO opera en el terreno de la narrativa de largo plazo.
Ganar la primera batalla no garantiza ganar la segunda.
Y en un vecino con memoria de 1989 y con un precedente reciente en Venezuela, la distancia entre “no está sobre la mesa” y “ya lo estaba desde hace tiempo” puede ser más corta de lo que la diplomacia mexicana querría admitir.
