Piedragil Ortiz presentó el Segundo Informe de la LXI Legislatura y fijó la reforma judicial, la Ley de Aguas y la unidad como los retos del último tramo
Por: Redacción de LYPmultimedios
Santiago de Querétaro, Qro., 26 de agosto de 2026.— La LXI Legislatura del Estado dictaminó y aprobó 170 asuntos durante su segundo año de ejercicio constitucional, entre iniciativas de ley, decretos y acuerdos. El dato lo presentó el diputado Sinuhé Arturo Piedragil Ortiz, presidente de la Mesa Directiva, al rendir el informe anual en sesión solemne celebrada en el Teatro Experimental del Centro de Congresos de Querétaro.
El legislador enmarcó ese resultado en una característica que define a esta Legislatura: «Este es un Congreso distinto, en donde ninguna fuerza política tiene una mayoría absoluta, donde las decisiones se construyen, se discuten y se confrontan. Eso no es debilidad, eso es democracia.»
Los cinco ejes del informe
El trabajo del periodo se organizó en cinco líneas: Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil; Igualdad Sustantiva, Derechos Humanos y Medio Ambiente; Gobernanza y Democracia; Desarrollo Social y Salud Pública; y Finanzas, Planeación y Desarrollo Económico.
Ese universo de 170 asuntos incluye reformas de calado que marcaron el año legislativo: la nueva Ley Electoral del Estado, aprobada en julio contra el reloj que impuso una sentencia de la Suprema Corte; la reforma al Código Civil en materia de identidad de género; la armonización en materia de injerencia sindical; la reforma que faculta a los municipios a crear áreas de bienestar animal; y la declaratoria del 21 de julio como Día del Bienestar del Perro.
El informe da cumplimiento al artículo 17, fracción XVIII, de la Constitución Política del Estado.
Reto uno: la reforma judicial contra el calendario
Piedragil Ortiz identificó como el pendiente más apremiante la legislación secundaria en materia judicial.
Explicó que la Legislatura ya aprobó la reforma constitucional que sienta las bases para la elección popular de jueces, juezas y magistraturas, pero que las leyes que le darán cuerpo siguen pendientes. Y que la modificación del calendario federal —que recorrió la elección judicial a 2028— obliga a rehacer parte del marco local.
«Nos obliga a armonizar nuestra legislación local y aprobar antes de que concluya este año una nueva reforma constitucional que tiene ajustes en sus tiempos y en el marco normativo. No podemos fallar a este compromiso con la transparencia y la independencia judicial», señaló.
Ese trabajo ya está en curso: el 5 de agosto el Ejecutivo estatal entregó su iniciativa, y el 18 de agosto las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Puntos Constitucionales iniciaron el análisis conjunto de tres proyectos —uno del Ejecutivo y dos de Morena—, que se dictaminarán en un solo documento y ya fueron remitidos a los 18 ayuntamientos.
El plazo que fijó el propio presidente de la Mesa Directiva: antes de que termine 2026.
Reto dos: la Ley de Aguas
El segundo pendiente es, probablemente, el de mayor impacto cotidiano para los queretanos.
Piedragil Ortiz informó que se han impulsado foros de diálogo con la sociedad civil y planteó la necesidad de concretar una legislación que garantice el derecho humano al agua, ordene su uso y dé certeza a las comunidades.
«El agua es vida y Querétaro no puede seguir postergando una ley que proteja este derecho fundamental», sostuvo.
El pendiente tiene contexto reciente y documentado. En julio, vecinos de El Refugio y La Pradera —una de las zonas de mayor plusvalía del estado— expusieron públicamente cobros que consideran excesivos en medio de la escasez del líquido. Datos de la organización Bajo Tierra documentan que más de 32 desarrollos habitacionales, extendidos sobre más de 13 mil hectáreas, están autorizados para ser abastecidos por 17 operadoras privadas, y que ocho de esas concesionarias están vinculadas a solo dos inmobiliarias.
Es decir: en buena parte de las zonas de expansión residencial, quien construye la vivienda y quien vende el agua pueden pertenecer al mismo grupo corporativo. Una Ley de Aguas estatal es el instrumento donde ese esquema puede ordenarse.
Reto tres: la unidad
El tercer planteamiento fue político y, a diferencia de los dos anteriores, no depende de un calendario sino de la conducta de los propios legisladores.
«Este Congreso sin mayorías absolutas ha demostrado que es posible construir acuerdos. Pero también ha mostrado fracturas», reconoció. «Debemos aprender a disentir sin romper, a debatir sin destruir.»
Y añadió un mensaje dirigido hacia adentro de su propio grupo: «La unidad no se decreta, se construye. Se construye respetando las diferencias internas sin convertirlas en ruptura.»
El año legislativo ofrece ejemplos de ambas dinámicas. Del lado del acuerdo: la Ley Valeria, que tipificó el delito de acecho y fue la primera iniciativa de esta Legislatura suscrita por los 25 diputados de todas las bancadas. Del lado de la fractura: la discusión sobre el número de votos requeridos para aprobar el dictamen de identidad de género, que sigue abierta como controversia de interpretación constitucional.
El proceso electoral en el horizonte
Piedragil Ortiz cerró señalando que el estado se encuentra a semanas del inicio del nuevo proceso electoral, y planteó una distinción entre la competencia legítima y su efecto sobre el trabajo parlamentario.
«Lo que debemos evitar es que el cálculo electoral sustituya al deber constitucional, que la descalificación desplace a los argumentos o que la confrontación estéril paralice los trabajos legislativos», expresó. «Las y los queretanos no nos enviaron aquí para complicar los asuntos legislativos, nos enviaron para resolver.»
Quiénes asistieron
La sesión solemne contó con la presencia del secretario de Gobierno del Estado, Eric Gudiño Torres, en representación del titular del Ejecutivo; el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Braulio Guerra Urbiola; y el general brigadier de Estado Mayor Aldo Raúl Gómez Quintero, comandante interino de la 17ª Zona Militar.
Asistieron también representantes populares, secretarios estatales, servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, integrantes de organismos autónomos, jueces y magistrados, dirigentes partidistas, organizaciones sociales y civiles, instituciones educativas, cámaras empresariales, colegios de profesionistas, medios de comunicación y trabajadores de la propia Legislatura.
Lo que sigue
El tercer y último año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura inicia a finales de septiembre y concluirá el 25 de septiembre de 2027. En ese tramo deben resolverse las leyes secundarias en materia judicial, la Ley de Aguas y la armonización constitucional pendiente, en paralelo al desarrollo del proceso electoral local.