¿Qué pasa cuando el socio comercial del que dependes para tres de cada cuatro dólares que exportas decide que ya no quiere renovarte el contrato como estaba firmado?
Eso, en términos simples, es lo que ocurrió el 1 de julio de 2026. Ese día, México, Estados Unidos y Canadá se sentaron —virtualmente— a hacer lo que el tratado los obliga a hacer cada seis años: revisar si el T-MEC sigue vivo tal como está o si hay que meterle mano.
Washington ya dio su respuesta: no. No va a renovar el tratado de manera automática por 16 años más, como pedían México y Canadá. En cambio, optó por dejarlo vigente hasta 2036, pero bajo un esquema de revisiones anuales, capítulo por capítulo, tema por tema, hasta que a Estados Unidos le convenza lo que ve.
Para entender la dimensión de esto hay que retroceder tres décadas.
Del TLCAN al T-MEC: la historia que nos trajo hasta aquí
El 1 de enero de 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN, negociado por Carlos Salinas de Gortari, George H. W. Bush y Brian Mulroney. Fue un parteaguas: México, una economía todavía cerrada y proteccionista, se amarraba comercialmente a la potencia más grande del planeta. La apuesta era clara: atraer inversión, generar empleo manufacturero e integrar cadenas productivas. Y, en buena medida, funcionó. En tres décadas, el comercio trilateral se multiplicó varias veces y México se consolidó como plataforma exportadora, particularmente automotriz y electrónica.
Pero el TLCAN también dejó cicatrices: el colapso del campo mexicano frente al maíz subsidiado estadounidense, una desigualdad regional que nunca se corrigió y una dependencia estructural del mercado norteamericano que, hasta hoy, define casi cualquier decisión de política económica que toma este país. Esa dependencia no es un detalle menor: es la variable que explica por qué México negocia hoy desde una posición estructuralmente débil.
En 2020, tras la presión de Donald Trump en su primer gobierno, el TLCAN fue sustituido por el T-MEC, con reglas de origen más estrictas para automóviles; un capítulo laboral más agresivo —el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, que permite inspeccionar plantas específicas por presuntas violaciones a derechos sindicales—; y disposiciones nuevas en comercio digital y anticorrupción.
El tratado se firmó con una cláusula que hoy es protagonista: el artículo 34.7, la revisión conjunta. A los seis años de entrar en vigor —es decir, en 2026—, las tres partes tenían que confirmar si querían extender el tratado otros 16 años. Si no hay consenso, se abre una ventana de revisiones anuales hasta 2036, fecha en la que el tratado, si nadie lo salva, simplemente expira.
Vale la pena detenerse en ese diseño, porque no es casualidad. A diferencia del TLCAN original, que no tenía fecha de caducidad ni mecanismo de revisión periódica, el T-MEC nació con un reloj incorporado. Fue una condición que impuso Estados Unidos en 2018, precisamente para tener, cada seis años, una palanca institucional con la cual presionar a sus socios sin necesidad de amenazar con una salida total del tratado, como sí ocurrió con el TLCAN durante la primera negociación de Trump.
En otras palabras: la incertidumbre actual no es un accidente ni una crisis inesperada. Es el resultado previsible de una arquitectura que Estados Unidos diseñó a su favor desde el principio.
Los escenarios sobre la mesa
Kenneth Smith Ramos, quien fue el jefe negociador técnico de México en la modernización del TLCAN, planteó desde 2025 tres escenarios posibles para esta revisión, y conviene tenerlos presentes porque siguen siendo la mejor brújula para leer lo que viene.
El escenario A —continuidad casi sin cambios, con acuerdos puntuales para atender la competencia de China sin reabrir el texto— es, según el propio Smith, el más deseable, pero también el menos probable: le calculó apenas un 5% de probabilidad.
El escenario B contempla una reapertura acotada a ciertos capítulos, con el riesgo de que termine expandiéndose. Y el escenario C es la renegociación abierta y completa, con todos los capítulos sobre la mesa.
