El alcalde reunió a quienes deberían fiscalizar programas y obras, pero utilizó el encuentro para recitar consultas, terapias, funciones de cine y talleres. No identificó los proyectos supervisados, los recursos vigilados, las irregularidades detectadas ni las correcciones exigidas por la ciudadanía.
El encuentro tuvo una paradoja difícil de disimular: Roberto Cabrera se reunió con integrantes de los Comités de Contraloría Social —ciudadanos cuya función consiste en vigilar al gobierno—, pero terminó utilizándolos como público para una nueva presentación de su Quinto Informe.
El alcalde de San Juan del Río aseguró que durante el último año se integraron comités en 15 comunidades y 17 colonias. Es decir, 32 mecanismos ciudadanos que, según el discurso oficial, acompañaron proyectos, conocieron su desarrollo y verificaron que las acciones respondieran a las necesidades de la población.
Hasta ahí llegó la rendición de cuentas sobre la contraloría.
Cabrera no informó cómo se llaman los comités, dónde operan, quiénes los integran, qué obras o programas supervisaron, cuánto dinero estuvo bajo su vigilancia, cuántas reuniones realizaron ni qué documentos recibieron.
Tampoco presentó actas, informes, observaciones, quejas, denuncias, respuestas institucionales o correcciones derivadas de su intervención.
La administración contó a los vigilantes, pero no explicó qué vigilaron.
Una contraloría social no es una fotografía de grupo
La contraloría social no consiste simplemente en reunir vecinos, tomar protesta a un comité o sentar a sus integrantes frente al presidente municipal.
De acuerdo con la definición de la Secretaría de Bienestar, estos mecanismos deben permitir que las personas beneficiarias supervisen el ejercicio de los recursos, comprueben que exista documentación sobre los apoyos, verifiquen que los programas no se utilicen con fines políticos y presenten quejas o denuncias cuando detecten irregularidades.
Los comités también deben generar informes sobre las obras o servicios vigilados, las metas alcanzadas, la información recibida y las respuestas ofrecidas por las autoridades. La guía federal enumera expresamente estas obligaciones.
Nada de ello apareció en el balance de Cabrera.
No se conoció una sola obra cuyo costo haya sido revisado por los ciudadanos. Tampoco un retraso señalado, un material rechazado, una meta incumplida, una denuncia presentada o una recomendación atendida.
Eso no permite concluir que los comités nunca hayan trabajado. Permite afirmar algo más elemental: el alcalde presumió su existencia sin rendir cuentas sobre su desempeño.
El año pasado eran 24; ahora no se sabe cuántos siguen activos
El Cuarto Informe de Gobierno registró 24 comités de contraloría social conformados durante 2025. El nuevo balance asegura que en el último año fueron integrados otros 32, distribuidos entre comunidades y colonias.
La administración no aclaró si los 32 son adicionales a los 24 reportados anteriormente, si sustituyeron a comités vencidos, si algunos fueron renovados o si se trata del número total actualmente vigente.
Si todos permanecieran activos, el municipio debería contar con al menos 56. Si los anteriores concluyeron sus funciones, tendría que explicar cuándo, por qué y qué resultados entregaron antes de desaparecer.
El Cuarto Informe municipal se limitó entonces a reportar los 24 comités como indicador de impacto. Un año después, el método se repite: la creación de la estructura es presentada como resultado, aunque no se conozca el producto de su vigilancia.
Es la burocracia contabilizándose a sí misma: si se instala un comité, la meta parece cumplida, incluso cuando nadie demuestra que ese comité obtuvo información, revisó expedientes o consiguió corregir alguna irregularidad.
La transparencia tampoco facilita seguirles la pista
El portal municipal incluye un apartado destinado a los mecanismos de participación ciudadana. Sin embargo, la consulta pública realizada para esta nota no permitió localizar un padrón claramente identificable y actualizado de los 32 comités anunciados para 2025-2026, acompañado por sus actas constitutivas, proyectos vigilados e informes finales.
La plataforma sí concentra documentos históricos de obras y actas de ejercicios anteriores, pero la información actual no se presenta de manera que cualquier ciudadano pueda reconstruir la actividad de los comités mencionados por el alcalde. El apartado de transparencia municipal reconoce la categoría de participación ciudadana; el desafío es llenarla con documentos útiles y actuales, no solamente conservar el casillero.
Una contraloría social opaca es una contradicción en sus propios términos.
Si los comités existen para acercar la vigilancia a la gente, sus resultados deberían ser los documentos más fáciles de localizar: nombre del proyecto, presupuesto, contratista o proveedor, calendario, integrantes, recorridos, observaciones y respuesta de la autoridad.
