La coordinadora del PVEM cuestionó el posible uso de personal, vehículos y recursos oficiales para difundir el quinto informe estatal. Sus comparaciones sobre el gasto penitenciario y los apoyos para personas con discapacidad encuentran respaldo en el presupuesto; la cifra citada para comunicación requiere mayor precisión.
Santiago de Querétaro, Qro. 8 de Septiembre del 2026— El quinto informe de Mauricio Kuri González enfrentó en el Congreso una pregunta que no aparece en los anuncios de resultados: ¿cuánto costó promoverlo?
Ginna Guzmán Álvarez, coordinadora del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México, solicitó transparentar los recursos humanos y materiales utilizados en la difusión del informe. La diputada afirmó que personal de distintas dependencias y otros poderes participó en actividades promocionales, mientras vehículos oficiales, una camioneta adaptada y un autobús fueron empleados para llevar el mensaje gubernamental a distintos puntos del estado.
“Lo que no se mide, no se puede evaluar”, planteó la legisladora antes de contrastar la presencia publicitaria del informe con carencias en transporte, agua, salud y servicios básicos.
El posicionamiento no incluyó facturas, bitácoras vehiculares, contratos ni una relación del personal presuntamente movilizado. Por ello, sus señalamientos abren una línea de fiscalización, pero todavía no prueban un uso irregular de recursos públicos.
Para convertir la acusación política en un caso verificable, el Ejecutivo tendría que informar cuánto pagó por producción, impresión, publicidad digital, espectaculares, transporte y logística; qué dependencias aportaron vehículos y trabajadores; cuántas horas laborales fueron destinadas a esas actividades, y bajo qué partida se cubrieron.
La comparación presupuestal sí arroja un contraste
Guzmán sostuvo que el sistema penitenciario recibe tres veces más recursos que el Sistema Estatal DIF. La aritmética del presupuesto aprobado para 2026 respalda esa comparación.
El Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado asigna mil 281.7 millones de pesos a la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario y 428.8 millones al DIF estatal. El primer monto es prácticamente tres veces mayor que el segundo.
La comparación, sin embargo, no demuestra por sí sola que la prevención haya sido abandonada. Ambas instituciones tienen atribuciones, estructuras y costos diferentes. Lo que sí permite es preguntar si el gasto preventivo y social guarda proporción con las necesidades de infancias, personas mayores y familias cuidadoras.
El mismo presupuesto confirma una bolsa de 30 millones de pesos para apoyos no contributivos destinados a personas con discapacidad permanente. Guzmán cuestionó que ese programa sea difundido mediante tarjetas asociadas con la imagen gubernamental y sugirió una posible intención electoral. La afirmación deberá sostenerse con materiales, lineamientos y evidencia sobre la operación del programa.
En materia de comunicación, la diputada habló de más de 167 millones de pesos y aseguró que al menos 35 millones se destinaron a difusión por internet. El decreto general consultado asigna 147.6 millones a la Unidad de Comunicación Social, por lo que el monto citado en tribuna no coincide directamente con esa línea presupuestal. La diferencia podría proceder de otras partidas o dependencias, pero requiere un desglose para evitar comparar conceptos distintos.
Agua, salud y transporte: las cifras que necesitan territorio
La legisladora cuestionó que el gobierno presuma a más de 700 mil habitantes beneficiados con servicios básicos mientras comunidades de la zona metropolitana y del interior continúan enfrentando tandeos, compra de pipas, cobros mediante macromedidores y falta de drenaje o pavimentación.
También puso en duda el reporte oficial de 95 por ciento de surtimiento de recetas. Como ejemplo mencionó La Manzana, en Amealco, donde —según expuso— habitantes cedieron un espacio para ampliar el centro de salud, pero el servicio continúa sin materializarse.
La objeción apunta a un problema frecuente de los informes gubernamentales: un porcentaje estatal puede mejorar mientras localidades concretas permanecen fuera de la cobertura. Para resolver esa tensión no bastan testimonios ni promedios generales. Se requieren cifras desagregadas por municipio, unidad médica, medicamento, periodo y número de pacientes atendidos.
En movilidad, Guzmán señaló que existen comunidades donde una unidad puede tardar hasta una hora y donde la recarga de tarjetas resulta difícil por falta de internet, establecimientos o conocimientos tecnológicos entre personas mayores. El contraste adquirió fuerza política cuando afirmó que uno de los autobuses utilizados para promover el informe podría atender esas rutas.
Acusaciones que deberán convertirse en expedientes
La diputada aseguró que el gobierno estatal concentra apoyos en municipios gobernados por el PAN y mencionó rezagos en Ezequiel Montes, Tolimán, Amealco, Cadereyta y Huimilpan. También vinculó la expansión urbana proyectada para este último municipio con intereses inmobiliarios y con el proyecto hídrico El Batán.
Son acusaciones de gravedad distinta que el discurso no documentó. Comprobar un trato partidista exige revisar la inversión estatal por municipio, población, nivel de rezago, fuente de financiamiento y tipo de obra. Para acreditar beneficios inmobiliarios serían necesarios planes parciales, cambios de uso de suelo, nombres de propietarios, autorizaciones ambientales y vínculos empresariales.
La intervención de Guzmán abrió una veta más relevante que el intercambio de consignas: seguir el dinero. La próxima glosa deberá aclarar cuánto costó la campaña del informe, quién participó, qué vehículos fueron utilizados y cómo se justificaron esos gastos.
El cuestionamiento ya quedó en el Pleno. Ahora falta que llegue acompañado de solicitudes de información, documentos presupuestales y respuestas bajo protesta de decir verdad.