Paul Ospital llevó al Congreso las preocupaciones de productores y ambientalistas por el uso de tecnologías para modificar las precipitaciones. La discusión apenas comienza y enfrenta un desafío esencial: diferenciar la siembra de nubes de los llamados cañones antigranizo y demostrar con evidencia qué prácticas pueden alterar realmente el ciclo del agua.
Santiago de Querétaro, Qro., 10 de octubre de 2026.— El Congreso de Querétaro abrió la discusión sobre una eventual “ley antilluvia”, propuesta que busca controlar o sancionar el uso de tecnologías presuntamente destinadas a impedir precipitaciones. Sin embargo, antes de legislar será necesario resolver una pregunta elemental: ¿qué prácticas existen realmente en el estado y cuáles tienen capacidad científicamente demostrada para modificar la lluvia?
El diputado de Movimiento Ciudadano, Paul Ospital Carrera, convocó a productores, ambientalistas y representantes de la comunidad académica para escuchar las preocupaciones relacionadas con el llamado bombardeo de nubes, los cañones antigranizo y el empleo de sustancias químicas en la atmósfera.
La reunión no significó todavía la presentación formal de una iniciativa. Fue el primer acercamiento para construirla, según explicó el legislador.
“Lo importante es escuchar todas las voces. Existe una inquietud expresada por la asociación Nubes en Peligro y nosotros abrimos la puerta para que podamos analizar esta propuesta”, señaló Ospital, quien anunció la realización de nuevos foros y mesas de trabajo.
Piden proteger el ciclo natural del agua
Armando Jesús Rivera Medina, representante de Nubes en Peligro Querétaro, sostuvo que la legislación debería proteger el ciclo hidrológico y establecer controles sobre el bombardeo de nubes y la utilización de instrumentos o sustancias capaces, según la organización, de inhibir las precipitaciones.
Productores y ambientalistas participantes afirmaron que estas intervenciones han dejado de ser una simple teoría y pueden afectar tanto la producción de alimentos como la disponibilidad de agua.
No obstante, durante el encuentro no se dieron a conocer estudios, mediciones meteorológicas, ubicaciones precisas, empresas responsables ni un inventario de dispositivos utilizados en Querétaro. Tampoco se presentó evidencia que permita atribuir episodios de sequía o disminución de lluvias a una intervención tecnológica específica.
Esa ausencia no invalida las inquietudes de las comunidades, pero sí obliga a que el siguiente paso legislativo se apoye en información verificable. Una ley ambiental puede aplicar el principio precautorio ante un riesgo razonable, pero no debe confundir sospechas, tecnologías distintas y efectos que la ciencia todavía no ha demostrado.
Sembrar nubes no significa necesariamente impedir la lluvia
Uno de los primeros desafíos consiste en precisar los conceptos. La siembra o bombardeo de nubes consiste generalmente en dispersar partículas —como yoduro de plata u otras sustancias— para intentar estimular la formación de lluvia, nieve o reducir el tamaño del granizo bajo determinadas condiciones atmosféricas.
No es, en principio, una tecnología diseñada para “robar” o desaparecer las nubes.
La Organización Meteorológica Mundial advierte que las intervenciones humanas no pueden crear grandes sistemas nubosos, transportar masas de vapor hacia una región ni eliminar fenómenos meteorológicos severos. También señala que algunos métodos de siembra han conseguido modificar la precipitación en condiciones muy específicas, aunque sus resultados no pueden trasladarse automáticamente de una región a otra.
El organismo internacional distingue estas técnicas de los cañones antigranizo, aparatos que generan explosiones y ondas sonoras con la pretensión de alterar la formación del granizo. Sobre estos últimos, afirma que todavía no existe demostración científica de un efecto a escala de nube.
La diferencia es decisiva: una eventual legislación no puede colocar bajo una misma etiqueta a la siembra de nubes, los cañones sónicos, los instrumentos ionizantes y cualquier otro mecanismo de intervención atmosférica. Cada tecnología funciona —o afirma funcionar— de manera distinta y presenta riesgos, alcances y niveles de evidencia diferentes.
