Por Redacción LYPmultimedios | Sociedad y Derechos Humanos
SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO. (12 de junio de 2026). – A escasas horas de que la capital queretana se pinte de colores por la marcha del orgullo y dignidad LGBT+, el clima para los activistas de derechos humanos se ha tornado violento y sumamente hostil.
En un urgente llamado público, la activista María José (Majo), arropada por la diputada local de Morena, Rosalba Vázquez Munguía, denunció ser víctima de una escalada de agresiones físicas y verbales sistemáticas en contra de ella y otros miembros de colectivos de la diversidad sexual.
El punto de inflexión ocurrió el pasado 29 de mayo, cuando la doctora Majo sufrió un ataque físico directo. Desde entonces, el hostigamiento ha evolucionado a un nivel crítico: la activista reveló que teme por su vida y la de sus compañeras tras recibir amenazas de muerte explícitas cuyo objetivo es obligarla a desistir de participar en la marcha programada para este sábado 13 de junio en el centro de la ciudad.
El abandono institucional: Desmienten al Fiscal
La denuncia tomó un giro alarmante al exhibir la negligencia de las autoridades. María José confirmó que ya interpuso la denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE). Sin embargo, acusó directamente a la institución de mentirle a la opinión pública.
Mientras el Fiscal ha declarado en medios que existe una carpeta abierta y que se han dictado «medidas de protección» para la víctima, la activista desmintió tajantemente esta versión. Majo expresó su profunda preocupación al señalar que no cuenta con ningún tipo de escolta o mecanismo de seguridad, al grado de estar siendo violentada y acosada en su propio domicilio.
Ante esta vulnerabilidad, la activista exigió un acercamiento real e inmediato con el Fiscal para conocer los nulos avances de su caso.
Acoso policial y el efecto del veto gubernamental
La violencia no solo proviene de particulares. Los colectivos afirmaron tener en su poder evidencia en video, fechada el 31 de mayo, que muestra a elementos de la policía amedrentando a los activistas.
¿Qué detonó esta ola de agresiones? Para la doctora María José y los colectivos, el origen es claro: el clima de hostilidad se disparó tras exigirle al gobernador que bajara el video donde anunciaba el veto a la Ley de Identidad de Género. Los defensores de derechos humanos consideran que dicho mensaje institucional encendió una agresiva campaña de desinformación ciudadana que ha dejado a la comunidad LGBT+ expuesta al discurso de odio.
Pese a la adversidad, las organizaciones aseguraron estar trabajando para solventar las observaciones del Poder Ejecutivo y lograr que la ley se publique. Mientras tanto, anunciaron que este viernes por la tarde instalarán un punto de apoyo legal en Plaza Victoria, con el fin de orientar a compañeros que hayan sido víctimas de violencia, agresiones o demandas infundadas en este clima de polarización.
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