Movimiento Ciudadano solicitó inspecciones laborales en tres municipios tras recibir señalamientos de trabajadores foráneos. Las acusaciones todavía deben verificarse y no se ha identificado públicamente a las empresas responsables.
QUERÉTARO, Qro., 30 de septiembre de 2026.— Trabajadores procedentes de Oaxaca, Chihuahua e Hidalgo presuntamente enfrentan jornadas de hasta 12 horas, ausencia de descanso semanal, pagos incompletos y condiciones inadecuadas de alojamiento mientras participan en la construcción del Tren México-Querétaro, denunció Movimiento Ciudadano.
El diputado local Paul Ospital Carrera presentó una solicitud ante la Secretaría del Trabajo del estado para que se realicen inspecciones en los frentes ubicados en El Marqués, Querétaro y San Juan del Río. Una petición semejante fue enviada a la autoridad federal junto con la diputada Laura Ballesteros.
De acuerdo con los testimonios recibidos por el partido, algunas personas deben dormir dentro de sus vehículos porque sus empleadores no les proporcionaron alojamiento. Entre los casos señalados se encuentran mujeres asignadas a la zona de Saldarriaga que, además, trabajarían los siete días de la semana.
“Una obra que representa modernidad y progreso no puede construirse sobre condiciones indignas para quienes la hacen realidad”, afirmó Ospital.
Los señalamientos requieren una inspección documentada
Hasta el momento no se han divulgado contratos, recibos de nómina, controles de asistencia, expedientes de seguridad social ni testimonios completos que permitan comprobar cada acusación. Tampoco se han identificado las empresas, contratistas o subcontratistas responsables de los trabajadores señalados.
Esta ausencia de información no resta gravedad a la denuncia, pero obliga a evitar conclusiones anticipadas. Corresponde a la inspección laboral determinar quién contrató al personal, qué condiciones fueron ofrecidas, cómo se registran las jornadas y qué empresa debe responder por el hospedaje, los salarios y la seguridad social.
La cadena de contratación resulta especialmente relevante en una obra pública de esta magnitud. La Ley Federal del Trabajo establece que, cuando se contrata la ejecución de obras especializadas, deben existir contratos escritos y puede generarse responsabilidad solidaria si la contratista incumple sus obligaciones laborales.
Trabajar 12 horas no es automáticamente ilegal; hacerlo todos los días sí encendería alertas
La legislación vigente establece una jornada ordinaria máxima de 40 horas semanales, con límites diarios de ocho horas para la jornada diurna, siete para la nocturna y siete horas y media para la mixta.
El tiempo extraordinario puede extender la jornada en determinadas circunstancias, debe pagarse con una remuneración adicional y no puede superar los límites legales. La suma de la jornada ordinaria y extraordinaria tampoco puede exceder 12 horas diarias. Además, por cada seis días trabajados debe concederse, cuando menos, uno de descanso con salario íntegro.
Por ello, una jornada aislada de 12 horas no demuestra por sí sola una infracción. En cambio, trabajar esa cantidad de tiempo durante siete días consecutivos, sin descanso y sin el pago correspondiente, como sostiene la denuncia, sí podría configurar múltiples incumplimientos.
La misma ley dispone que, cuando una persona presta servicios a más de 100 kilómetros de su residencia habitual, deben aplicarse protecciones relacionadas con las condiciones de vivienda decorosa e higiénica, siempre que el supuesto jurídico corresponda a su contratación.
La investigación corresponde principalmente a la autoridad federal
Ospital sostuvo que la Secretaría del Trabajo federal “no se auditará a sí misma”. Sin embargo, esa afirmación simplifica el diseño institucional: la Secretaría del Trabajo y Previsión Social es una dependencia distinta de las instituciones encargadas de construir el proyecto y tiene facultades para inspeccionar centros laborales.
Además, la legislación asigna a las autoridades federales la aplicación de las normas laborales en la rama ferroviaria, en empresas administradas por el Gobierno Federal y en aquellas que trabajan mediante contratos federales. La autoridad estatal puede recibir denuncias, aportar información y colaborar con la inspección.
La revisión debería realizarse directamente en los campamentos y frentes de obra, mediante entrevistas confidenciales que impidan represalias. También tendría que verificar:
- La identidad de contratistas, subcontratistas y patrones.
- Los contratos individuales y las condiciones ofrecidas durante el reclutamiento.
- Las horas efectivamente trabajadas y el pago del tiempo extraordinario.
- Los días de descanso y la posibilidad real de visitar a sus familias.
- El alojamiento, transporte, servicios sanitarios y alimentación.
- La inscripción ante el IMSS y el salario reportado.
- Las condiciones de seguridad para las trabajadoras.
- Los equipos de protección y protocolos ante accidentes.
Ospital comparó las condiciones denunciadas con “esclavismo”. El término es políticamente contundente, pero jurídicamente no puede sostenerse sin acreditar coerción, retención, amenazas u otros elementos de explotación. Lo que sí existe es una denuncia concreta que exige una investigación inmediata y resultados públicos.
El Tren México-Querétaro es una de las principales apuestas de infraestructura del Gobierno Federal. Precisamente por su carácter estratégico, la calidad del proyecto no debe medirse únicamente en kilómetros construidos, inversión ejercida o fechas de entrega. También debe evaluarse por la manera en que son tratados quienes colocan las vías, levantan los viaductos y hacen posible la obra.
El progreso pierde legitimidad cuando deja atrás los derechos de sus trabajadores. La inspección solicitada deberá establecer si las acusaciones corresponden a casos aislados, incumplimientos empresariales o una práctica extendida dentro de la construcción ferroviaria.
