Laura Ballesteros y Arturo Bravo informaron que Movimiento Ciudadano presentó denuncias ante el IEEQ y el INE por presunta promoción adelantada. El partido cuestionó las coordinaciones políticas, los eventos masivos, la propaganda y la falta de claridad sobre su financiamiento.
Movimiento Ciudadano abrió el Proceso Electoral Local 2026-2027 con una acusación contra sus principales adversarios: Morena y Acción Nacional estarían utilizando coordinaciones partidistas, eventos y estructuras de promoción para posicionar anticipadamente a sus figuras rumbo a las elecciones de Querétaro.
La diputada federal y coordinadora estatal de MC, Laura Ballesteros Mancilla, y Arturo Bravo, representante del partido ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), informaron que ya fueron presentadas denuncias ante el organismo local y el Instituto Nacional Electoral (INE).
Las presuntas infracciones todavía no han sido acreditadas. Corresponderá a las autoridades revisar los hechos, identificar a los responsables, determinar el origen de los recursos y resolver si las actividades denunciadas constituyen actos anticipados o permanecen dentro del ejercicio permitido de organización partidista y libertad de expresión.
“Desde Movimiento Ciudadano estaremos vigilando cada etapa del proceso, que se cumplan los principios rectores y, sobre todo, la ley”, declaró Ballesteros durante el arranque formal del proceso.
MC señala coordinaciones de Morena y PAN
Arturo Bravo cuestionó la creación de la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación de Morena, encabezada por Santiago Nieto Castillo, al considerar que funciona como “una candidatura con otro nombre”.
También señaló las actividades relacionadas con “Cuidar Querétaro”, estrategia promovida por Acción Nacional, así como la realización de eventos masivos y la aparición del gobernador Mauricio Kuri junto a figuras que buscan participar en la sucesión de 2027.
Durante los últimos días, Kuri ha publicado fotografías y mensajes con Felipe Fernando “Felifer” Macías, Agustín Dorantes, Josué “Chepe” Guerrero y Tania Ruiz Castro. Aunque el mandatario sostiene que las candidaturas serán determinadas por el PAN, las publicaciones han sido interpretadas como señales de respaldo político.
Del lado de Morena, Santiago Nieto ha intensificado recorridos, reuniones sectoriales y jornadas territoriales como coordinador estatal de la defensa de la transformación. Su designación tampoco representa formalmente una candidatura, pero lo coloca en el centro del posicionamiento político de ese partido rumbo a la elección de la gubernatura.
Para Movimiento Ciudadano, ambas estrategias persiguen un objetivo electoral antes del inicio legal de las precampañas.
“Nuestra posición es clara: respeto estricto a la ley y no a las campañas anticipadas, vengan de donde vengan”, sostuvo Bravo.
Seguir la ruta del dinero
Además del contenido de los eventos y mensajes, MC solicitó investigar quién paga las actividades de las coordinaciones, la propaganda, los recorridos y las concentraciones políticas.
Bravo argumentó que estas figuras operan fuera de los periodos de precampaña y campaña, por lo que sus ingresos y gastos no necesariamente son reportados y fiscalizados bajo las mismas reglas aplicables a una candidatura formal.
“Blindar a Querétaro empieza por saber quién financia a quienes ya están en campaña”, afirmó.
El representante pidió al IEEQ ejercer oportunamente sus facultades de investigación, utilizar la Oficialía Electoral para certificar hechos y, cuando resulte procedente, emitir medidas cautelares o dar vista al INE en materia de fiscalización.
La denuncia pública no detalló los números de expediente, los nombres de todas las personas señaladas, los actos específicos atribuidos a cada una ni las pruebas entregadas. Esos elementos serán necesarios para conocer el alcance real de los procedimientos y dar seguimiento a sus resoluciones.
¿Qué debe probarse para acreditar una campaña anticipada?
Una actividad política realizada antes de las campañas no constituye automáticamente una infracción electoral.
La Sala Superior del Tribunal Electoral ha establecido que deben analizarse las circunstancias, el momento, la persona involucrada y la finalidad del mensaje. Para acreditar el elemento subjetivo se requiere, en principio, un llamado explícito o inequívoco al voto, la promoción de una plataforma electoral o expresiones equivalentes que busquen posicionar a una persona para obtener una candidatura.
También debe evaluarse si el mensaje trascendió a la ciudadanía y si, dentro de su contexto, pudo afectar la equidad de la competencia. Así lo establece la jurisprudencia 4/2018 y otros criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Esto significa que una fotografía, una reunión o un recorrido territorial no bastan, por sí solos, para acreditar una campaña anticipada. Pero tampoco es suficiente evitar las palabras “vota por mí” si el contexto completo revela un equivalente funcional de promoción electoral.
Esa valoración corresponde al IEEQ, al INE y, eventualmente, a los tribunales, no a los partidos denunciantes ni a las personas denunciadas.
Proponen pacto de civilidad
Movimiento Ciudadano propuso que los partidos suscriban un pacto de civilidad con compromisos verificables, fechas de cumplimiento y consecuencias políticas.
Entre los planteamientos estaría el retiro de propaganda anticipada, independientemente del partido responsable, y la vigilancia de los programas sociales federales, estatales y municipales para impedir su condicionamiento o utilización electoral.
“La contienda de 2027 no puede ser una extensión de ningún gobierno, federal, estatal o municipal. El poder público debe gobernar, no organizar su propia ventaja”, expresó Bravo.
Ballesteros aseguró que MC aplicará la exigencia también a sus propios integrantes y acompañará las decisiones que fortalezcan la certeza y equidad del proceso.
El árbitro entra bajo presión
Las denuncias colocan al IEEQ frente a una primera prueba política. Una actuación precipitada podría restringir indebidamente la libertad de expresión y organización partidista; una intervención tardía podría permitir que eventuales ventajas acumuladas se vuelvan irreversibles.
La autoridad deberá investigar sin convertir la sospecha en culpabilidad anticipada, pero también sin esperar a que concluya la elección para determinar que la equidad fue vulnerada meses antes.
Morena y PAN tienen derecho a organizarse, nombrar coordinaciones y mantener actividad política. Lo que no pueden hacer es utilizar recursos públicos, estructuras gubernamentales o mecanismos simulados para obtener una ventaja electoral fuera de los tiempos legales.
Movimiento Ciudadano ha formulado la acusación. Ahora deberá mostrar las pruebas y las autoridades tendrán que informar qué investigan, contra quién y bajo qué plazos.
En una elección que comenzó con aspirantes todavía sin registro, coordinadores que parecen candidatos y fotografías que funcionan como destapes, la transparencia sobre el dinero será tan importante como las palabras utilizadas para pedir el voto sin pedirlo.