Por: Redacción de LYPmultimedios
Ciudad de México, 28 de julio de 2026.— En México, un proceso penal puede celebrarse en dos salas al mismo tiempo: la del tribunal, donde deberían hablar las pruebas, y la del micrófono, donde los partidos intentan dictar sentencia antes que los jueces.
La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, eligió este martes la segunda.
Durante su conferencia de prensa, llamó “corruptos” a quienes han expresado respaldo al exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel y describió la defensa política del acusado como una red de “amigos y malhechores”.
No fue una frase aislada.
Montiel aseguró que Ingemar, la empresa vinculada con Ruffo, mantiene actividades ilícitas; afirmó que el antiguo Poder Judicial protegió sus operaciones y presentó el caso como una consecuencia directa de la corrupción creada por la reforma energética de 2013.
Morena tenía razones para responder.
El PAN ha intentado convertir a Ruffo en símbolo de una persecución política y un grupo de exmandatarios latinoamericanos y españoles acusó al Gobierno mexicano de utilizar la justicia como venganza.
Pero responder a una absolución partidista con una condena partidista no fortalece el Estado de derecho.
Lo reemplaza con propaganda.
La acusación existe y debe investigarse
El caso no nació de una ocurrencia en la conferencia de Morena.
Ernesto Ruffo y otras siete personas fueron vinculados a proceso dentro de una investigación sobre una presunta red que habría introducido combustible desde Estados Unidos mediante declaraciones aduanales falsas o incompletas.
La FGR sostiene que reunió 96 datos de prueba y que la operación investigada habría movilizado cientos de millones de litros, con un daño fiscal multimillonario. Ruffo ha negado conocer las posibles irregularidades y afirma que Ingemar se limitaba a realizar gestiones de importación.
Es un expediente grave.
Debe llegar hasta el fondo, seguir el dinero, identificar a las empresas beneficiadas y esclarecer qué autoridades permitieron el paso de los cargamentos.
La condición de exgobernador no debe funcionar como blindaje.
Su historia política tampoco puede darle inmunidad.
Pero investigar no es condenar.
La vinculación a proceso significa que una jueza encontró elementos para continuar el procedimiento. No significa que Ruffo haya sido declarado responsable de dirigir una red criminal.
Ese límite, aparentemente sencillo, desapareció durante la conferencia de Morena.
De “presunto responsable” a “malhechor”
La frase más polarizante de Montiel fue también la más reveladora:
“Entre corruptos se defienden permanentemente”.
Después habló de una lógica de “protección entre amigos y malhechores”.
El problema no es únicamente el tono.
La palabra “malhechor” no describe a una persona investigada. Describe a alguien a quien ya se considera delincuente.
Cuando esa expresión proviene de la dirigente del partido gobernante, deja de ser una bravata de redes sociales. Se convierte en una señal política dirigida a una sociedad que observa el proceso, a fiscales que lo sostienen y a jueces que deberán resolverlo.
Montiel puede defender la investigación.
Puede cuestionar la doble moral del PAN y exigir que nadie reciba impunidad por su apellido o trayectoria.
Lo que no debería hacer es anunciar desde una tribuna partidista la conclusión que todavía corresponde demostrar a la Fiscalía.
La presunción de inocencia no es un premio para personas simpáticas ni una cortesía reservada para militantes de Morena.
Es una protección frente al poder.
También cuando el acusado pertenece a la derecha.
El PAN construye su propia sentencia
Acción Nacional tampoco ha mostrado paciencia por la justicia.
Jorge Romero declaró a Ruffo “preso político”, afirmó que no existen pruebas y exigió su libertad. Lo hizo pese a la vinculación a proceso y sin presentar públicamente un análisis completo del expediente que permita demostrar la supuesta fabricación del caso.
El PAN intenta presentar cualquier investigación contra uno de sus personajes históricos como persecución de la 4T.
Morena responde llamando corruptos a todos los que piden cautela.
En medio queda la justicia, utilizada como uniforme de dos equipos enfrentados.
Para el PAN, la trayectoria opositora de Ruffo parece suficiente para declararlo inocente.
Para Morena, su relación con una empresa investigada parece suficiente para tratarlo como culpable.
Ambos partidos borran la zona donde debería trabajar el periodismo: los documentos, las contradicciones, el origen del dinero, la responsabilidad concreta y las garantías procesales.
