Un adolescente de 14 años sufrió graves lesiones en la mandíbula y perdió varios dientes tras recibir el impacto de una granada policial. El agente involucrado enfrenta una acusación preliminar por violencia que causó mutilación o incapacidad permanente. Las movilizaciones estudiantiles en Francia acumulan más de 6 mil 600 detenciones y denuncias por uso desproporcionado de la fuerza.
París, Francia, 8 de octubre de 2026.— Lo que comenzó como una movilización de estudiantes de secundaria para exigir mejores condiciones educativas en Francia se ha convertido también en una controversia nacional sobre el uso de la fuerza policial contra menores de edad.
Uno de los casos más graves es el de Eden, un adolescente de 14 años que sufrió fracturas en la mandíbula y la pérdida de numerosos dientes después de recibir el impacto de una granada de gas lacrimógeno disparada por un agente durante una protesta en Saint-Ouen-l’Aumône, al noroeste de París.
El joven fue sometido a una intervención quirúrgica y, de acuerdo con el testimonio de su madre recogido por The Associated Press, no puede hablar y únicamente puede alimentarse mediante una pajita.
La fiscalía francesa consideró desproporcionada la actuación del policía involucrado, quien fue detenido una semana después del incidente y enfrenta una acusación preliminar por violencia cometida por un funcionario público que causó mutilación o incapacidad permanente, un delito que puede castigarse con hasta 15 años de prisión.
El agente fue suspendido de sus funciones y tiene prohibido portar armas mientras continúa la investigación.
Tres adolescentes con lesiones graves en distintas ciudades
El caso de Eden no es el único que ha generado cuestionamientos sobre la respuesta policial a las movilizaciones.
En Lens, una antigua ciudad minera del norte de Francia, un estudiante de 15 años perdió una mano en un incidente relacionado con una granada aturdidora utilizada por la policía.
En Tours, en la región del Loira, la fiscalía investiga si un proyectil policial de control de disturbios provocó ceguera parcial a un adolescente de 16 años.
Los tres casos han intensificado las exigencias de organizaciones sociales y defensores de derechos humanos para revisar los protocolos de intervención policial, especialmente cuando las manifestaciones involucran a menores.
Más de 6 mil 600 detenciones durante las protestas
Según cifras del Ministerio del Interior francés recogidas en la información difundida, las autoridades han realizado más de 6 mil 600 detenciones desde que las protestas estudiantiles comenzaron a intensificarse la semana pasada. La mayoría corresponde a menores de 18 años.
Tan solo durante la jornada nacional de movilizaciones del martes se registraron 488 arrestos.
El movimiento comenzó a mediados de septiembre en un instituto de la región de París y se extendió a otras ciudades. Sus principales demandas incluyen mayor financiamiento para las escuelas públicas, mejores condiciones de infraestructura y contratación de profesores sustitutos.
Sin embargo, la respuesta de las autoridades ha desplazado parte de la discusión pública hacia las detenciones, las condiciones de custodia y el empleo de armamento policial.
Alexis Baudelin, abogado parisino que representa a más de una docena de jóvenes detenidos, advirtió que muchos de sus clientes participaban por primera vez en una manifestación.
De acuerdo con su testimonio, algunos adolescentes permanecieron durante horas en instalaciones policiales insalubres y denunciaron presiones durante los interrogatorios.
Para el abogado, estas experiencias pueden tener consecuencias profundas en la relación de los jóvenes con las instituciones públicas y el ejercicio de sus derechos ciudadanos.
Gobierno suspende el uso de un modelo de granada aturdidora
Ante la indignación provocada por las lesiones, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, anunció que el modelo de granada aturdidora presuntamente involucrado en la amputación de la mano del estudiante de Lens dejará de utilizarse contra manifestantes de secundaria.
El funcionario reconoció que existe una alta probabilidad de que ese dispositivo estuviera relacionado con las lesiones, aunque señaló que es necesario determinar con precisión lo ocurrido.
Nuñez defendió, no obstante, que la intervención policial fue proporcionada en casi todos los casos.
Argumentó que las fuerzas de seguridad tuvieron que actuar cuando algunas protestas derivaron en disturbios, actos de vandalismo y episodios de violencia.
El ministro también reconoció que las movilizaciones protagonizadas por menores requieren protocolos diferentes de los empleados ante manifestaciones de personas adultas.
La suspensión anunciada se refiere a un modelo específico de granada y no supone la prohibición general de todos los dispositivos policiales de control de disturbios.
La fiscalía considera desproporcionado el disparo contra Eden
De acuerdo con la investigación, el agente que lesionó al adolescente de 14 años disparó directamente su lanzagranadas durante un enfrentamiento ocurrido en las inmediaciones del centro educativo.
El policía declaró que actuó en una fracción de segundo para proteger a una compañera que había intercambiado golpes con el joven.
Sin embargo, la fiscalía consideró que su respuesta fue desproporcionada.
Se trata del primer agente que enfrenta una posible imputación entre 18 investigaciones abiertas por presuntas irregularidades policiales durante las movilizaciones, según la información proporcionada.
La madre de Eden relató que su hijo le había enviado un video desde el exterior de su escuela poco antes de resultar herido. Cuando intentó comunicarse nuevamente con él, uno de sus compañeros respondió y le informó que estaba en el suelo, sangrando y con graves lesiones en el rostro.
La mujer cuestionó que una protesta para exigir mejores condiciones de estudio terminara con adolescentes hospitalizados y lesiones permanentes.
Denuncias de discriminación y detenciones arbitrarias
Las movilizaciones también han dado lugar a denuncias por presunto trato discriminatorio.
Tres adolescentes entrevistados por The Associated Press durante una manifestación en París aseguraron haber sido detenidos, esposados y mantenidos bajo custodia antes de recuperar su libertad sin cargos penales.
Dos de ellos, Samy y Warkya, ambos de 17 años, consideraron que su apariencia y origen racial pudieron influir en la actuación policial.
Las autoridades francesas han rechazado las acusaciones generales de racismo institucional en sus cuerpos de seguridad. El primer ministro, Sébastien Lecornu, también negó esos señalamientos ante el Parlamento.
Los testimonios, no obstante, forman parte de un debate más amplio sobre el control de las detenciones, el trato a adolescentes y la obligación de las autoridades de garantizar que las intervenciones sean necesarias y proporcionales.
El derecho a protestar y la protección de la infancia
La controversia plantea dos obligaciones que deben cumplirse simultáneamente: preservar la seguridad pública y garantizar los derechos fundamentales de quienes participan en manifestaciones, incluidos los menores de edad.
La presencia de disturbios o conductas violentas no elimina la obligación de individualizar las intervenciones policiales ni justifica automáticamente el empleo de fuerza capaz de causar lesiones graves.
En el caso de adolescentes, los estándares de protección exigen especial atención a su edad, vulnerabilidad y condición de personas en desarrollo.
Las investigaciones abiertas deberán establecer las circunstancias de cada incidente, las responsabilidades individuales y si los dispositivos empleados se utilizaron conforme a los protocolos aplicables.
Mientras tanto, las demandas originales de los estudiantes —escuelas en mejores condiciones, recursos suficientes y personal docente— continúan pendientes de respuesta.
La pregunta que dejan las protestas francesas va más allá de la actuación de un solo agente: cómo puede un Estado garantizar el orden público sin convertir el ejercicio del derecho a manifestarse en un riesgo para la integridad física de quienes reclaman mejores condiciones para estudiar.