La estrategia plantea financiamiento, capacitación tecnológica y acceso a compras públicas para cooperativas y MIPYMES; sin embargo, todavía no existe un convenio anunciado con la universidad, presupuesto definido ni calendario de operación.
QUERÉTARO, QRO., 9 de noviembre de 2026.— Santiago Nieto Castillo propuso construir un esquema de coinversión entre los gobiernos federal y estatal, acompañado por una red de incubación universitaria, para facilitar financiamiento, capacitación y canales de comercialización a cooperativas y micro, pequeñas y medianas empresas de Querétaro.
La iniciativa fue presentada durante el foro “Cooperativismo y Economía Social: Encuentro de diálogo, participación y fortalecimiento de la economía social”, donde el coordinador estatal de los Comités de Defensa de la Transformación sostuvo que estos sectores requieren capital de trabajo, educación financiera, herramientas digitales y mejores condiciones para competir por contratos públicos.
El planteamiento contempla una alianza estratégica con la Universidad Autónoma de Querétaro para desarrollar procesos de incubación, mentoría, registro de marcas y vinculación con programas federales. La prioridad, de acuerdo con lo expuesto, estaría dirigida a proyectos encabezados por mujeres, jóvenes y habitantes de comunidades rurales e indígenas.
No obstante, hasta ahora se trata de una propuesta: durante el encuentro no se presentó un convenio firmado con la UAQ, una partida presupuestal, reglas de operación, metas cuantificables ni la dependencia que administraría los recursos. Tampoco se detalló qué aportación correspondería al Gobierno estatal o bajo qué mecanismo se buscaría su participación.
El peso real de las MIPYMES
Nieto afirmó que las cooperativas y las MIPYMES generan aproximadamente 80 por ciento de la actividad económica del país. La información oficial permite confirmar su enorme importancia, aunque no respalda exactamente ese porcentaje.
Los Censos Económicos 2024 del INEGI indican que las micro, pequeñas y medianas empresas representan, en conjunto, prácticamente 99.9 por ciento de las unidades económicas, concentran 70.7 por ciento del personal ocupado y generan 56.5 por ciento de los ingresos reportados por los establecimientos.
Los mismos datos revelan una brecha tecnológica que da sustento a la necesidad de capacitación planteada en el foro: solamente 23.5 por ciento de las microempresas utilizó internet y apenas 4.4 por ciento realizó ventas por esa vía. Una incubadora universitaria podría atender parte de ese rezago, siempre que la propuesta pase del discurso a un programa con recursos, especialistas y mecanismos de evaluación.
Compras públicas y proveeduría local
Otro eje consiste en otorgar mayor participación a cooperativas y empresas queretanas en obras, adquisiciones e inversiones públicas, además de promover la certificación “Hecho en México”, el registro de marcas y las indicaciones geográficas.
La medida podría fortalecer cadenas regionales y sustituir importaciones, pero su instrumentación tendría que respetar las leyes de adquisiciones, competencia y transparencia. La preferencia por proveedores locales no puede convertirse en una asignación discrecional ni en un mecanismo de reparto partidista.
Nieto fundamentó la propuesta en el artículo 25 constitucional, que reconoce la concurrencia de los sectores público, social y privado en el desarrollo económico y establece la obligación estatal de facilitar la organización y expansión de la actividad económica del sector social.
Sin embargo, una estrategia de coinversión requiere acuerdos institucionales concretos. Desde una posición política opositora en Querétaro, el coordinador puede promover la agenda y gestionar respaldos federales, pero su aplicación dependería de decisiones presupuestales, convenios con autoridades y participación formal de las instituciones involucradas.
Dos puntos que requieren aclaración
El proyecto económico presentado fue descrito como una propuesta “proyectada para 2025”, pese a que el foro se realizó en noviembre de 2026. Los promotores deberán explicar si se trata de un documento anterior, un error en la fecha o un programa retrasado que será actualizado.
También resulta imprecisa la referencia a la “próxima revisión” del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. La primera revisión conjunta del T-MEC ocurrió el 1 de julio de 2026; Estados Unidos no aceptó extender entonces el acuerdo en su forma vigente y comenzó un proceso de revisiones anuales y negociación pendiente, mientras el tratado continúa en vigor, según la Oficina del Representante Comercial estadounidense.
Ese escenario sí refuerza la necesidad de desarrollar proveedores nacionales y reducir la dependencia de insumos importados, aunque exige una formulación actualizada del contexto comercial.
La propuesta coloca sobre la mesa un problema real: miles de pequeñas unidades productivas sostienen buena parte del empleo, pero enfrentan barreras de financiamiento, digitalización y acceso a mercados. Su valor político y económico dependerá de que se convierta en un instrumento verificable, con presupuesto público transparente, criterios de acceso, acompañamiento técnico y resultados medibles.