Auditorías millonarias, comités silenciosos
La falta de información adquiere mayor relevancia frente a los procesos de fiscalización que ha enfrentado el municipio.
En la revisión de la Cuenta Pública 2024, la Auditoría Superior de la Federación formuló observaciones relacionadas con recursos por 42 millones 765 mil pesos. Entre los rubros señalados estuvieron adquisiciones, alumbrado público y servicios asociados con el relleno sanitario. El gobierno municipal respondió que las inconsistencias eran documentales y entregó información para solventarlas. La administración aseguró en mayo que el procedimiento permanecía en seguimiento.
La titular del Órgano Interno de Control también reconoció entonces la existencia de 14 carpetas de investigación por posibles incumplimientos administrativos, entre ellos la falta de una póliza de garantía en un expediente contractual.
Estas observaciones no corresponden necesariamente a programas supervisados por los comités ahora presentados ni prueban que éstos hayan fallado. Precisamente por eso importa conocer su trabajo: ¿alguno revisó proyectos relacionados?, ¿recibieron información contractual?, ¿detectaron anomalías?, ¿canalizaron reportes?, ¿obtuvieron respuesta?
El informe de Cabrera no establece conexión alguna entre la vigilancia ciudadana que presume y los problemas administrativos que los órganos fiscalizadores han documentado.
El contraste deja una pregunta incómoda: si los comités no pueden conocerse cuando aparecen dudas sobre el gasto, ¿para qué sirven fuera del acto protocolario?
Una avalancha de cifras para evitar hablar de vigilancia
Después de mencionar los 32 comités, Cabrera cambió rápidamente de tema.
Enumeró 22 invernaderos y macrotúneles, más de 130 espacios intervenidos con pintura, consultas médicas, terapias físicas, atenciones psicológicas, servicios dentales, actividades deportivas, talleres culturales, funciones de cine y usuarios de bibliotecas.
Son acciones que pueden tener valor social, pero no responden a las preguntas centrales del encuentro: ¿qué recursos fiscalizaron los comités y qué consiguieron modificar?
El Centro de Rehabilitación Integral, por ejemplo, reportó 11 mil 231 consultas, terapias, sesiones, servicios y atenciones al sumar las categorías presentadas. Pero la cifra no equivale necesariamente a 11 mil 231 personas: un mismo paciente puede requerir múltiples terapias y aparecer varias veces dentro del registro.
Lo mismo ocurre con las 13 mil 258 “participaciones” en actividades físicas y las 2 mil 762 en talleres del Centro de Día. Participaciones no significa personas únicas, permanencia ni resultados.
El gobierno también informó una inversión de 14 millones 999 mil pesos en “herramientas tecnológicas” para mil 358 familias. El promedio aritmético ronda los 11 mil pesos por familia, pero no se explicó qué equipos fueron entregados, cuál fue su costo unitario, quién los suministró, qué criterios definieron a los beneficiarios ni qué relación guardaba ese programa con los comités reunidos.
La saturación numérica funciona como una cortina: mientras más cantidades aparecen, menos visible queda la ausencia del dato fundamental.
Lo mínimo que Cabrera debería publicar
Si la administración pretende demostrar que la contraloría social no es una figura decorativa, debería poner a disposición pública, por cada comité:
- Acta de integración y periodo de funcionamiento.
- Colonia o comunidad a la que pertenece.
- Obra, programa o apoyo sometido a vigilancia.
- Presupuesto, fuente del recurso y dependencia ejecutora.
- Empresa contratista o proveedor involucrado.
- Información entregada a los ciudadanos.
- Minutas de reuniones y recorridos de supervisión.
- Observaciones, quejas o denuncias recibidas.
- Respuestas ofrecidas por las autoridades.
- Modificaciones o correcciones obtenidas.
- Informe final firmado por los integrantes.
Estos elementos no constituyen una exigencia extravagante. Son la diferencia entre participación ciudadana y simulación administrativa.
Vigilar al gobierno no significa acompañarlo en el informe
Cabrera afirmó que una “Mejor Sociedad” se construye cuando las personas participan en la atención de las necesidades de su entorno. Pero la contraloría social no fue creada para ayudar al gobierno a repetir sus mensajes, validar sus actos o llenar auditorios.
Fue creada para incomodarlo cuando la obra se retrasa, cuando el material no corresponde, cuando el apoyo se condiciona, cuando el contrato no se entrega o cuando el dinero no puede seguirse con claridad.
El presidente municipal tuvo frente a sí a los ciudadanos encargados de observar al poder. En lugar de explicar qué habían descubierto, los convirtió en audiencia de una colección de logros sin conexión entre sí.
Una contraloría social que solamente sirve para contar comités no controla al gobierno: lo decora.
