En cinco días, el gobierno de Querétaro y la oposición presentaron dos versiones del mismo documento. El 5 de noviembre, la Contraloría del estado celebró el «cero perfecto» de la Auditoría Superior de la Federación. El 10, Santiago Nieto Castillo expuso pagos a personas fallecidas, nóminas a funcionarios con doble cargo y casi dos mil millones de pesos retenidos en cuentas bancarias. Ambas afirmaciones provienen de la segunda entrega de informes individuales de la Cuenta Pública 2025.
No se contradicen. Lo que las separa es el momento del proceso que cada uno decidió contar.
El coordinador estatal de la defensa de la transformación de Morena acudió al Congreso del estado acompañado de legisladores de su partido, con los informes impresos sobre la mesa. Expuso que la Secretaría de Educación estatal y la USEBEQ erogaron 3.04 millones de pesos en pagos vinculados a 23 trabajadores registrados como fallecidos durante el ejercicio fiscal 2025, hallazgo que la ASF obtuvo al cotejar la nómina contra las bases de defunción de la Secretaría de Salud. Otros 2.57 millones corresponden a tres trabajadores que ocupaban simultáneamente cargos de elección popular y representaciones sindicales, entre ellos un regidor del municipio de Querétaro.
Detalló además reintegros a la Tesorería de la Federación: 4.58 y 11.94 millones de pesos de rendimientos financieros del sector salud que no se aplicaron a los objetivos de los programas, y 4.94 millones en el ramo educativo. Cuestionó la compra de mil 200 sillas de paleta para secundarias mediante invitación restringida, procedimiento en el que, según su exposición, faltó documentación ante la ASF.
«Se le solicita dinero a la Federación, pero en realidad no se utiliza para el objetivo de los mismos», planteó.
Cinco días antes, el secretario de la Contraloría, Óscar García González, había informado que nueve auditorías federales sobre 18 mil 839.4 millones de pesos cerraron sin montos por aclarar ni acciones o recomendaciones de seguimiento, resultado que atribuyó a la gestión de su dependencia ante los auditores y a la coordinación con municipios.
La aparente contradicción se resuelve al leer el procedimiento. Cuando la ASF detecta una observación, la entidad auditada tiene un plazo para aclararla o reintegrar el recurso antes de que el informe se cierre. Si lo hace, el resultado se tiene por solventado y no genera monto pendiente. Los documentos exhibidos en la presentación de Nieto indican que los rendimientos de salud fueron reintegrados y que los pagos ligados a personal fallecido se aclararon o se devolvieron. Que una auditoría cierre sin montos por aclarar no significa, entonces, que no haya encontrado nada: significa que lo encontrado se corrigió.
Dos resultados no aparecen reportados como solventados en la información pública disponible: el reintegro educativo de 4.94 millones y la documentación faltante de las sillas escolares. Sobre el primero, Nieto pidió determinar si existen responsabilidades administrativas, y marcó él mismo el límite de lo que estaba planteando: «El iniciar procedimientos administrativos no implica que haya sanciones».
El punto más político de su exposición no corresponde a una irregularidad detectada. Se trata de los mil 974 millones de pesos que el estado captó como ingresos excedentes de libre disposición en 2025, de los cuales mil 526 millones permanecían en cuentas bancarias al cierre del ejercicio. Nieto los llamó «guardadito» con posibles fines electorales. Retener excedentes de libre disposición está regulado por la Ley de Disciplina Financiera y no constituye por sí mismo una falta: el propio Nieto propuso reformar las reglas presupuestales de la entidad, lo que admite que bajo la normatividad vigente la práctica es permitida. La discusión ahí es sobre el destino del dinero, no sobre su legalidad.
En el orden municipal, la exposición señaló un contrato por 213 millones de pesos en la capital para elaboración de manuales y material literario, en el que mencionó a la empresa Litho Formas y la presencia de exfuncionarios del IEEQ en la administración municipal, sin aportar nombres. Este medio no localizó registro público de un contrato por ese monto y concepto. Lo que sí está documentado es una adjudicación directa del Municipio de Querétaro a Litho Formas por un millón 39 mil pesos, firmada por la Dirección de Adquisiciones y la Secretaría de Gobierno, por servicios de papel seguridad.
El municipio emitió una postura el 7 de noviembre: sostuvo que contrató a esa empresa por su especialización en papel seguridad y documentos con características de protección, que no es su proveedora exclusiva —mencionó entre sus clientes a la Lotería Nacional, el INE y la SHCP—, que las contrataciones tienen antecedentes en administraciones anteriores y que se realizaron conforme a la legislación aplicable.
Litho Formas aparece además en un expediente de alcance nacional: forma parte de las empresas señaladas por presuntos contratos irregulares con el INE durante la gestión de la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei, caso en el que se han reportado investigaciones de la ASF, la FGR y la UIF. Esa línea permanece como señalamiento y no hay resolución que la acredite.
Nieto pidió también investigar un posible conflicto de interés en Corregidora, tras la difusión de imágenes de un exjefe de gabinete vacacionando con un contratista gubernamental, y sostuvo que el sistema anticorrupción local es ineficiente. Al cierre de esta edición no había postura de ese ayuntamiento.
