La Comisión de Administración y Procuración de Justicia aprobó una ruta para estudiar las 14 observaciones enviadas por el Poder Ejecutivo. El proceso contempla opiniones ciudadanas, consultas institucionales y un análisis constitucional y administrativo.
Santiago de Querétaro, Qro., 1 de Noviembre del 2026.— El Congreso de Querétaro abrió una nueva etapa en la discusión de la Ley de Identidad de Género, luego de que la Comisión de Administración y Procuración de Justicia aprobó un cronograma para analizar las 14 observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo.
La ruta de trabajo se desarrollará entre el 30 de octubre y el 18 de diciembre. La fecha tentativa para discutir y dictaminar el proyecto en comisión es el 14 de diciembre.
El calendario fue presentado por Guillermo Vega Guerrero, presidente de la Comisión, y recibió el voto favorable de los diputados Homero Barrera McDonald y Enrique Antonio Correa Sada.
La propuesta analizada reforma disposiciones del Código Civil y de la Ley de Hacienda del Estado en materia de identidad de género. El procedimiento legislativo se reabrió después de las observaciones remitidas por el Ejecutivo estatal.
Estas son las fechas del análisis
El cronograma aprobado establece las siguientes etapas:
- 30 de octubre: entrega de las observaciones del Ejecutivo a los integrantes de la Comisión para comenzar su revisión.
- Del 3 al 13 de noviembre: sistematización de las 14 observaciones por parte de la Secretaría de Servicios Parlamentarios.
- Del 3 al 13 de noviembre: deliberación sobre la posibilidad de que el asunto sea estudiado mediante Comisiones Unidas.
- Del 9 al 20 de noviembre: recepción de aportaciones ciudadanas, opiniones institucionales y realización de mesas de trabajo.
- Del 23 de noviembre al 4 de diciembre: revisión de las propuestas y evaluación de su viabilidad administrativa y constitucional.
- Del 7 al 11 de diciembre: reuniones de seguimiento y presentación de un informe de avances.
- 14 de diciembre: fecha tentativa para que la Comisión sesione y dictamine el proyecto.
Aunque el calendario general concluye el 18 de diciembre, no se detallaron las actividades previstas entre la eventual dictaminación y el cierre de la ruta de trabajo.
Analizarán 14 observaciones del Ejecutivo
Guillermo Vega sostuvo que el estudio debe realizarse con seriedad jurídica, responsabilidad y apertura al diálogo.
El legislador planteó escuchar a autoridades, especialistas, organizaciones ciudadanas y personas interesadas, con el objetivo de evaluar las implicaciones jurídicas, registrales y administrativas de la reforma.
“Se debe garantizar que cualquier proceso de deliberación parlamentaria cuente con el debido sustento jurídico”, señaló el presidente de la Comisión.
La sistematización deberá permitir que las observaciones sean revisadas individualmente y que las propuestas recibidas durante las mesas de trabajo queden incorporadas al expediente legislativo.
Continúa abierta la posibilidad de Comisiones Unidas
Vega Guerrero informó que todavía no se descarta integrar Comisiones Unidas para analizar el proyecto. La decisión deberá discutirse durante la primera etapa del calendario.
Este punto ha formado parte del debate interno del Congreso debido a que el proyecto original fue estudiado por una comisión distinta antes de que el Poder Ejecutivo remitiera sus observaciones.
El cronograma aprobado no resuelve por sí mismo qué comisión tendrá la última palabra sobre el dictamen ni garantiza que el proyecto sea aprobado en diciembre. Establece únicamente una ruta para continuar el análisis.
La dictaminación no concluye el proceso
Si la Comisión aprueba un nuevo dictamen el 14 de diciembre, el documento todavía deberá continuar con el procedimiento legislativo correspondiente y ser sometido al Pleno.
La fecha anunciada es tentativa y dependerá de que los legisladores consideren que existen elementos técnicos suficientes y que las aportaciones recibidas hayan sido valoradas.
El principal reto será que las mesas de trabajo tengan reglas claras, participación plural y resultados públicos. Para conocer el alcance real del diálogo será necesario que el Congreso informe quiénes participan, qué propuestas presentan y cuáles son incorporadas o rechazadas en el dictamen final.