La diputada Claudia Gayou adelantó que en septiembre se abrirá la discusión sobre una nueva legislación económica estatal. La propuesta pretende fortalecer cooperativas, emprendimientos comunitarios y cadenas productivas locales, aunque todavía no se conocen su articulado, presupuesto ni mecanismos de apoyo.
Santiago de Querétaro, Qro., 28 de agosto de 2026.— La presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Emprendimiento y Comercio del Congreso de Querétaro, Claudia Díaz Gayou, anunció la preparación de una Ley de Desarrollo Económico y Prosperidad Compartida para el estado, cuya construcción incluirá un foro público previsto para septiembre.
El planteamiento fue presentado después de su participación en el Segundo Encuentro Nacional de Economía Social, organizado por la Secretaría de Economía federal, donde representantes de cooperativas, empresas comunitarias, instituciones, academia y poderes legislativos discutieron alternativas de producción y comercialización distintas a los modelos empresariales convencionales.
La propuesta de Gayou busca colocar en el centro de la política económica a las comunidades, emprendimientos locales y organizaciones productivas cuyos beneficios se distribuyen entre sus integrantes o permanecen en los territorios donde desarrollan su actividad.
“Una buena ley no debe quedarse en el papel; debe traducirse en oportunidades, mejores ingresos y bienestar para la gente”, afirmó la legisladora de Morena.
Hasta ahora, sin embargo, no se ha dado a conocer un proyecto de articulado, diagnóstico económico, presupuesto, padrón de posibles beneficiarios ni los instrumentos que contendría la iniciativa. El foro anunciado será la primera oportunidad para precisar cómo pretende diferenciarse de las normas federales existentes y qué facultades concretas asumiría el Gobierno de Querétaro.
¿Qué es la economía social?
La economía social comprende formas de organización productiva que privilegian la cooperación, el trabajo colectivo y el beneficio de sus integrantes o comunidades. En este sector participan cooperativas, ejidos, comunidades, sociedades de producción y otras organizaciones de propiedad social.
No se limita a pequeños negocios ni es sinónimo de asistencia pública. Puede involucrar actividades industriales, financieras, agrícolas, comerciales, culturales, de vivienda o prestación de servicios.
México cuenta desde 2012 con una Ley de la Economía Social y Solidaria, cuya última reforma fue publicada en abril de 2025. La legislación federal reconoce al sector social como uno de los componentes de la economía nacional y establece mecanismos para fomentar cadenas productivas locales, regionales y nacionales.
Una legislación queretana tendría que complementar ese marco y responder a obstáculos específicos del estado, como el acceso al financiamiento, la capacitación administrativa, la comercialización, la incorporación de tecnología y la participación de organizaciones locales en cadenas de proveeduría.
Un encuentro con más de 150 proyectos productivos
El Segundo Encuentro Nacional de Economía Social se realizó del 25 al 27 de agosto en la sede de la Secretaría de Economía y reunió a más de 150 proyectos productivos procedentes de 20 entidades.
La edición de 2026 incorporó cooperativas tradicionales, proyectos familiares, organizaciones de vivienda, producciones cinematográficas y representaciones ejidales. También incluyó talleres de profesionalización y encuentros de negocios orientados a ampliar los canales de comercialización.
La Secretaría de Economía presentó el encuentro como una plataforma para articular al sector productivo solidario, bajo el lema “Innovación solidaria y prosperidad compartida”.
Gayou sostuvo que esta clase de organización debe entenderse también como una política de empleo, ingresos y bienestar familiar, y no únicamente como una actividad complementaria o marginal.
Las preguntas que deberá resolver la iniciativa
La expresión “prosperidad compartida” plantea un objetivo político amplio, pero para convertirse en una política pública deberá traducirse en instrumentos medibles.
Entre los aspectos que el Congreso tendrá que definir se encuentran las organizaciones que podrán acceder a los programas, la dependencia responsable de ejecutarlos, las fuentes de financiamiento, los criterios de evaluación y las obligaciones de transparencia.
También será necesario determinar si la ley contemplará fondos de apoyo, capacitación técnica, acceso preferente a compras gubernamentales, certificaciones, incubación de cooperativas, acompañamiento jurídico o mecanismos para incorporar a productores locales en cadenas industriales.
Sin estas definiciones, una nueva legislación podría limitarse a reconocer derechos y objetivos que ya aparecen en el marco federal, pero sin capacidad presupuestaria para producir resultados.
La construcción participativa anunciada por Gayou tendrá que incluir no solamente a autoridades y representantes empresariales, sino a cooperativistas, productores rurales, comerciantes, trabajadores, instituciones financieras, universidades y municipios.
Medir algo más que el crecimiento
La diputada señaló que Querétaro debe evaluar su desarrollo no solamente por el crecimiento de su economía, sino por el bienestar que genera y por el número de personas que logra incorporar a sus beneficios.
Ese enfoque supondría complementar indicadores como inversión, exportaciones y empleo formal con información sobre salarios, distribución territorial de las oportunidades, supervivencia de los emprendimientos, acceso al crédito y participación de proveedores locales.
“Queremos que Querétaro sea referente de una economía que no solamente mida cuánto crece, sino cuánto bienestar genera y a cuántas personas incorpora a ese desarrollo”, expresó.
La iniciativa se encuentra todavía en una etapa preliminar. No ha sido presentada formalmente ante la Legislatura y el boletín no establece una fecha para su ingreso, discusión en comisión o eventual votación.
El foro previsto para septiembre permitirá conocer si la propuesta avanzará hacia un sistema estatal con recursos, metas e instituciones responsables o si permanecerá como una declaración general sobre crecimiento incluyente.
El desafío será demostrar que “prosperidad compartida” puede convertirse en una arquitectura legal verificable y no únicamente en una fórmula discursiva atractiva.