Lo que ocurrió el 1 de julio —el rechazo a la extensión automática y la entrada a un ciclo de revisiones anuales— confirma que México y Canadá quedaron, de facto, en una combinación de los escenarios B y C: ni la certeza de un tratado renovado, ni tampoco todavía una ruptura total, sino una zona gris que se irá definiendo negociación tras negociación, año tras año.
Los aranceles que corren por fuera del tratado
A esta revisión hay que sumarle un elemento que complica todavía más el panorama: buena parte de la presión que siente México no viene del texto del T-MEC, sino de aranceles que la administración Trump ha impuesto invocando otras herramientas legales —seguridad nacional, principalmente— sobre acero, aluminio, autopartes y, de manera intermitente, otros productos.
Esos gravámenes conviven, de forma incómoda, con un tratado de libre comercio que, en teoría, debería eliminarlos. Por eso, uno de los dos objetivos que ha fijado Ebrard no es solo lograr la permanencia del T-MEC, sino conseguir que esos aranceles se retiren. Esto es, en la práctica, una negociación paralela y separada de la revisión conjunta formal, aunque ambas mesas se influyen constantemente.
Para sectores como el automotriz —donde México ensambla vehículos con insumos que cruzan la frontera varias veces antes de terminar el producto—, esa doble presión, arancelaria y de reglas de origen, es la que de verdad mantiene despiertos a los empresarios, más que la discusión abstracta sobre si el tratado se extiende hasta 2036 o hasta 2042.
Lo que está sobre la mesa ahora mismo
Eso es justamente lo que decidió Washington la semana pasada: nada de extensión automática, sino una década de revisiones anuales con un número decreciente de temas —México propone 13, Estados Unidos 14— mientras ambos gobiernos intentan resolver lo que el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, llamó problemas sustanciales, empezando por el déficit comercial de Estados Unidos con México y Canadá.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha encabezado la delegación mexicana desde marzo, cuando arrancaron las rondas bilaterales preparatorias, y ya tiene agendada una tercera ronda de negociación formal para la semana del 20 de julio en la Ciudad de México.
Los temas que están en juego no son menores: reglas de origen automotriz, sustitución de importaciones provenientes de China, seguridad de cadenas de suministro, capítulo laboral, medio ambiente, inversión, comercio digital, propiedad intelectual y el mecanismo de solución de controversias. Prácticamente toda la arquitectura del tratado puede tocarse.
Kenneth Smith Ramos, quien fue el jefe negociador técnico de México en la modernización del TLCAN, ha sido enfático en advertir el riesgo: aunque lo ideal sería limitar la revisión a unos cuantos capítulos, el problema es que eso abre la famosa caja de Pandora. Porque una vez que el tratado se reabre, ninguna de las tres partes controla del todo hasta dónde llega la reapertura.
La posición real de México: pragmatismo obligado, no fortaleza
Aquí es donde conviene bajarle el volumen al discurso oficial y mirar los números. En 2025, México exportó a Estados Unidos 534,874 millones de dólares en bienes, un récord histórico, y acumuló un superávit comercial bilateral cercano a 197,000 millones de dólares. El comercio total entre ambos países superó los 872,000 millones de dólares.
México es, junto con Canadá, uno de los dos socios comerciales más grandes de Estados Unidos. Y ese superávit —que para México es prosperidad exportadora— es precisamente lo que la Casa Blanca señala como el problema a corregir.
La estrategia de Ebrard ha sido, en sus propias palabras, mantener cabeza fría y firmeza, con dos objetivos concretos: garantizar la permanencia del T-MEC y conseguir que se retiren los aranceles que la administración Trump ha ido imponiendo por fuera del propio tratado.
Es una postura razonable, pero también reveladora: no se está negociando desde la ofensiva, sino desde la defensiva. México no llega a esta mesa a pedir mejoras; llega a evitar retrocesos.
Esa asimetría no es casualidad ni falta de voluntad política: es estructural. Estados Unidos tiene, por ley interna —la Ley Pública 116-113—, toda la autoridad para instruir a su representante comercial a activar consultas o endurecer posiciones sin necesidad de pasar por el Congreso en cada paso, aunque cualquier renegociación de fondo sí requeriría eventualmente una autorización legislativa tipo Trade Promotion Authority.
