Por Redacción LYPmultimedios
SANTIAGO DE QUERÉTARO. – La inminente dictaminación de la reforma al Poder Judicial en Querétaro ha encendido las alertas en la oposición local. Diputados de la coalición de la Cuarta Transformación (4T) trazaron una línea roja este martes: no habrá consenso ni votos si el dictamen estatal intenta burlar el espíritu de la reforma constitucional federal a través de vacíos legales.
En rueda de prensa, los legisladores Eric Silva Hernández y Claudia Díaz (coordinadora de la fracción del PT), acompañados por Blanca Flor Benítez, Rosalba Vázquez y María Eugenia Margarito, denunciaron la posible creación de un «Frankenstein» judicial diseñado para simular una democratización, mientras se mantiene el control institucional en manos de «los mismos de siempre».
La trampa de las leyes secundarias
El punto de quiebre en las negociaciones radica en dónde quedarán escritas las nuevas reglas del juego. La 4T exige que los requisitos para ser juez o magistrado, así como las facultades del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, queden blindados desde la Constitución del Estado.
«Los requisitos para poder ser candidatos deben venir en la Constitución nada más, porque si los mandan a leyes secundarias, como la Ley Orgánica, lo único que van a hacer es cerrar los requisitos para que solamente puedan entrar los amigos, los socios, los compadres o los que les deben un favor al Poder de siempre», advirtió tajantemente la diputada Claudia Díaz.
Por su parte, el diputado Eric Silva enfatizó que la homologación local debe basarse en tres ejes irrenunciables: apertura democrática para renovar a los juzgadores, pluralidad real y resultados expeditos para la población, acabando con la opacidad procesal.
Sin suplentes, rige el voto
Los legisladores también rechazaron de tajo la figura de «suplentes» para cubrir ausencias en los tribunales, exigiendo que las vacantes sean ocupadas por quienes hayan quedado en segundo lugar en las votaciones populares, respetando la voluntad de las urnas. «Si el pueblo vota, su decisión debe respetarse», sentenciaron.
El bloque progresista dejó claro que no están en contra de modernizar el marco de justicia, pero adelantaron que su voto será en contra si el dictamen final resulta ser una manipulación legal que deje al Poder Judicial «secuestrado» por los intereses de las élites locales en lugar de garantizar una austeridad republicana.
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