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América Latina se inclina a la derecha


¿Cómo es posible que Colombia, el mismo país que en 2022 rompió su historia política al elegir a su primer presidente de izquierda, haya optado cuatro años después por un abogado que propone salir de las Naciones Unidas, construir megacárceles y alinear su política exterior con Donald Trump? La respuesta no está únicamente en Colombia. Está en un fenómeno que lleva años recorriendo América Latina con una lógica propia, silenciosa y acumulativa, y que, si no se entiende bien, seguirá sorprendiendo —y golpeando— a quienes creen haberlo superado.

El pasado 24 de junio, el Consejo Nacional Electoral de Colombia proclamó presidente electo a Abelardo de la Espriella, un abogado de 47 años sin experiencia previa en cargos públicos, conocido hasta hace menos de un año por defender a clientes polémicos en casos penales de alto perfil. Su victoria fue estrecha —apenas 255 mil votos sobre el izquierdista Iván Cepeda, en un país de más de 40 millones de votantes— pero suficiente para convertirse en la señal política más estridente de la región en lo que va del año. «Él ganó, GRANDE», publicó Trump en Truth Social antes de que terminara el conteo. El presidente ecuatoriano Daniel Noboa fue más preciso: «Hoy Colombia eligió el orden sobre la impunidad.» Dos oraciones que, juntas, definen mejor que cualquier análisis académico el lenguaje político que hoy domina buena parte del continente: seguridad como promesa, castigo como programa, orden como ideología.

¿Quién es De la Espriella? Se autodenomina «el Tigre», canta ópera italiana, afirma que Dios le reveló que había llegado su momento y promete construir diez megacárceles modeladas en las del presidente salvadoreño Nayib Bukele. Sus postulados de campaña incluyen la defensa de la familia tradicional, la eliminación de ministerios, la legalización del porte de armas para civiles y el fin de los procesos de paz con grupos armados. Sus críticos señalan vínculos incómodos con figuras del paramilitarismo colombiano y un patrón documentado de presión judicial contra periodistas que lo investigan. Nada de eso impidió que más de 12,9 millones de colombianos votaran por él. La razón no es difícil de encontrar: el hartazgo con Gustavo Petro fue tan profundo, y la incapacidad del centro político para articular una alternativa tan evidente, que De la Espriella se convirtió en el receptáculo perfecto del voto de castigo. No ganó por sus propuestas; ganó porque encarnó la negación del gobierno anterior. En política, cuando la rabia no tiene adónde ir, inventa una salida.

Pero reducir lo sucedido en Colombia a la figura de Petro sería cometer el mismo error que se cometió al analizar el ascenso de Milei en Argentina, de Bukele en El Salvador o de Kast en Chile: personalizar lo que es estructural. Lo que estamos presenciando no son accidentes nacionales: es una tendencia con raíces económicas muy concretas. América Latina acumuló durante la última década una deuda de frustración: crecimiento insuficiente, informalidad laboral que no cede, servicios públicos deteriorados y una violencia que el Estado —de cualquier signo ideológico— ha demostrado incapacidad para contener. Cuando la promesa del cambio progresista no se traduce en bienestar cotidiano, el elector no regresa al centro: busca el polo opuesto. No porque confíe en él, sino porque ya no le queda otra apuesta.

Las llamadas «nuevas derechas» latinoamericanas comparten un ADN reconocible: discurso de orden y seguridad, promesa de mano dura, perfil económico liberal, retórica anti-élites y estructura personalista. No llegan a través de los partidos históricos —esos ya no generan confianza— sino a través de figuras que se presentan como disruptoras del sistema. Milei con su motosierra, Bukele con su estadio-cárcel, De la Espriella con sus megacárceles y su ópera italiana. El formato cambia; el mensaje es el mismo: el Estado anterior fracasó, y yo soy el remedio. Lo novedoso es que ya no operan en soledad: se reconocen entre sí, se felicitan mutuamente y construyen redes de legitimación transnacional que amplifican cada victoria como un hito del movimiento.

El mapa regional lo confirma. A finales de 2025, América Latina presentaba un equilibrio tenso: nueve países gobernados por la izquierda frente a siete con gobiernos conservadores. Pero la tendencia de fondo favoreció a la derecha de manera consistente: Bolivia salió de casi dos décadas de Movimiento al Socialismo con Rodrigo Paz; Chile giró radicalmente con la llegada de José Antonio Kast en marzo de 2026; Ecuador reeligió a Noboa, cuyas políticas de seguridad lo ubican en la práctica mucho más cerca de la derecha que de la izquierda que él dice representar. Y ahora Colombia se suma. El bloque que celebró la victoria de De la Espriella —Trump, Kast, Noboa— no es una coincidencia de felicitaciones protocolarias. Es la arquitectura de una red ideológica que se reconoce a sí misma, que opera con creciente coordinación y que tiene en Washington, bajo la administración Trump, a su principal patrocinador geopolítico: la nueva Doctrina Monroe reencarnó como club de afinidades.