La ciencia no acredita que los cañones detengan precipitaciones
Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México han señalado que no existe evidencia científica de que los cañones antigranizo puedan detener lluvias o dispersar nubes.
Fernando García García, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, explicó que, incluso si funcionara la hipótesis utilizada por los fabricantes, la fragmentación del granizo debería traducirse en más agua líquida y no en la desaparición de la precipitación.
Ciencia UNAM también ha documentado que estos aparatos se comercializan desde hace más de un siglo sin que sus resultados hayan sido comprobados de forma concluyente.
Esto no significa que su empleo sea inocuo. Las detonaciones pueden generar contaminación acústica, molestias para comunidades rurales, riesgos derivados del manejo de gases o explosivos y conflictos entre productores. Esos efectos sí pueden ser registrados, evaluados y regulados, aun cuando no se demuestre que los dispositivos modifican la lluvia.
También resulta legítimo exigir controles sobre las sustancias liberadas en la atmósfera, conocer quién las utiliza y evaluar posibles impactos ambientales. La Organización Meteorológica Mundial recomienda que cualquier programa de modificación del tiempo incluya monitoreo, una hipótesis científica comprobable, grupos de comparación y evaluaciones ambientales.
Una discusión que ya llegó a otros congresos
Querétaro no es la primera entidad donde productores atribuyen la falta de lluvias a tecnologías utilizadas por empresas o agroindustrias.
En Jalisco, su Congreso convocó desde 2017 a especialistas para revisar las consecuencias prácticas de los cañones antigranizo y las implicaciones legales de regularlos. Las discusiones derivaron en propuestas para facultar a las autoridades ambientales a investigar su impacto antes de decidir si debían prohibirse o autorizarse bajo condiciones especiales.
Michoacán también ha discutido reformas para exigir estudios técnicos antes de permitir sistemas antigranizo. En el Congreso de la Unión se han presentado propuestas para crear controles federales sobre tecnologías que pretendan alterar precipitaciones.
Estos antecedentes ofrecen dos lecciones. La primera es que existe una preocupación social extendida, principalmente en regiones agrícolas. La segunda es que la regulación debe construirse con estudios meteorológicos y atribuciones claramente delimitadas para evitar sancionar actividades sobre la base de relaciones causales no comprobadas.
Lo que debe responder la propuesta
La eventual ley queretana tendrá que precisar, al menos, cuáles dispositivos o sustancias pretende regular; qué autoridad entregaría permisos; qué estudios serían obligatorios; cómo se acreditaría una infracción y qué facultades corresponden al estado frente a materias ambientales, aeronáuticas y meteorológicas de competencia federal.
También deberá partir de un diagnóstico local. Hasta ahora no se ha informado públicamente:
- Cuántos cañones antigranizo o sistemas de siembra de nubes operan en Querétaro.
- En qué municipios se encuentran y quiénes los utilizan.
- Qué sustancias liberan y con qué autorizaciones.
- Qué mediciones vinculan su operación con cambios en las precipitaciones.
- Cuáles serían las sanciones y cómo se demostraría el daño.
- Si el problema denunciado es la alteración de la lluvia, el ruido, el uso de sustancias, la falta de permisos o una combinación de esos factores.
Sin estas respuestas, la expresión “ley antilluvia” funciona mejor como consigna que como categoría jurídica.
La participación de Diana Patricia García Tello, coordinadora de la Maestría en Gestión Integrada de Cuencas de la Universidad Autónoma de Querétaro, ofrece la posibilidad de que el proceso incorpore conocimiento académico. También acudieron el regidor síndico de Colón, Antonio Rodríguez Ávila, y Raúl Domínguez, presidente de Nubes en Peligro, organización con presencia en Querétaro, Hidalgo y el Estado de México.
Abrir las puertas del Congreso a productores y comunidades es un primer paso necesario. El siguiente será más difícil: transformar su preocupación en una propuesta técnicamente precisa, jurídicamente aplicable y científicamente defendible.
En este debate, escuchar todas las voces será indispensable. Pero ningún consenso político podrá sustituir a la evidencia.