La sesión de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de este miércoles no fue una jornada técnica más; fue el epicentro de una sacudida a las estructuras más tradicionales de Querétaro. Bajo la conducción de Guillermo Vega Guerrero, la LXI Legislatura ha decidido abrir cajas de Pandora que durante décadas permanecieron selladas bajo el sello de «usos y costumbres» o «presiones políticas».
La erradicación de una herencia violenta
La tipificación de la cohabitación forzada es, quizás, el avance más humanista de esta comisión. Al establecer penas de hasta 15 años de prisión, el Estado finalmente reconoce que obligar a una menor a unirse informalmente con un adulto no es «tradición», sino un delito equiparable a la trata de personas.
El diputado Homero Barrera (Morena) fue claro: la agravante para comunidades indígenas no es una estigmatización, sino una protección necesaria para quienes han sido históricamente invisibilizados por la ley penal.
El choque de visiones: Identidad de Género
Donde la diplomacia legislativa se rompió fue en el reconocimiento de la identidad de género autopercibida. Aquí, Querétaro mostró sus dos caras:
La visión progresista: Encabezada por Guillermo Vega, quien apeló al artículo Primero Constitucional para terminar con una omisión que vulnera a la comunidad trans.
La visión técnica/conservadora: Personificada por Enrique Correa Sada, quien puso el dedo en la llaga sobre la «operatividad» del derecho. Su voto en contra no fue un rechazo a la libertad, sino un reclamo a un dictamen que calificó de «incompleto» y peligroso para la certeza jurídica en actos civiles y médicos.
El factor Teresita Calzada: La voz ciudadana de MC
Es imperativo destacar la participación de la diputada Teresita Calzada Rovirosa, representante de Movimiento Ciudadano (MC). Su presencia en la comisión no fue testimonial; Calzada se ha posicionado como el puente para que las reformas del Senado —como la homologación del feminicidio— aterricen en Querétaro con prontitud. Su respaldo a la identidad de género y la cohabitación forzada refuerza la agenda naranja de «derechos para todas y todos» en el Bajío.
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