Ciudad de México, 7 de octubre de 2026.— Una auditoría de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) detectó pagos por 592.3 millones de pesos a 67 mil 142 beneficiarios de educación superior cuyos datos no pudieron ser validados ante el Registro Nacional de Población e Identidad, como parte de la revisión a los programas de Becas para el Bienestar durante 2024 y 2025.
Las anomalías forman parte de una revisión más amplia sobre el ejercicio de recursos públicos federales. De acuerdo con un recuento de La Jornada basado en el Informe del Resultado de la Fiscalización 2025, la SABG realizó observaciones por al menos 5 mil 639 millones de pesos, relacionadas con recursos sin comprobar, pagos en exceso, obra pagada pero no ejecutada y otras irregularidades.
En el caso de las becas, los hallazgos no se limitaron a la validación de beneficiarios: la auditoría identificó decenas de miles de tarjetas bancarias que no habían sido entregadas pero aparecían activas, además de dispersiones realizadas a algunas de esas cuentas.
67 mil beneficiarios sin validación ante el registro de población
La revisión identificó a 67 mil 142 beneficiarios de educación superior que no contaban con registro validado ante el Registro Nacional de Población e Identidad y a quienes se habían destinado 592.3 millones de pesos.
El hallazgo corresponde a la auditoría A PROCESO-002-029-2025, que revisó las Becas para el Bienestar durante 2024 y el primer semestre de 2025.
La existencia de una observación de auditoría, sin embargo, no significa automáticamente que los 67 mil 142 estudiantes sean inexistentes ni acredita por sí misma la comisión de un fraude. El dato documentado es que sus registros no pudieron ser validados bajo los mecanismos revisados por la autoridad fiscalizadora.
Corresponderá a las instituciones involucradas aclarar la identidad y elegibilidad de los beneficiarios y, en su caso, determinar responsabilidades.
Casi 96 mil tarjetas no habían sido entregadas
Otro de los hallazgos involucra directamente al Banco del Bienestar.
La auditoría detectó 95 mil 960 tarjetas que no habían sido entregadas a sus beneficiarios. De ese universo, 94 mil 251 aparecían con estatus activo.
La situación resulta relevante porque las reglas establecen que las tarjetas deben activarse después de ser recibidas por las personas beneficiarias.
La revisión encontró además que en las cuentas correspondientes a mil 78 tarjetas no entregadas pero registradas como activas se dispersaron 8.6 millones de pesos.
A estas observaciones se agregan pagos por 8.5 millones de pesos a mil 376 estudiantes inscritos en escuelas no prioritarias.
En conjunto, reportes previos sobre la misma fiscalización han situado las anomalías detectadas en Becas para el Bienestar en alrededor de 609.4 millones de pesos.
Las observaciones van más allá de las becas
La revisión de la Secretaría Anticorrupción abarca diferentes áreas del gasto federal.
El mayor monto señalado dentro de las revisiones de 2025 corresponde a recursos federales transferidos a los estados: 48 observaciones por mil 602 millones de pesos en ocho programas.
Entre ellas aparecen 751.4 millones de pesos relacionados con infraestructura hospitalaria, donde se detectaron falta de devengo y ausencia de documentación comprobatoria o justificativa del gasto.
Otros 716.5 millones de pesos fueron observados en proyectos de agua potable por falta de aportaciones estatales, deficiencias en obra pública, irregularidades en volúmenes y recursos sin comprobar.
Obra pagada que no fue ejecutada
La obra pública federal también concentró una parte importante de los señalamientos.
La SABG determinó 161 hallazgos por 979.5 millones de pesos. Entre ellos se contabilizaron 31 casos de pagos en exceso y 25 relacionados con obra que había sido pagada pero no ejecutada.
En adquisiciones se observaron otros 259.5 millones de pesos, principalmente vinculados con penas convencionales procedentes.
Los órganos internos de control detectaron además irregularidades en distintas dependencias y organismos federales.
En el Instituto Nacional de Migración, fallas de supervisión derivaron en 537.6 millones de pesos de ingresos no reportados o enterados fuera de tiempo.
En Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México se señaló un posible daño patrimonial por 419.5 millones de pesos, mientras que el Centro Nacional de Control de Energía utilizó 295.7 millones de pesos de disponibilidades financieras para gasto corriente sin contar, según el informe, con autorización de la Secretaría de Hacienda.
Parte del dinero ya fue reintegrado
Las observaciones tampoco significan que la totalidad de los recursos señalados se encuentre definitivamente perdida.
El informe establece que la Secretaría Anticorrupción verificó reintegros por 968.7 millones de pesos a la Tesorería de la Federación correspondientes a programas federalizados.
En obra pública se recuperaron 70.4 millones de pesos y permanecían 680.4 millones pendientes de aclaración.
En el caso del Instituto Nacional de Migración, 284.1 millones fueron enterados a la Tesorería y otros 399.6 millones fueron remitidos al Servicio de Administración Tributaria como créditos fiscales.
Observación no equivale todavía a responsabilidad
La distinción resulta fundamental para dimensionar los resultados de una auditoría.
El propio informe advierte que las observaciones realizadas por los órganos internos de control pueden encontrarse todavía en proceso de aclaración o formar parte de procedimientos deliberativos de las autoridades competentes.
Por ello, los 592.3 millones de pesos vinculados con beneficiarios cuyos datos no fueron validados representan una irregularidad documentada que requiere explicación, pero no constituyen por sí solos una sentencia sobre desvío, fraude o responsabilidad penal.
El caso coloca ahora el foco en la trazabilidad de uno de los programas sociales de mayor alcance del Gobierno federal: quién recibió efectivamente los recursos, por qué decenas de miles de registros no pudieron validarse y cómo pudieron existir tarjetas activas y con dispersiones que oficialmente no habían sido entregadas a sus beneficiarios.