El caso más revelador de lo que viene está en Brasil, el gigante que vota en octubre. Lula da Silva, de 80 años, busca un cuarto mandato presidencial con el desgaste propio de quien gobierna en medio de escándalos de corrupción, inflación persistente y una percepción pública mayoritariamente negativa sobre la economía. Su rival es Flávio Bolsonaro, senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro —condenado a 27 años de prisión por golpismo—, quien heredó el movimiento de su padre y ha logrado lo que muchos consideraban imposible: en apenas meses pasó de ser un apellido a convertirse en un empate técnico. Las encuestas más recientes muestran a ambos candidatos igualados al 45% en escenarios de segunda vuelta, con Flávio liderando el voto independiente. Si Colombia fue la señal, Brasil será el veredicto. Una victoria del bolsonarismo sin Bolsonaro —con el nombre sin el cuerpo, pero con toda la maquinaria— consolidaría el giro regional de una manera que ya no admitiría lecturas de anomalía. Y lo haría precisamente en el país más grande e influyente de América del Sur, el que por décadas funcionó como contrapeso al avance conservador. La ironía es amarga: el mismo Brasil que eligió a Lula en 2022 para frenar el autoritarismo podría terminar siendo el escenario donde el proyecto conservador encuentre su mayor victoria continental.

Para México, la lectura no puede ser cómoda. El gobierno de Claudia Sheinbaum hereda un proyecto político construido sobre las mismas bases que hoy están siendo erosionadas en otros países: la promesa de transformación social, la movilización de los sectores históricamente excluidos, la crítica al modelo neoliberal. Esas bases siguen siendo sólidas en términos electorales, pero no son inmunes a la erosión. Las derechas que hoy ganan en la región no lo hacen convenciendo a la gente de que el libre mercado es bueno; lo hacen convenciendo a la gente de que el Estado progresista no puede garantizarles seguridad ni bienestar. Si esa percepción arraiga —si la inseguridad, la inflación o la ineficiencia institucional se convierten en el rostro visible del gobierno— el terreno se prepara para que aparezca alguien dispuesto a ofrecer el remedio draconiano. México no es Colombia. Pero Colombia tampoco estuvo siempre donde está hoy.

La lección no es ideológica: es de gestión y de narrativa política. La izquierda latinoamericana puede perder no porque sus ideas sean erróneas, sino porque sus gobiernos no logran traducirlas en seguridad cotidiana ni en resultados tangibles para quien vive en el margen. La derecha que avanza no tiene un programa superior; tiene un relato más simple, más breve y con mayor potencial de viralización en redes sociales. Y en tiempos de hartazgo, la simplicidad vence a la complejidad. Colombia acaba de demostrarlo con 255 mil votos de diferencia, en una segunda vuelta que resumió el dilema de nuestro tiempo: entre el deseo de cambio y el miedo al caos, la región sigue buscando —a tientas, a veces desesperadamente— quién le garantice que mañana va a estar bien. El Tigre llegó a prometer exactamente eso. Que sea capaz de cumplirlo es otra historia.

Autores

  • CEO del medio de comunicación LYPmultimedios y GreenInc.

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  • Román André Martínez Bravo

     Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, actualmente cursa la Maestría en Ciencias Jurídicas en la Universidad Panamericana, complementando su formación con estudios especializados en Propiedad Intelectual, Derecho Digital y Derechos Humanos, mediante diplomados impartidos por la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad Anáhuac y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

    En el ámbito profesional, se desempeña actualmente como Especialista en Propiedad Industrial en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), donde participa en el análisis y desarrollo de temas vinculados con la protección de los derechos de propiedad industrial y el fortalecimiento del sistema de innovación. En este cargo también colabora en iniciativas de cooperación y vinculación internacional, participando en el seguimiento de acuerdos, proyectos y espacios de diálogo con organismos y oficinas de propiedad intelectual de otros países, lo que le ha permitido involucrarse en la dimensión global de la protección de la propiedad intelectual.

    Previamente, fungió como Líder de Proyectos en el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro (2022–2024), coordinando iniciativas estratégicas y acciones institucionales orientadas al desarrollo y la gestión pública. Asimismo, cuenta con experiencia en el ámbito jurídico privado, al haberse desempeñado como Auxiliar Jurídico en la Notaría Pública No. 31 (2019–2022), donde participó en la elaboración y revisión de instrumentos legales y en la atención de diversos asuntos notariales.

    Su trayectoria combina experiencia en el sector público y privado con una sólida formación académica, con especial interés en los temas relacionados con propiedad intelectual, innovación, derecho digital y fortalecimiento institucional.

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