Una disputa por la historia de 1989
Montiel llevó el enfrentamiento más lejos al cuestionar uno de los principales símbolos históricos del PAN.
Ruffo ganó en 1989 la gubernatura de Baja California y se convirtió en el primer mandatario estatal de oposición reconocido durante décadas de dominio priista.
Para Morena, esa victoria no fue una conquista democrática, sino el resultado de una negociación entre el PAN y el Gobierno de Carlos Salinas para legitimar el fraude presidencial de 1988.
La relación entre Salinas y Acción Nacional estuvo marcada por negociaciones y acuerdos. El concepto de “concertacesión” forma parte de la discusión histórica sobre aquella etapa.
Pero una cosa es analizar el acercamiento político entre el Gobierno y el PAN.
Otra es afirmar, sin documentos presentados durante la conferencia, que el voto de miles de bajacalifornianos fue apenas una concesión diseñada para encubrir la elección presidencial anterior.
La historia política puede discutirse.
No debería reescribirse únicamente porque uno de sus protagonistas enfrenta hoy una acusación penal.
Si Ruffo cometió delitos, deberá responder por ellos.
Eso no convierte automáticamente su victoria de 1989 en una ficción.
El viejo Poder Judicial como culpable universal
La presidenta de Morena aseguró además que el Poder Judicial anterior protegió a Ruffo al conceder amparos que obligaron a restituir permisos de importación.
El señalamiento conecta con una narrativa constante del oficialismo: los jueces del “viejo régimen” como guardianes de empresarios y delincuentes.
Puede haber decisiones judiciales cuestionables. También pueden existir redes de influencia y sentencias favorables a intereses poderosos.
Pero obtener un amparo no demuestra, por sí solo, que el juez protegiera una actividad criminal.
Un tribunal puede considerar que una autoridad canceló irregularmente un permiso sin determinar si años después la empresa participó en un delito.
Convertir cualquier resolución contraria al Gobierno en prueba de corrupción judicial debilita la función misma de los tribunales: revisar al poder.
La investigación tendría que demostrar si hubo complicidad, sobornos, conflictos de interés o decisiones deliberadamente ilegales.
Sin esas pruebas, “el Poder Judicial los protegió” funciona mejor como consigna que como explicación.
El oficialismo no puede apropiarse de la Fiscalía
Montiel insistió en respaldar a la FGR y rechazó que exista una “fábrica de delitos”.
Morena tiene derecho a defender la legitimidad de una institución atacada por la oposición.
Pero un partido gobernante debe ser especialmente cuidadoso al hablar de una investigación penal.
La Fiscalía no debería necesitar el respaldo político de Morena.
Necesita independencia, pruebas sólidas y capacidad para sostenerlas ante un tribunal.
Cuando la dirigencia partidista explica el expediente, celebra la prisión y descalifica a la defensa, borra la distancia que debería existir entre el partido, el Gobierno y la persecución penal.
Aunque la investigación sea legítima, la intervención política puede contaminarla.
Y puede ofrecer a la defensa un argumento que no tenía: que el resultado ya fue decidido fuera de la audiencia.
Una justicia sin héroes ni enemigos predestinados
El caso Ruffo enfrenta dos relatos que intentan evitar el trabajo incómodo de probar.
El PAN quiere un héroe democrático perseguido por el autoritarismo.
Morena quiere un representante del viejo régimen finalmente alcanzado por la justicia.
Es posible que ninguno de esos relatos describa por completo lo ocurrido.
Ruffo puede haber sido una figura importante de la alternancia y, al mismo tiempo, tener responsabilidades penales que deben investigarse.
También puede estar vinculado empresarialmente con las operaciones sin que la Fiscalía consiga demostrar que conocía o dirigía los delitos.
Para eso existe el proceso.
No para protegerlo.
Tampoco para fusilarlo políticamente antes de la sentencia.
La frase “entre corruptos se defienden” puede entusiasmar a la militancia y alimentar titulares. No ayuda a esclarecer quién introdujo el combustible, quién alteró los documentos, quién recibió el dinero y qué funcionarios dejaron pasar los cargamentos.
La lucha contra el huachicol fiscal exige menos espectáculo y más investigación.
El PAN no puede absolver a Ruffo por amistad.
Morena no puede condenarlo por enemistad.
La justicia comienza cuando ambos partidos guardan silencio suficiente para que hablen las pruebas.