Cuauhtémoc, Ciudad de México. 18 de mayo 2026. La presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo en conferencia de prensa matutina en el salón de la Tesorería de Palacio Nacional. La acompañan: Iván Escalante, Procurador Federal del Consumidor (Profeco); Luisa María Alcalde, consejera jurídica del Ejecutivo; Arturo Saldivar, coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia; Alfonso Suárez del Real, asesor político de la Coordinación de Comunicación Social. Federal.  Foto: Juan Carlos Ramos Mamahua /Presidencia

Giro en la reforma judicial: Sheinbaum propone aplazar la elección histórica al 2028 para asegurar la participación ciudadana

Por Redacción LYPmultimedios

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CIUDAD DE MÉXICO (18 de mayo de 2026). – En una decisión estratégica de gran calado, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el envío de una iniciativa de reforma constitucional a la Cámara de Diputados para aplazar la histórica elección del Poder Judicial de 2027 a junio de 2028. La propuesta busca dar viabilidad técnica al proceso, simplificar el sufragio para los votantes y asegurar una copiosa participación de la ciudadanía.

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que, de aprobarse la reforma, las votaciones judiciales se celebrarán de manera concurrente con los comicios ordinarios federales y locales, utilizando las mismas ubicaciones físicas para las casillas, pero garantizando que los representantes de los partidos políticos no intervengan en la elección de las personas juzgadoras.

Sheinbaum recordó las dificultades logísticas vividas en 2025 en Veracruz y Durango, donde la separación física de las casillas para los comicios municipales y judiciales mermó severamente la participación ciudadana.

“Es mover la elección al Poder Judicial del 2027 al 2028. En caso de que haya revocación de mandato en el 2028, se hace el mismo día y en la misma casilla; además, hay algunas modificaciones para facilitar la boleta, de tal manera que sea más sencillo para las y los electores”, precisó la Jefa del Ejecutivo Federal.

La saturación electoral de 2027: El motivo del ajuste

La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal determinó la necesidad del aplazamiento debido a la enorme complejidad de la jornada electoral programada para 2027, la cual contempla la renovación de 17 gubernaturas, además de presidencias municipales, congresos locales y diputaciones federales. «Mejor concentrémonos en la elección de los poderes Ejecutivo y Legislativo, estatales y federales», sugirió la presidenta.

Para detallar las reglas del nuevo modelo, la consejera jurídica Luisa María Alcalde Luján desglosó las seis características principales de la iniciativa:

1. Nueva fecha y cargos a renovar

La jornada electoral se reprograma para el domingo 4 de junio de 2028. En esta fecha se renovarán:

  • Ámbito Federal: Cuatro magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 463 magistraturas de Tribunales Colegiados de Circuito y 385 judicaturas de Distrito.
  • Ámbito Local: 424 magistraturas y 2 mil 831 judicaturas distribuidas en 25 estados de la República.
  • Procesos posteriores: Las elecciones subsecuentes se sincronizarán con los procesos ordinarios de 2030, 2033 y 2036.

2. Creación de la Comisión Coordinadora

Se establecerá un órgano integrado por tres personas elegidas por los Comités de Evaluación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Esta comisión homologará criterios y metodologías de evaluación, verificará los requisitos formales de los aspirantes y determinará las reglas de selección, incluyendo la aplicación de exámenes de conocimiento.

3. Reducción en el número de candidatos

Los Comités de Evaluación seleccionarán a los cuatro aspirantes mejor evaluados en competencias, conocimientos, antecedentes y fama pública. Posteriormente, mediante una insaculación pública bajo criterios de especialidad y paridad, se reducirá la lista a solo dos candidaturas por cargo. Esto simplificará las boletas:

  • Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): De 81 a 54 candidatos.
  • Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ): De 45 a 30 candidatos.
  • TEPJF: De 63 a 42 candidatos.

4. Simplificación de la boleta electoral

Cada ciudadano votará únicamente por un juez y un magistrado para cada una de las especialidades. Las boletas usarán colores para distinguir las candidaturas postuladas por cada Poder, incluyendo de forma visible a los jueces y magistrados en funciones que busquen la reelección. El INE se encargará de realizar la división territorial en los distritos judiciales necesarios.

5. Capacitación permanente y obligatoria

El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), en coordinación con la Escuela Judicial, implementará programas de actualización permanentes para todos los juzgadores. La ley secundaria definirá los plazos y reglas de estas evaluaciones.

6. Homologación en los estados

Los poderes judiciales locales deberán replicar de manera obligatoria las reglas del sistema federal: comités con criterios unificados, reducción de aspirantes mediante insaculación, evaluación de desempeño durante el primer año y capacitación permanente.

Reglas de desempate, vacantes y calendarización

La iniciativa presidencial también contempla que el escrutinio y cómputo de los votos se realice directamente en las mismas casillas donde se sufrague. Asimismo, se propone la creación de dos secciones adicionales en la Suprema Corte para desahogar asuntos de menor cuantía.

Un cambio relevante radica en el tratamiento de vacantes por fallecimiento, renuncia o destitución: el cargo quedará libre para renovarse en la siguiente elección ordinaria, eliminando la regla actual que otorgaba la posición al segundo lugar de la votación anterior.

Finalmente, la reforma adelanta tres meses la convocatoria general del Senado de la República (pasando de septiembre a abril del año anterior a la elección) para dar suficiente tiempo de evaluación a los comités. La consejera jurídica estimó que la propuesta será analizada y votada en la Cámara de Diputados a inicios de junio, para posteriormente ser remitida al Senado de la República para su ratificación.

Durante el anuncio de la iniciativa, la presidenta estuvo acompañada por el coordinador general de Política y Gobierno, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea; el asesor político José Alfonso Suárez del Real; y el titular de la Profeco, César Iván Escalante Ruiz.

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