Comerciantes y habitantes denunciaron que el gobierno de San Juan del Río pretendía cerrar la vialidad en plena temporada decembrina, pese a que el proyecto era analizado desde agosto. No rechazan la rehabilitación: cuestionan la improvisación, la falta de diálogo y el desprecio por su economía.
San Juan del Río, Qro., 18 de noviembre de 2026.— El gobierno de Roberto Cabrera tuvo meses para preparar la rehabilitación de la calle Vicente Riva Palacio, pero algunos comerciantes aseguran que apenas recibieron cuatro o cinco días para reorganizar negocios, empleados, mercancías, aguinaldos y compromisos financieros antes del cierre.
La administración municipal estudia esta intervención, por lo menos, desde agosto. En aquel momento, el propio alcalde reconoció públicamente que Riva Palacio necesitaba una rehabilitación integral y que el proyecto dependería de la disponibilidad presupuestal del segundo semestre.
Tres meses después, el municipio anunció que las obras comenzarían el 19 de noviembre. Todavía el 13 de noviembre se informaba que las rutas alternas, los alcances específicos y el periodo de ejecución serían explicados “en breve”, pese a que los trabajos estaban a menos de una semana de iniciar.
El aviso de cierre total fue difundido el 17 de noviembre, apenas dos días antes de la fecha programada. La restricción vial se extendería hasta enero, de acuerdo con la información atribuida a la corporación municipal. El anuncio pidió a la población buscar vías alternas, pero llegó cuando los negocios ya habían preparado su temporada más importante.
Esto no es planeación urbana: es trasladar a comerciantes y vecinos el costo de la desorganización municipal.
Alrededor de 53 negocios y familias serían afectados por los trabajos. Los inconformes no están rechazando la rehabilitación de la vialidad ni la renovación de los servicios básicos. Su petición es mucho más elemental: comenzar en enero para permitirles recuperar las inversiones realizadas para Navidad y Año Nuevo.
Los protestantes hónicierón reclamos por mercancía adquirida, personal contratado, publicidad pagada, sueldos y aguinaldos ya comprometidos. También registra acusaciones de llamadas sin respuesta, reuniones postergadas y una cita a la que, según los manifestantes, representantes municipales no llegaron.
“Si ellos hubieran hecho su trabajo bien desde el principio, nos habrían avisado con tiempo”, reclamó una de las comerciantes. La frase resume el conflicto con mayor precisión que cualquier discurso oficial: el problema no es la obra, sino un gobierno incapaz de socializarla antes de convertirla en una amenaza económica.
Los afectados terminaron abordando a Roberto Cabrera durante la presentación del Festival de la Alegría. La respuesta del alcalde fue que “hubieran ido a la oficina”, pese a que los manifestantes sostenían que habían intentado comunicarse, solicitado reuniones y recibido evasivas.
La contestación de Cabrera fue políticamente torpe y administrativamente reveladora. En lugar de explicar por qué una obra estudiada desde agosto llegó a noviembre sin una estrategia de comunicación con los directamente afectados, trasladó la responsabilidad a quienes tuvieron que buscarlo en un evento público para conseguir que los escuchara.
El alcalde también afirmó que la petición ya era revisada “desde el escritorio”. Pero no anunció si aplazaría la obra, mantendría el cierre o establecería un programa por etapas. Escuchó el reclamo y dejó intacta la incertidumbre.
Cabrera ha defendido la calidad de las obras municipales y señalado que las molestias son inevitables. El argumento evade el fondo. Nadie le está pidiendo conservar una calle deteriorada ni cancelar la rehabilitación; le están exigiendo que gobierne con calendario, diálogo y previsión.
Una obra necesaria no concede licencia para actuar con improvisación. La calidad del adoquín o de las tuberías no compensará las pérdidas de un negocio que compró mercancía, contrató personal o comprometió pagos confiando en trabajar durante diciembre.
El gobierno municipal también enfrenta una contradicción presupuestal. Se ha señalado que los recursos están etiquetados y deben ejercerse antes del cierre fiscal para evitar su pérdida. Si esa es la razón para comenzar apresuradamente, el problema se vuelve todavía más grave: la administración conocía el proyecto desde meses atrás y aun así dejó su ejecución para el final del ejercicio.
La Secretaría de Obras Públicas municipal tiene entre sus responsabilidades oficiales planear y ejecutar proyectos bajo principios de eficiencia, transparencia y “congruencia social”. Así lo establece la propia descripción institucional de la dependencia. Avisar prácticamente sobre la fecha, omitir un plan de mitigación y obligar a los afectados a manifestarse contradice ese compromiso.
Antes de levantar el adoquín, el gobierno debió presentar públicamente el contrato, el monto, la empresa responsable, el calendario por etapas, los accesos peatonales, las rutas alternas, las medidas para proteger comercios y viviendas, y las razones técnicas que impiden reprogramar los trabajos.
Nada de eso aparece con claridad en la información disponible.
Roberto Cabrera no puede presumir cercanía mientras los ciudadanos deben interrumpir un acto oficial para ser atendidos. Tampoco puede hablar de apoyo al comercio local y, al mismo tiempo, cerrar una calle comercial en la temporada más rentable sin un proceso previo de coordinación.
Riva Palacio necesita una rehabilitación. Lo que San Juan del Río no necesita es otra obra conducida bajo la lógica del último minuto: primero anunciar, después cerrar y finalmente escuchar a quienes pagarán las consecuencias.
Una buena obra mal planeada también es mal gobierno.



