El dictamen establece límites de velocidad, licencias por puntos, regulación de scooters y estudios de impacto para nuevos desarrollos. También reconoce los derechos de víctimas de hechos viales y contempla transporte gratuito para menores a partir de 2028.
Santiago de Querétaro, Qro., 1 de Noviembre del 2026.— La propuesta para crear una nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial avanzó en el Congreso de Querétaro con la aprobación de un dictamen que coloca a peatones y ciclistas por encima del automóvil particular, establece límites máximos de velocidad y plantea un sistema de licencias de conducir por puntos.
El proyecto fue avalado por las Comisiones Unidas de Movilidad Sustentable y Tránsito; Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones; y Seguimiento de la Agenda 2030.
El dictamen concentra diferentes iniciativas relacionadas con movilidad sustentable, seguridad vial, protección de las personas usuarias de la vía pública, reformas al Código Penal y modificaciones a la Ley de Educación del Estado.
La aprobación en comisiones no significa que las disposiciones ya se encuentren vigentes. El dictamen deberá ser discutido y votado por el Pleno de la Legislatura y, en caso de recibir el respaldo correspondiente, continuar con el proceso de publicación y elaboración de reglamentos.
¿Qué cambiaría con la nueva legislación?
La propuesta establece una jerarquía obligatoria para el diseño y aplicación de las políticas de movilidad:
- Personas peatonas.
- Ciclistas y usuarias de vehículos no motorizados.
- Transporte público.
- Automóviles particulares.
La finalidad es cambiar el modelo centrado históricamente en la circulación vehicular por uno que priorice la vida, la integridad y la accesibilidad de quienes se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad en las calles.
Entre las principales disposiciones se encuentran límites de velocidad de 20 kilómetros por hora frente a escuelas y hospitales, 30 kilómetros por hora en calles secundarias y 50 kilómetros por hora en avenidas primarias.
El dictamen también contempla la creación de un sistema de licencias por puntos. Los detalles sobre la pérdida, recuperación o cancelación de puntos deberán quedar definidos en la legislación aplicable y en sus reglamentos.
Scooters y nuevos desarrollos deberán sujetarse a reglas
La propuesta incorpora la regulación de scooters y otras formas de movilidad que no estaban previstas con claridad en el marco estatal.
Además, obliga a que los nuevos desarrollos inmobiliarios presenten estudios de impacto de movilidad. Con ello se busca conocer, antes de su autorización, las consecuencias que un proyecto puede generar sobre vialidades, transporte público, desplazamientos peatonales y seguridad vial.
El presidente de las Comisiones Unidas, Arturo Maximiliano García Pérez, señaló que el proyecto reconoce que las necesidades de movilidad no son iguales en los 18 municipios y busca respetar las atribuciones tanto del estado como de los ayuntamientos.
Explicó que el dictamen fue construido con aportaciones de colectivos, especialistas, dependencias gubernamentales y legisladores.
Derechos para víctimas de hechos viales
La legislación reconoce los derechos de las víctimas de hechos de tránsito y plantea modificaciones al Código Penal en materia de delitos cometidos contra peatones, ciclistas y demás personas usuarias de la vía pública.
El contenido difundido no precisa las conductas que serían incorporadas al Código Penal ni las sanciones aplicables. Estos elementos deberán revisarse en el dictamen íntegro y durante su discusión legislativa para conocer el alcance penal de la reforma.
La diputada Andrea Tovar Saavedra sostuvo que uno de los principales méritos de la propuesta es reconocer la movilidad como un derecho que debe ejercerse en condiciones de seguridad, accesibilidad e igualdad.
Añadió que el proyecto es resultado de varios años de trabajo con activistas y organizaciones civiles, y busca evitar que las posibilidades de traslado dependan del ingreso, las condiciones físicas o el lugar donde vive cada persona.
Transporte gratuito para menores a partir de 2028
El dictamen deja asentado el transporte gratuito para niñas, niños y adolescentes en las localidades que determine la propia legislación, con una implementación prevista a partir de 2028.
La medida necesitará reglas de operación, definición territorial y suficiencia presupuestal para convertirse en un servicio efectivo. El documento difundido no detalla todavía cuántas personas serían beneficiadas, qué localidades quedarían incluidas ni cuál sería el costo para las finanzas públicas.
También se plantea la creación de un Consejo de Participación Ciudadana y un Observatorio de Movilidad y Seguridad Vial, ambos con voz y voto dentro del Sistema Estatal.
Estos organismos tendrían la responsabilidad de incorporar la participación social, analizar información y vigilar el cumplimiento de las políticas de movilidad. Su efectividad dependerá de la integración, autonomía, presupuesto y facultades que finalmente establezcan la ley y sus reglamentos.
El desafío estará en la aplicación
El diputado Enrique Correa Sada advirtió que el principal reto será conseguir que la legislación se convierta en una norma respetada por convicción y no únicamente en un documento formal.
Señaló que durante años las ciudades fueron construidas para privilegiar el desplazamiento de automóviles, por lo que la nueva jerarquía implicará modificar infraestructura, reglamentos y hábitos de circulación.
Mauricio Cárdenas Palacios afirmó que Querétaro pasó de 457 a más de mil unidades de Qrobus, con 90% de la flota renovada, y que las rutas aumentaron de 71 a 126. También atribuyó al INEGI una mejora del estado hasta el segundo lugar nacional en satisfacción de usuarios del transporte público.
Estas cifras fueron presentadas por el legislador durante la sesión; su metodología, periodo de medición y comparabilidad deberán consultarse directamente en los estudios correspondientes del INEGI.
La nueva ley puede establecer una transformación importante en el papel. Su impacto real dependerá de que los límites de velocidad sean vigilados, las sanciones se apliquen con criterios claros, la infraestructura se adapte y las autoridades asignen recursos suficientes.
Sin presupuesto, reglamentos y vigilancia, la prioridad del peatón podría quedarse en una declaración. Con una aplicación efectiva, Querétaro tendría una herramienta para reducir riesgos y redistribuir el espacio público hacia quienes enfrentan mayores peligros en las calles.