México, en cambio, no tiene un mercado alternativo capaz de absorber, ni de lejos, lo que hoy coloca en territorio estadounidense. La narrativa del nearshoring —México como beneficiario natural de la relocalización de cadenas productivas lejos de China— sigue siendo cierta, pero también es el argumento que Washington usa en sentido inverso: si quieres seguir siendo destino de esa relocalización, entonces alinéate con nuestras reglas de origen, nuestra seguridad de cadenas de suministro y nuestra prioridad de generar empleo manufacturero también de este lado de la frontera.
Canadá, por su parte, se ha mantenido al margen de las negociaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, concentrado en su propia relación —más tensa aún— con Washington, lo que deja a México prácticamente solo en la mesa frente al socio más poderoso. Algo que contrasta con el espíritu original del TLCAN, pensado como un bloque de tres.
El ministro de Comercio canadiense, Dominic LeBlanc, ha insistido en que espera una eventual renovación y en que el tratado sostiene millones de empleos en Norteamérica. Pero cualquier avance real en la relación entre Ottawa y Washington depende, según funcionarios estadounidenses, de una reunión directa entre Trump y el primer ministro Mark Carney que todavía no se concreta.
Esa fragmentación del bloque norteamericano —cada país negociando por su cuenta, a ritmos distintos— es, en sí misma, una señal de que el T-MEC del futuro, si sobrevive, probablemente será menos un acuerdo trilateral homogéneo y más un mosaico de entendimientos bilaterales superpuestos sobre un mismo texto legal.
¿Y ahora qué sigue?
El calendario ya está puesto: revisiones anuales hasta 2036, con la posibilidad de que en cualquier momento de esa década los tres países acuerden extender el tratado 16 años más, hasta 2042.
Eso significa que México entra a un periodo de incertidumbre prolongada, no a un evento de una sola vez. Cada año habrá una nueva ronda de presión, nuevos temas sobre la mesa y nuevas oportunidades para que Washington use el tratado como palanca de negociación en otros asuntos —migración, seguridad, combate al crimen organizado— que ya se han colado en la conversación comercial.
La posición real de México, entonces, no es la de un socio que negocia en igualdad de condiciones ni la de una víctima sin capacidad de maniobra. Es la de un país que sabe que su prosperidad exportadora depende casi por completo de mantener el acceso al mercado más grande del mundo y que, por eso mismo, no puede darse el lujo de improvisar.
La firmeza que promete el gobierno mexicano solo será creíble si viene acompañada de una estrategia técnica sólida, sector por sector, y de la disposición a ceder en lo que no compromete la soberanía económica del país, para conservar lo que sí es innegociable: el acceso preferencial a Norteamérica que, para bien y para mal, sigue siendo la columna vertebral de la economía mexicana.
Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, actualmente cursa la Maestría en Ciencias Jurídicas en la Universidad Panamericana, complementando su formación con estudios especializados en Propiedad Intelectual, Derecho Digital y Derechos Humanos, mediante diplomados impartidos por la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad Anáhuac y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
En el ámbito profesional, se desempeña actualmente como Especialista en Propiedad Industrial en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), donde participa en el análisis y desarrollo de temas vinculados con la protección de los derechos de propiedad industrial y el fortalecimiento del sistema de innovación. En este cargo también colabora en iniciativas de cooperación y vinculación internacional, participando en el seguimiento de acuerdos, proyectos y espacios de diálogo con organismos y oficinas de propiedad intelectual de otros países, lo que le ha permitido involucrarse en la dimensión global de la protección de la propiedad intelectual.
Previamente, fungió como Líder de Proyectos en el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro (2022–2024), coordinando iniciativas estratégicas y acciones institucionales orientadas al desarrollo y la gestión pública. Asimismo, cuenta con experiencia en el ámbito jurídico privado, al haberse desempeñado como Auxiliar Jurídico en la Notaría Pública No. 31 (2019–2022), donde participó en la elaboración y revisión de instrumentos legales y en la atención de diversos asuntos notariales.
Su trayectoria combina experiencia en el sector público y privado con una sólida formación académica, con especial interés en los temas relacionados con propiedad intelectual, innovación, derecho digital y fortalecimiento institucional.
